LA TRANSFORMACI?N DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POL?TICAS P?BLICAS MEXICANAS

6.3.- La promoción, gestión y facilitación de la inversión privada.

Otras de las destacadas funciones del aparato de Estado en torno al proceso de desarrollo consisten en la promoción, gestión y facilitación de los flujos de inversión privada, en especial de la extranjera. Aunado a la estrategia de apertura de la economía nacional, en el marco de la expansión de los sistemas internacionales de producción integrada, el estímulo a la inversión extranjera directa y la generación y fortalecimiento de condiciones propicias y de ventajas competitivas locales para su atracción y establecimiento se asumen como dos prioridades fundamentales tanto en las políticas públicas globales como en las sectoriales y locales. De hecho, como parte del fortalecimiento del empresariado privado transnacional en detrimento del poder económico omniabarcador del sector público, a la inversión privada se le asume en los documentos oficiales (véase cuadros 17, 18 y 19) como un importante motor en la generación de empleo, en el aumento de la productividad, en la construcción y modernización de infraestructura, y en el fomento del crecimiento económico.

Dentro de las intervenciones selectivas en el proceso económico y en la construcción de mercados, esta función de convocante y facilitador adoptada por el aparato de Estado se expresa en actividades de diplomacia, marketing y promoción que publicitan las ventajas comparativas del país; en la gestión para la atracción y establecimiento de las inversiones y para la negociación de tratados y acuerdos comerciales que las intensifiquen y las regulen; y, en la construcción de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones que posibilite el despliegue y la viabilidad de la inversión productiva (véase anexo III).

Con las políticas públicas de las últimas dos décadas, el cambio operó en el siguiente sentido: de ser un agente económico activo y propietario de los medios de producción, el aparato de Estado transitó a una función de convocante, publicista, promotor, gestor y facilitador de la inversión extranjera y de las exportaciones en un contexto de economía orientada hacia el exterior. Con la desincorporación y privatización de empresas públicas, que significó el adelgazamiento del poder económico del sector público y el fortalecimiento del empresariado privado transnacional, se incentivó y facilitó la inversión de éste último en rubros estratégicos como la petroquímica, la construcción de infraestructura, la banca comercial, las telecomunicaciones, entre muchos otros.

Como se reflexionó con anterioridad, dentro de la inversión privada es la inversión extranjera directa una de las que mayor atención demanda al aparato de Estado. Diversos son los incentivos para atraer sus flujos: desde el acondicionamiento de infraestructura básica hasta la exención de impuestos y la canalización de gasto público para la formación y capacitación de capital humano que responda a las exigencias laborales de las empresas que operan a partir de altos estándares de calidad.

En estos procesos de promoción y gestión para la atracción y establecimiento de la inversión extranjera, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios grandes e importantes, así como el empresariado local desempeñan un papel importante; sin embargo, este último, que suele ser débil y en general desorganizado, se ve expuesto a una erosión y hasta desaparición tras la avanzada de la inversión extranjera directa, acontecimiento que estimula su reposicionamiento mediante el establecimiento de asociaciones y alianzas estratégicas de sus micro, pequeñas y medianas empresas con las redes empresariales globales.