LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

REPRIVATIZACIÓN, QUIEBRA BANCARIA Y NACIONALIZACIÓN INMINENTE

06 de julio de 1995

Una de las grandes "proezas" del proyecto reprivatizador salinista fue, sin duda, la venta de los bancos comerciales en poder del Estado a inversionistas particulares.

Desde la nacionalización de la banca en 1982 hubo un clamor generalizado por parte de grandes grupos empresariales privados en el sentido de devolver los bancos a la iniciativa privada.

Clamor que se sustentaba en argumentos como que el gobierno era un mal administrador, que incurría en marcadas ineficiencias que provocaban un mal servicio, elevados costos de operación y la generación de obstáculos al adecuado funcionamiento de los mercados. A diez años de haber sido nacionalizados, los bancos volvieron a la iniciativa privada. Sin embargo, el proceso de venta demostró que lo que se decía en contra de la eficiencia del gobierno no era tan cierto. El gobierno vendió bancos muy productivos y obteniendo altos niveles de ganancia. Más, inclusive, que cuando eran privados. A partir de este momento, poco a poco se empezó a resentir el cambio en los bancos: la elevación del costo de los servicios, la discriminación a los pequeños ahorradores, las elevadas tasas de interés producto de los elevados costos de operación de esos bancos. Finalmente la crisis que se agudizaba desde principios de 1994 y el colapso de fines de ese mismo año demostraron que los empresarios privados no son, después de todo, tan buenos como ellos pregonaban, para administrar los bancos.

La insolvencia, la quiebra y la liquidación final de los bancos se volvieron una amenaza real y tangible que sólo ha podido ser evitada por quien fue vituperado como mal administrador: el gobierno mexicano.

Efectivamente a raíz de la crisis de solvencia que viven los bancos privados el gobierno mexicano se ha visto en la necesidad de canalizar recursos financieros para apoyar la precaria situación bancaria.

Según revelan datos de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Bancaria y de Valores, el gobierno del país ha otorgado apoyos a los bancos privados por cerca de 19,952 millones de nuevos pesos. Recursos sin los cuales los bancos hubieran quebrado.

Estos recursos se canalizaron a través del Programa de Capitalización Temporal (Procapte) y el Fondo Bancario de Protección al ahorro (Fobaproa). Instrumentos a través de los cuales, de hecho, el gobierno podría pasar a ser dueño de parte de las acciones de los bancos privados si estos no pudieran cumplir con estas obligaciones (como de hecho está sucediendo) y las convierta en acciones.

Lo significativo de las sumas que el gobierno ha aportado a los bancos radica en que representan el 51.75% del total de ingresos que el gobierno recibió por la venta de 18 bancos a empresarios privados. El total de dichos ingresos sumó 37,856.5 millones de pesos.

De aquí se derivan varias conclusiones:

Primero: Los empresarios privados no son, necesariamente, mejores administradores de bancos que el gobierno.

Segundo: En épocas de crisis, el gobierno es el único capaz de solventar una situación de quiebra del sistema bancario tal que no se ponga en riesgo la viabilidad del país.

Tercero: El que el gobierno haya invertido ya más del 50% de los ingresos por la venta de los bancos, la capitalización de estos puede interpretarse como que fue un error venderlos y que los bancos necesitan del gobierno para subsistir.

Cuarto: Los bancos (diez en total son los que han recibido estos apoyos) están pasando, prácticamente a manos del gobierno pues no se ve muy claro como estos podrán cumplir con el compromiso que significa reintegrar ese capital al gobierno que no sea con acciones de la empresa.

En el caso de la elevación de las tasas de interés de fines del año pasado que desbocó la presencia de las carteras vencidas y la pérdida del patrimonio de mucha gente y por ello la debacle empresarial y familiar.

En ese caso, como en éste de la inminente quiebra del sistema financiero nacional surgió como necesaria y casi como medida de justicia la necesidad de intervención del gobierno para salvar la situación.

Por desgracia en el primer caso, a pesar del clamor de la sociedad el gobierno pudo hacer poco porque no podía intervenir para aplicar justicia en un juego comercial injusto al que él dio legalidad.

Por fortuna para el país en el segundo caso sí pudo intervenir pues la catástrofe financiera que hubiera ocasionado la quiebra de los bancos hubiese acabado con lo poco que aún queda en pie en el país.

Si los bancos no se hubiesen reprivatizado tal vez no hubiera sucedido ninguno de ambos eventos. Y, por tanto, tampoco hubieran sido necesarias estas medidas de emergencia.

Las cosas no fueron así, pero vale la pena aprender de esta lección y reflexionar acerca de en manos de quién está más seguro el futuro del país en materia bancaria. Del Estado o de los empresarios privados.