LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

REVOLUCIÓN Y MODERNIZACIÓN

1989

Todos los gobernantes que ha tenido nuestro país después de la Revolución de 1910, que culminó en la elaboración de la Constitución de 1917, se han autodenominado revolucionarios y se siguen autodenominando de esa forma, argumentando, tras cada uno de sus actos de gobierno, que éstos son coherentes con el proyecto revolucionario y que se hacen para cumplir con los objetivos de la revolución y de la Constitución de 1917. Así, gobiernos tan disímbolos como el de Lázaro Cárdenas y el de Miguel Alemán, o el de Luis Echeverría y el actual de Carlos Salinas han aparecido a la luz de la historia oficial como regímenes dispuestos a llevar adelante los postulados de la Revolución. Y basados cada uno en su propia interpretación de lo que es ser “revolucionario” han actuado tratando de modelar al país a su manera.

Ello sin tomar en cuenta tres factores: primero la Constitución de 1917 con todo su carácter progresista no planteaba de hecho un proyecto histórico claro y definido para el país. Segundo, sólo Lázaro Cárdenas con una visión realmente revolucionaria surgida de la interpretación más cercana al espíritu de la revolución, orienta al país hacia el rumbo que pretendía ésta, dando a los obreros, a los campesinos, su justa retribución de su empeño revolucionario y encaminando al país hacia la consolidación de las bases para un desarrollo capitalista con justicia social y creando el carácter nacionalista del Estado, que sin ser un postulado de la revolución, nació obligado por las amenazas del gran capital extranjero. Y tercero: a partir de Ávila Camacho y más concretamente con Miguel Alemán, se inicia un proceso de contrarreforma revolucionaria redefiniendo los cauces por las que transitaría el país de ahí en adelante. Ello consistió en consolidar el desarrollo capitalista desvinculándolo cada vez más, aunque no totalmente, de una política de justicia social. No es casualidad que a partir de entonces el país inicie un proceso de rápido crecimiento económico, pero también se regeneren y agudicen rezagos sociales así como problemas económicos como el agotamiento del sector agrícola como fuente para financiar el desarrollo industrial y urbano del país.

La estatización de la economía nació como una necesidad de la propia dinámica del sistema para servir como apoyo a la consolidación del desarrollo industrial, para salvar cadenas productivas y fuentes de empleo, pero también para, por este medio, redistribuir la riqueza del país. Para los mismos fines se estableció una política proteccionista y de subsidios, se consolidó así un Estado fuerte, política y económicamente. Participante y regulador de la economía que fue el motor de desarrollo económico que ha alcanzado el país.

Un Estado fuerte que ni la Revolución ni la Constitución se propusieron crear. Un Estado que fue conformándose en el marco de esta última, pero de acuerdo a las necesidades de acumulación de capital y crecientes necesidades de una sociedad creciente que había que atender. Por ello el estatismo se convirtió en sinónimo de progresismo, porque además con la política estatizadora el país progresó.

Sin embargo el esquema creó monopolios, ineficiencias, corrupción y su falta de adecuación a los cambios socio-económicos, producto del inmovilismo burocrático, lo fue desvinculando de la realidad del país.

Lo que vivimos hoy no es sino la redefinición total del rumbo del país; el nacimiento de un nuevo proyecto histórico que, salvo en muy contados aspectos tiene que ver con la Revolución o la Constitución de 1917. Redefinición surgida de la necesidad de modernizar la economía e integrarla a los círculos comerciales, financieros o industriales internacionales, y cuya punta de lanza es la reprivatización de la economía, ya que como dijera el Presidente en su primer informe de gobierno “mientras aumentaba la actividad productiva del sector público, decrecía la atención a los problemas del agua potable, de salud, de inversión en el campo, de vivienda, de medio ambiente y justicia. El Estado se extendía mientras el bienestar del pueblo se venía abajo.”

Pero el hecho de que el crecimiento de la participación del Estado en la economía no haya podido evitar los rezagos sociales y económicos, no quiere decir que la política estatizadora haya conducido al país a la crisis en la que ahora se encuentra.

Adoptar la actitud reduccionista y simplista de que la causa de la pobreza de muchos mexicanos y el atraso económico del país es el tamaño del Estado, en una forma de justificar una política reprivatizadora, olvidando de paso, que el libre juego de las fuerzas del mercado, la propiedad privada y los grandes monopolios por ella creados, han sido causa, quizá de mayor peso, para explicar los hechos de los que se culpa al “gigantismo estatal”.

Dijo también el Presidente de la República que “la crisis mostró que un Estado más grande no es necesariamente un Estado más capaz; un Estado más propietario no es hoy un Estado más justo”, y que “más Estado significó, menos capacidad para responder a los reclamos de nuestros compatriotas...”. Lo que no es enteramente cierto, pues en realidad lo que sucedió es que el Estado se dedicó más a privilegiar la acumulación de capital que a la satisfacción de las necesidades del país. De donde, lo que se imponía era una reorientación del Estado y sus empresas hacia la satisfacción de las carencias de la población y un replanteamiento de su relación con las empresas privadas para evitar que el esfuerzo estatizador fuera usufructuado únicamente por aquellos, que ahora felizmente reciben de manos del Estado lo que éste había concentrado para el beneficio de todos.

Por ello, si lo que realmente pretendía el actual gobierno es “volver al Estado que se planteó originalmente la revolución mexicana” (Salinas de Gortari, primer informe de Gobierno), estamos, entonces marchando en un sentido equivocado. Pues si bien es cierto que “un Estado que no atienda al pueblo por estar tan ocupado administrando empresas, no es justo ni es revolucionario” (Primer Informe de Gobierno), también es cierto que un Estado exento de la capacidad de intervenir directamente en la actividad productiva del país y a través de esta intervención, regular las fuerzas del mercado en función de las necesidades sociales y desarrollo económico del país, es un Estado que (al menos en un país como el nuestro) no podrá ser capaz de asegurar un desarrollo económico y social justo y equilibrado, pues será incapaz de controlar la anarquía producida por las fuerzas del mercado y la libre competencia que son una de las causas del deterioro de los niveles de bienestar de la población.

Como dice Miguel Ángel Granados Chapa “el Estado es un producto de la historia... alguna vez lo hubo y alguna vez no lo habrá... “pero aún”...no se ha acreditado suficientemente que las condiciones que hicieron del mexicano un Estado interventor hayan desaparecido” lo cual significa que en un país de bajo nivel de desarrollo como el nuestro, el Estado intervino en la economía no como una cuestión de moda (como algunos lo quieren hacer creer) sino un tanto como la respuesta interna a la oleada Keynesiana como afirman otros, pero principalmente para impulsar el desarrollo económico integral y equilibrado en general, que el empresariado nacional, iniciativa privada, burguesía o como se le quiera llamar no podía llevar a cabo pero también y principalmente para atenuar y vencer los rezagos que el desarrollo capitalista, típico de un país subdesarrollado iba creando. En ese sentido, y siguiendo a Granados Chapa diríamos que las condiciones que dieron origen al Estado interventor aún existen y por tanto éste debe seguir existiendo. Cierto, el Estado debía pasar por un proceso de reforma, orientando al país a la modernización permitir la apertura nacional a los mercados comerciales y financieros; la entrada de nuevas tecnologías redefiniendo para ello las relaciones de dependencia con el exterior en un marco selectivo de atracción de la inversión extranjera. Abrir la participación de la iniciativa privada y de intervenciones extranjeras a ciertas áreas donde es necesario. Es cierto, había que modernizar al Estado, eficientar sus empresas, abrir la competencia, desregular ciertas áreas, desarticular monopolios estatales.

Pero no; se optó por el camino de la “modernización revolucionaria” quedando claro ahora de acuerdo a los conceptos vertidos en el primer informe de gobierno, que tal modernización concebida por Salinas de Gortari significa adelgazamiento del Estado y por ende reprivatización, pues según su teoría el Estado será más justo cuanto menos propietario sea; más revolucionario cuanto menos administre; más nacionalista y popular cuanto menos tenga; más moderno cuanto más reducido; soberano y fuerte cuanto más reprivatizador; y más progresista cuanto menos estatista sea.