PROGRESO Y BIENESTAR

C. TRES CASOS DE FIGURA DE SEPARACIÓN

Presentamos tres casos de figura, los más emblemáticos, de cómo se efectuaría la separación política / economía. Se trata de la educación nacional, sujeto difícil de tratar en todas las circunstancias; de la defensa nacional, muy sensible por su historia, sus deslices y; la justicia, por su grado de corrupción y la necesidad de sus servicios en la vida diaria del ciudadano.

a. Educación nacional

Es incuestionable actualmente que la formación profesional es llevada a cabo por el sector privado sin mayor problema. Incluso, en muchos casos, el sector privado tiene resultados superiores al tradicional sector público. No existe entonces ningún impedimento ni justificación técnico-pedagógica para que la formación profesional sea desarrollada por el sector privado.

La realización de obras por el sector educación es aún menos justificable. Es indispensable una total independencia entre la economía y la política al interior del sector educación. Actualmente, muchas escuelas, colegios, universidades y otros centros educativos son planeados y ejecutados por el sector privado de interés individualista. Para muchos de ellos, los resultados en términos de eficiencia y de rentabilidad son altamente positivos. ¿Por qué, entonces, no podría ser ejecutado por empresas del sector privado de interés general?

Lo que podría exigir un tratamiento a nivel nacional es la política del sector educación. Sin embargo, si nos encontramos dentro de un proceso de trabajo que desde hace cinco siglos ha creado una economía-mundo y que, por un proceso de globalización se intensifica su dimensión mundial, ¿cómo pondríamos todavía justificar una política nacional de educación?

No se trata entonces de una “política nacional” sino más bien de un nacionalismo chauvinista y sin mayor proyección hacia el futuro. Cada establecimiento debe diseñar su política educativa dentro de un cuadro de desarrollo a nivel mundial, con abertura clara y decidida hacia el futuro.

Y este es el rol a jugar por cada uno de los centros de educación, con una clara y decidida competencia entre los unos y los otros. La autonomía económica, financiera y administrativa de cada uno de ellos garantizará, por intermedio de la competencia, ofertar el mejor servicio educativo conforme a los avances de la ciencia, de la tecnología y de los métodos educativos a nivel mundial.

Es entonces la totalidad del servicio educación que debe pasar a ser servido por el sector privado y, muy particularmente. Y la relación será directa entre los usuarios y los establecimientos educativos, verdaderas empresas que tienen que cuidar sus ingresos y sus egresos. El sector privado de interés individualista lo hace, ¿por qué debería ser un impedimento para los establecimientos educativos del sector 2?

b. Defensa nacional

¿Cómo separar economía y política en el caso de defensa nacional? Defensa nacional así como educación nacional y justicia son delicados, sujetos a herir la sensibilidad de un gran número de personas. Con mayor razón para que sea abordado con criterios claros y respondiendo a la evolución de la civilización, dentro de un cuadro de cambio en el tipo de repartición de las riquezas creadas por un pueblo.

Para ello comenzaremos por abordar la diferencia entre defensa nacional y seguridad nacional, para luego hacernos un examen de conciencia sobre la necesidad real del bien defensa nacional.

i. ¿Es necesario el bien defensa nacional?

“Defensa Nacional es el conjunto de previsiones y acciones que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para lograr la Seguridad Nacional [...].” En cambio, según el Libro Blanco de la Defensa Nacional, “la seguridad [nacional] es la situación en la cual el Estado tiene garantizado su independencia, soberanía e integridad y; la población, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.” Dos conceptos que se auto-alimentan. La validez de uno exige la validez del otro.

Si aceptamos este tipo de diferenciación entre ellos, se impone ahora la pregunta siguiente: a la fecha, ¿necesitamos de una defensa nacional? O quizás pondríamos la pregunta de esta manera: ¿estamos consumiendo defensa nacional? Aún más, si desarrollamos una economía de mercado de interés general, ¿cuál sería el interés de contar con una defensa nacional?

Para los países del Norte es muy probable que el bien defensa nacional sea una prioridad, no tanto por “defensa nacional” sino por “invasión o ataque al exterior”, lo que no es el caso de los países del Sur. Incluso, si éstos quisieran organizar una defensa nacional en términos convencionales, la totalidad de su producto bruto interno no sería suficiente para organizar algo que pudiera hacer frente al gendarme mundial. Solamente el presupuesto de defensa nacional de este gendarme supera largamente el producto bruto interno de más de un continente de los países del Sur.

Para el año 2003, el presupuesto militar de Estados Unidos fue de 379 mil millones de dólares, mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) de Irak alcanzó la suma de 18.9 mil millones de dólares. Si comparamos esas dos cifras, la totalidad de los recursos de Irak era inferior en más de 20 veces a solamente el presupuesto militar de Estados Unidos. Ese es el caso, igualmente, de todos los países de América Latina, el África y el sudeste asiático. ¿Con qué argumentos reales podríamos decir que los países de estas regiones están realizando un gasto coherente en defensa nacional?

Es sin lugar a dudas un despilfarro bien entretenido por dos agentes. Primero, por los países cuya economía desarrolla una industria militar de alta tecnología como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. A estos países les interesa hacer resurgir rencores y guerras entre vecinos para poder continuar a realizar sustanciales ganancias en términos financieros y geopolíticos. Segundo, por los gobernantes que sacan provecho no solamente de la venta y compra de armamento militar sino también de las guerras mismas. Los presupuestos militares, en general, de orden secreto, son tomados como botín de guerra por los altos mandos.

Países pobres en donde más del 20% de sus recursos anuales son orientados al despilfarro y a las cajas de los países que viven de una economía de guerra y dentro de un clima viciado de corrupción. Los gastos en defensa militar es una afrenta para los países pobres del Tercer Mundo. Recientemente, fines 2008, el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana informó que el Tesoro General de la Nación dispondrá de unos 50 millones de dólares para la compra de helicópteros de fabricación rusa. Un pueblo con una economía pobre que despilfarra en el vicio y la corrupción.

Además, el bien defensa nacional durará el tiempo que dure la repartición individualista en el mundo, como tipo de repartición dominante. Una vez que la dominancia pase a la repartición igualitaria, no existirá ninguna necesidad de defensa nacional puesto que no existirán fronteras nacionales. Todos los pueblos se confundirán en un solo país perteneciente a una economía-mundo.

Otro fenómeno malsano que viene aparejado con el de defensa nacional es el de la noción de “secreto de Estado o de defensa nacional”. Realmente ridículo para los países del Sur. Es el gendarme mundial que instruye a toda la élite de las tropas del Sur y, por consiguiente, él conoce con más amplitud los pormenores de la defensa nacional de los países del Sur que los mismos oficiales mayores de sus ejércitos.

ii. Seguridad nacional

Seguridad nacional va en sintonía con defensa nacional. No existiendo defensa nacional, el rol a cumplir no es el de seguridad nacional sino el de seguridad pública. Como fuere, seguridad nacional o seguridad pública, el objetivo deberá ser el mismo: proteger a las personas, instituciones, empresa y otros.

La seguridad pública es importante en toda circunstancia de la vida en sociedad. Actualmente, vivimos una sociedad violenta y su existencia lo exigen las circunstancias. Quedan, entonces, dos sujetos a resolver: su organización a nivel nacional y la forma de pago de los servicios seguridad pública. Está demás decir que la noción “secreto de Estado” no tiene cabida en estos tipos de organización cuando la economía se desarrolla en interés general. Ya sabemos que ello sirve únicamente a encubrir la corrupción y a desnaturalizar el servicio.

El bien seguridad pública es un bien de proximidad. En estos términos puede estar orientado a brindar el servicio individualizado a nivel de persona, institución o empresa y, a nivel del conjunto de personas de una localidad. En el caso de brindar un servicio personalizado, la definición del precio del bien se puede definir dentro de las normas de la oferta y la demanda.

En cambio, cuando el servicio a brindar es a la localidad, se convierte en un bien común. Este caso de figura, lo trataremos con más detalle cuando abordemos el tema de la participación directa. Pero, desde ya podemos decir que ingresa igualmente dentro de las normas de una economía de mercado, con la salvedad de que la demanda es globalizada y requiere un tratamiento diferente al servicio personalizado.

El servicio seguridad pública atomizada en tantas localidades como tiene un país no impide, de ninguna manera, la coordinación y el trabajo planificado a nivel nacional, sin que por ello sea necesario establecer una estructura nacional que desnaturalizaría completamente su carácter de bien de proximidad.

Lo que queda a precisar es: ¿sin defensa militar y con una seguridad pública atomizada nos encontramos realmente desprotegidos del invasor? La historia reciente nos enseña que, con armas o sin ellos, cuando una población quiere hacer valer sus derechos, hacer reconocer su autonomía, no existe ningún impedimento para vencer al enemigo. Como ejemplo tenemos a Vietnam, un minúsculo pueblo que ha puesto de rodillas a dos grandes “potencias”: Francia y Estados Unidos, uno tras otro.

c. Justicia

Dentro de la separación economía / política, el servicio Justicia no requiere de contar con presupuestos a la ejecución de obras. En este sentido, todo lo que es parte de una economía de mercado deberá ser transferido al sector privado de la economía. Sobre este particular ya fuimos abundantes. Lo que restaría precisar es su naturaleza centralista y corrupta, el financiamiento de su presupuesto por el poder central, así como los nombramientos de su jerarquía igualmente por el gobierno central.

Las primeras preguntas que surgen entonces son: ¿necesitamos tantos niveles de decisión judicial? ¿La justicia no es igualmente un servicio de proximidad? El pago por el servicio, ¿no se puede efectuar de manera directa? ¿Es necesario un servicio centralizado para impartir justicia?

i. ¿Necesitamos tantos niveles de decisión judicial?

La cantidad de niveles de decisión judicial con los que contamos actualmente reflejan los niveles de decisión tradicionales de los tiempos de los amos, de los señores feudales, del tiempo de los reyes. Las decisiones judiciales más importantes, aquellas que tenían que ver con su reino, debían forzosamente llegar a sus manos. De esta forma, la “justicia” se encontraba garantizada. La República lo ha conservado dentro de un clima de “democracia” a fin de igualmente cuidar sus intereses contra el balbuciente poder monárquico.

Aparte de que estos niveles de decisión judicial conllevan de antemano una justicia partidaria, ellos son la causa de una prolongación en el tiempo de cada caso judicial y, por consecuencia, un amontonamiento de procesos que facilita la corrupción.

Los procedimientos judiciales deben comenzar en donde se produjo el delito, y deben terminar en el mismo lugar. En un clima de democracia, no hay justificación para que continúen a perdurar tantos niveles de decisión que solamente entorpece y prolonga indebidamente un proceso judicial. ¿Cómo esperar que un juez sea más apto que miles de jueces, y en los más pequeños detalles que exige un proceso judicial? Si el argumento es el de competencias, la solución no es instaurar niveles de decisión sino el de mejorar la formación de la magistratura.

Igualmente, pensando en la tabla de salvación de los niveles de aplicación justicia. Si el primer nivel ha cometido un error de juzgamiento, queda el segundo para reparar la falta. Diríamos que aquí juega el dicho de “errar es humano” y, por lo tanto, se justifica el segundo nivel. Con ese criterio podemos pensar a establecer tantos niveles como supuestos de error que se pueden cometer. En todo caso, ¿no es acaso una cuestión, primero de formación y, segundo, de apoyar al juez del primer nivel con otros colegas?

Si este criterio de salvar el error cometido para justificar los numerosos niveles de aplicación de justicia, lo aplicáramos al mundo empresarial, nadie comprendería nada. ¿Por qué ese primer, y último nivel, no se le refuerza con un cuerpo colegiado?

Pensemos al procedimiento que adopta un galeno. Cuando el problema médico le sobrepasa, su reacción inmediata esconvocar a un cuerpo médico para tener más luces y adoptar la decisión medical más conveniente al caso. Es un procedimiento de caso por caso y, sin necesidad de recurrir a su jefe, luego a su director de establecimiento, enseguida a su ministro para, terminar con la decisión del jefe de Estado. Entretanto, es muy probable que su paciente ya estuviera muerto.

El servicio de Justicia debe adaptarse a una economía de mercado, en la que vivimos.

ii. ¿Quién debe sufragar los gastos de justicia?

Otro problema que es importante corregir es la subvención estatal a los gastos de la administración de justicia. Dicho de otra manera, actualmente son todos los ciudadanos que contribuyen a sufragar los gastos de quienes han cometido delitos y de los que exigen justicia. La idea de este mal entendido surgió, una vez más, del supuesto que un gran número de demandantes no contaban con recursos suficientes para hacer frente a un proceso judicial.

Si nos encontramos dentro de una economía de mercado de interés general en donde, además, existirá un solo nivel de decisión judicial, los habitantes tendrán los recursos necesarios para afrontar los gastos de los procesos judiciales. Es evidente que quien ha causado un agravio o cometido un delito se encuentra en la obligación de indemnizar al o a los agraviados, y sufragar igualmente los gastos del juicio. Pero, además, la sociedad debería castigar con una fuerte e importante sanción a quien fue el agresor o delincuente.

Pero las sanciones no deben tener por objeto saturar las cárceles. Este es un procedimiento completamente arcaico y sin uso de razón. No es posible que una persona que ha transgredido las normas de la sociedad, obtenga como sanción el eximirle del trabajo y pagarle todos sus gastos durante el tiempo de sanción. Una costumbre bien enraizada en nuestros códigos de procedimientos judiciales que datan del tiempo de los “gentiles”.

Indudablemente que a nuestra administración judicial le falta un poco de imaginación y de realismo. La pena impuesta debe ir, al contrario, en el sentido de educar al agresor, y de devolver con creces los daños causados. En todos los casos, la sanción debe ser ejemplar y la decisión debería resolverse en el menor tiempo posible.