POBLACIÓN, DESARROLLO Y GÉNERO

V.3 ALGUNOS ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.

A partir de los datos recopilados por ONU/MUJERES, provenientes de diferentes fuentes como son la Unión Interparlamentaria y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, se tiene información muy reciente de la presencia de la mujer en la vida política de los países a nivel mundial. 1

Así por ejemplo, en cuanto a la presencia de mujeres en los parlamentos, se reporta que sólo un 22 por ciento de las y los parlamentarios nacionales eran mujeres en agosto de 2015, lo que significa que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumentado muy lentamente desde 1995, cuando se situaba en un 11,3 por ciento. (Ver Gráfico 12)
Por otra parte, el análisis de ONU/MUJERES reporta que en agosto de 2015, se contaba con 11 mujeres como Jefas de Estado, mientras que 13 eran Jefas de Gobierno. Para esa misma fecha habían 37 Estados donde las mujeres representaban menos de 10 por ciento del total de las y los parlamentarios en cámaras individuales o cámaras bajas, incluyendo 6 cámaras con ninguna mujer en absoluto.

Por regiones el porcentaje de parlamentarias, entre unas cámaras y otras y entre las cámaras altas y bajas, en el mes de agosto de 2015 se expresaba a través de las cifras siguientes: Países nórdicos, 41,1 por ciento; Américas, 25,5 por ciento; Europa, excluidos los países nórdicos, 24,4 por ciento; África subsahariana, 23 por ciento; Asia, 18,4 por ciento; Oriente Medio y África del Norte, 17,1 por ciento; y la Región del Pacífico, 15,7 por ciento. (Ver Gráfico 13).
En cuanto a cargos ministeriales se tiene que para enero de 2015, sólo un 17 por ciento de los mismos estaban ocupados por mujeres, en su mayoría en sectores sociales, como la educación y la salud.

El informe refiere además que “en general, se considera que la «masa crítica» con respecto a la representación de las mujeres se sitúa en el 30 por ciento. En enero de 2015, 41 países, de los cuales 11 se encuentran en el continente africano y 9 en América latina, habían alcanzado dicho porcentaje de referencia. De esos 41 países, 34 habían aplicado algún tipo de cuota, lo que incentivó el aumento de la participación política de las mujeres. En concreto, 17 usaron cuotas para las y los candidatos legislativos; 6 hicieron uso de reservas; y en otros 11, los partidos adoptaron cuotas voluntarias.
 
En países con sistemas electorales de representación proporcional, las mujeres representaban 25,2 por ciento del total de las personas electas. Como puede observarse, este porcentaje es superior al 19,6 por ciento obtenido mediante el sistema electoral de pluralidad y mayoría, así como al 22,7 por ciento registrado en el caso de un sistema mixto”.2

Vale destacar que los objetivos de las mujeres van más allá de su posibilidad de proponerse como candidatos a los puestos políticos en igualdad numérica con los hombres. Ellas desean compartir con los hombres las responsabilidades de todo tipo, tanto el poder como las obligaciones familiares. Rechazan el antiguo acuerdo desigual mediante el cual los hombres se ocupaban del trabajo remunerado y de las cuestiones públicas y las mujeres se hacían cargo del trabajo invisible y del cuidado de las familias.

V.4 DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO.

En el caso de México la lucha sufragista no estuvo exenta de dificultades, no obstante, se consiguió la legislación del voto femenino el 17 de octubre de 1953 con la reforma constitucional al Artículo 34 de la Constitución de México, mediante el cual se reconocen los derechos de ciudadanía de las mujeres y además el logro de poder ser elegidas a cargos públicos. En general el país no se diferenció significativamente del resto de América Latina.

Se reconoce que “el estado mexicano ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995). Ello ha tenido como consecuencia reformas, ajustes y modificaciones legislativas que han permitido impulsar la presencia de las mujeres mexicanas en cargos de administración y representación”.3  

Como consecuencia de medidas institucionales y el empeño de la sociedad civil, “la presencia de las mujeres en los cargos públicos ha dejado de ser la excepción en México. Sin embargo, aún está muy lejos de ser la regla. Las medidas de acción afirmativa, tales como cuotas o presupuestos etiquetados para promover liderazgos, han fortalecido la presencia de las mujeres en los espacios de poder, pero también han implicado reveses en cuanto a la voluntad de las dirigencias partidistas para ceder dichos espacios.” 4
 
Hasta el presente cinco mujeres han competido por el cargo más alto en la administración pública mexicana, esto es, la Presidencia de la República. Son ellas: Rosario Ibarra, en 1982 y 1988; Marcela Lombardo y Cecilia Soto, en 1994; Patricia Mercado, en 2006 y Josefina Vázquez Mota, en 2012, esta última promovida por el Partido Acción Nacional.

En el caso de las gobernaturas, incluyendo la actual gobernadora del Estado de Sonora, solo siete mujeres han ocupado ese importante cargo de la conducción de la sociedad mexicana: Griselda Alvarez Ponce de León, Estado de Colima 1979-1985; Beatriz Paredes Rangel, Estado de Tlaxcala 1987- 1992; Dulce María Sauri Riancho 1991 – 1994 e Ivonne Ortega Pacheco 2007 – 2012, Estado de Yucatán; Rosario Robles Berlanga, Disgrito Federal 1999 – 2000 (En sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano); Amalia García Medina Estado de Zacatecas 2004 – 2010, y finalmente, Claudia Pavlovich Arellano Estado de Sonora 2015 – 2021.

A partir del análisis de la información más reciente para el caso de México, se acepta que la actual Legislatura cuenta con el mayor número de mujeres de la historia, a partir de que en las dos Cámaras en que se divide el Congreso de la Unión del Poder Legislativo del país (de Senadores y de Diputados), para 2014,  casi dos terceras partes (64.8% y 62.4%) corresponden a hombres y el restante (35.2% y 37.6) a mujeres, y ello debido, entre otras cosas a que , entre los criterios para el registro de candidaturas a distintos cargos de elección popular, establece cuotas de género obligatorias y más equitativas. (Ver Gráfico 14).

En la media que los países se encaminan a la democracia y una buena gobernabilidad, se hace más visible la necesidad de que las mujeres asuman, en condiciones de equidad con los hombres, la participación, representación, responsabilidad política. Ese ideal todavía se mantiene entre los objetivos y metas pendientes de tener una realización consistente con los derechos humanos ampliamente reconocidos a nivel mundial. Los datos y las evidencias empíricas hablan a las claras, de que todavía los progresos son muy limitados por muy universales que parezcan las reivindicaciones de igualdad de género. En realidad, se han realizado pocos progresos en lo concerniente a aumentar el número de mujeres entre los representantes de gobierno electos, como se evidencia en el caso de México.

“La gobernabilidad sensible al género garantiza unas instituciones que responden de forma más eficaz a las necesidades y prioridades de las mujeres; que mejoran el bienestar, los medios de vida y los derechos ciudadanos de la mujer; y la creación de entidades gubernamentales que exigen e impulsan una mayor participación de las mujeres, no sólo de las clases privilegiadas sino también de las populares”.5 En resumen, si se mira a la gobernabilidad como eje o nudo articulador de las relaciones entre población y desarrollo, hay que hacerlo desde una visión de género.