DESAF?OS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOM?A Y POL?TICA

IV. BALANCE SOCIAL

Una vez revisados algunos aspectos claves del acontecer agrícola regional disentimos de festejar las cifras del conjunto mientras se soslayan los costos del ajuste estructural y de las políticas neoliberales en el medio rural. Un punto en el que tenemos que coincidir es que los datos sectoriales sobre el aumento global en la producción y productividad, así como en la balanza comercial del conjunto son positivos. Y que, en efecto, son evidencia del enorme esfuerzo de las diferentes categorías de productores por adscribirse a las nuevas reglas del juego. En ese sentido el desempeño es digno de reconocimiento, si bien deslucido al desembocar en valores monetarios modestos debido a la contracción de los precios.

Empero, al desagregar la información fue posible apreciar que sólo países como Chile, Brasil, Argentina o Colombia, por diferentes razones de índole natural e institucional, han tenido hasta ahora la capacidad de responder positivamente al reto de exportar más y mejor. Sus logros son efecto de severos ajustes a su patrón de cultivos, innovaciones tecnológicas, novedosos métodos de gestión empresarial, entre otras prácticas que, sin embargo, se pueden cuestionar severamente desde la dimensión social, ecológica y en términos de soberanía alimentaria. Ahí, como en otros polos agropecuarios muy dinámicos del subcontinente (como son los casos del noroeste mexicano, el resto de la región pampeana en Paraguay y Uruguay, o Costa Rica) el esquema de los agronegocios encontró condiciones inmejorables para avanzar con rapidez; pero ese esplendor no ha estado exento de graves contradicciones. Y uno de los aspectos más dolorosos es la cuestión laboral.

En esas zonas prósperas y altamente competitivas, los trabajadores agrícolas se aplican al aumento de la producción y productividad en detrimento de sus ingresos, su salud e incluso poniendo en riesgo su vida. Es bien conocido que un segmento importante de los asalariados del campo se distingue por ser de origen étnico y/o inmigrante, del sexo femenino e incluso menores de edad. Condiciones que dan la pauta para que el empleador directamente o por la vía de un intermediario, fije a su antojo los salarios y establezcan relaciones laborales desventajosas.

La gravedad del caso ha llevado a la OIT a sostener que en América Latina, como en otras zonas del mundo, la mundialización ha sido causa de una degradación de las condiciones económicas, sociales y políticas del sector. Y se refiere en concreto a “la creciente precarización y el empobrecimiento de la fuerza laboral agrícola que afectan en particular a las mujeres.” (2003: 1) Asimismo, señala que es persistente la violación de otras normas fundamentales del trabajo como el empleo de mano de obra infantil ampliamente difundido, el trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre.

En ese sentido, este prestigiado organismo multilateral, caracteriza las relaciones salariales agrícolas como deficitarias en términos de trabajo decente destacando: La extrema vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras agrícolas migrantes, especialmente los que son víctimas de trata; elevados e inaceptables niveles de decesos, heridas y enfermedades entre los trabajadores agrícolas; la falta de una protección abarcadora de la seguridad social, ya sea en términos de acceso a la atención médica, compensación por heridas o incapacidad, protección de la maternidad o derechos en materia de jubilación. (OIT, 2003: 2)

Estas y otras prácticas extendidos en la región, como la propensión a emplear trabajo temporal en detrimento del de tipo permanente (Kay, 1997), o el uso de paquetes tecnológicos que significan elevados riesgos para la salud tanto para el trabajador como para las poblaciones aledañas, nos obligan a cuestionar la racionalidad del modelo agroexportador que al poner en el centro de sus prioridades el crecimiento y la ganancia, niega sistemáticamente valores como la equidad social, el derecho a una vida digna o las más elementales reivindicaciones del ser humano.

Sumado a los reproches que puedan hacerse al modelo de los agronegocios en términos de calidad en el empleo, tampoco se puede decir que éste haya tenido un impacto positivo neto sobre la cantidad de trabajo ofertado, pues persiste en el agro la tendencia histórica a la baja en población ocupada tanto en términos absolutos como relativos. De acuerdo al más reciente reporte de la CEPAL (2005: 68 y 69) la ocupación en la agricultura se sitúa alrededor de los 43 millones de personas, y desde principios de los noventa registra una contracción de 0.2% anual en promedio. Sin olvidar el hecho de que en la región latinoamericana la mayor parte de este trabajo no se adscribe a relaciones salariales (Acosta, 2006: 35).

En cuanto a la calidad de vida de la población que habita en el medio rural, Silvia Ribeiro, del grupo Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC) hace notar que la mayor parte de esos 43 millones de personas que trabajan directamente en la agricultura son pobres (2006) de acuerdo al criterio trazado por el Banco Mundial.

Por su parte, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola reconoce que en la zona hemos pasado de 59.9% a 63.7% en pobreza rural, y que en las comunidades rurales esta condición es más aguda que en las urbes. Y más adelante detalla que en “los países en que la pobreza rural ha disminuido estadísticamente hablando, ello se explica principalmente por la emigración de los pobres rurales a las ciudades, donde ingresan al contingente de los pobres urbanos”. (Berdegué, 2003: 9).

Otros organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), coinciden en que las actividades no agrícolas y las remesas han pasado a ser la fuente de ingresos más importante para los campesinos pobres, y en algunos países, la fuente de ingresos más atractiva es el cultivo de estupefacientes.

En otro orden de ideas podemos concluir que la estructura productiva en la agricultura no es hoy más competitiva como conjunto: El segmento de productores de cada país que en este momento está vinculado con ventajas al mercado externo es minoritario respecto a la multitud de unidades productivas que han quedado al margen de esa posibilidad. En el polo opuesto, el sector más numeroso de explotaciones agrícolas –de tamaño medio, pequeño y de tipo campesina- participa escasamente de las políticas públicas de fomento productivo, y sobra decir que la mayor parte no cuenta con recursos propios para emprender por su cuenta la reconversión. Más aun, conforme avanzan las reformas estructurales, se impone la austeridad en las instituciones públicas por razones de equilibrio financiero y el mercado se consolida como la vía privilegiada para acceder a la tierra y otros medios que hacen posible la producción, es más remota esa transición.

En estas condiciones, el progreso de la apertura comercial al interior de la zona y hacia el exterior no es halagüeño el acceso formal a numerosos mercados es un enunciado sin sustento objetivo para el productor promedio. Lo que es una realidad, es que en los mercados domésticos la participación de un gran número de proveedores nativos está amenazada frente al crecimiento de las importaciones de granos básicos y oleaginosas, principalmente. Y no podría ser de otra manera porque cualquiera sea el producto, la competitividad y permanencia de una entidad económica en el mercado están en relación con el uso de paquetes tecnológicos e insumos industriales accesibles sólo para las empresas solventes.

De ahí que el panorama que se vislumbra no es optimista, pues la competencia en condiciones de desventaja y el predominio creciente de las corporaciones en todos los niveles de la producción agroalimentaria permite prever una mayor exclusión del mercado interno. Esto significa llanamente, que la agricultura queda descartada como el medio de vida para millones de productores, abonando la pobreza rural. Un espectro que nos lleva a concluir que la cara oculta del modelo de los agronegocios consiste en la radicalización de la estructura productiva regional, donde el sector más amplio de entidades productivas –explotaciones de mediana y pequeña escala, de tipo capitalista y campesino- va cediendo su espacio en los mercados a una elite de empresas y corporaciones que participan en los diferentes niveles de las cadenas agroalimentarias.

Un agravante es que los países que en mayor medida dependen de la agricultura (en relación al PIB global, comercio exterior y población económicamente activa), son precisamente los que menos preparados se encuentran para hacer frente a la competencia; aunado al hecho de que sus gobiernos carecen de recursos, estrategias propias y de voluntad para impulsar la transición en un rumbo diferente.