LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

EL PECE ¿UN COMPÁS DE ESPERA?

1989

Hace unos días se dio a conocer la nueva concentración del llamado Pacto para la Estabilidad y Crecimiento, que viene operando desde fines del año pasado como una continuación del Pacto de Solidaridad Económico. Dicha concentración tendrá una vigencia del 1 de agosto de este año hasta el 31 de marzo del próximo año. Lo cual es una garantía de ocho meses más de un plan recesivo que ha logrado abatir la inflación, pero que de ningún modo logra sentar las bases para el arranque del crecimiento económico. Por el contrario, para lograr la desaceleración del ritmo de incremento de los precios ha usado como mecanismo básico la concentración de la actividad económica.

El PSE duró un año y logró abatir la tasa de inflación anual al 60%; el PECE lleva siete meses de vida y ya redujo dicha tasa al 18% anual. En este período (un año siete meses) los precios se incrementaron en un 70%, mientras que las percepciones salariales tuvieron un ascenso de tan sólo 46%, por lo que la caída del poder adquisitivo del salario se calcula en 20% durante ese período. Pero ese no ha sido el único costo de los Pactos. La producción industrial y agrícola no logran repuntes de consideración, ni recuperar el antiguo dinamismo con el que operaban antes de que la crisis se nos viniera encima. Como prueba de ello la miseria que azota al agro mexicano, la necesidad cada vez mayor de importar más alimentos, las declaraciones de la Secretaría de Agricultura respecto a que hemos perdido la senda de la autosuficiencia alimentaria. Como prueba la caída de las ventas en todos los comercios, las declaraciones de los líderes industriales respecto a que la industria mediana y pequeña opera en la actualidad al 50% de su capacidad instalada y este estrato conforma el 95% de la planta productiva nacional y es el que mayor desempleo ha producido.

¿Por qué extender el Pacto por ocho meses más, si es evidente que ya los precios de algunos productos requieren ajuste?., ¿si ya es evidente la descapitalización que sufre el gobierno mexicano por mantener la “disciplina presupuestal” y le es urgente incrementar los precios de los bienes y servicios que produce?., tan es así, que por no tener recursos, cada día se endeuda más a través de la colocación del CETES. ¿Por qué alargar más el sacrificio de los trabajadores si ya es evidente que se requiere un fuerte incremento en el salario para elevar el nivel de bienestar de la población? La respuesta parece estar en la renegociación que se busca de la deuda externa. El gobierno confía en que la liberación de recursos y los nuevos recursos frescos permitirán, una vez vencida la inflación, recuperar el crecimiento. Pero como aún no hay ningún acuerdo con la banca acreedora y esta negociación se prolongará hasta el próximo año, según se ven las cosas se vuelven a atar las variables económicas para que, en este ambiente recesivo, la inflación no se dispare.

Lo cierto es que las propias autoridades financieras del país se han tendido una trampa de la cual ahora no pueden escapar, pues la recesión ha inhibido la inversión productiva, estimulando la especulación financiera. Deuda y renegociación aparte, existen otras alternativas para volver a crecer, pero, para ello habrá que reactivar la demanda en el mercado interno, pues nadie invierte donde no hay demanda, e inducir a esas grandes fortunas amasadas a base de especulación financiera a invertir productivamente, no sólo a través de incentivos a la producción, sino también a través de la cancelación de la posibilidad de seguir obteniendo millonarias ganancias a costa de dicha especulación. Y evitando que los capitales huyan dolarizados al exterior. El problema de la falta de inversión en el país, más que un problema de incertidumbre, parece ser un problema de toma de posiciones para configurar una nueva correlación de fuerzas favorable a los empresarios.

Durante décadas, el motor del crecimiento económico fue el gasto público, no sólo a través de las inversiones productivas directas, sino también por su política de subsidios a través de los cuales, muchas empresas se convirtieron en verdaderos emporios económicos. A la fecha, presionado tanto interna como externamente y convencido por sí mismo de ser el causante de la inflación, el gobierno se puso una camisa de fuerza y decidió ceder la responsabilidad del crecimiento económico a la iniciativa privada, la que en siete años de desincorporación del Estado de la actividad económica no ha logrado absolutamente nada para el país, pero sí para sí mismo.

El problema no es, insisto y repito, que la iniciativa privada sea perniciosa en sí misma, sino que, sin el control gubernamental, como es lógico monopoliza y desvirtúa el precepto aquél del bien público a través del interés privado.

El pacto renovado incluye compromisos de no aumentar precios y tarifas del Estado, lo cual comienza a convertirse en una fuerte presión sobre las finanzas públicas, en la medida que significa una caída de sus ingresos en términos reales. No incrementar precios por parte de los empresarios, proporcionando un abasto suficiente y oportuno, aunque ya comienza a ser evidente el desabasto en ciertos productos. Deslizamiento de un peso diario en el tipo de cambio, lo que ya hace sospechar la búsqueda de una subvaluación del peso para favorecer a los exportadores, toda vez que la inflación interna ha sido reducida lo suficiente como para disminuir el ritmo devaluatorio. Compromiso que además se ve muy difícil de cumplir, dada la libertad cambiaria existente y el agotamiento de las reservas internacionales, lo que se ha convertido ya en una amenaza sobre el tipo de cambio, de no haber una pronta corrección en la disponibilidad o en la existencia de dichas divisas.

El salario mínimo no aumentará, salvo en los casos de revisión de contratos colectivos de trabajo, mientras que los precios de garantía para los bienes agrícolas sólo podrán aumentar al ritmo que lo haga la inflación, sin tomar en cuenta su grave deterioro en los últimos años. Con ello, se recrudecerá la efervescencia social, provocada por el descontento ante un programa de gobierno que ha golpeado en demasía a las grandes mayorías de la población.

Total que, a pesar del argumento, oficialmente manejado de que la nueva concentración del Pacto daría certidumbre a la economía, lo cierto es que éste es más bien el producto y el reflejo a la incertidumbre que impera en el país; es un compás de espera ante lo incierto de la renegociación de la deuda y por lo tanto produce incertidumbre. Es además una lucha por la toma de posiciones, es la certidumbre de lo incierto.