LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chávez

Volver al índice

 

 

 

 

LA POLÍTICA SOCIAL. JUSTICIA SOCIAL Y EFICIENCIA ECONÓMICA

26 de noviembre de 1999

Al interior de un sistema capitalista basado en una estructura de clases y en la utilización privada del capital, la política social puede adquirir formas muy diferenciadas, ya que la naturaleza de las funciones que desempeña, su fundamento filosófico, su contenido político y su sustento teórico se encuentran determinados por el contenido del Estado (que es en donde aquélla se diseña y se aplica). Y este contenido está determinado por el arreglo político y social institucionalizado que sustenta al Estado y que a lo largo del presente siglo no ha sido único ni definitivo, sino temporal y variable.

La necesidad de modernización de los procesos de acumulación como fórmula para mantener la viabilidad del sistema y el carácter cada vez más participativo de la sociedad en la definición de las políticas del Estado, y la posibilidad de que los intereses de las clases y grupos sociales amenace la armonía social, han propiciado que el Estado se imponga dos tareas específicas para mantener vigente el sistema. Tareas que constituyen el contenido y la esencia de la política social:

a) generar condiciones de justicia social para la sociedad pactadas como parte del proyecto de nación derivado del Pacto de Dominación Social que sustenta al Estado.

b) propiciar y cuidar la eficiencia económica del sistema, creando y conservando oportunidades para la acumulación privada de capital.

Así, en primer término, el origen de la política social se ubica en la necesidad de institucionalizar e instrumentar, como política de Estado, un conjunto de acciones concretas que permitan el acceso, a amplios grupos sociales, a un conjunto de satisfactores básicos que les son inalcanzables por la vía del mercado, pero que les son fundamentales para su subsistencia, para su incorporación y su mantenimiento en el mercado de trabajo y en general en la actividad productiva, en la medida en que, las transformaciones del capitalismo provocan que sus capacidades laborales no pueden seguir sirviendo como la base de su subsistencia.

La política social es, entonces, el resultado histórico del reconocimiento y la incorporación del derecho social de los individuos al bienestar social como objetivo del proyecto nacional, en la medida que la justicia social ha sido incorporada dentro de los principios filosóficos del Estado moderno. Así, entonces, la política social se puede entender, como un mecanismo de tecnología social, entendida en el sentido que Popper propone, de herramienta que permite construir medios y formas para crear instituciones sociales (Popper. , Karl, La sociedad abierta y sus enemigos). Más particularmente puede concebírsele, como un programa político racional para la protección de los económicamente débiles (p. ej. restringir la explotación, reducir la jornada de trabajo, ofrecer seguridad contra la incapacidad, la desocupación y la vejez, etc.), y garantizar por ley un nivel de vida digno a todos. Es decir, invalidar cualquier forma de explotación basada en la debilidad económica de un individuo.

Así, la política social reparte incentivos a toda la sociedad, propicia la legitimidad (entendida como una actitud positiva y de apoyo al sistema y que supone un consenso activo) y promueve la armonía social, al tiempo que conduce a formas más avanzadas de convivencia social.

Pero, al mismo tiempo, la política social se entiende, también, como un mecanismo que busca garantizar la posibilidad de transformar la fuerza de trabajo en mercancía adecuada para el mercado de trabajo. Como una estrategia para incorporar a la fuerza de trabajo en una relación salarial, contribuyendo, de este modo, a la constitución de la clase trabajadora. Ello en la medida en que como afirma Claus Offe (Contradictions of the Welfare state) socialmente se requieren un conjunto de precondiciones para que los trabajadores asalariados actúen como tales. Porque para serlo sus condiciones de vida no son suficientes ya que requieren, que ciertas funciones de reproducción básicas como salud, educación, seguridad social, etc. sean cubiertas. Desde luego, este mecanismo se extiende tanto hacia los ya asalariados como a los no asalariados. De este modo puede asegurarse una regulación de las condiciones en que los trabajadores asalariados en particular y las masas populares en general participan o no en el mercado de trabajo.

En esta perspectiva, es necesario establecer que la funcionalidad y viabilidad de la política social, deriva de dos elementos de carácter contradictorio que la hacen posible:

a) De un lado, de los intereses y las necesidades de las clases populares que al convertirse en demandas orgánicas, se constituyen en una presión para el Estado.

b) De otro lado, del hecho de que éstas sean, al mismo tiempo, requisitos del proceso de valorización del capital y condición indispensable para la armonía social.

El hecho de que las primeras coincidan (más posiblemente en el largo que en el corto) con los intereses del capital y las necesidades de modernizar las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la acumulación de capital genera la posibilidad de que esas demandas se materialicen como parte de una estrategia de política social. En este sentido es necesario entender que la política social no constituye la burda y grosera forma de instrumento para salvaguardar la posibilidad de una explotación contínua y renovada de la fuerza de trabajo. Tampoco constituye una pura y simple forma de encuadramiento de las clases populares dentro de un esquema de búsqueda de legitimidad.

De este modo, la política social establece un conjunto de instituciones sociales y estatales y redistribuye recursos para evitar la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la concentración del ingreso y los rezagos sociales. Pero esto, al mismo tiempo, permite llevar a cabo un proceso de reducción de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo con un impacto positivo sobre los niveles de ganancia de las empresas capitalistas.