LA EDUCACI?N JUR?DICA AMBIENTAL EN LA EDUCACI?N AMBIENTAL PARA EL MIZC. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

1.5.2 Marco legal.

El MIZC supone para su implementación efectiva de la existencia de un marco legal que le de legitimidad al proceso y garantice estricto cumplimiento y observancia de las leyes, pues son ellas precisamente quienes definen las tareas y acciones correspondientes a cada uno de los usuarios involucrados y los deberes, derechos y obligaciones de los mismos respecto a la zona costera y los recursos marinos. Es necesario además un marco legislativo que legitimice a las instituciones encargadas de la actividad medioambiental y a las medidas por ellas tomadas.

El marco legal en sentido general se refiere al conjunto de leyes, normas o disposiciones legales en que esté circunscrito el problema que se investiga. (Colectivo de autores, 2001) Por tanto, el marco legal para el MIZC debe recoger el conjunto de leyes, disposiciones o normas legales encargadas de regular las relaciones que se deriven de la actividad humana sobre los recursos marinos y las zonas costeras y que son imprescindibles para la implementación de esta concepción.

Sin embargo, la simple existencia de un marco legal para el MIZC no es suficiente para garantizar el proceso de forma efectiva. La eficacia del marco legal no solo se define por la existencia real de la norma sino que depende en gran medida de la capacidad objetiva de cumplimiento de la misma. El cumplimiento adecuado implica la participación conciente de los actores sociales vinculados al recurso en cuestión. En la medida que los usuarios de las zonas costeras conozcan el marco legal y estén preparados para participar de forma pública y consciente en el proceso, los conflictos que se susciten en la zona costera derivados de la relación usos-usuarios podrían armonizarse.

La existencia de un marco legal para el MIZC garantiza que la relaciones usos- usuarios que se materializan en las zonas costeras, queden organizadas de forma obligatoria y coercitiva por parte del Estado. Por otra parte, la implementación de un sistema jurídico en la sociedad permite el equilibrio y con ello, impide los conflictos derivados de la actividad en cuestión o de existir estos, propone soluciones a los mismos.