EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACI?N DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

SEGUNDA PARTE: POSICIÓN DE ARGENTINA

La actuación de la Cancillería argentina ante el conflicto

El primer acto realizado para defender su postura, fue la presentación del embajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordón, ante el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz. Más que una manifestación de preocupación fue una exigencia de cumplimiento de los estatutos del Banco Mundial y una forma de protesta hacia los países centrales por el desplazamiento de las industrias sucias a los países en desarrollo.

Como contraparte, Uruguay no envió sus delegados a la comisión técnica mixta, con lo cual dió paso para que el Canciller Rafael Bielsa declarara que la situación entre los dos países se encontraba en un “... punto límite...”.

Luego de las fuertes declaraciones del canciller Bielsa, se retractó mencionando que “... las relaciones con Uruguay no están lesionadas, a pesar de la discusión...” , se justificó mencionando las pocas posibilidades que había para llegar a un convenio entre ambos gobiernos.

La suspensión del financiamiento del Banco Mundial, le dio un fuerte impulso a la Cancillería Argentina para pedirle a Uruguay la reconsideración de su decisión, advirtiéndole que en caso contrario llevarían el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y, por otra parte, el canciller Bielsa criticó la doble negativa uruguaya de instalar la comisión.

En estas condiciones, el director de Asuntos Ambientales, Raúl Estrada Oyuela, afirmaba que Uruguay había incumplido el tratado y estatuto del Río Uruguay y no había obrado bien al avanzar en los hechos por su cuenta. Además defendía la postura de la Cancillería, comentando que se debía dar seguridad que no se causarían daños graves al medio ambiente, ya que impacto ambiental siempre habrá, pero a través de nuevas tecnologías se podía reducir.

Desde cancillería argentina, acusaban las complicaciones que provocaba que Uruguay no realizara mediciones ambientales, mencionando de manera capciosa cual sería el problema de hacer un estudio. Por último, se remarcaba que la negativa se daba porque sí había un impacto ambiental negativo.

Una de las medidas tomadas, a raíz de este conflicto desde el Banco Central, fue exigir a los importadores el depósito del 100 % de las divisas para la compra de productos uruguayos.

En el marco de la reunión de ministros de relaciones exteriores del Grupo Río, Bielsa entregó al canciller uruguayo un petitorio realizado por los asambleístas. Como consecuencia, ambos cancilleres acordaron realizar un estudio de impacto ambiental de las plantas, cuyo resultado no sería vinculante para Uruguay.

Durante un reportaje radial al gobernador Busti, sostuvo que “... a lo mejor había algún incentivo para que Uruguay aceptara las papeleras...” , esta declaración provocó una tensión diplomática, en la que fue llamado en consulta el embajador uruguayo en Argentina. Este diferendo, llevó al gobierno argentino a decidir que Busti difundiera un comunicado aclarando que significaban los incentivos , ya que el concepto puede connotar una acción espuria, ilegal o tal vez asociada a corrupción.

Luego del informe preliminar del Banco Mundial, el gobierno continuaba apoyando al gobernador Busti y a los asambleístas, aunque reconocían que el diálogo político era más conveniente que los cortes de ruta. Pero por otra parte, había enojo hacia el gobierno uruguayo por la falta de respuesta a los reclamos: de suspender las obras y esperar el resultado de las consultas sobre los efectos medioambientales.

La cancillería a partir de esta situación envió una nota de protesta a Uruguay en la que establecía una controversia en la interpretación del tratado sobre el Río Uruguay, que abría la vía jurídica. En la misma, Argentina reclamaba el cumplimiento de lo que dispone el estatuto, respetar el proceso de consultas y no tomar decisiones sin las mismas.

Esta nota fue respondida por el gobierno uruguayo remarcando que no había controversia por discutir y que mantenía la firme voluntad política de realizar las obras. Como consecuencia, continuaba pidiendo la suspensión de las obras hasta que se tengan datos de un estudio de impacto ambiental que sea efectivamente imparcial.

A pesar de la negación de Uruguay, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, negaba que la relación con Uruguay se hubiera deteriorado aunque reconocía que había un “... punto de distancia...” entre ambos gobiernos.

Otra alternativa de la Cancillería argentina fue la reubicación de las plantas, argumentando que el lugar donde se estaban construyendo era el peor, que una posibilidad sería instalarlas sobre el Atlántico.

El 18 de enero de 2006, se reunió la comisión binacional, integrada por técnicos argentinos y uruguayos, para analizar en forma conjunta el impacto ambiental que produciría la instalación de las dos plantas de celulosa en Fray Bentos. Fue el último encuentro de la Comisión, antes de que se cumpliera el plazo establecido hasta el 30 de enero para emitir un informe conjunto.

Durante el encuentro, la cancillería argentina advirtió que las plantas podían generar perjuicios sensibles a la Argentina y que ello causaría “... responsabilidades patrimoniales muy serias...” para, entre otros, las empresas industriales y las entidades financieras que respalden la construcción. El representante de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Estrada Oyuela, declaró que no había muchas posibilidades de llegar a un acuerdo, porque el gobierno de Uruguay no había mostrado ninguna sensibilidad para entender los reclamos que Argentina estaba haciendo, aunque si había avances en el ámbito de la Comisión Binacional para llegar a un acuerdo donde no se perjudicara el medio ambiente de Entre Ríos y Uruguay recibiera las inversiones.

A partir de enero de 2006, el gobierno nacional y el gobierno entrerriano buscaron un equilibrio presionados por la sociedad de Entre Ríos. La idea fue que el canciller Taiana, se hiciera cargo personalmente de las negociaciones con Uruguay para tratar de hallar una salida política a la cuestión. Tras esta medida, se anunció que el Gobierno nacional estaría dispuesto a presentar una demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya por la presunta violación al estatuto del Río Uruguay.

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el 30 de enero se cumplirían los 180 días de plazo fijados, para que el grupo técnico de alto nivel que conformaban ambos países resolviera las diferencias sobre la instalación de las dos fábricas de celulosa, el cual preveían que fracasaría, porque Uruguay, según el gobierno argentino, estaba haciendo “... oídos sordos...” a los pedidos de información de la Argentina, por lo que creían que ese resultado negativo, serviría para constituir el caso controversial ante el Tribunal de La Haya.

En marzo de 2006, el presidente Kirchner, ante la Asamblea Legislativa, dió un discurso donde realizó un pedido al presidente Tabaré Vázquez de suspender por 90 días las obras en Fray Bentos, para realizar un estudio ambiental independiente, argumentando que así se apartarían los impulsos de “... los nacionalismos vacíos de contenido que en vez de unir a América Latina la separaron permanentemente...” . Este pedido fue rechazado por el presidente Tabaré Vázquez, tras una reunión de gabinete y argumentando que no podían imponer la suspensión de las obras, sin antes levantar los cortes de los pasos fronterizos.

Bajo diplomacia espontánea, en un encuentro en Chile, ambos presidentes firmaron una declaración conjunta en la que exhortaban a los ambientalistas argentinos y a las dos empresas que construían las plantas en el Uruguay a hacer un gesto que permitiera la reapertura de negociaciones entre ambos gobiernos. El gesto consistía en que los empresarios frenaran las obras por 90 días y que durante el mismo período, queden suspendidos los cortes de dos de los tres puentes que unen a ambos países.

Si las partes aceptaban la propuesta, Kirchner y Tabaré retomarían personalmente las negociaciones en dos nuevos encuentros cuyas sedes habían sido fijadas: el primero se haría en Anchorena (Departamento de Colonia) y el segundo en Mar del Plata. Allí deberían definir como se evaluaría el impacto ambiental de las papeleras.

Luego de 45 días de corte en la ruta internacional 136, los asambleístas decidieron flexibilizar su medida, la movilización continuó a la vera de la ruta pero el paso de vehículos quedó liberado. La empresa Botnia suspendió por 90 días la construcción de la planta y estaban a la espera de una decisión de Ence para dar lugar a las negociaciones.

Pero antes de llegar a las mismas, Botnia anunció que sólo suspendería sus obras por 10 días, lo que provocó que el diálogo entre presidentes se cortara y Uruguay convocara al Consejo del Mercosur, notificando la situación a la Corte Internacional de La Haya. El canciller Taiana culpó a la empresa Botnia por el fin de las negociaciones directas con Uruguay, y anunció que Argentina continuaría con su reclamo ante la Corte Internacional.

El presidente Kirchner en busca del consenso interno para la presentación del reclamo ante la Corte, realizó un acto en Gualeguaychú donde dio un discurso, en el que puso al diferendo como una causa nacional, manifestó que el conflicto “... es una lucha de toda la Argentina; la República y el pueblo están comprometidos para solucionar esta controversia...” , sin embargo en ningún momento mencionó “no a las papeleras”. El acto, en términos políticos fue un claro respaldo institucional a la estrategia jurídica.

En la Cumbre realizada en Viena en mayo de 2006, el presidente le dio un giro a la causa cuando en su discurso introdujo la preocupación por el medio ambiente y ubicó a los países latinoamericanos como “... acreedores ambientales del mundo industrializado...” y reclamó universalizar un criterio de reparación “... donde el que contamina debe pagar...”. Además mencionó que no se podía admitir que los países que han logrado un mayor desarrollo, en ocasiones a costa de la degradación del medio ambiente, quieran trasladar “... la parte más contaminante de sus procesos industriales...” y acusó a esos países y a las instituciones internacionales que alientan a las industrias contaminantes a trasladarse a los países pobres, en razón de menores costos. Por último, expuso sobre el caso de las papeleras explícitamente, “... las empresas europeas, en la instalación de plantas de celulosa de gran envergadura, han evitado el cumplimiento de normas que a ustedes les habrían aplicado en Europa...” .

En vista de una no pronta solución, el gobierno ideó un plan, elaborado por la Secretaría de Ambiente en 2006, para cuando se terminara la mediación y Botnia este en funcionamiento. El mismo, consistía en la recopilación de nuevos datos en distintas etapas de funcionamiento de la planta permitiendo realizar un seguimiento y establecer un contraste que podría ser utilizado para sustentar la presentación argentina en La Haya.

La iniciativa no implicaba aceptar el funcionamiento de la pastera donde estaba instalada, era una reacción a las circunstancias, y era la herramienta que asistiría a perdurar el reclamo argentino de relocalización. Este plan contaba con el consenso de los ambientalistas entrerrianos, con quienes se discutió el proyecto.

El 10 de diciembre de 2007, en el discurso de asunción de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se reubicó el conflicto con Uruguay, al mencionar en presencia del presidente Tabaré Vázquez, que su país había violado el Estatuto del Río Uruguay, asunto que estaba en instancias judiciales en la Corte Internacional de La Haya. Pero ese pleito no era causa para que dos países hermanos continuaran discutiendo, dejando así el conflicto para que se resolviera por medio del fallo de la Corte.