LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

SUBSIDIO ELÉCTRICO: ALTOS COSTOS E INEFICIENCIA

4 de febrero de 2002

La decisión del gobierno federal de disminuir el subsidio a la energía eléctrica es una muestra de que la Reforma Fiscal recién aprobada no será suficiente para resolver los problemas financieros del Estado mexicano.

La medida, que ha quedado en suspenso por el momento, está pensada como un medio para disminuir los requerimientos financieros del gobierno, sin embargo, ha enfrentado una profunda oposición por parte de la población en general, debido a que esto representaría un incremento al pago que hacen las familias por el consumo de energía eléctrica, es decir, equivale a un incremento del precio. En otras palabras, en la medida que el subsidio se reduce, las familias deberán pagar el costo real de su consumo de electricidad. Y es ahí donde radica el problema. Quizás la reducción del subsidio no representaría un riesgo para los ingresos familiares si no fuera tan cara. Sin embargo, en México, el precio real de este servicio es muy elevado comparado con los estándares mundiales. De acuerdo con un estudio de Alliance to Save Energy (ASE), publicado por el diario Reforma (02-02-02) el consumo de energía eléctrica en un hogar promedio de clase media es de 600 kilowatts/hora en un mes promedio, lo que en México, sin subsidio costaría 748 pesos mensuales, mientras que en EU su costo es de 476 pesos y en Canadá, de 193 pesos por mes. Es decir, en México se pagaría un 57 por ciento más que en EU y 288 por ciento más que en Canadá. Y si se trata de un hogar de clase media alta, que consumiera mil 500 kilowatts/hora por mes, en México pagaría un 82% y 356% más que en los otros dos países mencionados.

El problema no radica en la ineficiencia de las plantas eléctricas que están al nivel de las de Estados Unidos. El alto precio de la electricidad se debe fundamentalmente al alto costo que representa la operación y la administración de todo el sistema eléctrico.

Los trabajadores sindicalizados de la Compañía de Luz y Fuerza (CLyFC) y sus jubilados están prácticamente exentos del pago de su consumo de electricidad de acuerdo con su contrato colectivo de trabajo, ya que tienen derecho a un consumo gratuito de hasta 320 pesos bimestrales y el excedente lo pagan a 46 centavos el kilowatt, lo cual es otro privilegio porque el precio comercial del excedente es superior a un peso, dependiendo del consumo excedente que se realice. Asimismo los trabajadores sindicalizados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reciben una prestación más o menos similar, ya que pueden consumir gratuitamente hasta 600 kilowtts-hora al bimestre.

Esta prestación representa en total, alrededor de 1,024 millones de pesos, lo cual significa una erogación gubernamental bastante grande y sumamente inequitativa porque sólo beneficia a una reducida parte de la población y, sin embargo, es pagado por todos los que consumimos energía eléctrica bajo la forma de tarifas más elevadas.

Este tipo de privilegios propios de un Estado corporativo, que han contribuido a deteriorar la capacidad financiera de las empresas públicas y han llevado a incrementar sus precios y tarifas, deben desaparecer. En un tiempo, se promovieron para beneficiar a los sindicatos más grandes y poderosos del país, porque estos eran utilizados para sostener el régimen autoritario, el cual creó un sistema de reparto de incentivos para obtener el control de las estructuras del movimiento obrero y mantener la legitimidad. Pero, evidentemente, esto tuvo un costo económico elevadísimo.

Es evidente que las necesidades financieras del país urgen un replanteamiento de la forma en la que operen las empresas públicas que cumplen una función social. No es posible seguir sosteniendo una estructura administrativa ineficiente y costosa que daña la economía de todos los mexicanos y que estaría obligando a reducir el subsidio a toda la población, precisamente porque el gobierno gasta excesivamente manteniendo este injusto esquema de reparto de privilegios.

Así pues, la solución al problema financiero del país, no está del lado de reducir los subsidios. Tal vez, en todo caso, reorganizarlos para aumentar su efectividad. Pero lo que sí urge es reorganizar administrativamente las empresas públicas para hacerlas eficientes y reducir sus costos, para poder bajar los precios y entonces, ya se podrían reducir los subsidios. Por supuesto esto implica, también, reducir los altos márgenes de corrupción que hay en ellas y que, también han contribuido a su deterioro financiero que hoy pagamos todos.