LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chávez

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ESTRATEGIA ECONÓMICA: NO PAGAR O EMPOBRECERNOS

1997

Ante la inminencia de una moratoria de pagos debido a la insolvencia de nuestro país y la fuerte oposición por parte del Congreso norteamericano para aprobar el plan de rescate financiero para México, el Presidente Clinton estructuró un nuevo paquete de rescate que a fin de cuentas solucionará en el corto plazo el problema de liquidez de nuestro país.

El Plan de rescate consiste en 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil serán aportados por el Fondo de Estabilización cambiaria del Departamento del Tesoro (lo que no requiere aprobación del Congreso), 17 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el resto aportado por el Banco Internacional de Pagos. Para México, a fin de cuentas, las consecuencias que traerá el disponer de esos recursos serán las mismas que con el plan de rescate fracasado. Es decir, de todos modos quedan comprometidas las ventas de petróleo para garantizar el monto que prestará Estados Unidos. Y habrá que establecer un Plan Económico aprobado por el FMI, que entre otras cosas exige un fuerte ajuste económico (más recesión) y profundizar la privatización de la economía nacional.

Desde luego, lo más grave es que dicho plan contará con la supervisión estricta del FMI y la Reserva Federal e implica mantener la continuidad de la política económica neoliberal que por cierto ya demostró ser un verdadero fracaso para solucionar los problemas de México.

Más que beneficiarnos, como país, el plan de rescate nos perjudica por varias razones: Primero incrementa los compromisos de deuda externa. Es un eufemismo decir que los recursos ofrecidos no constituyen deuda. Las líneas de crédito abiertas para el país son pasivos y no otra cosa. Segundo, la condicionalidad de mantener una política económica que privilegia el ajuste y agudiza la pobreza no traerá bienestar en varios años. Tercero, el país pierde capacidad de decisión en el manejo de su economía por el compromiso de rendir cuentas a un organismo financiero. Cuarto, a fin de cuentas a los únicos que beneficia el plan de rescate y la política económica que conlleva es a los grandes grupos económicos nacionales que han especulado con los recursos del país y desde luego a los inversionistas extranjeros poseedores de una buena cantidad de títulos de deuda mexicana. Quinto, los recursos financieros ofrecidos sólo podrán utilizarse para estabilizar el tipo de cambio y reestructurar deuda. No se podrán utilizar para hacer crecer la economía y entonces, ¿Cómo se va a pagar la enorme deuda que ya se tiene? Por no preguntar ¿De qué vamos a vivir?.

Es inconcebible que la crisis financiera estallara, lo es también que el gobierno haya dejado que se profundizara y lo es, aun más la solución que el propio gobierno le está dando. Veamos por qué:

La crisis financiera es producto de una excesiva colocación de títulos de deuda pública con los cuales el gobierno atrajo grandes cantidades de inversión extranjera. Recursos que principalmente se utilizaron para mantener la paridad cambiaria, es decir, evitar que se devaluara el peso y para cubrir el déficit en cuenta corriente. Esos recursos no sirvieron para darle fortaleza al crecimiento del país. El gobierno pensaba que manteniendo bajo control estas dos variables la inversión privada se encargaría de hacer el resto, es decir, propiciar el crecimiento económico, es obvio que no fue así. La estrategia implicaba un riesgo muy grande ya que esos capitales podían irse de un momento a otro como finalmente sucedió. Más sano (aunque no por ello sin consecuencias) hubiese sido apoyarse en la inversión extranjera productiva, de la cual sólo se obtuvieron reducidas cantidades. Para colmo, para darle seguridad a esa inversión especulativa había que mantener vigente la libertad de cambios, es decir la posibilidad de que en cualquier momento cualquier inversionista especulador pudiera tomar sus dólares e irse. Eso le costó al país una fuga de capitales de cerca de 25 mil millones de dólares. Ahí el otro error. Al darse la devaluación e incrementarse la especulación y la salida de capitales en lugar de frenar la fuga con un control de cambios lo que se hizo fue utilizar todos los recursos disponibles para que siguiera funcionando el mercado de divisas. Todos los especuladores pudieron cambiar sus pesos en dólares y llevárselos del país sin que nadie hiciera nada. El país se quedó sin divisas y el gobierno ni las manos metió. Pero, eso sí, los mercados de dinero no fueron objeto de control gubernamental, faltaba más. Se podría argumentar que un control de cambios desestimula la inversión y genera desconfianza, pero en las circunstancias en las que estamos en donde de todos modos los inversionistas estaban huyendo, qué más daba, había que salvar lo que aún quedaba. ¿En qué benefició al país su estricto apego a la política de libertad de cambios? En nada, sólo profundizó la crisis.

Para colmo la solución que se le da a la crisis financiera es completamente lesiva para la gran mayoría de la población nacional. Recibir créditos para pagar deudas a cambio de someter al país a un proceso de ajuste que sólo traerá más contracción económica y más pobreza es perder la perspectiva de lo que es hacerle bien a la nación. En realidad lo único que se obtiene es no perjudicar a quienes fueron los causantes de la crisis financiera: los especuladores a costa del perjuicio al resto de la población que pagará las consecuencias del ajuste económico.

Había otra salida. Primero, declarar una moratoria por un tiempo determinado, digamos dos años, para dar oportunidad para reorganizar la economía y volver a crecer. Segundo, declarar un control generalizado de cambios para evitar la fuga de capitales y administrar las divisas de manera tal que sólo se utilicen para prioridades nacionales tales como la producción. Impulsar la economía interna a partir de un incremento del gasto público que impulse la inversión pública y privada aunque se incurra en déficit presupuestario. El fin justifica ese medio y sólo sería una medida temporal. Detener el proceso de privatización y utilizar las empresas paraestatales para impulsar el crecimiento económico. Reorientar la política comercial a fin de favorecer a las empresas nacionales.

Medidas de esta naturaleza permitirían resolver la crisis sin pasar por un proceso de contracción de la economía que nos empobrecerá más. Resolverían la crisis sin comprometer al país a verse controlado por organismos internacionales o por otros países y sobre todo resolverían la crisis sin profundizar las desigualdades sociales y la pobreza, aunque, eso sí, los inversionistas especuladores no estarían muy contentos, ni tampoco el FMI y Estados Unidos. Pero en última instancia ¿Con quién es el compromiso del gobierno mexicano, con los mexicanos o con los extranjeros? ¿Con las clases más desfavorecidas o con los grandes capitalistas que sólo han sacado provecho para ellos del país?.

Se podría argumentar en contra de una solución como la planteada que crearía inestabilidad y desestimularía la inversión. La verdad es que esto podría suceder si viniéramos de una situación de estabilidad, pero en las actuales condiciones ya nadie se puede asustar más y los inversionistas tendrían un campo seguro de inversiones productivas.

El gobierno necesita volver los ojos hacia los mexicanos. El Estado mexicano es un instrumento político no un consejo de administración. No es posible seguir manejando al país como si fuera una empresa. Antes de cumplir con los compromisos de fuera hay que cumplir el compromiso con los mexicanos a los que se les ha postergado por muchos años el ansiado bienestar social. Un proyecto más nacionalista es lo que urge. Un proyecto que recupere México para los mexicanos.