3.7. LAS POLÍTICAS REGIONALES ENTRE 1973-1990.

En septiembre de 1973 comienza el régimen militar con lo que Chile se convirtió en laboratorio de los experimentos neoliberales en el mundo141. La desconcentración del territorio fue una parte importante del discurso oficial. Como un gesto simbólico al final de su dictadura, Pinochet estableció que el poder Legislativo Nacional debía establecerse fuera de la Capital.

Si bien la planificación regional parecía imposible por la naturaleza neoliberal de la estrategia económica del régimen militar, éste se propuso ordenar y controlar el territorio por razones geopolíticas. De acuerdo a la visión de los militares debía haber un poblamiento equilibrado, especialmente en las zonas extremas. El desarrollo se pretende conseguir a través de la descentralización del poder político y la desconcentración económica.

La descentralización política implicó la división de Chile en trece regiones administrativas, cada una con un Fondo Regional para Inversiones, llamado Fondo Nacional para el Desarrollo regional (FNDR). En cada región se instalaron representantes de los ministerios para que formaran un equipo de trabajo con el intendente (gobernador de la región). Además se dotó de mayores recursos y de creciente autonomía a los 328 gobiernos comunales o municipalidades. Los recursos controlados por los municipios se multiplicaron tres veces de valor entre 1986 y 1978/1979142. Una parte importante de estos recursos les fue asignada para administrar los servicios primarios de salud y los establecimientos educacionales que antes eran controlados desde la capital.

Estas reformas concedieron nuevas facultades a las autoridades regionales y comunales, pero todas estas autoridades dependieron verticalmente del Presidente de la República. De esta manera las nuevas autoridades podrán mirar de cerca y controlar de modo más eficiente el territorio143. Además, la eficiencia del sector público en las regiones, fue afectada debido a los recortes en los presupuestos de salud y educación, los bajos ingresos de los funcionarios y su falta de motivación, a causa de un discurso que colocó a la empresa privada como símbolo de la eficiencia.

Por otra parte, la desconcentración económica se promovió a través de las exportaciones de los recursos naturales. Según el gobierno únicamente éstas gozaban de ventajas naturales para competir en el comercio mundial. En su discurso, buena parte de la industria había sido protegida artificialmente por los gobiernos anteriores. Como resultado de esta estrategia las exportaciones de bienes y servicios pasaron del 15% al 36% del PIB de Chile entre 1970 y 1992. A pesar de la diversificación de las exportaciones entre 1970 y 1989, la minería continuaba representando el 55.5% de las exportaciones de Chile (contra 74% en 1970). La agricultura, pesca y bosques pasaron de un 6% al 12.3%.

El crecimiento exportador se registró especialmente en cinco de las trece regiones del país (II, III, IV, VIII, XI). En 1992, éstas exportaban el 75% del total nacional. Las cuatro regiones del Norte de Chile (I, II, III, IV), aportaban el 41,4% de las exportaciones del país y solamente el 14,4% del PIB. Por otra parte, las regiones se fueron especializando en determinadas exportaciones, siendo la minería la actividad más importante del Norte de Chile, seguidas por la pesca y el turismo144. A su vez, el crecimiento de la gran minería de Antofagasta desplazó una buena parte de los pequeños mineros del Norte chico en la IV región lo cual explica que en esa región la minería haya disminuido del 37.7% del PIB a un 25,3% en 1990.

No obstante este intento descentralizador, la Región Metropolitana continuó su hiper expansión En 1976, la población de Santiago era de 3,9 millones de habitantes; en el 2003 alcanzó 6,1 millones 145. Entre 1970 y 1992 la población del Gran Santiago pasó de un 31,8% a un 35,6% de Chile 146. La capital continuará disfrutando de muchos atractivos tales como el tamaño de mercado, oferta de mano de obra especializada, economías externas, centralización del poder político efectivo, sede de las grandes empresas. Se trata además de una centralización en la desigualdad; entre 1990 y 1998, el 90% de los metros de construcción aprobados estaba concentrado en 15 de las 34 comunas del Gran Santiago, 2.400 000 personas quedaron al margen del boom de la construcción147.

Como resultado de las políticas económicas de apertura comercial buena parte de la base industrial impulsada por la CORFO murió al no poder competir con las importaciones. En la primera fase (1975-1979) el gobierno redujo violentamente los aranceles y mantuvo un dólar barato. Además el Estado cortó la política industrial directa eliminando INCONOR, la Ley del Cobre, la Zona Franca de Antofagasta, las Corporaciones de Arica y Magallanes. Chile abandonó el Pacto Andino que impulsaba un programa de integración industrial con los países vecinos. El grueso de la política industrial consistió en apoyar a las empresas exportadoras a través de una red de agencias del gobierno en el extranjero y de subsidios fiscales. En la segunda fase en cambio usó principalmente un tipo de cambio alto y traspaso de activos nacionales a capitales extranjeros. Fueron especialmente golpeadas las regiones de Valparaíso y de Concepción, las cuales fueron ejes de la planificación de polos de crecimiento desde la época de Frei.

En la Región de Antofagasta se observa una mayor especialización minera. Esta pasó de un 54,2% a un 59,1% del PIB regional entre 1972-1973 y 1989-1990. La industria manufacturera en cambio aumentó a un ritmo de 3,1% promedio anual 1990-1973 (contra 10,3% en 1960-1973); recién en 1977 pudo recuperar los niveles de producción alcanzados en 1973148. Esta especialización minera fue apoyada entre 1985 y 1990 por cuatro proyectos de IED de US$ 202 millones, un 6,4% del total nacional149.

Se genera pues, una contradicción entre la descentralización (administrativa) que pretende ordenar nacionalmente el territorio, y la trasnacionalización, que busca conectar a las regiones de modo independiente a los mercados mundiales más que al resto del país. Así, la descentralización administrativa aparece como un mecanismo para centralizar el capital internacional integrando de modo eficiente al territorio al modelo económico en boga con ayuda de los agentes regionales.

Para competir con las exportaciones, se abarató la mano de obra mediante nuevas leyes laborales y la represión a los sindicatos. Esto comprimió el tamaño del mercado local y las posibilidades de la industria sustitutiva de importaciones. Por su parte las quiebras de empresas industriales, la reducción del tamaño del Estado y el impacto de las crisis económicas mundiales, redujeron el poder de negociación del movimiento obrero que enfrentó altas tasas de cesantía durante casi todo el régimen militar. Además la devolución de las tierras de las cooperativas a sus antiguos dueños y el boom exportador generó en regiones mano de obra precaria, temporal y flexible ligada a las actividades forestales, frutícolas y pesqueras con pocas posibilidades de sindicalización. Esta mano de obra, frecuentemente femenina y juvenil, sin tradición sindical, comenzó a ser subcontratada por pequeñas empresas con bajo nivel de protección social 150.

Paralelamente fue embestida la conexión entre el movimiento obrero y el sistema político, clave del modelo de desarrollo anterior. Ello era necesario para imponer el nuevo marco laboral, cerrar fábricas y privatizar. Muchos líderes sindicales fueron asesinados, los partidos de izquierda fueron perseguidos y el Parlamento cerrado. Actualmente la Constitución Política heredada prohíbe a los diputados y senadores apoyar huelgas. En Antofagasta y otras ciudades del Norte la represión en los primeros años después del golpe fue particularmente cruda; además era fácil reprimir y controlar a los líderes locales en pequeñas ciudades rodeadas por el desierto. Las Universidades regionales fueron intervenidas militarmente, se clausuraron varias carreras humanistas y sus académicos fueron exonerados o debieron abandonar sus líneas de investigación acordes con un modelo de desarrollo endógeno.

La participación ciudadana en el ámbito local fue afectada por el temor a participar en la vida pública. Incluso las Juntas de Vecinos, Sindicatos, Centros de Estudiantes, Universidades tenían dirigentes designados durante la primera etapa del período militar. En el plano ideológico, se fomentó una cultura de consumo individualista y se difundió un discurso que alimentaba la desconfianza hacia los liderazgos sociales. La inseguridad laboral, la cesantía y las alzas de precios de los servicios públicos que se privatizaban, estimularon un aumento en las horas dedicadas al trabajo para generar ingresos y una disminución de las horas dedicadas a la participación social.

Todo ello implicó desintegrar socialmente y económicamente a las regiones al mismo tiempo que se las integraba a la economía capitalista mundial. A pesar del crecimiento económico de los últimos años y del boom exportador, el ingreso por habitante de Chile en 1990 era similar al de 1970 y el número de pobres llegaba a los 4 millones de personas, lo cual representaba un porcentaje mayor al de 1970.