Tema I. Generalidades de la Auditoría Fiscal.

I.1.Breve Reseña histórica de la tributación en Cuba.

Todos los gobiernos en el mundo actúan sobre la economía de sus países a través de las políticas económicas mediante las cuales se formulan un conjunto de medidas discrecionales adoptadas para intervenir y controlar las variables económicas a fin de alcanzar objetivos macroeconómicos como: el crecimiento económico, la estabilidad de los precios, el pleno empleo y el equilibrio exterior.

La política fiscal se define como el programa del gobierno que se lleva a cabo mediante la variación o modificación de los programas de ingresos y gastos públicos para alcanzar los objetivos de política económica, o sea está dada por la regulación de las compras gubernamentales, el gasto de transferencias, y del establecimiento de la cantidad y tipos de impuestos con el propósito de lograr los objetivos de estabilización correspondientes.

Sus principales instrumentos son los impuestos, gastos y el Presupuesto.

El desarrollo de la política tributaria en Cuba ha estado determinado por las características que fueron impuestas por los países representantes de cada una de las etapas que ha marcado la evolución de la historia de Cuba.

Etapa Colonial:

Muchas leyes y regulaciones impuestas por España, mantuvieron su vigencia hasta muy avanzado el siglo XIX y casi hasta la actualidad. Las mismas respondían a un sistema fiscal caracterizado por el desorden, que no respondía a criterio alguno y solo constituyó un freno al desarrollo económico cubano, beneficiando solamente a los comerciantes, al clero español y a la corona de ese país. Esta política fiscal se incrementa cuando la economía cubana, a medida que avanzaba el siglo XIX, comienza a depender de producciones básicas como: la ganadería, el tabaco y el azúcar.

La reforma más importante conocida hasta ese momento se produce a partir del año 1847, debido a que se entra en una etapa de reorganización en la política tributaria en Cuba. La misma consistió en el establecimiento de un impuesto municipal directo, el inicio de un proceso de regulación sobre las contribuciones, las tiendas, los oficios y profesiones con la incorporación a su vez de un conjunto de formas impositivas.

Etapa Republicana:

El sistema fiscal estaba integrado por los mismos impuestos que se habían heredado de España y de la intervención norteamericana directa, dentro de los cuales los más importantes son los obtenidos de la renta de aduanas y de la contribución industrial y comercial. La obligatoriedad de pago de los mismos, respondía a un principio constitucional que expresaba: “a contribuir para los gastos públicos en la forma y proporción que determinen las leyes.”

En 1908 se promulga la ley de impuestos municipales que recogía un conjunto de legislaciones que tenía como objetivo principal establecer una política tributaria más coherente. Es en este período donde se establece por primera vez un capítulo relacionado con los procedimientos de cobranza y aplicación de multas a los defraudadores.

En 1941 se instaura el impuesto sobre la renta que grava sueldos, salarios, retribuciones, pensiones, honorarios, dividendos, es decir cualquier ingreso personal de los ciudadanos cuyo monto supera los 1000 pesos.

Con el pretexto de desarrollar obras públicas o para el pago de distintos empréstitos financieros, se continuaron proliferando las disposiciones relacionadas con los impuestos.

Etapa Revolucionaria:

Con el triunfo de revolucionario se crean las bases para que el estado jugara un papel protagónico en el desarrollo socio-económico del país. A partir de este momento se comienzan a desarrollar un conjunto de acciones que tenían como objetivo fundamental el logro de una distribución más justa de los ingresos

De 1967 hasta la década del 80 se produjo una disminución del papel y de los instrumentos fiscales a expresiones mínimas. En esta dirección influyeron dos puntos importantes:

• La desaparición de las relaciones monetarias mercantiles.

• El predominio casi absoluto de la propiedad estatal unido al mecanismo de transferencia de la masa de las empresas en forma de aportes al presupuesto, hacían inoperantes aparentemente el uso de la política fiscal.

Esto explica que en toda la década del 80 en materia fiscal sean aprobadas solamente determinadas disposiciones legales de carácter específico que regulan el tratamiento impositivo de algunos sectores que así lo reclaman. Entre ellas se pueden mencionar el establecimiento de elevados impuestos a las utilidades transferidas al exterior y la rebaja de impuestos sobre intereses de préstamos recibidos del exterior.

La Ley 998 de 1962 tenía el objetivo de suprimir todo estímulo a la inversión privada. La 1213 de 1967, simplifica el sistema tributario para eliminar los gravámenes a las empresas estatales, a la población y a una gran parte del sector privado en consonancia con la idea de eliminar la pequeña propiedad mercantil y el predominio del sector privado.

En el año 1975, buscando mayor eficiencia, se crea un mecanismo de dirección y planificación de la economía y se establecen las relaciones monetarias mercantiles. Se designa al Comité Estatal de Finanzas para controlar y ejecutar la política financiera del estado. El Ministerio de Finanzas y Precios es el organismo de la Administración Central del Estado encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política fiscal, financiera, tributaria, de precios, de auditoría y de seguros del Estado y del Gobierno, asesorarlos en estas políticas y dirigir y controlar la organización de las finanzas públicas y la utilización de los recursos financieros.

La legislación tributaria vigente en Cuba, anterior al año 1994, no respondía a las nuevas necesidades del país, por lo que resultó necesario establecer de forma gra¬dual y con la flexibilidad requerida las disposi¬ciones fiscales por las cuales se estableciera un nuevo Sistema Tributario en Cuba por la Ley No. 73, que fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, el 4 de agosto de 1994. Con esta Ley se introduce en Cuba una reforma general al sistema tributario. Esta tuvo lugar en una coyuntura histórica especial, marcada por la profunda crisis que vivía el país. En este sentido, los cambios introducidos tienen un carácter económico y plantean la adecuación de los mecanismos fiscales a los requerimientos del nuevo modelo de desarrollo de la economía cubana.

Entre las medidas valoradas se consideró la implantación gradual de un nuevo sistema tributario integral, que tenga en cuenta los elementos indispensables de justicia social, a los efectos de proteger a las capas de más bajos ingresos, estimule el trabajo y la producción, y contribuya a la disminución del exceso de liquidez. Por otra parte, se consideró que era una necesidad crear paulatinamente una conciencia tributaria en la población, que permitiera comprender el pago de tributos al Estado como parte de un deber social para cubrir los gastos en que éste incurre con el fin de satisfacer los requerimientos de la sociedad.

Como uno de los pasos más relevantes en el ordenamiento de las finanzas públicas, en abril de 1999 se aprobó el Decreto Ley 192 "De la Administración Financiera del Estado", cuyo objetivo principal es imprimir un mayor grado de transparencia, ordenamiento y organicidad a todo el proceso de planificación, ejecución y control de los recursos financieros públicos en función de las metas y políticas trazadas por el Estado.

El referido decreto sustituye a la Ley 29, "Ley Orgánica del Presupuesto del Estado" vigente desde 1980 y que resultaba obsoleta al no dar respuesta a las condiciones actuales de la economía en general y de las finanzas en particular.

El decreto define y comprende el conjunto de principios, normas, sistemas, instituciones y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación a los objetivos estatales, procurando la satisfacción de las necesidades colectivas de la sociedad y esta integrado por los siguientes sistemas:

a. Tributario

b. Presupuestario

c. De tesorería

d. De crédito público

e. De contabilidad gubernamental

El Sistema Tributario se rige por legislaciones especiales, principalmente la ley 73 "Del Sistema Tributario", aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) en 1994 y otras disposiciones, bajo los principios de una aplicación gradual y con los elementos indispensables de justicia social, a los efectos de proteger a las capas de más bajos ingresos, estimular el trabajo y la producción y regular la liquidez monetaria.

La referida Ley reconoce once (11) impuestos, tres (3) tasas y una (1) contribución, aplicables sobre la base de los principios de generalidad y equidad de la carga tributaria, en correspondencia con la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacerlos.

Los tributos establecidos se han ido introduciendo de manera paulatina, en la medida en que se han creado las condiciones para ello.