Liana Simón Otero

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La  Constitución en toda sociedad está encargada de configurar y estructurar los poderes del Estado que ella misma reconoce, por lo que establece los límites al ejercicio del poder, además de las libertades y derechos fundamentales, junto a sus garantías.
La Carta Magna es la norma más generalizadora  y de más pretensiones, pues de cierta forma marca las pautas en todas las relaciones sociales que para el Derecho son de suprema trascendencia. Su supremacía en el ordenamiento jurídico juega un papel esencial en el mantenimiento del sistema político en cualquier país, pues es la única norma  que generalmente proviene de poderes constituyentes y no de poderes constituidos como ocurre con el resto. Además, la constitución recibe mayor protección, pues casi siempre se establecen procedimientos agravados para su reforma, y es quien determina la validez del resto de los actos normativos, los cuales deben promulgarse respetando en lo formal y material el mandato de esta.
Es por ello que se hace indispensable controlar, a los poderes del Estado y a los particulares con el gran fin de   garantizar el respeto irrestricto a la Carta  Magna.