LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

EL PROYECTO MODERNIZADOR Y LOS REZAGOS SOCIALES

1989

Vivimos actualmente la transición a una nueva realidad económica, política y social. El programa de gobierno del Presidente de la República lo ha establecido como propósito claro, definido e irreversible.

Las formas y la orientación que se le dan a la economía y los mecanismos utilizados para ello surgieron de entre una gama muy diversa de posturas ideológicas y teorías económicas existentes. De entre ellas se impuso y consolida la concepción del mercado y la actividad empresarial como eje de definición de la estructura y los procesos económicos y cuya contraparte es el retiro del Estado de las actividades productivas como condición de apertura de espacios a la iniciativa privada, y parte esencial del marco conceptual, que plantea la existencia de un Estado diferente. Las bases del proyecto de nación anterior, eran obviamente, diferentes. Partían del hecho de que la concurrencia libre de las fuerzas del mercado en la economía no aseguraban la adecuada y racional asignación de los recursos de acuerdo a las necesidades básicas de la propia economía; y producían una anarquía tal que propiciaba distorsiones en el desarrollo económico del país y mal funcionamiento; mientras que su propia dinámica posibilitaba la concentración de la riqueza y el ingreso nacional en unas cuantas manos en tanto que generaba pobreza y miseria en las grandes mayorías de la población, las cuales se veían, de esta forma apartadas de los beneficios del desarrollo económico. Surge, así, la necesidad de la intervención del Estado en la economía para regular la asignación de recursos, evitar la anarquía del mercado y propiciar que la propia dinámica de este esquema incorporara a las mayorías de la población a los beneficios de la producción de riqueza, no sólo a través de políticas redistributivas del ingreso, sino principalmente mediante la creciente participación de esta población en los procesos económicos.

El hecho de que estos objetivos se hayan cumplido sólo en parte o de plano no se hayan alcanzado, fue consecuencia de la orientación que se le dio al Estado como promotor no del desarrollo económico, sino del crecimiento económico (como ya se ha comentado en este mismo espacio).

Por ello es que resultaba ya necesario redefinir la orientación del Estado y replantear sus objetivos, en base a una visión revolucionaria, lo cual exigía, devolverle su carácter de promotor del desarrollo económico y la justicia social que creara las condiciones necesarias para la integración justa y equilibrada de los más necesitados a la actividad económica y con ello lograr destruir los rezagos económicos y sociales.

Sin embargo, la redefinición se ha planteado en sentido inverso y al volver a la prevalecencia y dominio total de la “economía del mercado” (a pesar de la regulación o intervención que pueda tener el Estado será escasa y limitada) nos llevará a vivir las consecuencias que un modelo de este tipo conlleva y que ya fueron explicadas anteriormente.

Consciente quizá de que este nuevo patrón de acumulación, no creará las condiciones necesarias para erradicar los rezagos sociales, por ser exclusivista y excluyente, o quizá porque aunque creyendo que sí lo hará, es necesario atacar a fondo y de inmediato la pobreza extrema de cientos de niveles de mexicanos, el Presidente de la República ha creado, impulsado y puesto en práctica el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) al que, incluso, el próximo año, se le duplicarán los recursos para su operación.

Sin embargo es notorio que el PRONASOL, es un programa paralelo al proyecto de modernización y no una parte integrante y articulada del mismo, de otra forma, sus acciones estarían ligadas coherentemente y convergerían a la consecución de un objetivo común. Sin embargo no sólo están ligados, sino que además son divergentes, en tanto que mientras el proyecto global de modernización crea y creará más pobreza, el PRONASOL, trata y tratará de erradicarla pero casi en un plan de dar limosna pues no existen acciones concretas en el programa de gobierno para detener el avance de la pobreza, pues él, en sí mismo la produce y regenera.

Así, resulta claro entender por qué Carlos Tello, Presidente del Consejo Consultivo del PRONASOL, afirmó que hay un claro divorcio entre la política general de gobierno y los programas sociales, pues la primera con todo y su racionalidad y eficiencia excluye a las grandes mayorías de la dinámica económica, y de sus beneficios, ya que no incluye el establecimiento de las bases para que estas construyan su propio futuro, lo que evitaría en el largo plazo no más programas sociales paralelos.

Pues generalmente la subsidiariedad del Estado nace de la necesidad de cubrir las necesidades y carencias de las masas empobrecidas a través de subsidios y transferencias de recursos. Masas empobrecidas que son producto de la dinámica del proyecto exclusivista y excluyente. Así pues, para acabar con el paternalismo, tutelaje y subsidiariedad hay que dejar de producir pobres, es decir establecer un proyecto de desarrollo que evite y cancele las desigualdades económicas y sociales. De otra forma se crea un círculo vicioso imposible de desarticular.

El bienestar social de la población no puede ni debe depender de la bondad del gobierno o de la buena voluntad del Presidente o Gobernador. Es un derecho consagrado en la Constitución, que fue ganada a fuerza de sangre, dolor y llanto de los cientos de miles de mexicanos que murieron con la esperanza, con el deseo de una vida mejor.

Como principio revolucionario, y derecho constitucional el bienestar social es por tanto una obligación del Estado, un compromiso para con la sociedad, no sólo ético y humano sino primordialmente legal, y por tanto debe ser el objetivo primordial de la política económica del gobierno, y no una meta más de uno de los tantos programas sociales del gobierno. No ser una concesión que se da cuando se pueda sino la razón misma de la existencia del Estado.