LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

EQUILIBRIO FINANCIERO VS. DESARROLLO NACIONAL

11 de julio de 1996

Uno de los cambios más trascendentales en materia de política económica que ha traído como consecuencia el cambio de modelo económico y la concepción teórica que lo sustenta es la forma de uso, manejo y fines del gasto público.

Hasta 1982, el gasto público fue utilizado como uno de los instrumentos más importantes del crecimiento económico. A partir de ese año y más en particular a partir de la llegada del expresidente Salinas al poder, la política económica va a girar en torno al aforismo monetarista de que los déficits presupuestales en los que había incurrido el gobierno propiciaban agudos problemas de inflación e impedían el sano crecimiento económico.

Bajo esa premisa el gobierno salinista se dio a la tarea de establecer como objetivo de gobierno el equilibrio de las finanzas públicas, como factor necesario para reducir las tasas de inflación y reactivar el crecimiento económico. Esto efectivamente se logró a mediados del sexenio salinista. En 1988 el gobierno mostró un déficit del 10.9% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), frente a una tasa de inflación del 51.6%, un crecimiento del PIB del 1.2% anual y una tasa de interés bancaria del 68.54%.

Para 1992, no sólo se había logrado el equilibrio financiero. Además se logró un superávit presupuestal del 1.6% como proporción del PIB. Por primera vez en muchos años el gobierno lograba hacer mayores sus ingresos que sus gastos. Para ese mismo año, la tasa de inflación descendió al 11.9% y la tasa de interés a 15.66%. Parecía que el modelo daba resultado. Sobre todo porque se obtuvo un crecimiento anual del PIB del 2.8%. Es importante decir, aquí, que dicho superávit en las finanzas públicas fue producto, en amplia medida, de los ingresos extraordinarios que recibió el gobierno por la venta de múltiples empresas públicas, por el terrorismo fiscal aplicado por Pedro Aspe, y por el dramático recorte en el gasto público que se reflejó en la cancelación de programas de atención a la pobreza y a la generación de empleos.

En 1993, el superávit se redujo a un 0.7%, pero la inflación se logró reducir a un 8%, mientras que el crecimiento económico cayó a sólo un 0.6% anual.

Los reveses llegaron con el nuevo gobierno Zedillista. A pesar de que en 1995 se mantuvo la misma disciplina presupuestal y se logró un superávit del 0.1%, la inflación se disparó a un 52% anual, las tasas de interés se elevaron a un 48.66% promedio anual y el PIB mostró una brutal caída del 6.9% anual.

El esquema mostraba un fracaso rotundo y una profunda contradicción, porque a pesar de no incurrir en déficit presupuestal, la inflación se elevó por encima del nivel que alcanzó en 1988, cuando sí había déficit y era muy alto (-10.9%). La teoría se desmoronaba. El diagnostico fridmaniano de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario ocasionado por el déficit presupuestal, no tenía cabida ya en nuestra realidad.

Para colmo a pesar del superávit público, la economía mostró la contracción más profunda de, por lo menos, los últimos sesenta años.

Para 1996 se prevé que no habrá déficit fiscal. Es decir, nuevamente el gobierno equilibrará las finanzas públicas. Pero en términos de los objetivos a los que se supone obedece esta estrategia, habrá poca congruencia. La tasa de inflación llegará a, por lo menos, el 30% anual, mientras que la economía mostrará, quizá, un ligero repunte, que no permitirá resarcir el crecimiento perdido el año pasado.

¿Será verdad lo que nos dicen nuestros gobernantes respecto al necesario equilibrio de las finanzas públicas? ¿Será verdad que es más benéfico para la economía que el gobierno no gaste, aunque ello signifique más pobreza y menos empleo. ¿Será verdad que vale la pena el sacrificio porque ello sirve finalmente para darle estabilidad a los precios y crecimiento a la economía? ¿Es realmente estabilidad de precios y crecimiento lo que tenemos hoy? ¿Ha valido la pena el sacrificio?.

Es importante aclarar que la necesidad de no incurrir en déficits presupuestales por parte del gobierno mexicano es una exigencia que le ha impuesto el Fondo Monetario Internacional para seguirlo financiando con créditos y para darle su aval en la contratación de créditos con otros países. Es también una exigencia que le impuso el Tesoro de los Estados Unidos como condición para otorgarle el crédito de casi 50,000 millones de dólares que sirvió para hacer frente a la crisis derivada del fatídico “error de diciembre”. Pero, también es, asómbrese, una necesidad para seguir con el programa de apoyo a la banca comercial. Esto último significa que el gobierno se cuida de gastar en exceso para tener los recursos necesarios para poder salvar de la bancarrota a la banca.

Si funciona o no como instrumento para controlar la inflación o propiciar el crecimiento económico es algo que ya no es decisorio por el momento. Lo importante es cumplir con el compromiso con el exterior y crear una imagen de estabilidad para atraer capitales del exterior.

No importa si el superávit fiscal se logra propiciando más recesión económica, más desempleo y más pobreza. Y el hecho de que tengamos un gobierno rico (sin esos preocupantes déficits) y un país pobre, no habla de otra cosa sino del hecho de que los objetivos del gobierno han dejado de corresponderse con los objetivos de la sociedad. Y eso puede considerarse un verdadero riesgo nacional en términos de estabilidad política y en términos de viabilidad del propio Estado. Casi un siglo después del gran cisma revolucionario, aún no podemos superar el dilema de nuestro desarrollo y, al mismo tiempo, el fantasma de la revolución vuelve a rondar al país.