ANUARIO DE ENSAYOS DE SUCESOS POL?TICO-ECON?MICOS EN M?XICO Y SU REGI?N CENTRO

ENSAYO XXII. Golondrinas en los alambres

(Espionaje y represión)

En marzo, escribí que: el viernes 9, el gobierno de Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas que facultan a la PGR a realizar detenciones, allanamientos de morada, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin la autorización previa de un juez para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados con el crimen organizado.

¿De qué modo afectaría su vida personal, familiar, y su empleo o negocio, si el gobierno federal espía sus llamadas telefónicas, inclusive las del celular, y sus correos electrónicos? El pretexto es combatir la narcodelincuencia. ¿Realmente va a sentirse más seguro? Con el grado de corrupción que existe en las corporaciones policiacas, ¿qué podemos esperar? ¿Usarán el espionaje para darnos mayor protección o será un arma para hacernos víctimas de extorsiones, robos y secuestros? La compañía estadunidense Verint Systems, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario Los Angeles Times, confirmado por oficiales del propio gobierno ha sido contratada por México para montar un sistema de interceptación de comunicaciones que le permitirá espiar nuestros teléfonos y buzones electrónicos sin orden judicial y sin nuestro consentimiento. Los fondos fueron aportados por el gobierno de Estados Unidos, unos 3 millones de dólares, a condición de que las autoridades de nuestro país compartan la información. Un antecedente: la organización Reporteros sin Fronteras denunció que Verint Systems vendió equipos a los servicios secretos de un país asiático para interceptar las comunicaciones por teléfono móvil. Se suponía que era para combatir el crimen, pero fue usado para perseguir a los opositores del régimen.

El diario reveló que el sistema permitirá a las autoridades mexicanas seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan “e incluye una gran capacidad de almacenamiento que hará posible identificar a los usuarios mediante su voz”.

El uso de equipo de espionaje puede formar parte de una estrategia de represión del gobierno mexicano, ya anticipada con la propuesta de reformas legales, que se discute en el Congreso.

Esta situación plantea un doble peligro: la posible limitación de las libertades civiles y la violación a la soberanía nacional.

Por otro lado, el ejército, con Felipe Calderón ha aumentado su participación en asuntos correspondientes a la policía preventiva, como lo demuestran los retenes militares que se han instalado en varios puntos del país. En estos retenes, los soldados detienen vehículos en las calles y carreteras, revisan al mínimo detalle su interior y sus pasajeros no se salvan de examen, incluso, está siendo justificado con promociónales en televisión, donde una niña regala su muñeca a un soldado.

Pero en su aplicación, los militares violan, impunemente, el artículo 16 de la Constitución vigente que, a la letra, dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento”.

Esto es anticonstitucional. El Ejército está violando la Constitución, y esto no debe permitirse. Y, cuando alguien reclama sus derechos recibe amenazas, malos tratos y mayor dilación en las revisiones. La impotencia ciudadana contra la prepotencia militar y policiaca, como si el país estuviera en Estado de sitio.

¿Por qué ocurre esto? Porque nadie los llama a cuentas y, para colmo, hay ciudadanos que aplauden las medidas anticonstitucionales porque tienen miedo y piensan, ilusamente, que los policías y los militares son ángeles con uniforme. Estos ciudadanos, de clase media para arriba, están dispuestos a perder sus garantías individuales consagradas en el Capítulo I de la Constitución con tal de sentirse seguros, según ellos.

Hay un fenómeno curioso, se revisa a la gente de apariencia humilde, no a quienes llegan en automóvil de lujo. En los retenes policiacos se detiene a los vehículos viejos y en malas condiciones, no a los de lujo. Lo he visto. Hay, pues, discriminación, además de que el supuesto, es que los pobres son, por definición y mientras no demuestren lo contrario, delincuentes, reales o potenciales. Esto es aberrante, pero así ocurre y miles de personas podrían confirmarlo.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se sumó al clamor contra el uso de las fuerzas armadas en labores que corresponden a instituciones civiles de seguridad pública y exhortó a Calderón, a que fortalezca las corporaciones policiales en materias de investigación, prevención y protección, “a fin de evitar el despliegue del Ejército en tareas civiles de seguridad pública”. Llamados similares formularon la sección mexicana de Amnistía Internacional, y destacó que la participación de los militares en tareas propias de la policía implica el riesgo “de que resulte en graves violaciones a los derechos humanos”, y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, reiteró que el empleo de las instituciones castrenses en el combate a la delincuencia organizada, “se ha convertido en regla”.

Los operativos, concebidos para el lucimiento de Calderón, han servido, para que las organizaciones delictivas muestren su poder de corrupción y de fuego. En vez de que las movilizaciones lleven seguridad y tranquilidad a las regiones en las que tienen lugar, han agudizado la violencia y la zozobra. Los empeños oficiales por hacer respetar la ley por medio de la fuerza bruta han derivado en violaciones a los derechos humanos, los cuales, también forman parte del marco legal. Y se está exponiendo a las fuerzas armadas a la animadversión popular y a la infiltración y al soborno de los grupos criminales.

Frente a este riesgo, el Congreso está ante la obligación de revisar profundamente el sistema propuesto y definir medidas de protección a las libertades civiles en las reformas judiciales para evitar excesos e injerencias foráneas.