LAS FINANZAS P?BLICAS EN M?XICO. 1988-2006

CENTRALISMO POLÍTICO Y AUTONOMÍA MUNICIPAL

29 de abril de 1994

Es un hecho, en la actualidad, que en nuestro país existe una escasa autonomía municipal y que ello es y ha sido un obstáculo permanente para potenciar y detonar el desarrollo y corregir desequilibrios económicos.

Las estructuras de poder se encuentran fuertemente centralizadas y esto ha derivado en estructuras administrativas con un centralismo. Principalmente porque ello significa un control sobre los procesos económicos y políticos a nivel nacional.

Existen dos factores sobre los que descansa el esquema centralista: las limitadas atribuciones que tienen los municipios como organización político - administrativa y su dependencia económica respecto a los niveles de gobierno estatal y federal.

Esto, desde luego, nos habla de un sistema político imperfecto e inmaduro que aún no es capaz de encontrar canales democráticos para ejercer el poder público. Por eso es que, en el fondo, el problema de la descentralización de la vida nacional es principalmente un problema de índole político y por derivación de carácter administrativo.

Durante años los recursos económicos y financieros que fluyen a los municipios han estado controlados, dirigidos y hasta aplicados en función a la decisión y voluntad del poder central.

Ello sin duda, ha limitado las posibilidades de desarrollo económico regional del país y de estructuras político - administrativas que contrarresten las tendencias centralizadoras y sobre las que recaiga la responsabilidad de dicho desarrollo.

La forma en que se estructura el conjunto de leyes y mecanismos que norman la interacción municipio -estado- federación, incluso de manera contradictoria, limita la acción municipal a tal grado que deja sin oportunidad, ya no sólo de resolver los problemas inmediatos de manera inmediata, además, no permite la expresión de la voluntad de las autoridades ni de la sociedad a este nivel tan desagregado que debería ser la fuente principal de donde se nutra la acción gubernamental y el principal brazo operador de resolución de problemas.

Los grandes y graves desequilibrios regionales marcados por una creciente desigualdad regional son la consecuencia más contundente que resulta de este esquema centralizado y centralizador.

Desde mi propia perspectiva parece claro que los distintos esfuerzos realizados por las autoridades centrales para acercar más la toma de decisiones a un plano regional y municipal no han tenido resultados satisfactorios.

Sobre todo porque los planes y las acciones concertadas siguen obedeciendo a los lineamientos establecidos por la política económica federal. Y si bien, hasta cierto punto, esto es entendible, también es cierto, que en la práctica la capacidad de la instancia municipal para influir en la determinación de esos lineamientos es, prácticamente, nula. De modo que, por ejemplo, la determinación de las prioridades regionales no está en manos de las autoridades municipales sino sujetas a un marco más amplio de “prioridades nacionales”. Puede entenderse, con ello, que muchos problemas urgentes no sean resueltos y que, incluso, lleguen a implementarse acciones contrarias al interés municipal o regional.

Los procesos y esquemas de planificación del desarrollo en nuestro país han adolecido de la falta de integración a ellos de los núcleos municipales como factores de primer orden para planificar las acciones del Estado. Y han adolecido, de igual manera, de una voluntad política para entender y atender la problemática municipal desde la perspectiva regional. Dicho de otra manera, ha faltado sentido para orientar la política nacional a la solución de los problemas regionales, es decir, supeditando las prioridades nacionales a las regionales y, lo que es más, imponiendo las prioridades regionales como prioridades nacionales.

En la medida que esto no sucede las posibilidades de una planificación para el desarrollo municipal como parte integrante y orientadora de la planificación nacional se vuelven prácticamente nulas. De hecho la planificación municipal por sí misma se vuelve imposible de realizar ante la falta de autonomía económica y de directrices propias.

Uno de los problemas más serios del esquema de toma de decisiones centralizado es la fuerte disparidad en el acceso a los recursos financieros por parte de los municipios. La fuerte concentración de los ingresos en los municipios de mayor nivel de desarrollo relativo y la escasa participación en dichos ingresos, de los municipios con menor y muy escaso nivel de desarrollo. Esquema de distribución, éste, que al privilegiar a unos cuantos municipios agudiza las desigualdades regionales y resta posibilidades de activación de la dinámica económica de los municipios más pobres.

Parece lógico que en un plano propositivo es esencial aliviar esta situación abriendo los espacios para una mayor participación de los núcleos municipales en la determinación de los lineamientos del desarrollo nacional. De igual forma se requerirían también mayores espacios de autonomía que amplíen las atribuciones de los municipios de modo que tengan mayores márgenes de injerencia en la determinación de la orientación del rumbo de su desarrollo. Y, desde luego, una mayor independencia económica que necesariamente deberá estar ligada a un fortalecimiento de los ingresos de que se sirve para ejercer sus funciones.

Desde el punto de vista del planteamiento hecho al principio, estas líneas generales propositivas abarcarían únicamente el aspecto administrativo de la descentralización. Pero ello no basta. De hecho para que sea posible se requiere una ampliación de la vida democrática que abra los canales de participación de la ciudadanía y de los propios municipios de manera que la voluntad de la sociedad fluya y se escuche en los espacios de poder y pueda imponerse sobre la voluntad centralizadora.

De no existir esa apertura de espacios en las estructuras del poder. de no ampliarse la vida democrática en lo que se refiere a la mayor participación de la sociedad en la determinación del rumbo del desarrollo, cualquier intento por descentralizar las acciones y las decisiones se convertirá en un ocioso e improductivo juego administrativo, que contribuirá muy poco a trastocar los esquemas que obstaculizan el desarrollo del país.