DESAF?OS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOM?A Y POL?TICA

II. LA TRANSICIÓN AL NEOLIBERALISMO: RENOVACIÓN DEL CONTROL Y READECUACIÓN DEL APARATO OFICIAL EN EL SECTOR RURAL

Los cambios en la política económica y en la esfera de lo específicamente político tienen antecedentes crecientemente claros desde los primeros años del período presidencial de Luis Echeverría Álvarez y posteriormente en el de José López Portillo. Sin embargo, se establecen en lo fundamental durante el sexenio de 1982 a 1988, con Miguel de la Madrid Hurtado en la Presidencia de la República. Puede considerarse que el período que va desde 1965-1970 hasta 1982 representa una transición hacia una nueva forma de crecimiento, la cual venía perfilándose desde los años de los mil novecientos setenta a nivel del mundo (en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet y en Brasil, por ejemplos, se estaba probando la estrategia que luego se conoció como “neoliberal”). En México, de 1982-1985 en adelante, esta forma de crecimiento ha pasado por un proceso de adecuación y consolidación; desde luego que no sin resistencias. Durante la etapa de transición (1965-1970 a 1982) el sistema experimentó crecientemente tres tendencias que son de interés aquí:

a) Las estructuras generadas durante la forma de crecimiento dirigida al mercado interno, que funcionaron con mayor o menor eficacia en lo económico y en lo político durante el “milagro mexicano” y la “revolución verde”, mostraban cada vez mayor agotamiento y pesadez. De aquí la necesidad gubernamental de encontrar vías que permitieran la adecuación o, en último caso, la sustitución de tales estructuras; o bien una combinación pragmática y selectiva de estas opciones, como en general ha ocurrido, imponiéndose la segunda, como era de esperar.

b) Las presiones provenientes del exterior en el sentido de adoptar los patrones neoliberales cobraban más fuerza. Sin embargo, en el interior del gobierno y de la llamada “clase política mexicana”, emanados de la Revolución de 1910, existían corrientes de peso con intereses fuertemente vinculados al patrón de crecimiento anterior, por lo que se resistían al cambio. Ante ello, la enorme carga de la deuda externa fue un factor determinante para vencer las resistencias. Estas corrientes de interés no han desaparecido; pero su influencia ha sido minada con eficacia y en ocasiones con energía por los partidarios de la modernización neoliberal.

c) Como consecuencia de lo anterior, el proceso de adecuación a las políticas neoliberales generó graves enfrentamientos en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los cuales rebasaron las reglas escritas y no escritas de su funcionamiento. Tanto el PRI como el aparato de gobierno y la burguesía políticamente activa ligada a ellos, todos exhibieron síntomas importantes de división en sus filas. Este factor fue determinante en el debilitamiento y ulterior desplazamiento del núcleo hegemónico, pues precisamente una función básica del PRI había sido permitir que las diferencias fuesen dirimidas en el interior, presentándose el partido como una unidad para asegurar la fuerza hacia el exterior.

Alrededor de 1982-1985, las tendencias modernizadoras finalmente lograron la implantación del neoliberalismo en sus rasgos fundamentales. Sin embargo, ello tuvo el costo de poner en entredicho la conservación del propio sistema basado en un régimen de presidencialismo priísta. Al perderse la tradicional capacidad de resolver internamente los diferendos, garantizando la unidad de acción, el sistema político establecido perdió fuerza y eficacia. Esto enfrentó a los “modernizadores” con la necesidad de encontrar opciones para asegurar la continuidad de la política económica en primer término y del nuevo patrón en general. Debía darse continuidad al patrón neoliberal; pero en virtud de las consecuencias negativas que necesariamente acarrea para la masa de trabajadores, debía también perfeccionarse las políticas dirigidas a mantener el control sobre ellos, destacando el control sobre el campesinado, que, desde la Revolución de 1910, era considerado por los gobiernos como especialmente delicado.

Lo significativo en el control sobre el campesinado, consistió en las modificaciones al aparato de órganos oficiales, especializados unos en la gestión de los procesos de la producción rural y otros en la administración del control político. Asimismo, hubo cambios en la relación del Estado con las organizaciones campesinas y de agricultores, con la consiguiente variación en la función política de éstas.

Los cambios o reformas en las instituciones estatales que operan en el sector agrícola y en el medio rural en general, obedecen al hecho, para entonces evidente, de que su eficacia administrativa y política se había deteriorado gravemente aun cuando seguían cumpliendo con su función central en las tareas de control estatal. Simultáneamente, en la adecuación subyacía una reestructuración del personal, ya que éste es un factor fundamental del que depende el buen o mal funcionamiento de una corporación… y la posibilidad de encaminarla en uno u otro sentido.

El deterioro que había sobrevenido incluía elementos tales como el agravamiento de la corrupción. Se tiene el caso de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. (ANAGSA), eliminada en 1990, cuyo personal era centro de un fraude muy difundido, consistente en fingir el siniestro de una determinada superficie para cobrar el seguro, dividiendo su monto entre el productor, el empleado de ANAGSA que certificaba el supuesto siniestro, y en ocasiones otros, como el representante del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). Prácticas de este tipo no pertenecen directamente al área del control político, pero abonan a éste, pues el campesino involucrado en ellas no siente tan acusadamente la necesidad o el impulso de adoptar una actitud contestataria. Por una parte, estar comprometido en un ilícito limita su moral y posibilidades de acción; por otra, sus ingresos mejoran, a veces en proporción importante, dependiendo del valor unitario del cultivo y de factores como la magnitud de la superficie sembrada. En todo caso, se reduce la urgencia económica y la motivación hacia la lucha.

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) destaca por su uso con fines de control político al apoyar a los programas de abasto comunitario, principalmente a través de sus filiales DICONSA (Distribuidora CONASUPO, S. A.) y LICONSA (Leche Industrializada CONASUPO, S. A.), que incidían directamente sobre la alimentación de la familia campesina. Asimismo, impulsó a su filial BORUCONSA (Bodegas Rurales CONASUPO, S. A.), para incidir en el proceso de comercialización agrícola. Aparte de proyectar la imagen de un gobierno interesado en satisfacer las necesidades de la comunidad campesina, a través de CONASUPO se ejerció la política de incorporar la participación comunitaria en el funcionamiento de las mencionadas filiales ligadas al abasto y la comercialización: BORUCONSA, LICONSA y DICONSA. En las dos primeras había asambleas de la comunidad involucrada, para elegir a los encargados de la bodega para la comercialización o del expendio de leche, respectivamente. La colaboración de los encargados sería voluntaria, recibiendo el encargado de la bodega una compensación económica por parte de BORUCONSA, sin ser considerado trabajador de esta empresa; el encargado de la lechería no recibía compensación. Pero, tanto en uno como en otro puesto, los responsables normalmente encontraban la manera de autoremunerar su trabajo.

DICONSA era tal vez la filial más importante, tanto por el impacto político del abasto de alimentos básicos a precios accesibles como por la gran extensión de su red de tiendas comunitarias. Para la operación de estas tiendas se implantó un esquema similar al de las lecherías, complementado con la formación de Consejos electos por las comunidades. En ellos debía discutirse la problemática local del abasto, vigilar el buen funcionamiento de las tiendas y hacer recomendaciones a DICONSA. Por supuesto, los órganos comunitarios normalmente eran integrados de modo que respondieran a las directrices de la paraestatal; pero también es verdad que se impulsó su funcionamiento regular y, al ser representativos, se les mantuvo un cierto respeto. Ello coadyuvó a la participación y adquisición de experiencia de muchos líderes naturales, mismos que no siempre ni mucho menos estuvieron sometidos a la empresa.

En un elevado porcentaje, los mandos altos y medios de la CONASUPO en este período, así como los empleados que estaban directamente en contacto con las comunidades campesinas y popular-urbanas, provenían de la izquierda opositora o tenían alguna militancia en el ala izquierda del PRI. Sentían atracción por la función de beneficio social y la promoción de la organización “para el desarrollo” que oficialmente se le asignaba a la paraestatal; desde luego, además de la oportunidad de contar con empleo, en un tiempo en que ya no abundaba. Se observa así que, paralelamente, la institución fue utilizada como un importante instrumento de cooptación de líderes y activistas para el sistema y para el grupo hegemónico en el régimen de entonces.

En ciertos casos los Consejos Comunitarios fueron objeto de una enconada lucha por su control, librada entre los agentes de la empresa y elementos de izquierda, incluidos parte de los que ahí laboraban. Sin embargo, lo predominante fue que esta estructura organizativa estuviese al servicio de los programas gubernamentales y en particular favoreciera, dentro y fuera de CONASUPO, los intereses del grupo hegemónico, encabezado por los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Como se recordará, Raúl fue Gerente General de DICONSA.

En este período ya se daba la “desincorporación” de paraestatales, pero a la CONASUPO no le tocó, lo que en buena medida se explica por la importancia que se le asignó en las estrategias de control. Tanto en el control de la masa campesina y trabajadora en general, como en la dirigida a fortalecer y perpetuar en el gobierno a la corriente de los Salinas de Gortari; lo que en la coyuntura viene a ser una sola estrategia. Es interesante el uso de la participación comunitaria y de los elementos de izquierda con esos fines, pues por lo demás es común que las líneas de control sirvan al régimen y se procure que también a la fracción hegemónica.

Siguiendo con otra importante dependencia del gobierno, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) se distinguió por la vinculación de su actividad de carácter técnico con otras áreas, como el crédito o los estímulos (subsidios) regionales. En general, la política oficial sostenida por la SARH como “cabeza de sector” fue buscar la descentralización de funciones y la vinculación entre dependencias gubernamentales, lo cual en sí mismo es algo positivo; pero esta tendencia lleva implícita la función de control, ya que cada vez se condiciona en mayor medida el acceso a los servicios y apoyos oficiales a que el campesino pertenezca a algún organismo “reconocido” por la entonces SARH y/o las dependencias oficiales vinculadas. En realidad este tipo de organismos es promovido y dirigido por estas dependencias.

De hecho un campesino puede estar integrado a un grupo solidario para fines de crédito, a algún grupo constituido para la comercialización, a otro para acceder a la obra de beneficio social, etc. Se supone que ese requisito, más o menos formalizado, tiene el propósito de llevar los beneficios más allá de lo individual y de propiciar la participación en la gestión del desarrollo. Esto ocurre con mayor intensidad para el caso de pequeños productores del sector de “propiedad social” y con menor fuerza en el caso de pequeños campesinos bajo el régimen de propiedad privada. La diferencia en el período de referencia (y en el inmediato anterior) estriba en que el control de estas agrupaciones se iba separando de las organizaciones corporativas ligadas al PRI, para pasar al Poder Ejecutivo, a través de las dependencias oficiales que administran los apoyos económicos de hecho sin la intermediación característica del corporativismo mexicano.

Los grandes capitalistas agrícolas reciben trato distinto, aun cuando no todos ni mucho menos pertenecen a las organizaciones de productores. Esta clase de asociación sólo está realmente extendida en las regiones de mayor avance capitalista (Sinaloa, Sonora…), en las cuales la propia dinámica de la acumulación lo ha convertido en una necesidad.

En cuanto a las instituciones estatales encargadas del crédito rural, Ma. del C. Cebada plantea que los cambios en la política del Estado se dan principalmente a partir de 1989. Ante la adopción de la práctica neoliberal, los criterios empresariales, asentados en la rentabilidad financiera, determinan quién es sujeto de crédito. En consecuencia el campesino, por su situación de precariedad, de hecho no lo es, o a lo más, lo es de manera limitada. El gran número de ejidatarios y (verdaderos) pequeños propietarios rurales con créditos en cartera vencida, da una idea de su vulnerabilidad frente a la necesidad de crédito (Cebada, 1998). Según la misma autora:

"(…) el Estado ha emprendido modificaciones (…) en el sistema de crédito institucional y reestructurado las instituciones financiadoras del sector público vinculadas a la agricultura, con base en la idea de que una administración racional puede reemplazar políticas conflictuadas, pasando de una visión agrarista a una de índole más productivista —un mercado político—. No obstante, se le presenta la paradoja de cómo lograr instrumentar el nuevo modelo económico de corte neoliberal en el sector, pero manteniendo el control político sobre el campesinado (…). A este respecto planteamos, como hipótesis de trabajo, que el gobierno instrumenta varias medidas que tienden a mantener la relación corporativista (…), segmentando la relación y diversificando los medios de control (…). De tal modo que la relación se sigue dando pero adecuada a las nuevas situaciones, de acuerdo al tipo de productor, modificando y diversificándose las instancias mediante las cuales se ejerce el control (...) La política de crédito como política económica (…) es considerada aquí como una política-política, en cuanto se vincula la instancia económica —en la que se definen las condiciones de producción y distribución— con la instancia política —en la que se articula la estructura de poder— (…). Las instancias gubernamentales y los bancos se convierten en actores importantes pues sus acciones adquieren un sentido político. (…) El crédito es cada vez un recurso, pero no únicamente financiero, sino que se inserta en el juego de las relaciones de poder y de competencia que se instauran. (…) El papel que juega el crédito en las nuevas formas de asociación campesina son diferentes, para algunos es más una estrategia de subsistencia, para otros; es un objeto de lucha.”

La cita anterior expresa bien la importancia política del crédito en el campo. No obstante, involucra una tesis difícil de aceptar, consistente en que la política neoliberal del gobierno buscaba actualizar al corporativismo, es decir, generar un neocorporativismo, como forma de mantener bajo control al campesinado en las nuevas condiciones.