LAS FINANZAS P?BLICAS EN M?XICO. 1988-2006

REFORMA FISCAL SIN CONTENIDO SOCIAL

23 de abril de 2001

La reforma fiscal propuesta por el Presidente Fox expresa una profunda carencia de contenido social, porque no posee capacidad redistributiva, en virtud de que, para la gran mayoría de los mexicanos, será negativo el saldo entre el pago adicional de impuestos que tendrá que hacer y lo que recibirá derivado de los ingresos adicionales. En este sentido, se puede afirmar que dicha reforma es un atentado al nivel de bienestar de la sociedad, tanto por lo mucho que le quitará, como por lo poco que recibirá de ella.

Y es que la reforma tiene un claro tinte recaudatorio. La recesión económica de Estados Unidos ha creado una situación de emergencia fiscal en México, porque genera un impacto contraccionista en nuestra economía, que provocará una reducción de los ingresos tributarios, que dependen, básicamente, de la producción y del consumo, dos variables que se verán seriamente afectadas. Por esto, el gobierno requiere, urgentemente, generar ingresos adicionales que permitan compensar la disminución de la recaudación que resultará de una actividad económica reducida. Complica más la situación, el hecho de que este año, el gobierno se enfrenta a necesidades financieras apremiantes. El déficit fiscal, que en un principio se dijo que sería del 0.5% del PIB, en realidad será de un monto cercano al 3%, según información que dio a conocer la propia Secretaría de Hacienda. Bajo estas circunstancias, resulta evidente que los ingresos adicionales no se utilizarán para atender necesidades sociales, tal como se ha publicitado ampliamente.

Lo más grave de todo es que, aún si estos recursos fueran utilizados para atender necesidades sociales, su impacto sería muy reducido, porque en México ya no existe un Estado Social que respalde las acciones sociales del gobierno. Es decir, no existe actualmente un esquema jurídico político que opere con objetivos de crear y expandir los derechos sociales para las grandes mayorías de la población. El Estado Social fue desmantelado por los últimos tres gobiernos priístas y con ello el gobierno renunció, no sólo a cumplir objetivos sociales, también renunció a mantener vigentes las instituciones y los programas que se lo permitían, perdiendo, su capacidad para incidir de modo eficiente en el bienestar de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, eliminó los objetivos sociales de la política económica y condenó al gasto social a una tarea exclusiva de procuración de subsistencia.

Con el Estado social, la política social era parte de la política económica y tenía como objetivo la expansión permanente de los derechos sociales de la sociedad, a través del mejoramiento de las remuneraciones y el consumo popular mediante subsidios, un amplio sistema de abasto popular y un sistema de precios controlados. De este modo, el gasto social servía propiamente para el desarrollo social es decir, para impulsar el mejoramiento permanente del bienestar, porque derivaba de una política económica que permitía ese mejoramiento y que, además, estaba generalizada, es decir, alcanzaba a múltiples capas de la población.

Ya no hay más de eso. Hoy el gasto social no sirve para mejorar sino para evitar el deterioro del bienestar de un reducido núcleo de la población.

Para hacer una reforma fiscal que verdaderamente sea redistributiva se requiere establecer un esquema de cobro de impuestos que reconozca las desigualdades económicas entre personas, empresas, regiones y sectores y que los trate desigualmente, de modo que imponga tributos donde haya capacidad de pago y que subsidie donde sea socialmente necesario. De nada sirve, incrementar los apoyos a la sociedad, si los recursos para hacerlo van a salir de los bolsillos de quienes, más bien, requieren la atención del Estado.

Pero esta reforma deberá ir acompañada de dos medidas complementarias y necesarias para propiciar una gran transformación social: Primero, reconstituir el Estado Social, es decir el entramado jurídico político de instituciones que conduzcan a interrumpir el círculo vicioso de la reproducción de la pobreza familiar y empresarial y que permita volver eficiente el uso del gasto social en términos cobertura y calidad. De nada sirve incrementar el gasto social si no se cuenta con las instituciones que lo harán redituable. Hay que entender que gasto social no es sólo gasto para evitar que se mueran de hambre los miserables, sino para atender las necesidades sociales de toda la población, de manera que ésta vaya evolucionando hacia una mejor situación de bienestar.

Segundo, reorganizar la política económica de tal manera que su instrumentación permita, por sí misma, mejorar la calidad de vida. Ello requiere medidas orientadas a incrementar las remuneraciones y el abasto de productos.

En conclusión, para que haya justicia social, deberá haber equidad en la distribución de las cargas fiscales y de los beneficios del gasto público, lo demás es demagogia.