EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACI?N DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

CONCLUSIÓN DEL TERCER CAPÍTULO

En primer lugar, está claro que bloquear las calles para protestar tiene un efecto paradojal y es que los afectados no son los destinatarios de la protesta. Pero también tiene otra consecuencia, que ningún manifestante deja de evaluar que fue precisamente lo que los impulsó: asegurarse la difusión en los medios. Es decir, los vecinos de Gualeguaychú cortaron los tres puentes y con esto no dañaron a los dueños de las pasteras sino que perjudicaron a los turistas argentinos, pequeños comerciante y sociedad en general, que habita o transita por la zona, los cuales no tienen ni voz, ni voto en esta discusión. Lo que lograron fue una gran acción mediática en los medios de comunicación.

Los asambleístas con estas medidas, dañaron económicamente y ante esto el gobierno prefirió el desgaste del grupo para que se cansen y se vayan a su casa, más allá de las negociaciones que se desarrollaron como parte del rol del estado, como mediador del conflicto social. Pero parece, que la falta de límites hace que sean las sociedades de ambas orillas, las más cansadas.

Terminada la mediación y con una nueva representante presidencial, las tácticas para defender sus derechos y su hábitat, cambiarán para alcanzar a los jueces de La Haya, quienes, por el momento, parecen que tienen en sus manos la solución al diferendo, ya que los resultados demuestran que las decisiones no están en sus manos bajo duras medidas, sino en los presidentes de una u otra orilla.

A raíz de este conflicto, ha quedado claro que las empresas tienen mayor poder que los Estados, como sucedió cuando Botnia no frenó la construcción de la planta, pese al acuerdo entre los gobiernos uruguayo y argentino. El poder de las papeleras, reflejado en las inversiones en las plantas son muy importante para una economía tan pequeña como la del Uruguay. En términos de macroeconomía es un éxito completo. A pesar de esto, si las empresas y los gobiernos otorgan fieles controles todos nos beneficiaríamos de este emprendimiento pero el control de la contaminación es una herramienta fundamental para este proyecto y para toda inversión que se implante en nuestros países.

En cuanto al Mercosur, el fuerte diferendo estudiado, es un típico contencioso de intereses que afecta en el nivel local y regional cuya escalada, ha generado un impacto negativo, interno y externo, para ambos países. El diferendo muestra la falta de aceitados mecanismos de consulta binacional y la ausencia de las instituciones del Mercosur a la hora de dirimir conflictos de intereses nacionales.

CONCLUSIÓN GENERAL

La primera hipótesis planteada fue: “El gobierno argentino actúo por impulso de la mediatización del conflicto y no bajo la coherencia política para arribar a un resultado positivo para la población afectada. La toma de decisiones del gobierno fue determinada por un entramado de organizaciones a través de las cuales buscaba el apoyo y consenso político sin tener en cuenta la situación interna, pero dejando expresado que la última decisión estaba en el gobierno presidencialista”.

En el desarrollo del trabajo podemos reafirmar esta hipótesis, ya que durante la primera etapa del gobierno de Kirchner, el presidente debía vigorizar el poder nacional a través del consenso interno. Cuando surge el reclamo de los asambleístas de Gualeguaychú y el gobierno de Entre Ríos se incluyó pidiendo apoyo al gobierno nacional, para no cargar con el costo político, el canciller Bielsa, en ese momento, se involucró en el reclamo de manera diplomáticamente incorrecta.

Durante este período, la política exterior del gobierno nacional fue de la mano de las acciones de los asambleístas. Cuando sube el conflicto bilateral a su máxima tensión, las políticas nacionales comenzaron abrir los canales de diálogo.

Taiana intentó trabajar para calmar los ánimos internos y al llegar el cambio presidencial, Cristina Fernández de Kirchner, puso al conflicto en el lugar donde debería haber estado en un principio, en la violación al Tratado del Río Uruguay.

La segunda hipótesis planteada fue: “El gobierno Uruguayo tiene como principal objetivo el desarrollo socioeconómico, pero con responsabilidad y garantías de la preservación del medio, para lograr una inserción internacional con mayor independencia”.

Esta segunda hipótesis también la reafirmo, porque como también se puede observar en el desarrollo y análisis del trabajo que Uruguay siempre intentó mantener el diálogo y aclarar dudas, lo cual no fue aceptado por Argentina, esto llevó a tensiones que se podrían haber evitado a través de la voluntad política para resolver el conflicto.

En Uruguay, desde la década del 70 vienen proyectando este tipo de industrias, lo cual es bueno por el desarrollo pero no se justifica el daño que producen los monocultivos, el mismo daño que viene causando en Argentina, en las provincias mesopotámicas. Además desplaza a la producción agrícola y ganadera que siempre caracterizaron a Uruguay.

En la Argentina la industria Iby, en la provincia de Entre Ríos, se ubica sobre el río Paraná que desemboca en el Río Uruguay. Esta empresa fue clausurada, durante una época, por contaminación pero Argentina no ha reconocido sus errores y acusó a Uruguay por permitir la instalación de una papelera que ha comprobado que no contaminará y que a raíz del conflicto tendrá un importante control para evitar daños al medioambiente.

La ubicación de Botnia sobre un límite internacional no es la mejor, ya que se podría haber evitado el malestar de los ciudadanos argentinos, pero con un exigente control, se puede evitar todo impacto perjudicial de esta empresa y de cualquier otra que próximamente invierta en ambas orillas.

Reafirmo las dos hipótesis, en las cuales no involucre la legitimidad de los reclamos de Gualeguaychú, los que han ganado hacerse escuchar, un control conjunto y lo más importante inculcar una conciencia ecológica en la Argentina. Esta ciudad, a la cual respeto y admiro, humildemente, han logrado que pensemos en otros costos que no son políticos, ni económicos, sino los costos de poder luchar por una mejor calidad de vida.

En síntesis, la instalación de las pasteras en Fray Bentos, respaldada por el gobierno uruguayo y cuestionada por el argentino, se convirtió, en un factor de discordia que deterioro la relación bilateral.

Desde el inicio del conflicto fue evidente la falta de un adecuado marco de negociaciones bilaterales para esclarecer cual es el impacto esperado de las plantas sobre el medio ambiente y en busca de acuerdos o programas de adaptación de los intereses mutuos.

Es evidente, además, que no sólo no ha operado el vínculo bilateral sino tampoco las instituciones del Mercosur, para el cual el diferendo de las papeleras constituye un nuevo golpe.

Como parte de las pujas entabladas, el Gobierno argentino, así como el provincial de Entre Ríos, solicitaron a Uruguay una relocalización de las fábricas, de la cual sólo logró una y no por la fuerza ejercida sino por cuestiones técnicas.

Luego existió un principio de acuerdo, abriendo una instancia de análisis de factibilidad e impacto por parte del Banco Mundial que tampoco obtuvo resultados positivos para Argentina.

Las divergencias siguieron su curso y mientras la parte uruguaya mantuvo su proyecto y el gobierno entrerriano llegó a presentar recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El corte de los puentes y rutas, mientras tanto, afectó las posibilidades de desplazamiento de miles de personas y a las actividades de producción y el turismo, en ambas orillas y enrareció las tratativas que se llevaron a cabo.

Los gobiernos deberían haber adoptado una actitud conciliadora y establecer un marco de negociación que permitiera superar el estancamiento en las respectivas posiciones y un mayor deterioro de las relaciones bilaterales.

Los gobiernos nacionales se pronunciaron inicialmente en defensa de los respectivos intereses locales: la Argentina elevó su protesta a Uruguay y este, a través de su presidente, respondió ratificando el aval al proyecto. El diferendo pudo llegar así a la instancia de los tribunales internacionales, del cual se espera una respuesta para cerrar este ciclo de malos entendidos políticos y de dudas medioambientales.