EMPRESAS TRANSNACIONALES E INTEGRACI?N EN AM?RICA LATINA Y EL CARIBE: LA GRANNACIONAL, UNA ALTERNATIVA NECESARIA Y VIABLE

2.2.4. Los años 90

En la década de los noventa América Latina se convirtió en un centro de atracción para la inversión extranjera, debido a la apertura de mercados comerciales y financieros, los programas de privatización, así como la liberalización de las regulaciones y controles aplicados a las inversiones privadas; todo esto, dentro del marco de las políticas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar el pago de la deuda externa y, por supuesto, el gran auge del proceso integracionista en la región, caracterizado tanto por los nuevos acuerdos firmados, como por las reformas de los ya existentes como es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Grupo de los 3 (G-3) para la primera categoría y la nueva Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la segunda.

Estos nuevos acuerdos de integración y las reformas a los ya existentes, estuvieron dentro del marco de las exigencias del neoliberalismo, que se caracterizaba principalmente por el reforzamiento del estrecho carácter comercial, ya presente desde los inicios del proceso integracionista; la irrupción de acuerdos comerciales bilaterales y, finalmente, el nacimiento de acuerdos entre países con niveles de desarrollo muy desiguales.

Los países, además de modificar sus leyes para dar garantías al capital extranjero, realizan acuerdos internacionales sobre inversiones, multiplicándose en particular los tratados bilaterales.

La gran mayoría de los cambios son favorables a la IED. Los acuerdos entre países que se presentan como acuerdos comerciales, tienen un amplio capítulo en materia de inversiones, como en el caso del TLCAN, Comunidad Andina, MERCOSUR y el proyecto del ALCA. En el año 1997, 76 países establecieron tratados bilaterales sobre inversiones (TBI), muchos de ellos con países de su propia región, cantidad que disminuyó en los inicios de la década del 2000. (Ver anexo No. 1)

En el marco de los acuerdos y negociaciones entre la UE y países o grupos de países de América Latina (UE-México, UE-Chile y UE-MERCOSUR), los aspectos relacionados a las inversiones, ofrecen cada vez más derechos a las empresas transnacionales. Las cláusulas que liberalizan completamente la repatriación de las ganancias a las casas matrices, así como la prohibición de todo tipo de preferencia a los inversionistas nacionales, privan a los gobiernos de herramientas de regulación y de política industrial. De igual manera se prohíbe todo tipo de requerimientos de comportamiento que pueden condicionar la inversión, por ejemplo de parte de las autoridades locales o municipales para asegurarse que una inversión no afecte al medio ambiente.

Las Empresas transnacionales pueden obtener reparaciones financieras por cualquier medida política que traiga consecuencias negativas sobre sus actividades. Concretamente, hay una superioridad de los derechos de las ET a obtener sus ganancias sobre el derecho de las comunidades a proteger el medio ambiente, la salud pública o las condiciones laborales.

Los mecanismos de control, que generalmente han sido utilizados por los países receptores de la inversión de las empresas trasnacionales, son cuotas de exportaciones de bienes y servicios, obligatoriedad de cierto contendido nacional en los productos, establecimiento de preferencias nacionales en cuanto a compras a realizar dentro del territorio nacional donde se realiza la inversión, relacionar volúmenes de m con x, transferir tecnología y procesos de conocimiento a personas del territorio, entre otras; sin embargo los países que reciben la inversión se encuentran cada vez más imposibilitados para poner en práctica estos controles, debido a las diferentes exigencias que hacen las empresas trasnacionales. Un claro ejemplo son las ET en México que operan en el sector maquilador, en donde el 88% de los insumos que utilizan son importados, sin producir ningún beneficio al sector productivo mexicano y beneficiándose de la mano de obra barata de ese país.

A pesar del aumento de la IED en Latinoamérica en este periodo y lo que esto pudiera significar para la región en materia de desarrollo industrial y tecnológico, de diversificación de mercados y aumento de las exportaciones, es en esta década cuando se producen profundas crisis como la llamada ´”Efecto Tequila” en México, precisamente en gran parte debido al papel jugado por las empresas transnacionales, las cuales aplicaron acciones estratégicas para mejorar su participación en el mercado a nivel de bloques económicos, aprovechando las condiciones proporcionadas y de donde podemos decir que las formas y destinos de inversión extranjera son determinantes y que su aumento no necesariamente trae consigo beneficios.

Cabe preguntarnos ¿por qué si ya se contaba para estos años con la inversión extranjera directa y la integración regional como medios planteados por América Latina y el Caribe para garantizar su objetivo de desarrollo, este no ha podido ser alcanzado al nivel que requieren sus economías? La respuesta pudiéramos encontrarla en la naturaleza misma de la IED y la integración, que hasta este momento se ha dado en Latinoamérica; estos se han debido precisamente a las estrategias y políticas impuestas por las grandes potencias y por lo tanto están diseñadas para beneficiarlas y no son fruto de un proceso lógico y contundente con origen en el principal interesado en el desarrollo regional.

La inversión extranjera directa tiene beneficios potenciales si es manejada y controlada a través de políticas adecuadas que garanticen el desarrollo de la industria y el aumento de las exportaciones; es decir puede proporcionar acceso a nuevos recursos financieros, tecnologías y mercados. Sin embargo, América Latina se ha caracterizado por ser una región en donde la IED y las empresas transnacionales, pueden tener altos niveles de repatriación de beneficios, lo que disminuye las transferencias financieras reales, una región en donde el coste de los incentivos para atraer a los inversores es elevado y donde existe una gran evasión de impuestos. Por cada dólar de inversión extranjera, unos 30 centavos son repatriados mediante la transferencia de beneficios.

Como sabemos los economistas, no toda inversión es buena. En términos de desarrollo, una inversión de calidad transfiere formación y tecnología, y crea vínculos dinámicos con empresas locales. Buena parte de la IED no entra en esta categoría. En América Latina el aumento de la IED, ha ido acompañado por una reducción relativa de la capacidad de investigación y desarrollo, y por una creciente dependencia de la importación de tecnología. Por otra parte, la inversión de las empresas transnacionales genera un ingreso de divisas por concepto de exportaciones, pero genera mayores egresos por vía de ganancias remitidas, insumos importados, pago por tecnología e intereses. Los países subdesarrollados pagan 4 veces por el capital que reciben: primero por el pago de las importaciones cuando el capital entra en forma de maquinaria, equipos, etc; segundo por concepto de las ganancias remitidas al país de origen de las transnacionales; tercero por pago del precio de tecnologías, y cuarto por pago de la amortización y el servicio de la deuda.

Otras modalidades de gran relevancia de la inversión extranjera directa en América Latina en la década de los 90 y a las que se debe principalmente su gran aumento, son en primer lugar la adquisición de empresas ya existentes, ya fueran estatales o privadas; proyectos de reestructuración y modernización de las empresas extranjeras ya existentes en la región y nuevas inversiones relacionadas con modernización de las empresas estatales privatizadas. Como vemos son inversiones que no favorecen el desarrollo económico e industrial de la región.

En este periodo, la mayoría de los gobiernos de los grandes países de la región latinoamericana, entre ellos el de Carlos Menem de Argentina, Fernando Collor de Melo de Brasil y Ernesto Cedillo de México, pusieron en venta, a precio de remate, el patrimonio de sus países a través de las famosas privatizaciones.

Las empresas transnacionales encontraron en el MERCOSUR uno de los mercados más importantes, teniendo en cuenta que es un mercado amplio, y aprovechando la apertura y la desregulación en el sector de los servicios en Brasil y Argentina, ambos países miembros de este bloque; así como en Chile aumentaron significativamente la IED. Sobre todo se pudo observar este fenómeno a través de las fusiones y adquisiciones en forma de privatizaciones y concesiones en telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad, operación de aeropuertos y compras de empresas privadas nacionales en los servicios financieros y el comercio minorista.

En el Mercado Común Centroamericano (MCCA), las políticas gubernamentales de algunos países como es el caso de Costa Rica, han estado enfocadas a atraer IED de empresas que buscan expandir sus sistemas internacionales de producción integrada, especialmente en actividades de tecnologías sofisticadas. Las recientes firmas de tratados de libre comercio de Estados Unidos con países de esa subregión, favorecen también una mayor penetración del gran capital de ese país, lo que en la práctica resulta un atentado a los procesos integracionistas de la región.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es la región preferida por las empresas transnacionales que buscan acceso a los recursos naturales, principalmente el gas natural, el petróleo y la minería. Bolivia trató de atraer IED a través de su estrategia de desarrollo conocida como “Plan para todos”, contentiva de un sistema de privatizaciones como el “Plan de capitalización” y un conjunto de regulaciones que paradójicamente se llamó “Ley Corazón”, que buscaba canalizar la IED y establecer una especie de zona franca y exportar energía. Esta estrategia encajaba perfectamente bien con los intereses de las empresas transnacionales, de buscar recursos naturales y de apoderarse de las economías latinoamericanas.

México es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera directa; pudiera decirse que principalmente por dos razones fundamentales: en primer lugar por su participación en el Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos y Canadá, que garantiza el acceso de las empresas norteamericanas a su mercado, y en segundo lugar por su mano de obra abundante, eficiente y barata. Una muestra de ello son las corporaciones estadounidenses Ford y General Motors, las que instalaron plantas de ensamble de automóviles en México, con el objetivo de competir con los autos de producción asiática.

En el ingreso de IED a América Latina y el Caribe, excluidos los centros financieros, en el periodo 1991-2000 se manifestaron algunas tendencias. En primer lugar, la entrada de IED aumentó de un promedio anual de 20.200 millones de dólares en el período 1991-1995 a 70.600 millones en 1996-2000. América del Sur siempre ha recibido más IED que México y la Cuenca del Caribe, pero se incrementó de 8.400 a 17.500 millones de dólares. (Ver anexo No. 2)

Según el país de origen de la IED, casi la totalidad de estas inversiones en América Latina y el Caribe para esta década, procedían de Europa y Estados Unidos. Si se consideran en particular los países de proveniencia de las inversiones, se advierte una predominancia de Estados Unidos. Sin embargo, existió un sostenido aumento de las inversiones europeas, que en 1997 llegaron al nivel de las estadounidenses; dentro de los países europeos sobresale España, seguida por el Reino Unido (Ver anexo No. 3).

Los flujos de inversiones europeas crecieron significativamente durante el decenio de 1990. Desde 1994 los mayores flujos son los de España y el Reino Unido. En 1999, el flujo de España aumentó sustancialmente por la compra de la principal empresa petrolera argentina (YPF) por la suma de 14.855 millones de dólares.

Para algunos países europeos, América Latina y el Caribe representan el principal destino de las inversiones fuera de la OCDE, en especial para Alemania, (60%), Países Bajos (55%) y Reino Unido (44%). Dentro de esos flujos, en 1995 y 1996, la industria manufacturera recibió el 82% de las inversiones británicas, el 81% de las holandesas, el 72% de las italianas y el 67% de las alemanas. Asimismo, con motivo de las privatizaciones, el sector de servicios ha recibido importantes inversiones españolas y francesas. Por la aplicación de los acuerdos suscriptos por la Unión Europea con el MERCOSUR (diciembre de 1995), con Chile (junio de 1996) y con México (diciembre de 1997) las inversiones se intensificaron.