SISTEMAS LOCALES DE INNOVACI?N: LAS EMPRESAS PYMES METALMEC?NICAS DE TANDIL (1995 ? 2005)

2.4.3 LAS PRIVATIZACIONES

Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) que llegaron a la Argentina en la década del ‘90 se transformaron en las impulsoras del crecimiento económico y encontraron en las privatizaciones de las empresas públicas su primer gran destino. Después se sumaron las grandes compañías locales que terminaron en manos de capitales extranjeros.

Es importante tener en cuenta que la legislación argentina referida a las IED da igual tratamiento al capital foráneo que al local, (Ley 21.382) del año 1989. Además los inversores extranjeros no requieren autorización para radicar sus actividades económicas en la Argentina. La repartición de los capitales, como también de las utilidades y de sus dividendos es absolutamente libre. (Del Castillo, 1999)

Entre 1994 y 1996 se identificaron 209 proyectos de inversión extranjera en la Argentina que totalizaron U$S 250.000 millones sólo superado por China y Brasil. Los desembolsos se caracterizan por estar destinados a emprendimientos productivos en el marco de un capitalismo caracterizado por la transnacionalizacion de la producción. El crecimiento de las inversiones extranjeras mundiales en la actualidad se centra en las naciones en desarrollo. (French Davis, 2004)

En el caso de Argentina las condiciones favorables para la inversión extranjera se explican a partir de 6 condiciones básicas:

1- Vigencia de un sistema democrático

2- Bajo nivel de regulaciones estatales

3- Estabilidad de precios y condiciones económicas

4- Oportunidades para empresas eficientes y nuevas

5- Iguales condiciones para capitales locales y extranjeros

6- Existencia de un mercado ampliado (MERCOSUR)

El proceso de privatizaciones en los primeros años se dió en relación a la transferencia de la totalidad del paquete accionario de las empresas estatales con un muy elevado componente de rescate de títulos de la deuda externa y con una desatención total de marcos regulatorios.

En una segunda fase durante el plan de convertibilidad se recurrió también a la segmentación de las empresas privatizadas y a la oferta pública de acciones al tiempo que se avanzó lentamente en la regulación de algunos de los servicios públicos privatizados y fundamentalmente se priorizó la funcionalidad del programa desestatizador con las principales políticas macroeconómicas de corto plazo.

Idénticas consideraciones merece la recurrente renegociación de las cláusulas normativas en cuyo marco se efectivizó el llamado a licitación y la transferencia de empresas y servicios al sector privado (como por ejemplo, en los casos de las telecomunicaciones y de las concesiones viales). Gatto (2001) expresa: “En la generalidad de las cosas, ello no está disociado de las improvisaciones derivadas en última instancia de la propia urgencia oficial por demostrar a la élite económica la vocación desestatizadora gubernamental”.

La despreocupación oficial por difundir la propiedad de las empresas públicas privatizadas (en contraposición con las sugerencias emanadas de la incipiente normativa internacional en la materia) es otro de los elementos que caracterizaron el desarrollo del programa de privatizaciones en Argentina. Su objeto principal fue la enajenación del patrimonio público, y desmontar todo control del Estado sobre las actividades económicas.

Como resultado de ello, tal programa pasó a asumir un papel propulsor del proceso de concentración y centralización del capital. En efecto el fenómeno concentrador se manifiesta tanto en lo relativo a cada una de las empresas y áreas privatizadas, donde las firmas o consorcios adjudicatarios poseen tenencias accionarías que le garantizan el control de las mismas. (Chudnovsky, 1996)

En la mayoría de los procesos concluidos en el país durante esta década, se pueden considerar el llamado a licitación favoreciendo plazos, requisitos patrimoniales, y solidez empresarial, la presencia de pocos oferentes, lo que se reforzó en la generalidad de los casos por la coordinación y el lobby empresario en torno de sus respectivas ofertas y su participación en los distintos procesos. La estrategia del gobierno fue principalmente promover la emergencia de un nuevo grupo de beneficiarios de las reformas. En consecuencia, durante 1990 el proceso de desregulación y privatización avanzó significativamente, y el tipo de inserción económica lograda por unos pocos holdings locales a través de las privatizaciones contribuyó a consolidar su rol como actor político y económico.

Estos monopolios u oligopolios legales con la consiguiente consolidación de mercados protegidos aseguraron bajos o nulos riesgos empresarios y amplios márgenes de libertad para la fijación de tarifas y un poder inédito sobre los patrones de desenvolvimiento de la economía argentina.

Las privatizaciones adoptaron un elevado grado de concentración y centralización, desatención de la problemática regulatoria, de esto se desprende entonces que el Estado no solo transfirió los respectivos activos sino también el poder de determinación de los precios y la capacidad de influir decisivamente en la estructura de precios relativos de la economía, con lo cual queda claro que hubo un desplazamiento de los mecanismos de mercado y a la vez de la posibilidad de desplegar políticas públicas inductoras de determinadas actividades privadas a través de precios diferenciales en sus insumos energéticos o en ciertos servicios. (Frenkel, 1997)

Son importantes las estrategias empresarias frente al programa de privatizaciones. De las mismas se desprende que la creciente oligopolización y conglomeración de la economía argentina, la polarización del poder económico en un núcleo reducido de conglomerados empresarios y la consolidación y preservación de mercado con cuasi rentas oligopolicas no ligadas con la innovación tecnológica. Emergen estos como algunos de los principales efectos de la aplicación de dicho programa. (Bonvecchi, C., Fanelli, J.M., Frenkel R, 1996)

Esto conlleva a que más que contribuir a la generación de una nueva clase empresarial de características emprendedoras, el programa de privatizaciones contribuyó a consolidar el poder de mercado de unos pocos conglomerados empresarios localizados crecientemente en sectores que producen bienes y servicios no transables con el exterior, que han visto acrecentada su influencia sobre la configuración de la estructura de precios relativos y la distribución de la riqueza.

Las empresas privatizadas pasaron a asumir un papel protagónico en el crecimiento y consolidación de los principales conglomerados del país.

La creciente polarización de la cúpula empresaria, por lo menos en términos de desempeño y de capacidad de acumulación de las empresas líderes acordes con su respectiva vinculación con las privatizaciones, emerge como uno de los rasgos sobresalientes que caracterizan a la economía Argentina de los años ‘90. Se trata en última instancia, de la irrupción de nuevas áreas privilegiadas por las políticas públicas (como las que devienen de las privatizaciones) en beneficio de un núcleo muy acotado de agentes económicos que como producto de ello han pasado a asumir un papel decisivo en la reconfiguracion de las estructuras de precios y rentabilidades relativas de la economía y por ende de los liderazgos sectoriales y empresariales.

Para Azpizu (2000), “las privatizaciones han sido un ingrediente de la creación de la economía popular de mercado”. Después de lo expuesto anteriormente vemos que estas no fueron realizadas para mejorar la eficiencia del aparato productivo sino para solucionar los problemas fiscales del Estado, como por ejemplo el pago de los intereses de la deuda externa. Las privatizaciones de las empresas del Estado modificaron la forma de acumulación de capital en Argentina. También se observa que la afluencia de IED a nuestro país tiene como fin la expansión del mercado mundial como parte de empresas de otros países. Si bien esta afluencia de capitales a nuestro país ha significado la inserción de la economía argentina en la economía internacional, es obvio que las fallas que se produjeron a causa de las privatizaciones han determinado que el mapa económico de nuestro país haya cambiado.

El Estado se subordinó al mercado, es decir, al poder que reemplaza sus leyes dando lugar a externalidades a las cuales no puede influir. Las privatizaciones también fueron impuestas por el gobierno sin consensuarlas con la mayoría de los sectores involucrados a este proceso, y así muchas empresas que eran el fruto de trabajo de familias emprendedoras, a pesar de tener la firme intención de adaptarse a un clima de competencia y apertura debieron cerrar sus puertas (Azpizu, 2000).