¿Crisis de la Jurisdicción Universal?

Avances y retrocesos en la aplicación de la Jurisdicción Universal por los Tribunales Españoles tras la reforma de 2009

 

Andrés Bautista Hernáez (CV)
Área de Derecho Internacional Público
Universidad de Málaga

 

Resumen
La Jurisdicción Universal aparece recogida en el Derecho Internacional convencional y consuetudinario. Los casos de Argentina y Chile marcaron un hito en nuestro país, y el uso de la J.U. frente a los países poderosos (EE.UU. o China) ha llevado a la reforma express del artículo 23.4 L.O.P.J. para poder limitarla y evitar así los problemas diplomáticos que estaba causando. Al requerir ahora puntos de conexión para poder ejercer la J.U., los procesos abiertos en España inevitablemente serán archivados por falta de vínculos con la jurisdicción española.

Palabras clave
Jurisdicción Penal Universal, extraterritorialidad penal, reforma del artículo 23.4 LOPJ

¿Crisis on the Universal Jurisdiction?
Progress and setbacks in the application of universal jurisdiction by Spanish courts after the 2009 amendment

Abstract:
Universal Jurisdiction is contained both in Conventional and Customary International law. Argentina and Chile cases were relevant for our country and the use of U.J. against powerful countries (U.S. or China) has led to the reform of Article 23.4 L.O.P.J. It was done to limit and avoid the diplomatic problems it was causing. The requirement of connection points to exercise the U.J. will provoke the end of many processes due to the lack of links with the Spanish jurisdiction.

Key words:
Universal Jurisdiction, criminal extraterritoriality, amendment of Article 23.4 LOPJ

1. La Jurisdicción Universal: concepto y caracteres

Por lo que a la J.U. afecta, «jurisdicción» 1 es, dentro de ese conjunto de competencias que el Estado puede ejercer en el espacio, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, declarando el derecho aplicable a determinada relación o situación por parte de los Juzgados y Tribunales de ese Estado.
El principio de J.P.U. es denominado de múltiples maneras por la doctrina científica 2, sin embargo, debemos tener cuidado pues no todos los términos utilizados se refieren exactamente a la misma institución. Además, un mismo término puede poseer distintos significados3 . No vamos a detenernos en profundidad en la discusión doctrinal a cerca del concepto del principio de J.U. 4. Para este trabajo, tomaremos la definición que ha recibido mayor aceptación por parte de la doctrina científica y de las instituciones jurídicas5 , y que además ha sido empleada en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (C.D.I.)6 . Así, pese a la amplitud de términos que son utilizados para designar al Principio de Jurisdicción Penal Universal, la gran mayoría hace referencia a la misma idea: la capacidad que tienen los tribunales internos (domésticos) de un Estado de investigar y juzgar una serie de crímenes considerados como los más graves para la sociedad internacional, con independencia del lugar de comisión, de la nacionalidad de la víctima o del presunto responsable e incluso, del lugar donde se encuentre éste último, y sin que se atente contra los intereses nacionales del Estado. Tal y como señala RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO:
«El fundamento último de la jurisdicción universal se encuentra en la comunidad de intereses que existe entre los Estados respecto a la necesidad de proteger penalmente determinados valores y evitar la impunidad de ciertos delitos»7 .
Y es que está aceptado por los defensores de este principio, que el mismo no tiene su fundamento en el interés individual del Estado8 que lo aplica (puesto que tal interés no es el que actúa como punto de conexión) sino en el interés de la comunidad internacional en su conjunto, que va a ser defendido por el Estado en cuestión.
De este modo podemos definir la institución a analizar como: la capacidad o competencia de las autoridades judiciales de un Estado para conocer de determinados delitos, con independencia del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores y las víctimas y sin que se vean afectados los intereses nacionales del Estado. Dichos delitos no son delitos comunes sino que son una serie de delitos que atentan contra bienes jurídicos internacionales de especial importancia para la sociedad internacional 9. En este sentido, tales delitos son, entre otros 10, los crímenes de guerra 11, el delito de genocidio12 , el delito de lesa humanidad o contra la humanidad 13 y la piratería 14.

2. Reforma del Artículo 23 L.O.P.J. por la L.O. 1/2009: ¿retroceso del Principio de Jurisdicción Universal?

2.1. Contenido de la reforma

Tras ella, el tenor del artículo 23.4 y 23.5 queda como sigue:

«4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:
a) Genocidio y lesa humanidad.
b) Terrorismo.
c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
d) Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.
e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
h) Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.
Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.
5. Si se tramitara causa penal en España por los supuestos regulados en los anteriores apartados 3 y 4, será en todo caso de aplicación lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del presente artículo»15 .

            Se producen cambios tanto cuantitativos, respecto de la modificación del catálogo de delitos perseguibles por la J.U. (sin perjuicio de la cláusula general de la letra h), como cualitativos, por cuanto se van a introducir requisitos para el ejercicio de la J.U. que permiten a algún autor afirmar la eliminación de este principio en la legislación española16 . Además, esta reforma choca con la dinámica que había sido ratificada por la S.T.C. 237/2005, de 26 de septiembre, que permitía una consideración absoluta de la J.U. sin requerir otro punto de conexión con la jurisdicción española ni con España, más que el propio P.J.P.U.

            Respecto a los primeros, se modifica la letra d) y se elimina el delito de Falsificación de moneda extranjera que había estado en el catálogo del 23.4 desde su promulgación en 1985. Asimismo, se modifica la letra a) de este precepto para incorporar el delito de lesa humanidad, junto con el de genocidio. Algún autor echa en falta la incorporación de los crímenes de guerra junto con estos dos crímenes que finalmente no apareció en el texto de la L.O.P.J. 198517 . De todos modos, recordamos que según la cláusula de la letra h) estos crímenes pueden ser perseguidos en virtud de la J.U.

            Respecto de las modificaciones cualitativas, la introducción de requisitos para «limitar» la J.U., la doctrina viene distinguiendo las críticas según se refiera a la forma o al fondo de la reforma 18. Respecto de la forma, se critica la precipitación con que se llevó a cabo y el procedimiento. En lugar de tramitar la reforma de la L.O., se incluyó aprovechando el trámite de enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, sustrayendo así el debate del Parlamento y la sociedad19 . Esto fue criticado muy duramente por la doctrina 20, como muy bien expresó el profesor Remiro Brotóns, «...parece una chapuza impuesta por las circunstancias del momento», y Espósito la calificó de «subrepticia» 21.

            Respecto a las cuestiones de fondo, se modifica el carácter de la J.U. contenida en el artículo 23.4 L.O.P.J. 1985, y se establecen los siguientes requisitos que deben cumplirse para que puedan conocer los Tribunales españoles:

1) Presencia en el territorio nacional del responsable. Con la dicción del 23.4. pfo. 2º se establece que «deberá quedar acreditado que los presuntos responsables se encuentren en España». Este requisito de la presencia, al igual que Abad Castelos, parece oponerse al sentido incluido en las obligaciones internacionales suscritas por España, en especial respecto de los crímenes de guerra22 . En efecto, si los Tratados internacionales no imponen requisitos al ejercicio universal de la jurisdicción, sino que junto con otros principios admiten que se pueda perseguir a una persona sin ningún otro nexo de conexión, no parece razonable que se requiera la presencia del presunto criminal en territorio. Con esta reforma, se eliminaría la posibilidad de solicitar la extradición de presuntos responsables para poder ejercitar la acción penal sobre ellos. No obstante, en virtud de la cláusula expuesta en el mismo precepto, podría entenderse que «salvo lo dispuesto en tratados y convenios internacionales» posibilita que, en la medida en que algunos crímenes internacionales sí lo permitieran, el ejercicio absoluto de la J.U.

2) Seguidamente se establece una obligación alternativa con la anterior, según la cual o se encuentran en España o « que existan víctimas españolas». Este más que un requisito lo que supone es la introducción del principio de personalidad pasiva en nuestro ordenamiento, pues el fundamento del mismo (como ya se vio en este trabajo) reside en la protección de los nacionales 23 por el Estado, y no en la protección de los valores esenciales de la Comunidad internacional24 .

3) Otro requisito añadido es el de «que exista algún vínculo de conexión relevante con España».  La cuestión que debe hacerse es ¿en qué consiste este vínculo de conexión relevante? Se trata de un concepto indeterminado que dificulta la seguridad jurídica y la correcta aplicación de este principio. En esta línea debe advertirse que si se plantea aquí el vínculo como fundamento de una protección de intereses estatales, el lugar apropiado debería ser el apartado 3 del art. 23 referido al principio de protección de intereses25 .

4) El último requisito introducido se refiere a la subsidiariedad de los tribunales españoles respecto de otros tribunales, bien nacionales, bien internacionales. Así se establece que debe quedar acreditado «... que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva [...] de tales hechos punibles». En este caso, se sobreseerá provisionalmente la causa abierta en España (23.4. pfo. 3º). Este requisito ha suscitado críticas en cuando al peligro que supondría que se alegue que se está conociendo del asunto en otro Tribunal, pese a que no fuera efectivo, con el consiguiente fraude. También que se atribuye a los tribunales españoles la potestad de valorar cuando hay una investigación y persecución efectivas en otros países26 .

Sin embargo, en mi opinión, el P.J.P.U. tal y como se ha configurado en este trabajo, es un principio que por varias razones tiene que ser subsidiario respecto del principio de territorialidad, o de otras jurisdicciones más cercanas a los hechos. La J.U. permite el conocimiento de una causa sin ningún tipo de relación o cercanía con los Tribunales que enjuician, y por la mayor cercanía con las pruebas y testigos, este principio es subsidiario respecto de otras jurisdicciones. Además, el mismo precepto establece que la investigación y persecución deban ser efectivas, por lo que, a priori, rechaza que puedan ser montajes o investigaciones espurias cometidas en fraude de ley. Otro aspecto es cómo considerar que tales investigaciones son reales y efectivas. Esto es un asunto que debe quedar sujeto al leal saber y entender del órgano jurisdiccional, como no puede ser de otro modo.

2.2. Causas de la reforma: problemas políticos/diplomáticos27

            Uno de los grandes inconvenientes que genera el ejercicio de la Jurisdicción Universal, es el de los problemas políticos y diplomáticos. Desde nuestro punto de vista ésta fue y no otra, una de las razones fundamentales por la que se limitó la aplicación de la Jurisdicción Universal en España28 .

            Y es que los problemas diplomáticos originados como resultado de los procesos abiertos ante tribunales españoles han sido constantes. Desde el caso Pinochet, en el que el Gobierno chileno procuró un boicot comercial, así como reclamaciones formalmente ante instancias internacionales. Pasando por el caso Guatemala, hasta el Caso Ruanda, en el que precipitó una condena por parte de la Unión Africana por abuso del principio de J.U. 29. Incluso han llegado conflictos hasta las más altas esferas internacionales por la aplicación de la J.U. como demuestran los casos ante la C.I.J. «Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)», 2000 y «Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite» (Belgium v. Senegal), 2009.

En efecto, esta reforma de la J.U. operada por la Ley Orgánica 1/2009, fue fruto de las presiones ejercidas sobre el Gobierno de España por parte de otros gobiernos (EE.UU., China e Israel, entre otros) por los procesos abiertos ante la Audiencia Nacional contra algunos de sus nacionales o máximos dirigentes (Guantánamo, Tíbet, territorio ocupado de Palestina)30 , a pesar de lo que pueda defenderse en otros foros31 .

A pesar de la grandilocuencia que suponen las palabras de un político o gobernante sobre la necesidad de reprimir y castigar delitos abominables como el genocidio o los de lesa humanidad, el verdadero problema en contra del P.J.P.U. es el de índole político, que efectivamente está haciendo cambiar las legislaciones de los Estados en el sentido de restringir la aplicación de la Jurisdicción Universal32 . Los problemas relacionados con la incoherencia o falta de unidad del sistema apenas se han manifestado, incumpliéndose así los pronósticos de los detractores de este principio.

Por estos motivos, sólo una acción concertada de un número significativo de Estados de la Comunidad internacional podría aliviar la carga política que supone el ejercicio de la J.U. si existiese un grupo más o menos relevante en claro favor de la J.U. se reducirían las posibles presiones políticas y externas que se ejercen por Estados «fuertes» para que se restringa este principio33 .

3. Efectos de la reforma

            Tal y como señalan Márquez Carrasco y Martín Martínez34 , los límites y requisitos a la J.U. introducidos mediante la reforma de 2009 van a tener efectos sobre las causas pendientes ante los tribunales españoles; efectos devastadores, en nuestra opinión.

            Puede observarse como ejemplo paradigmático que, muy seguramente sufrirán el resto de casos, el sucedido en el Caso Tibet (2005). Pues bien, el 6 de octubre de 2011 se dicta Auto del T.S. 1566/201135 en el recurso de casación 857/2011.  En dicho Auto se establece que «PRIMERO: [...] B) El actual apartado 4 del art. 23 de la LOPJ en materia de extensión de la jurisdicción española, redactado de conformidad con la reforma efectuada por LO 1/09 [...], tal y como reza la propia exposición de motivos [...] ha venido a realizar «un cambio en el tratamiento de lo que ha venido en llamarse la jurisdicción universal»[...]. C)[...] que a tenor de la actual redacción del precepto precitado, de aplicación insoslayable por los Tribunales españoles, la extensión de la jurisdicción española está supeditada como «conditio sine qua non» [...] a la existencia de un vínculo de conexión relevante con España». 36

Respecto a la violación del principio de irretroactividad de disposiciones no favorables alegada por al recurrente, la Sala fundamenta en el mismo Auto que: «SEGUNDO: C) [...] Es claro que encontrándonos ante un proceso litispendente, el análisis acerca de la ausencia o no de jurisdicción, en cuanto a un ámbito perteneciente al «ius cogens», es una cuestión abordable en cualquier momento del «iter» procedimental, por lo que la aplicación de la norma precitada, no reviste tacha casacional alguna».

Así, nos encontramos con que, a pesar del análisis que pudiera hacerse de los Convenios Internacionales sobre la materia, el órgano judicial entendió que de todos modos, la jurisdicción española queda supeditada a la existencia de un vínculo de conexión. Respecto a la aplicación retroactiva de la reforma procesal, y la posible violación del principio de legalidad, el T.S. alegó que la norma no sólo entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el B.O.E., sino que no limitó su aplicabilidad en ninguna cláusula, por lo que nada impide sus efectos retroactivos a las causas ya existentes.

Esta es una muestra de lo que sucederá en los casos abiertos o que se presenten ante los tribunales españoles. Si la acusación no consigue demostrar los requisitos del 23.4 L.O.P.J. 1985 (presencia en territorio, víctimas españolas o vínculo con España) no serán admitidas a trámite, o serán sobreseídas, casi con total seguridad.

4. Conclusiones

Como conclusiones podemos destacar respecto del Principio de Jurisdicción Penal Universal, lo siguiente:

1. El principio de J.U. se presenta como un mecanismo para el ejercicio de la Responsabilidad Internacional del Individuo, en virtud de distintas normas de Derecho Internacional convencional y consuetudinario. No obstante, resulta difícil admitir de forma absoluta que la J.U. aparece contenida en la costumbre internacional. El principio existe y se aplica, sin embargo, debemos atender a cada uno de los ilícitos y ver si los Tratados que los contienen permiten la represión universal de los mismos.

En todo caso, mediante la J.U. van a aplicarse los Convenios internacionales que tipifican crímenes internacionales –tras su recepción y consiguiente transformación en Derecho interno– por los Tribunales nacionales.

2. Existe una gran dispersión, producto tal vez de su reciente creación, en cuanto a lo que se entiende por J.U., observándose gran confusión en la doctrina científica y en la práctica de los Estados. La Jurisdicción Universal es un principio de Derecho Internacional Público, que se configura como la capacidad o competencia de las autoridades de un Estado para conocer de determinados delitos, con independencia del lugar de su comisión, de la nacionalidad del autor o de la víctima, sin que afecten a intereses Estatales. La atribución de jurisdicción penal se realiza para la investigación y castigo de conductas constitutivas de crímenes que atentan contra bienes jurídicos internacionales de especial importancia.

3. Íntimamente relacionados con la J.U. se encuentran estos crímenes internacionales. Tal y como hemos definido el P.J.P.U., éste se aplica respecto de los crímenes internacionales. Sin embargo, resulta problemática la determinación de en qué consisten estos crímenes, y sobre todo, si se permite la persecución universal de los mismos. El hecho de que no haya un catálogo de delitos internacionales perseguibles por J.U. demuestra que cada crimen es autónomo y que habrá que estar a cada delito concreto si es o no crimen internacional y si se puede o no perseguir por J.U. Para ello deberemos acudir principalmente a su regulación en los tratados, la costumbre y además, a la práctica estatal.

4. Los Convenios internacionales que tipifican los crímenes internacionales establecen bien la territorialidad, bien la nacionalidad cuando no la J.U. facultan a los Estados para que persigan estos delitos sin perjuicio de lo que dispongan en sus legislaciones nacionales. Por tanto, la interpretación que debe hacerse al respecto es que tales Convenios facultan el ejercicio de la J.U., pues en otro caso prohibirían extender la jurisdicción por encima de los límites fijados en los diferentes Tratados.

5. Respecto a la regulación en España, debemos destacar la importancia de la Sentencia del Constitucional 237/2005, pues supuso la afirmación al más alto nivel de la legitimidad y la legalidad del P.J.P.U. como principio autónomo de atribución de jurisdicción para el conocimiento de determinados crímenes internacionales. De la doctrina que emana esta sentencia es normal que se piense que la reforma de 2009 de la L.O.P.J. es inconstitucional por vulnerar la doctrina el T.C. Sin embargo hasta la fecha nadie ha discutido sobre este extremo. Y sí que se aplica la nueva versión del artículo 23.4 de forma retroactiva, con el consiguiente archivo de las causas que no puedan cumplir con los requisitos que se establecen.

6. La reforma del artículo 23.4 L.O.P.J. 1985 operada por la L.O. 1/2009, ha restringido el principio de J.U. de la legislación española de manera prácticamente eliminatoria. En efecto, lo que produce en la incorporación del principio de personalidad pasiva (hasta entonces inexistente en nuestro derecho), y una especie de versión del principio de protección de intereses. De cualquier forma, la J.U. no puede ni debe limitarse en los elementos sustanciales de la misma, como lo que en sí representa, una herramienta para poder juzgar por crímenes internacionales a personas que no están siendo juzgadas. Si es adecuado limitar su uso a los casos en que realmente sea necesario que los tribunales conozcan del supuesto (falta o incapacidad de otro tribunal para juzgarlo). Pero puesto que la jurisdicción ejecutiva no puede aplicarse fuera de las fronteras del territorio, no deben iniciarse actuaciones en las que será muy difícil o imposible la obtención de pruebas (por falta de reconocimiento de las comisiones rogatorias, de las órdenes de detención, etc.).

La J.U. sí es útil, pues sirve de acicate para que las jurisdicciones correspondientes se sientan motivadas a iniciar actuaciones judiciales. De este modo se consigue el objetivo principal y último de esta institución, evitar la impunidad de ciertos delitos.

7. La defensa del P.J.P.U. no es óbice para que puedan formularse mejoras sobre la regulación nacional e internacional de este principio. Así, se defiende la necesidad de armonizar tanto en el plano supraestatal como (y sobre todo) en el nacional y entre ambos. Así, deben armonizarse tanto los distintos tipos penales como sus penas. También deben establecerse marcos comunes sobre el procedimiento a seguir (derechos, garantías, obligaciones).

Una propuesta sería la de establecer unas reglas para solucionar los posibles conflictos de competencia entre las jurisdicciones que quieren juzgar con base en la J.U., pues puede darse el forum shopping, y de esta manera una persona pueda inculparse en el Estado que le sea mas favorable 37. 

8. En cuanto a la aplicación retroactiva de la nueva regulación de la J.U., en nuestra opinión, las obligaciones derivadas de las normas convencionales firmadas por España impedirían que se anulase la J.U. de la legislación española. Por esto, debe interpretarse el art. 23.4 empleando la cláusula inicial «sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España», por lo que aquellos crímenes internacionales recogidos en Tratados en los que España sea parte, y que permitan el ejercicio universal de la jurisdicción, deberán ser aplicados. Pero como ya he dicho, habrá que estar a los casos concretos y por tanto, existen Convenios en los que «no se prohíbe», pero tampoco se contempla como una obligación, sino como un derecho del Estado.

Anexo:
Cuadro Resumen De Los Crímenes Internacionales En España38

Tabla 1: Crímenes contra el Derecho de Gentes

Crimen contra un Jefe de Estado extranjero o persona internacionalmente protegida	Precepto de la Ley procesal española	Preceptos del Derecho Penal español
a) Atentado contra su vida	23.4.h) L.O.P.J.	605.1 C.P.
b) Atentado contra su salud o integridad física	23.4.h) L.O.P.J.	605.2. C.P.
c) Cualquier otro delito	23.4.h) L.O.P.J.	605.3 C.P.
d) Violación de la inmunidad personal	23.4.h) L.O.P.J.	606 C.P.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Genocidio

Crimen de genocidio: (art. 6 E.C.P.I.) uno de los actos enumerados en la lista, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes como tal	Precepto de la Ley procesal española	Preceptos del Derecho Penal español
a) Matanza de miembros del grupo	23.4.a) L.O.P.J.	607.1.1 C.P.
b) Agresión sexual a alguno de sus miembros o los lesionaren	23.4.a) L.O.P.J.	607.1.2 C.P.
c) Sometimiento intencional a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o les produzcan lesiones	23.4.a) L.O.P.J.	607.1.3 C.P.
d) Desplazamientos forzosos (desplazamientos del grupo o sus miembros, o trasladar a individuos de un grupo a otro)	23.4.a) L.O.P.J.	607.1.4 C.P.
e) Medidas destinadas a impedir nacimientos (que tiendan a impedir su género de vida o reproducción)	23.4.a) L.O.P.J.	607.1.4 C.P.
f) Producir una lesión distinta de las anteriores	23.4.a) L.O.P.J.	607.1.5 C.P.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3: Crímenes de Lesa Humanidad

Crimen contra la humanidad: (art. 7 E.C.P.I.) Uno de los actos individuales enumerados en la lista, cometido en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella 1)Por pertenencia a grupo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otro inaceptable según el D.I. 2) En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión de un grupo racial sobre otro/s y con intención de mantener ese régimen	Precepto de la Ley procesal española	Preceptos del Derecho Penal español 607bis 1.1 C.P. 607bis 1.2 C.P.
a) Matare	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.1 C.P. (Homicidio)  607bis 2.1 pfp 2ºC.P. (Asesinato)
b) Violencia sexual	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.2 C.P. (Violación) 607bis 2.2 C.P. (Agresión sexual)  607bis 2.5 C.P. (embarazo forzado)  607bis 2.9 C.P. (prostitución forzada)
c) Lesiones	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.3 C.P.
d) Sometimiento a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.3 C.P.
e) Deportación o traslado forzoso de la población	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.4 C.P.
f) Desaparición forzada de personas	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.6 C.P.
g) Detención ilegal	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.7 C.P.
h) Tortura	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.8 C.P.
i) Esclavitud	23.4.a) L.O.P.J.	607bis 2.10 C.P.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado

Crímenes cometidos con ocasión de conflicto armado y sobre las personas protegidas por el 608 C.P.	Precepto de la Ley procesal española	Preceptos del Derecho Penal español
a) Maltrato de obra o poner en grave peligro la vida, salud o integridad	23.4.a) / h) L.O.P.J.	609 C.P.
b) Tortura o tratos inhumanos	23.4.a) / h) L.O.P.J.	609 C.P.
c) Someter a actos médicos	23.4.a) / h) L.O.P.J.	609 C.P.
d) Empleo /orden de emplear medios de combate prohibidos	23.4.a) / h) L.O.P.J.	610 C.P.
e) Realizar o ordenar ataques indiscriminados a la población civil o se pretenda aterrorizarla	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.1 C.P.
f) Destruya o dañe buque o nave no militar de un adversario o neutral	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.2 C.P.
g) Obligar a servir en las FF.AA. enemigas	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.3 C.P.
h) Deportación o traslado forzoso	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.4 C.P.
i) Traslado o asentamiento en territorio ocupado de población propia	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.5 C.P.
j) Segregación racial u otros tratos inhumanos	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.6 C.P.
k) Impedir o demorar la liberación o repatriación de prisioneros o civiles	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.7 C.P.
l) Denegación de juicio justo	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.8 C.P.
m) Agresión sexual	23.4.a) / h) L.O.P.J.	611.9 C.P.
n) Violar la protección de zonas no defendidas	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.1 C.P.
ñ) Ataque a personal sanitario o religioso	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.2 C.P.
o) Denegación de asistencia médica	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.3 C.P.
p) Uso indebido de signos protectores	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.4 C.P.
q) Uso fraudulento de banderas o emblemas	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.5 C.P.
r) Uso fraudulento de la bandera de parlamento o de rendición	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.6 C.P.
s) Despojar de sus efectos a un cadáver, herido o enfermo	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.7 C.P.
t) Produzca hambruna a la población civil como método de guerra	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.8 C.P.
u) Viole suspensión de armas, armisticio o capitulación	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.9 C.P.
v) Ataque a personal de las NN.UU. o su personal asociado	23.4.a) / h) L.O.P.J.	612.10 C.P.
w) Ataque contra bienes culturales	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.a C.P.
x) Uso indebido de bienes culturales	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.b C.P.
y) Robo de bienes culturales	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.c C.P.
z) Ataque a bienes civiles	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.d C.P.
aa) Ataque a bienes de subsistencia civiles	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.e C.P.
bb) Ataque a instalaciones peligrosas	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.f C.P.
cc) Actos de pillaje	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.g C.P.
dd) Requise de forma arbitraria bienes en territorio ocupado	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.h C.P.
ee) Ataque a residencia del personal de NN.UU o asociado	23.4.a) / h) L.O.P.J.	613.1.i C.P.
ff) Cualesquiera otros actos prescritos en Tratados Internacionales	23.4.a) / h) L.O.P.J.	614 C.P.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Delito de Piratería

Crimen de Piratería: el que con violencia o intimidación realice alguno de los actos siguientes	Precepto de la Ley procesal española	Preceptos del Derecho Penal español
a) se apodere, dañe, destruya de la nave, aeronave o plataforma en el mar	23.4.h) L.O.P.J.	616 ter C.P.
b) atente contra las personas o cargamento a bordo	23.4.h) L.O.P.J.	616 ter C.P.
c) resistirse o desobedecer a autoridad militar en la detención	23.4.h) L.O.P.J.	616 quáter C.P.

Fuente: Elaboración propia.