DERECHO: ¿CUÁL DERECHO?
DE LA CONSTITUCIÓN BURGUESA A LA CONSTITUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA

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Álvaro Bedoya Salazar

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1.2 Derecho positivo y sistema político

Hay una relación directa entre el derecho positivo y el sistema político vigente en determinada época. El marxismo distingue las siguientes etapas en la evolución política económica y social de la humanidad:

Régimen de la comunidad primitiva, en el cual se dieron dos etapas, la manada primitiva y la forma gentilicio-tribal o patriarcal, caracterizadas por la producción económica comunitaria.

Régimen esclavista, que surge de la aparición de la propiedad privada y la desigualdad de clases, constituyendo por consiguiente un modo antagónico de producción, basado en la esclavitud.

Modo de producción asiático, propio de los imperios de la Antigüedad y que constituye una línea separada dentro del proceso de evolución de las sociedades.

Régimen feudal, que sucede al esclavista y en el cual el medio de producción más importante es la tierra.

Régimen capitalista o burgués, en el que la industrialización, basada en la propiedad privada, genera la organización colectiva del proletariado.

Régimen socialista, en el cual el trabajo colectivo del proletariado coincide con la apropiación colectiva de los medios de producción.

El marxismo plantea como ley objetiva del desarrollo de la sociedad humana el carácter inevitable de la sustitución de un régimen social por otro más progresivo, como fruto de un cambio revolucionario, que trasmite el poder de una clase a otra. Cada tipo de Estado y de derecho ha sido sustituido por otro, el esclavista por el feudal, y éste por el burgués.

Bottomore, citado por Jesús María Vallejo en su tesis Teoría constitucional, ofrece una clasificación descriptiva de los tipos de sistema político. Es la siguiente:

Sociedades primitivas: 1. Sin una estructura diferenciada y permanente, pero con una fuerte influencia del parentesco y de la religión. Ciudades Estado; Imperios basados en las ciudades-Estado; Estados feudales Estados asiáticos con una burocracia centralizada; Estados nacionales: 1. Estados democráticos modernos.

2. Estados totalitarios modernos. Imperios basados en los Estados nacionales.

Salvo en la comunidad primitiva, donde no existe derecho propiamente tal, en los demás sistemas políticos el derecho se asienta sobre la base de la propiedad privada. Este rasgo le da su carácter distintivo.

Debe examinarse el sistema actual, capitalista, y definirse si el carácter del Estado y el derecho sigue siendo el mismo desnudado por Engels y por Lenin, es decir, instrumentos de opresión y de defensa de la propiedad privada de la clase dominante. El profesor Bernardo Ramírez Z., de la Universidad de Antioquia, sostiene lo siguiente:

En la sociedad capitalista los medios de producción son jurídicamente apropiables por los individuos, dado que la propiedad privada se encuentra establecida como un derecho con múltiples y complejas proyecciones. Por tanto, instrumentos y objetos de trabajo, se encuentran en poder de los individuos, pero no de, todos, ni siquiera de la mayoría, sino de una ínfima minoría, quedándole a la inmensa mayoría solamente la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, es decir, de emplearse a su servicio por el pago de un salario. Queda, así, la sociedad capitalista dividida en dos clases sociales fundamentales y con intereses antagónicos: la de los poseedores o propietarios de los medios de producción o de trabajo, y la de los no propietarios.

¿Cuál es el alma del sistema capitalista?, se pregunta el profesor Ramírez:

Consecuencia lógica de las relaciones de propiedad existentes en la sociedad capitalista, que son de apropiación privada de los medios de producción, es el principio de la libertad de empresas, conforme al cual el establecimiento, organización, manejo y desarrollo de unidades de producción de bienes o servicios depende de los particulares, que no pueden ser, obviamente, sino quienes tienen en sus manos los instrumentos y objetos de trabajo, a los trabajadores que se vinculan a la producción en las empresas se les paga como contraprestación por sus servicios, un salario, el cuál no es equivalente ni económica ni socialmente al valor del producto de su trabajo, pues sólo representa una mínima parte de él; el excedente se lo apropian los empresarios o patronos. En estas condiciones, la producción de los bienes materiales de existencia no se dirige a la satisfacción de las necesidades de todos los individuos componentes de la sociedad, como función primaria o principal, sino como medio de acumular riqueza y de saciar los deseos de comodidad, lujo y ocio del pequeño grupo de grandes propietarios, a costa de la explotación del trabajo y la miseria de los demás.

Resulta así que el sistema económico del capitalismo es verdaderamente antihumano, pues no funciona en razón de satisfacer a plenitud las necesidades vitales de todas las personas y asegurar su bienestar en todo sentido, sino que convierte la satisfacción de esas necesidades en objeto de explotación económica, esto es, de obtención de jugosas utilidades para los detentadores de los medios de producción. Inclusive, el comportamiento de la economía en un determinado periodo de ejercicio, tanto en conjunto, como a nivel de cada empresa, no se mide y evalúa en función del beneficio general para la sociedad, como balance o resultado mas importante, sino en función del mayor o menor rendimiento obtenido por los empresarios.

En la apropiación del producto del trabajo de sus asalariados por parte de los patronos o propietarios de los medios de producción, excluida la pequeña parte con que se les remunera el despliegue de su actividad psicofísica, puede haber, y en verdad la hay, una justificación legal, porque la ley imperante en la sociedad capitalista no es más que la misma voluntad de la clase social predominante: la que ostenta el poder económico, a través del cual se obtiene, dirige y controla el poder político por múltiples canales y mecanismos sociales aparentemente democráticos o populares. Es ella, pues, la que determina el contenido, el alcance y la finalidad de las normas jurídicas, y las condiciones y procedimientos para su aplicación o efectividad. Lo que no hay, no podría haberla, es una justificación o legitimidad social, ya que la producción económica es un complejo proceso colectivo en el que participa toda la sociedad. Los mismos instrumentos y objetos de valor, actualmente en poder de pocos, han sido creados y perfeccionados por un trabajo anterior o pasado de cientos o milenios de años, igualmente colectivo o social. Por esta razón en la apropiación privada del mayor valor del producto del trabajo o plusvalía por parte de los detentadores de los medios de producción se da un verdadero despojo a la sociedad. Bien se expresó el impresor George Engel, uno de los mártires de Chicago, ante el tribunal que lo condenó a muerte: ‘¿En que consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar.

El profesor Bernardo Ramírez demuestra aquí quién crea el derecho positivo en la sociedad capitalista y para quién lo hace, dejando ver palpablemente que en la práctica no existe igualdad ante la ley. Y concluye:

De la desigualdad económica se pasa a la desigualdad jurídica (...) En conclusión, en el régimen de la sociedad capitalista la pretendida igualdad ante la ley no existe; su enunciación como principio político o jurídico de tal formación económico-social no es más que una mentira, una ilusión, pura fantasía. Es que tal igualdad no existirá mientras no se asegure a todas las personas las condiciones económico-sociales que le permita a cada una no ser más que nadie, pero tampoco menos que ninguna. Pero cuando esto ocurra será porque la sociedad capitalista ha desaparecido.

Puede finalizarse este capítulo con la visión y análisis sobre el Estado que brinda el profesor Jorge Enrique Robledo Castillo, quien afirma:

El Estado no ha existido siempre. Durante un lapso bastante más largo que el que tiene existencia, la humanidad se la pasó sin él. Igual ocurrió con la propiedad privada sobre los medios de producción, las clases sociales y la explotación del trabajo ajeno, otras invenciones de los seres humanos en su evolución. Pero también es cierto que esos pequeños grupos que vivieron en el comunismo primitivo, sin el Estado nunca hubieran podido superar las fases del salvajismo y la barbarie, con toda su carga de estrecheces materiales, ignorancia y prácticas culturales que espantan al mundo contemporáneo. Los que evolucionaron hacia la civilización lo lograron porque pudieron encontrar un mecanismo político que les permitió una cohesión de propósitos, controlando, así fuera mediante la coacción, las contradicciones entre las clases sociales que iban apareciendo. Las comunidades que no lograron hacerse a un Estado, en el mejor de los casos, no salieron del salvajismo y la barbarie. Y, en el peor, desaparecieron en el caos de unas contradicciones sociales internas exacerbadas o fueron sometidas al esclavismo por las que si fueron capaces de organizar un poder Estatal. Que esa centralización del poder, y del intervencionismo estatal que llegó con él, se hubiera logrado mediante la violencia y que el primer Estado conocido sea el esclavista, no le quita verdad al hecho cierto de que la humanidad no hubiera podido iniciar su marcha ininterrumpida hacia el progreso material y cultural sin la constitución de organizaciones estatales.

Y concluye Robledo, sobre la aparición y el papel del Estado en el desarrollo general de la humanidad, y cómo, y cuándo ha jugado un papel de organización y avance social y en manos de quién se convirtió en una herramienta de opresión contra pueblos y naciones:

Lo cierto es que el Estado terminó convertido en la principal fuerza del desenvolvimiento económico, porque tiene que acrecentar su papel en la medida en que la propiedad se concentra y las relaciones sociales se hacen más grandes y complejas. Por ello, retóricas a parte, no resulta conveniente y ni siquiera posible limitar el papel del Estado capitalista a sus funciones de simple gendarme. Si así se hiciera, el naufragio de la economía se tornaría inevitable. De ahí que ni los neoliberales más fervientes se atrevan a proponérselo en serio y que haya empezado a ocurrir que nadie quiera asumir la responsabilidad de ese calificativo, entendido como una defensa a ultranza de las propuestas de Smith. A lo sumo, lo que se persigue con la privatización es colocar en poder de los particulares, y especialmente de los extranjeros, las propiedades gubernamentales o las partes de ellas que puedan ser rentables, feriando a menos precio el patrimonio de la Nación, así como lesionando la soberanía nacional y dificultando las posibilidades de lograr un desarrollo autentico. A decir verdad, lo que se discute en este momento en las neocolonias no es si el Estado interviene o no en la economía, si no al servicio de quién lo hace: si en favor del capitalismo nacional no monopolista o en favor de los monopolios, principalmente extranjeros.