LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

MODERNIZACIÓN, POBREZA Y JUSTICIA SOCIAL

1989

“A la Revolución Mexicana nada le es más ajeno, más contradictorio e incompatible que la modernidad friedmaniana. La Revolución nos enseñó a emocionarnos con las nacionalizaciones que despojaban a los explotadores y nos hablaba de Patria. La modernización es fría y calculadora, habla de eficiencia y productividad”.

Moisés Lozano.

Vivimos en una época de acelerados cambios políticos, económicos y sociales a nivel mundial. Los rumbos y las relaciones se definen y hay un acomodo de fuerzas sociales y políticas que sirven como sostén e impulso a las transformaciones económicas y que se derivan de ellas. Esa es la situación que prevalece en México. Y después de escuchar el informe presidencial en el que se ha dejado en claro el proyecto de nación que se ha impuesto modelar el actual gobierno, parece quedar claro que todos estos años hemos vivido en la premodernidad, situación propiciada por el tutelaje estatal sobre la sociedad y economía.

El nuevo proyecto de modernización es ciego e implacable, ha arrasado, arrasa, arrasará con todo lo que encuentre a su paso y lo obstaculice, sustentado en una política de crecimiento económico con estabilidad, cuyos puntales son el retiro del gobierno de las actividades productivas y de distribución de mercancías, mayor participación del empresariado privado y por lo tanto la prevalescencia de las fuerzas del mercado como mecanismo de asignación de los recursos, y una mayor inversión extranjera de la que se espera más de lo que se dice. El clásico modelo de los “Chicago Boys” que tan buenos resultados diera en Chile, único país latinoamericano que ha logrado obtener altas tasas de crecimiento económico en esta década gracias al asesoramiento directo del artífice del resurgimiento monetarista: Milton Friedman.

Es posible que Pinochet, Friedman y los empresarios chilenos estén felices por ello, no así el pueblo que ha sufrido la represión más amarga y violenta de las últimas décadas (por cierto, medida necesaria y extremo indispensable para aplicar esta política que tanto descontento social causa). Y que también ha visto agudizarse al máximo sus niveles de bienestar.

Esta cercana y brutal referencia histórica debe conducir a la discusión y replanteamiento del rumbo de la nación. O por lo menos mover a la reflexión en cuanto al compromiso histórico que se está adquiriendo, y las consecuencias funestas que puede desatar la falta de matices, en una política tan cuestionable y cuestionada; la falta de su aplicación, de una mayor racionalidad social; de una mayor medida que la vuelva oportuna en tiempo y espacio.

No se trata, en México, de crecer por crecer y eso bien que lo estamos haciendo, pues este año el incremento del PIB será, al menos, del 3% y se pronostica que el año próximo pueda llegar a 4%. Tampoco se trata (como lo señala en su editorial del lunes pasado el “Financiero”) de cobijarnos en el eficientismo sin sentido y carente de contenido social. Hay que encontrar el punto de equilibrio para hacer de la política modernizadora, que mueve al crecimiento; una política que conduzca también al desarrollo, entendido éste no como una meta en sí misma, sino como un proceso permanente de incorporación de las mayorías populares a los beneficios del crecimiento económico y de la producción de riqueza. Manteniendo vivo para ello el postulado nacionalista de la independencia económica y el principio revolucionario (como lo postula la declaración de principios del PRI., partido heredero y defensor, al menos teóricamente, de los principios básicos de la Revolución Mexicana) “de que ninguna de las clases sociales pueda oprimir a las demás ni sobreponerse a la nación”.

Entendiendo, también, este desarrollo como un proceso conducido por un “estado Nacional y Revolucionario... (cuya) función primordial consiste en procurar un bienestar creciente a toda la colectividad, velando por la eficiencia de sus derechos y protegidos por la Constitución” (texto de la Declaración de Principios del PRI.).

Es justo reconocer, como afirma Moisés Lozano (El Financiero 13-Nov-89) que la política gubernamental ha logrado avances, uno de ellos, innegable, el de incorporar a México dentro de la corriente de las grandes transformaciones mundiales, lo que a la larga será un beneficio para todos los mexicanos.

Lo que no es justo, ni honesto, ni congruente con la tradición revolucionaria es marginar a las grandes mayorías de la población de los beneficios del crecimiento económico del país. Y la política modernizadora, hasta ahora, no sólo no ha podido producir paralelamente crecimiento y desarrollo, sino que además ha agudizado el deterioro de las condiciones de vida material de las mayorías. El Presidente Salinas de Gortari está consciente de ello, y así lo hizo saber públicamente en días pasados cuando declaró:

“La política de crecimiento económico con estabilidad, superior a la dinámica demográfica, es un modelo insuficiente para alcanzar una distribución equitativa de la riqueza, pues se requiere, además, un combate decidido a la pobreza extrema y las desigualdades lacerantes” (El Financiero, 9-Nov-89).

En este sentido habrá que actuar rápidamente para evitar en lo social un mayor deterioro de los niveles de bienestar; en lo político, estallamientos del descontento de la población que necesariamente desembocaría en un enfrentamiento directo con la fuerza pública, y en lo económico, impulsar el crecimiento y desarrollo en todos los sectores para poder consolidar la base productiva de la nación que nos haga más productivos, eficientes e independientes. Para evitar lo que la experiencia chilena enseña. Hay que actuar rápidamente y redefinir, rediseñar una política modernizadora que, como dice Carlos Tello, gire en torno a una política social.

Si la política gubernamental de reducción de su tradicional participación en la economía, como uno de los medios para alcanzar la modernidad con justicia social, es acertada, la historia lo juzgará y muy pronto.

Pero el Gobierno debe estar consciente y reflexionar sobre el gran reto que significa reactivar la economía y transformar no sólo el desigual crecimiento económico, sino también las lacerantes desigualdades sociales. Pues hoy en el país el 80% de la riqueza está en manos de sólo el 15% de la población. El 20% de las familias más pobres reciben el 4.5% del ingreso nacional y el 20% de las más ricas concentran el 51%. El 20% de los mexicanos percibe menos de un salario mínimo. En México existen 0.77 camas de hospital por cada mil habitantes, esto es, ni siquiera una cama. De cada mil niños nacidos vivos, 42.6 mueren antes de cumplir un año. Actualmente el salario mínimo es, en términos reales, menor de un 50% al de 1978. El consumo de arroz per cápita cayó de 6.8 Kg. en 1981 a 3.7 Kg. en 1989.

El de frijol cayó de 18 Kg. promedio anual en el primer año de referencia a 3.7 Kg. en el último. En el mismo período consumo per cápita de maíz cayó de 203 Kg. a 167 Kg. promedio anual; la carne de bovino de 10.9 Kg. a 7.4 Kg., la de pescado de 18 a 8.4 Kg. la leche de 90 a 61 litros y el huevo de 14.5 a 9.6 Kg. (Datos publicados por El Financiero, 13-11-89).Todo lo anterior significa, en pocas palabras, extrema pobreza, desnutrición, inaccesibilidad a los niveles mínimos de subsistencia de la gran mayoría de la población. Y en el otro polo la concentración exagerada, desmedida de la riqueza y el ingreso. Equilibrar, eliminar desigualdades, sociales y económicas, son también parte muy importante del reto, y el compromiso del gobierno con la nación. Suya es la responsabilidad de las medidas que ha aplicado para conseguirlo. Suya la responsabilidad si el rumbo es un error.