LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO

3.2. LA DISCUSIÓN DOCTRINARIA

El rol del sector público en la actividad económica es un motivo de fuertes divergencias entre los profesionales de esta disciplina. Los que adhieren a los postulados de los economistas clásicos sostienen que el Estado debe limitarse a garantizar las condiciones de competencia y solamente justifican su intervención para corregir eventuales distorsiones en las mismas. Al igual que en lo atinente a los factores productivos (de los que nos hemos ocupado en el Capítulo 1), esta manera de ver el asunto debe atribuirse a la época en que escribieron los más prominentes autores de esa escuela de pensamiento, como Smith, Ricardo, Mill y Say, entre otros: por entonces, desde finales del Siglo XVIII a mediados del siguiente, el mundo presentaba las características descriptas en sus textos , por lo que los agentes económicos no podían ejercer ningún tipo de control sobre el comportamiento del mercado y los precios mostraban un comportamiento flexible, ya que subían o bajaban según la presión determinada por el excedente de la oferta y la escasez de la demanda. En consecuencia, no había en teoría motivos para que se produjeran crisis económicas, lo que justificaba la idea del Estado gendarme forjada por aquellos pensadores. La denominación de liberales con que se los conoce, tiene su origen en el apoyo que daban a la institución del mercado como herramienta para tomar las decisiones económicas básicas, a la cual concebían como un ámbito donde los particulares acordaban con libertad qué, cómo y para quién producir. Adam Smith ejemplificó esto con su famosa metáfora de la mano invisible del mercado, la cual guiaba a los individuos de tal modo que, al perseguir el interés particular de cada uno, sus esfuerzos derivaban en un beneficio general para la sociedad.

Desde el enfoque clásico, entonces, sólo se admite que el Estado sea el proveedor de aquellos bienes cuyo suministro no puede hacerse mediante el mecanismo de mercado, a los cuales se los denomina bienes públicos. Se trata de todo artículo o servicio cuyo oferente no puede garantizar (a diferencia de lo que ocurre con los bienes privados) que sólo quienes pagan tengan acceso al mismo. El ejemplo típico de los textos pedagógicos es el del alumbrado público en una ciudad, donde el pago por parte de los contribuyentes de la tasa retributiva que cobra la municipalidad por brindarlo no excluye de su disfrute —ni puede hacerlo— a los vecinos que han incumplido con esa gabela, como así tampoco a los turistas o visitantes ocasionales que circulan en horas nocturnas por las calles.

Pero las sociedades fueron evolucionando a lo largo del Siglo XIX y el siguiente de un modo que, en ciertos aspectos, contradecía los postulados liberales. El desarrollo del sistema capitalista de producción, particularmente a partir de la llamada segunda Revolución Industrial —motorizada por el petróleo— trajo consigo la gran empresa, la diferenciación de los productos y el surgimiento y crecimiento de las organizaciones sindicales de trabajadores, todo lo cual contribuyó a montar un escenario económico con frecuentes y profundas crisis, que las fuerzas del mercado parecían incapaces de conjurar por sí solas. Fue el turno entonces de John M. Keynes y de sus seguidores, que hicieron la contribución intelectual de adaptar el esquema teórico a esa nueva situación. La interpretación keynesiana de la crisis hace énfasis en la insuficiente capacidad del gasto en consumo e inversión de las familias y las empresas (la demanda agregada) para absorber el conjunto de bienes y servicios producidos por la economía (la oferta agregada), y plantea soluciones supletorias del sistema de libre concurrencia clásico . Expresándose también de modo metafórico, esta escuela propugna “cebar la bomba” de la economía por el lado de la demanda, para lo cual no solamente admite sino que estimula —bajo ciertas condiciones— una vigorosa participación del Estado en la actividad; el gasto del gobierno deberá cumplir el papel que no alcanza a jugar el sector privado, y además las autoridades redistribuirán ingresos a través de la política fiscal y controlarán a los particulares.

El paradigma keynesiano, que permitió a las economías de Estados Unidos y Europa occidental revertir la Gran Depresión de 1930 y transitar más de tres décadas de crecimiento y prosperidad, estuvo así vinculado a una nueva concepción del papel del Estado, que al acentuar ciertas características llegaría a ser denominado intervencionista. Su influencia pronto llegó a los países de América Latina, donde se desarrolló además una corriente de pensamiento conocida como “estructuralismo” (cuyos principales exponentes fueron el argentino Raúl Prebisch, el brasileño Celso Furtado y el chileno Osvaldo Sunkel, entre otros) que participaba de una concepción del rol estatal similar a la keynesiana.

De tal modo, los gobiernos de la región fueron avanzando en forma paulatina en el ejercicio de su poder coercitivo, llevando a cabo desde controles de precios y de salarios, pasando por las regulaciones de ciertas actividades económicas (no sólo de las que presentaban características monopólicas) y la planificación de las inversiones de las empresas, hasta hacerse cargo de actividades productivas en forma directa. En la Argentina, como veremos en la segunda parte de este libro, el intervencionismo estatal se extendió hasta justificar la denominación de Estado empresario, ya que actuó primero en rubros críticos como la producción energética y ciertas ramas industriales complejas (en términos de tecnología y requerimientos de capitales), para terminar ampliando su participación al transporte de pasajeros y de mercaderías, a casi todos los servicios públicos y, en general, a un conjunto de múltiples y diversas actividades, tanto de producción de bienes como de provisión de servicios.

Sin embargo, tal concepción del Estado comenzó a tener dificultades en las propias economías desarrolladas hacia mediados de la década de 1970, cuando surgieron los problemas para financiar los recurrentes déficits fiscales que este tipo de políticas generaban; ello se acentuó pocos años más tarde cuando las profundas modificaciones de raíz tecnológica en las comunicaciones y los transportes, conocidas genéricamente con el nombre de globalización, determinaron que la actividad empresaria se viera afectada por la alta carga impositiva que el esquema conllevaba. Ello condicionó además el sostenimiento del estado de bienestar (o welfare state, en inglés), denominación aplicada al sistema que comprende servicios estatales de jubilación, salud y educación sin costo para la población, provisión de viviendas a bajo precio y transferencias directas de fondos sin contrapartida a desempleados y sectores carenciados.

En la mayoría de los países de Europa, las nuevas condiciones hicieron virar a sus dirigentes hacia políticas más prudentes en materia fiscal, aunque manteniendo la sustancia del “welfare state”. En América Latina, en tanto, se verificó un resurgimiento de la tradición clásica, sustentada por los llamados neoliberales, quienes en cierta forma propusieron la vuelta al Estado gendarme. Así fue que la década de los noventa en el siglo pasado se caracterizó en muchos países latinoamericanos por la disminución del protagonismo estatal en la economía, vía privatizaciones, desregulaciones, reforma impositiva y apertura económica. No obstante, al inicio del nuevo milenio esa concepción volvió a ser cuestionada, generándose una controversia que llega al momento presente.

En este punto es necesario reconocer ciertas características de las economías actuales.

• En primer lugar, que distan de parecerse a las sociedades decimonónicas (al decir del economista y ex ministro brasileño Antonio Delfim Netto, “hoy el mundo es mucho más keynesiano que liberal”) , ya que aún aquellos países donde el sistema de mercado ha alcanzado un alto grado de desarrollo, cuentan con instituciones y mecanismos muy arraigados mediante los cuales el gobierno interviene en cierta medida en los asuntos económicos: los bancos centrales, las barreras al comercio internacional, los subsidios a determinadas actividades productivas, etc. De hecho, la competencia perfecta es un modelo de análisis que permite entender el funcionamiento de las economías de mercado, las cuales en la práctica sólo se aproximan a esa construcción teórica.

• En segundo término, que junto con un incremento estructural en el desempleo y en las actividades informales que no aportan al fisco, se vienen dando grandes avances científicos que derivan en un sensible aumento de la esperanza de vida de la población, y que ambos factores en forma conjunta inciden en las finanzas de los sistemas jubilatorios estatales de reparto, en los que decrecientes proporciones de trabajadores activos registrados deben aportar para mantener a crecientes proporciones de pasivos; algo parecido ocurre con los sistemas públicos de salud, debido a que los viejos se enferman más que los jóvenes, y a que cada vez hay más viejos. Como consecuencia de ello, los presupuestos estatales enfrentan renovadas y fuertes tensiones.

• Por último, que una ineficiente burocracia estatal; un desmadre de la emisión monetaria y del endeudamiento gubernamental junto con otras distorsiones en el manejo de las cuentas públicas; una excesiva presión tributaria, producto de lo anterior y de la incapacidad para controlar y reducir la evasión impositiva (cuando no de una insólita tolerancia a esta irregularidad); y —“last but not least”— el clientelismo asociado al sostenimiento de estructuras políticas por lo menos poco transparentes, afectan de manera negativa el desempeño económico general, el propio desenvolvimiento del gobierno como prestador de servicios y, por ende, la calidad de vida de la población.

En todo caso, puede presumirse que la porfía entre “mucho estado” y “poco estado”, lejos de saldarse mediante una inexistente ley inmutable y sacrosanta, habrá de continuar, y en particular en el campo extra-académico seguirá influyendo en los procesos de decisión de quienes deben diseñar y ejecutar políticas económicas.

La opinión académica

“En nuestros días continúa la vieja polémica, unos pidiendo "más mercado" y otros pidiendo "más estado". En una sociedad humana viva, en continua evolución, no hay forma teórica de resolver la cuestión.

No puede haber una demostración "científica" de qué proporción entre mercado y estado es la más conveniente, o la más justa. Diversas personas y grupos, con diversas ideologías e intereses, son partidarios de una u otra proporción. Se llamen liberales, socialdemócratas, conservadores, progresistas, laboristas, comunistas, radicales, de izquierdas o de derechas, están simplemente presionando en una dirección o en otra, hacia el mercado o hacia el estado, con más o menos fuerza.

La organización que adoptarán las sociedades humanas en el futuro no está escrita en ningún libro sagrado ni determinada por ninguna ley histórica: será la consecuencia de las decisiones que están adoptando en el presente un gran número de individuos y grupos sociales.

Muchos confiamos en que ese sistema futuro satisfaga nuestros más íntimos anhelos de solidaridad, cooperación y equidad, que permita la desaparición del hambre, la miseria y la marginación y que todo ello sea compatible con el respeto a los derechos humanos y el impulso a la creatividad individual.”