LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

CRISIS AGRÍCOLA: ¿FIN DEL EJIDO?

1990

Los últimos años transcurridos han configurado en nuestro país, una etapa de amplio deterioro productivo y de la calidad de vida en la agricultura. El fruto triste de estos años ha sido una caída vertical de los volúmenes de producción y un empobrecimiento generalizado de los campesinos.

En 1989 el sector agropecuario registró una caída del 1.1% en tanto que otros sectores con mejor suerte tuvieron importantes incrementos. Ello se observa en el volumen de producción de básicos que cayó de 23,188 toneladas en 1980 a 21,000 en 1989. Un fuerte retroceso cuya gravedad se profundiza por el hecho de que la población nacional creció anualmente en aproximadamente 2 millones de habitantes. Lo que ha conducido a una crítica situación en donde la disponibilidad per cápita anual de productos agrícolas básicos se sitúa en 384 kgs.; inferior en un 22.5 % a la de 1980 que era de 489 kgs. Lo que quiere decir, en otras palabras que nuestro país cuenta actualmente con una cantidad de básicos inferior o casi igual a la de hace 10 años; tiempo en que la población creció aproximadamente en 19 millones de personas.

El efecto inmediato de esta menor disponibilidad de alimentos ha sido el crecimiento amplio y continuo de las importaciones, que pasaron de un nivel de 3 986 toneladas en 1986 a 9 500 en 1989. (Lo que representó una erogación superior a los 3 mil millones de dólares).

Incremento, con el cual sin embargo, no fue posible satisfacer las necesidades de alimentación de una creciente población. Y desde luego, la consecuencia lógica de ello ha sido, la creciente dependencia alimentaria con el exterior y una mayor erogación de divisas que ha significado orientar recursos a la compra de productos que el país no sólo es capaz de producir en grandes cantidades sino en los que, además, históricamente ha sido un importante exportador.

Las razones coyunturales de esta grave situación son: la vertical caída de los precios de garantía de estos productos, como el del maíz que en términos reales disminuyó un 45% de 1980 a la fecha, el trigo 42% , el del frijol 50% y el del sorgo 29% lo que ha desestimulado su producción comercial dado que el precio que se paga al productor no alcanza a cubrir sus costos de producción, los que por otro lado, son cada vez mayores.

De igual forma, la reducción de los apoyos institucionales a los productores agrícolas, repercutió durante los niveles de producción en tanto que, aquellos no contaron ya con los recursos necesarios para volver a sembrar sus tierras en la misma medida o con la misma calidad. Aunándosele a ello el creciente encarecimiento de los insumos para la producción.

Sin embargo, sobre estas razones coyunturales hay causas estructurales de mucho mayor peso que pueden considerarse como las verdaderas razones de fondo de la gran crisis agrícola.

Principalmente es necesario mencionar que la situación en la que se encuentran los principales productores de básicos (ejidatarios y pequeños propietarios) es totalmente desfavorable. Según la SPP tres cuartas partes de los ejidos del país, esto es 78 millones de hectáreas (de un total de 104 millones que conforman la llamada propiedad social detentada por 3.4 millones de ejidatarios) se localizan en terrenos pastosos , de agostadero o de bosques que no son aptos para la agricultura, lo que explica la imposibilidad de los campesinos para elevar o mantener sus niveles de producción.

La misma fuente indica que existen 28 mil propiedades ejidales y comunales de las cuales el 60% se dedica a la producción de maíz., pero de las cuales 15 mil, o sea, el 53% no reciben asistencia técnica, y 11 mil, es decir 39% no reciben crédito institucional.

Ante este escenario resulta irónico exigir productividad y eficiencia al ejidatario que en la mayoría de los casos apenas si produce para su propio consumo. Como también resulta absurdo reclamar la privatización del ejido por considerarlo ineficiente, cuando no sólo no se le da el apoyo adecuado sino además se le deja a merced de los intermediarios voraces y una burocracia agrícola que durante años se ha enriquecido gracias a sus corruptelas.

Sin embargo lo más importante y que de alguna manera ha hecho desembocar en la situación antes descrita es el hecho de que el modelo productivo en base al cual se pudo dar la amplia expansión industrial-urbano y del cual el ejido es parte fundamental, se ha agotado.

Efectivamente, el ejido no funciona ya más como elemento de transferencia de valor.

Durante muchos años el ejido fue el sostén para el desarrollo urbano dado que producía insumos y alimentos para las ciudades a bajo costo, lo que permitió una acelerada acumulación de capital en la industrial, vía mano de obra y materias primas baratas.

Mientras que los apoyos a la producción ejidal no se daban en la magnitud requerida, en tanto sí se apoyaba el desarrollo de la gran empresa agrícola, que además se benefició durante mucho tiempo con la política de precios de garantía que estaban muy por encima de sus costos de producción. Y se nutría de la mano de obra ejidal que al no conseguir un ingreso adecuado con la explotación de su parcela se veía obligada a emplearse en las empresas agrícolas a un precio ínfimo.

Aunado a ello, la explosión demográfica en el medio rural obligó a la repartición de la tierra en la medida que el reparto agrario fue detenido, en tanto se configuraba un neolatifundismo ganadero y de agricultura para la exportación, que fue privilegiado con obras de infraestructura y apoyos crediticios y solapada por autoridades ligadas al sector .

Hecho que por un lado generó una amplia atomización ejidal que derivó en el minifundismo, que por sus propias características, al generalizarse, causó baja producción, desempleo y pobreza. Y por otro lado se consolidó la gran propiedad privada simulada o abiertamente constituida mediante las argucias que permite la producción ganadera. Grandes propiedades que se destinan a la producción de cultivos altamente rentables, principalmente de exportación dejando a los pequeños propietarios ejidales o privados la carga de alimentar al país.

Como es lógico, en un esquema en donde no hay reflujo de recursos para apoyar la producción de aquellos bienes que generan utilidades, termina por quebrarse una vez que se agotan todas las posibilidades materiales para mantenerlo en funcionamiento.

Por ello, si bien es cierto que es necesario apoyar la reconstitución del ejido, también es cierto que ya no es posible hacerlo bajo las mismas bases en que éste se encuentra funcionando. Una profundización en el reparto agrario en las actuales condiciones no haría sino agudizar el minifundismo y con ello la pobreza campesina.

Pero la solución tampoco es la privatización de ejido, en tanto ello sólo aceleraría el proceso de acaparamiento de tierras ya que los campesinos venderían su parcela; pues cambiar el régimen de propiedad no la hará más productiva. Y ello conduciría a deteriorar aún más productiva. Y ello conduciría a deteriorar aún más sus niveles de vida.

Si hablamos de modernización agrícola, debemos hablar, de la reconstitución del ejido, no sólo ampliando el reparto agrario sino también reorganizando la producción de manera tal que el ejido se convierta realmente en una unidad colectiva de producción lo que elevaría no sólo los niveles de productividad y producción sino que además haría mas fácil hacer llegar los apoyos técnicos y financieros por parte de las instituciones responsables. Y asimismo, que éstas recuperen los recursos invertidos.

El ejido es más que un mito colectivo. Es producto de la historia nacional, conquista revolucionaria y elemento de justicia social. Lo que no implica que no sea susceptible de ser sujeto a cambios y adecuaciones que lo hagan viable nuevamente, no sólo como factor de reivindicación social sino también como palanca de desarrollo productivo.

Pero su origen y su esencia sí impiden que sea sujeto de privatización. Porque no podemos olvidar la historia y cerrar los ojos a las consecuencias de un acto de esa naturaleza en aras de la irrefrenable modernización.