ECONOM?A DE M?XICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

4. Sector energético. ¿Qué reforma estructural?

Una piedra angular en el desarrollo de cualquier sociedad es la disposición de energía suficiente para movilizar la planta productiva que genere la riqueza así como para incrementar el nivel de vida de la población de manera directa. En México el sector energético ha sido fundamental, primeramente para apoyar la creación y consolidación de una planta productiva industrial que en el periodo de aplicación del modelo de sustitución de importaciones transfirió recursos a través de productos baratos favoreciendo las etapas de maduración de las inversiones creando la esencia de lo que aún prevalece como plataforma industrial nacional y paralelamente apoyando la vida cotidiana de las familias con electrificación y combustibles que han incrementado el nivel de vida.

En años más recientes, el petróleo se ha convertido en la fuente más importante de financiamiento del desarrollo nacional.

Por esta razón, la Constitución General de la República Mexicana como ordenamiento jurídico supremo garante de los derechos de los mexicanos, incorpora elementos que buscan mantener la propiedad y la utilización de los recursos energéticos a favor de la población declarándola como área estrategia que debe estar bajo el control del Estado.

Sin embargo, a través de la historia se han modificado diversos mecanismos que ponen en tela de juicio el cumplimiento de este mandato, particularmente a partir de la llegada del gobierno que ha utilizado como principio las fuerzas del mercado como el elemento que norma el diseño de la política y estrategia de desarrollo.

Por la importancia que reviste el sector energético ha sido motivo de especial atención, como lo señala Rodríguez Padilla (2007), a lo largo de los últimos años se ha planteado que debe ser materia de reformas estructurales aunada a la necesidad de reformas del mismo tipo en el ámbito fiscal y laboral, con el objeto de que este importante sector continúe siendo soporte del desarrollo nacional, sin embargo, aún cuando existe consenso sobre el caso, la diferencia se presenta cuando en el debate se tocan los aspectos a reformar y los mecanismos para llevar a cabo este proceso.

Para la actual administración, en congruencia con su ideología; “la reforma energética consiste en permitir inversión privada complementaria en petróleo, gas y electricidad, aparentemente sin privatizar, aunque se han registrado visos de otorgar mayor apertura con base a compromisos con el gran capital, a la postre, esto significa cambiar las modalidades de organización, regulación y propiedad de las industrias de energía para que en adelante se desarrollen sobre la base de mecanismos de mercado y empresas guiadas por la lógica de la rentabilidad”, (Rodríguez, 2007:17).

El sistema energético mexicano ha venido cumpliendo con su compromiso de apoyo al desarrollo del país, pero su funcionamiento acusa deficiencias producto de una política energética sesgada, falta de incumplimiento del estado de derecho y una marcada debilidad institucional, enfrentándose con problemas que deben de atenderse con diferente nivel de urgencia en el corto, mediano y largo plazo, que pueden agudizarse de no tomar las decisiones y medidas necesarias con oportunidad y eficacia. Entre otros problemas se pueden mencionar los que Rodríguez (2007) manifiesta: 1) Finanzas públicas petrolizadas; extracción acelerada de petróleo para exportar, sin exploración suficiente para renovar las reservas extraídas, ni cuidado de maximizar la recuperación de los hidrocarburos, desplome de las reservas probadas de petróleo y gas natural; aumento acelerado de los costos de producción; carencia de recursos humanos para administrar proyectos grandes y complejos, naturalmente en aguas profundas y refinación; voluminosa exportación de petróleo crudo pero grandes importaciones de gas natural, productos refinados y petroquímicos, 2) Expansión de la industria eléctrica con base en centrales que funcionan con gas natural sin las reservas ni la producción que soporten el consumo con producto nacional; excesiva capacidad de generación luego de un periodo de escasez; precios de electricidad alejados de los costos marginales de largo plazo y existencia de importantes subsidios cruzados, 3) Empresas públicas de clase mundial que crecen autodesrtruyéndose técnica y contablemente, que son obligadas a comprar energía a precios más altos de los autorizados para la venta final, o que tienen que endeudarse para pagar impuestos; con limitada autonomía y dirigidas desde fuera, pues las decisiones fundamentales no se toman en PEMEX, la CFE y Luz y Fuerza del Centro, sino en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República, 4) Poco esfuerzo en el uso racional de la energía y en la movilización de fuentes renovables, de ahí que el avance en la mitigación de los gases de efecto invernadero sea escaso, lamentable estado de la infraestructura causante de accidentes, pérdida de vidas humanas y contaminación; finalmente, incumplimiento de los preceptos constitucionales en materia de energía y extranjerización de un sector estratégico. (Rodríguez, 2007:18).

Las empresas del sector energético han funcionado con base a una lógica nacional-empresarial que si bien genera contradicciones, éstas no dejan de ser solventables.

Como se observa la problemática planteada no es de corte estructural en donde se involucren falta de recursos naturales, fuentes de financiamiento, personal especializado, tecnología o claridad en los derechos de propiedad. Las causas de los problemas a opinión de Rodríguez (2007) se encuentra en la instrumentación de una política energética que obedece a atender intereses ajenos al desarrollo del país exclusivamente, enfocada a obtener recursos financieros excesivos y crear desequilibrios que permitan justificar el beneficio a unos cuantos alentando la apropiación privada de medios de producción, beneficios y rentas que derivan de los mecanismos de mercado que son cuantiosas particularmente en el petróleo y gas natural.

Se ha buscado sin éxito la reforma a la Constitución por lo que los esfuerzos neoliberales se han orientado a la reinterpretación y modificación de leyes secundarias y reglamentos para instalar empresas y buscar la desregulación y liberalización de la electricidad, el gas natural y el petróleo así como para privatizar la toma de decisiones y el capital de PEMEX.

En el ámbito institucional se observa debilidad política e insolvencia técnica de la autoridad de tutela (Secretaría de Energía) con el predominio de la autoridad hacendaria en las decisiones del sector, captura ideológica e interferencia política a la Comisión Reguladora de Energía y la prioridad de intereses privados al interés público.

Uno de los aspectos importantes en la problemática es el papel que se le ha otorgado al sector energético de proveedor de recursos financieros para apuntalar las estrategias de desarrollo del país, en al actual administración se agudizado el problema en tanto que la política de reducción de los fondos de inversión del Estado por una parte y por otra la extracción desmedida a la que son sometidas las empresas ha provocado la limitación a la expansión y modernización de las mismas, debilitándolas en su estructura productiva. En el caso del petróleo es muy significativo si se observa que en el trienio 1980-1982 los ingresos petroleros del gobierno federal representaron el 49.6% del valor global de las ventas petroleras, habiendo retenido a PEMEX el 50.4% de los ingresos petroleros; durante el trienio 2003-2005, los ingresos petroleros del gobierno federal representaron el 76.2% del valor bruto de las ventas petroleras, quedando en manos de PEMEX sólo el 23.8% de dichos ingresos, en contraparte, el gasto programable ejercido por PEMEX disminuyó de 255 mil millones anuales en 1980-1982 a sólo 147.4 mil millones anuales en 2002-2004, en congruencia con ello, la inversión física de la empresa se redujo de 149.6 mil millones de pesos en 1980-1982 a 43.9 mil millones en 2002-2004, (Calva, 2007i).

La merma de la capacidad instalada de PEMEX se ha reflejado en la producción de petrolíferos y gas generando la necesidad de realizar grandes importaciones para solventar el consumo nacional.

La industria eléctrica no ha escapado a esta circunstancia viéndose afectada por el mismo fenómeno lo que se ha traducido en un decremento en la velocidad a la que venía creciendo la generación y distribución de energía.

La situación crítica de las empresas del sector energético para mantener sus recursos financieros aunado a la orientación de la política ejercida por el gobierno neoliberal de acercarlas a la inversión han llevado a las empresas a financiar sus inversiones a través del modelo de Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto), instrumento mediante el cual la iniciativa privada puede participar en la industria energética utilizando el mecanismo de construcción de infraestructura, arrendársela a las empresas públicas u operándolas directamente para posteriormente vendérsela, garantizándose la operación financiera mediante los flujos de efectivo producidos.

El mecanismo de Pidiregas finalmente son deuda utilizada para el crecimiento de la infraestructura que se contrata generalmente con empresas extranjeras que cuentan con la capacidad técnica y financiera para desarrollar los proyectos, lo cual provoca un efecto de desplazamiento de empresas nacionales proveedoras de servicios que venían haciendo labores específicas lo que significa rompimiento de cadenas productivas que repercute en el desarrollo del país. En 2004 los Pidiregas petroleros representaron el 155.9% de la inversión presupuestal ejercida por PEMEX. (Calva, 2007i).

Por lo anterior expuesto es obvio la necesidad de realizar una reforma de fondo en el sector energético, sin embargo, ésta debe estar alejada de los preceptos del modelo neoliberal, el Estado debe continuar siendo el que controle el sector energético con modificaciones en los mecanismos que se han venido aplicando para llevar a las empresas del sector a un nivel de eficiencia y competitividad.

Esta reforma debe contemplar modificación integral de la política energética, que integre aspectos como: Reforma de la administración tributaria que permita el control de la exportación de petróleo crudo como respuesta a la petrolización de las finanzas públicas, nuevo pacto social sobre el reparto de la renta petrolera, nueva relación de las empresas del sector energético con el Estado para incrementar su eficiencia, calidad y productividad, fortalecimiento técnico y político de las autoridades tutelares y reguladoras, recuperación de actividades operativas, reorganización interna y reconstitución del capital humano de las empresas, prestar mayor importancia a la integración energética con los países latinoamericanos para equilibrar la integración asimétrica y subordinada con los Estados Unidos, elevar los propósitos sociales, ambientales y políticos con una visión de largo plazo, transparencia y combate a la corrupción, retomar el objetivo de generar tecnologías propias, autonomía financiera y de gestión, revisión del sistema tarifario y formular un plan nacional energético con visión de largo plazo orientado a la racionalización energética y , por tanto, que incluya mayor uso de fuentes renovables, especialmente de las energías eólica, geotérmica y solar, (Rodríguez, 2007, Calva 2007i).