LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECON?MICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACI?N

Un Estado mutante.

En la era de la globalización el Estado-nación está en crisis porque fue una creación de la modernidad capitalista, al igual que todas las instituciones creadas a su alrededor, tales como un mercado y una sociedad con una cultura propia dentro de las fronteras establecidas y con un ejército para su defensa, etc. El mismo Estado-nación es una forma de gobernabilidad de la modernidad para asegurar un espacio a la nación. El espacio nacional se delimita por fronteras físicas y geográficas que definen la ocurrencia de ciertos fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales. Por lo tanto, estos espacios nacionales han sido determinados como espacios soberanos.

Hasta ahora, sin embargo, todavía la mayoría de los países se conciben a sí mismos como Estados-nación, aunque no necesariamente tengan como característica la homogeneidad cultural. El desarrollo impulsado por el Estado nacional está siendo afectado por determinantes económicos, políticos, sociales, históricos, geográficos, del medio ambiente, psicológicos, etc. No obstante, la geopolítica tiene su origen en el espacio del Estado-nación del cual surgen los espacios internacional y global en donde la geoeconomía adquiere mayor preponderancia. Es en el espacio global donde se representa el fenómeno de la globalización la cual se manifiesta en un contexto fragmentado. Las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales cubren y suplantan el espacio nacional con un espacio de mercado.

Al entrar en crisis el capitalismo moderno o neocapitalismo, genera fuertes tensiones y desequilibrios, de tal forma que es lógico que sus instituciones también entran en crisis, porque la nueva fase del capitalismo globalizador requiere de nuevas instituciones para su desarrollo. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Este capitalismo globalizador polariza el desarrollo de los pueblos dando lugar a la formación de una sociedad dual. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. La dualidad de la sociedad se manifiesta en los efectos del capitalismo en la formación de desigualdades extremas, por un lado los ricos beneficiarios del sistema y por otro lado los excluídos y marginados del desarrollo.

Visto desde la perspectiva global y a través de los lentes conceptuales de la integración contemporánea en la economía capitalista global, se ha reforzado, sino acentuado esta extrema desigualdad así como las relaciones injustas de subordinación y dominación que mantiene y complementa esta desigualdad. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo. El desarrollo se ha estudiado como un examen técnico para la movilización eficiente de recursos y la construcción de infraestructura mejor adaptada al crecimiento. No obstante, es discutible si el capitalismo en realidad está en crisis cuando está logrando resultados positivos en función de crecimiento ininterrumpido.

El hecho de que un país esté en crisis económica no necesariamente implica que el capitalismo está en crisis, mientras que los países desarrollados siguen creciendo. La crisis es del objeto del capitalismo, la cual no se debe al dominio del valor de cambio, sino más bien se presentó en el valor de uso. Para algunos analistas, la crisis del capitalismo es inminente y es aprovechada como la gran oportunidad por los empresarios beneficiarios del modelo neoliberal, para concentrar recursos, decisiones y poder mundial. Será necesario explicar las interrelaciones entre ambas situaciones.

La crisis del Estado-nación lo empuja a su transformación, acotada como un componente de los procesos de “reestructuración global” asociados con la emergencia de un capitalismo transnacionalita. Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar. Como resultado de la crisis, el Estado-nación está perdiendo el monopolio de la violencia institucionalizada y su capacidad para administrar la provisión de servicios que procuran el bienestar social de la población, entendida ésta como la capacidad para satisfacer las necesidades, deseos y temores de la organización social.

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado, que viven las democracias institucionalizadas. En la crisis política, la crisis del Estado de Bienestar no incide en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no incide en problemas en la democracia (Del Alamo, 2001). De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder.

La crisis del Estado es fiscal y de governance. La crisis del Estado es una crisis fiscal o económica esencialmente que tiene su origen en el déficit público debido al excesivo gasto en las instituciones de bienestar y asistencia social. El análisis de governance contribuye a la gobernability en su concepto más amplio, por lo que cualquier cambio en la governance altera la estructura institucional de la gobernabilidad. Ambos conceptos hacen referencia a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes. La operacionalización y aplicación de las formas de governance de las instituciones económicas, sociales y políticas tienen efectos directos en la gobernabilidad del sistema democrático.

Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. Este sistema democrático debe garantizar el desarrollo de las competencias, libertades y derechos tanto individuales como sociales. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo.

Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997).

Conviene más hablar de transformación de las funciones del Estado-nación que de su inminente eliminación, como resultado del avance de los procesos de globalización. Al respecto, existen dos tendencias muy marcadas, por un lado, aquella que trata de eliminar la función reguladora e interventora del Estado en la economía y aquella otra que promueve el fortalecimiento de la función regulatoria del Estado en materia de desarrollo local.

La reestatización o neoestatización de las funciones del Estado es un proceso que se orienta a recuperar algunas de las funciones perdidas o disminuidas por el Estado bajo la aplicación de las políticas del modelo neoliberal y constituye actualmente una de las piezas fundamentales de la expansión de las grandes corporaciones transnacionales que es el resultado de la expansión militar y política de los Estados imperiales. Estos estados imperiales concentran y detentan la propiedad y el control de las transnacionales.

Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales Sin embargo, las transformaciones y mutaciones del Estado-nación no van siempre siguiendo una misma dirección. Ya no es el Estado-nación modelado como un actor que tiene coherencia y un destino propio dentro de una jerarquía de poder internacional y como resultado de una racionalidad de intereses.

El espacio político del Estado-nación ya no se identifica ni depende del ejercicio soberano sobre un territorio nacional delimitado. Lo que se manifiesta en el ámbito espacial nacional es la desterritorialización del Estado a partir de la emergencia de unidades espaciales. El territorio se redefine para centrarse más en la gestión pública local bajo una nueva estructura territorial local. La estructura espacial basada en el territorio de entidades geográficas y físicas delimitan las interrelaciones entre estas entidades.

Los cambios económicos, políticos y sociales originados por los procesos de globalización transforman la naturaleza de la comunidad política y las funciones del Estado-nación dando lugar a un nuevo régimen de gobierno y de acción gubernativa. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político” La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. Existen dos tendencias que marcan las transformaciones del Estado. Por un lado, a la eliminación de funciones mediante procesos de desregulación, y por otro lado, al fortalecimiento de la función regulatoria de la promoción del desarrollo local y regional.

Los procesos de reestatización o neoestatización del Estado se orientan a recuperar algunas de las funciones disminuidas o eliminadas durante el período de aplicación de la política del modelo neoliberal, la cual constituye una de las principales piezas de la fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales. De acuerdo con Held (2000), este nuevo régimen desplaza al Estado-nación tradicional, concebido como una nueva forma de poder público indivisible y territorialmente excluyente, dando lugar a un nuevo y complejo orden regional y global. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”.

La poca flexibilidad con que cuenta el Estado-nación no le permite reaccionar eficazmente a los cambios acelerados de la globalización económica, mientras que sus pesadas estructuras corporativas son inerciales a las demandas de la ciudadanía, por lo que se requiere que se fortalezcan a las localidades. No obstante, los procesos de globalización comercial y de los mercados avanza como resultado de los acuerdos entre los Estados y por el crecimiento de las empresas transnacionales. Por otra parte, la presencia activa del Estado en las diferentes actividades económicas, polariza el debate de las funciones del mercado, el Estado y la sociedad en la asignación de los recursos y se dan diferentes interpretaciones acerca del papel óptimo de los gobiernos.

Sin embargo, hay que reconocer que este debate está perdiendo validez debido a que las fronteras y divisiones entre Estado, mercado y sociedad son más fluidas y porosas. El equilibrio entre un mercado eficiente y un efectivo Estado contribuyen a la formación de una sociedad sana y floreciente. Las fronteras entre las empresas y los Estados son todavía más permeables que aquéllas entre los Estado-nación, tanto porque cada persona que pertenece a la empresa es al mismo tiempo ciudadano de al menos un Estado-nación.

Por ejemplo, existe una necesidad urgente para compactar globalmente los esfuerzos de los gobiernos locales, nacionales e internacionales, de la sociedad civil nacional e internacional y del sector privado global, nacional y local para resolver los problemas que el desarrollo plantea en los términos de medio ambiente, laboral y de derechos humanos que debe sustentar la nueva economía global. Las decisiones que se toman en el ámbito internacional tienen un impacto en la formulación de políticas y estrategias de los gobiernos nacionales y locales, al mismo tiempo que el desarrollo de las instituciones locales logran efectos en los niveles nacionales, regionales, internacionales y globales. Las instituciones locales tienen como reto asumir funciones para intervenir en las actividades económicas.

El término desarrollo tiene relación con el potencial para el desarrollo material humano que se encuentra encadenado a la naturaleza. Precisamente, uno de los cuestionamientos del desarrollo tiene que ver con los criterios a considerar en la toma de decisiones relacionada con los problemas de la naturaleza. No obstante, los Estados nación son los representantes exclusivos de la ciudadanía, lo que los hace ser diferente de otros agentes tales como los organismos públicos o privados internacionales, las empresas transnacionales y multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, etc.

Incluso en los Estados de Bienestar más desarrollados, las diferencias estructurales del gasto en materia de bienestar eran muchas, pero eran más importantes las diferencias institucionales entre los Estados de bienestar universalistas financiados directamente de los impuestos y los sistemas "corporativistas" con un enfoque a las contribuciones de empleadores y empleados.

Esta crisis corporativista dentro de la administración debido a la absorción de personal no corporativista que emplean métodos heterodoxos es una de las causas de las fallas del profesionalismo. Resulta menos costoso sostener programas de beneficios de bienestar universal si los mercados laborales se encuentran demasiado centralizados. Por lo tanto, la flexibilidad laboral en el nuevo modelo económico neoliberal, permite una mayor reducción de los costos de beneficios, lo que resulta en una mayor precariedad del ingreso, bajas condiciones laborales y de bienestar.

Las diferencias estructurales e institucionales entre aquellos Estados de Bienestar con altos niveles de protección social obstaculizaron las políticas de relaciones sociales e industriales por acuerdos internacionales (Scharpf, 1997) Muchos países que aplican el modelo de Estado de Bienestar toman una actitud paternalista con respecto a la sociedad, al tratar de proveer los bienes y servicios públicos asistenciales. Asumen la toma decisiones de gobernabilidad, formulando e implementando políticas que correspondían al ámbito de la sociedad, y descuidando la promoción de una cultura política basada en la democracia. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

La democracia capitalista se manifiesta de formas y modelos muy diversos en la organización de las interrelaciones Estado-mercado, incluyendo el estado de Bienestar. El proyecto del Estado de Bienestar a escala global o mundial alienta el rescate de lo mejor de la civilización humana, en vez de declarar su desaparición en pos de una mayor maximización de los intereses bursátiles. Así, la democracia se convierte en una herramienta perfecta del poder hegemónico del capitalismo globalizador, principal razón de por qué las democracias capitalistas no han logrado administrar correctamente la diversidad cultural y étnica de las comunidades.

Los supuestos fracasos del Estado de Bienestar o Estado Keynesiano por no representar ya los intereses del capitalismo globalizador, requieren de mutaciones radicales. El nuevo Estado surge a partir de propuestas de políticas monetaristas y de una economía política neoliberal-ortodoxa por las Escuelas de “Chicago” y de Stanford”. Este nuevo paradigma se fundamenta en el supuesto de que los agentes económicos actúen correctamente, con conocimiento de causas y son progresistas socialmente.

La estrategia fundamental es limitar la participación del Estado en la economía. El capitalismo global socava el poder absoluto del Estado y rinde la dualidad existente entre público-privado y economía-política que presiona al Estado nación a renunciar a su función de mantener el bienestar social, contradictoriamente cuando la sociedad necesita la protección contra los excesos del mercado. Por otro lado, la soberanía nacional se debilita cuando están incrementándose las relaciones de interdependencia entre los diferentes países del mundo.

Tanto el Keynesianismo como el monetarismo tienen como fundamento la teoría clásica en materia de políticas de estabilización económica. Cuando el Keynesianismo no fue capaz de dar respuesta a los problemas económicos de los años setenta en Inglaterra debido a las presiones del mercado, la reconfiguración de las bases sociales del Estado y al cambiante clima de las ideas y opiniones domésticas (Baker, 1999) entonces comenzó su reemplazo por el monetarismo. En la “teoría General” de Keynes, éste sostiene que “una economía de iniciativa privada que emplea dinero, intangible o fiduciario necesita ser estabilizada, y por lo tanto, ello sería posible a través de políticas monetarias y fiscales adecuadas. Los procesos políticos y económicos se estabilizan con las cargas impositivas para lograr el equilibrio fiscal.

En contraste, los auténticos monetaristas son de la opinión de que, no existe una verdadera necesidad de estabilizar la economía. O de que incluso, en caso de que la hubiera esto no podría realizarse. Ya que las políticas estabilizadoras probablemente se incrementarían en vez de disminuir esa estabilidad” (Alcántara Meixueiro, 1998) Cuando el Keynesianismo entró en crisis, las prescripciones monetaristas sirvieron de fundamento a los formuladores de las políticas públicas, bajo la perspectiva dominante de que las políticas económicas nacionales se ajustan de acuerdo a los requerimientos de la economía mundial en transición.

Durante la segunda mitad de la década de los setenta se inicia la transferencia del poder y del mando de las instituciones del Estado a las instituciones del mercado mediante programas de desregulación que en realidad significaron la regulación por el mercado. Los resultado han sido negativos en términos de regulación y gobernabilidad, al presentarse una falta de regulación por las instituciones del mercado y un vaciado de la regulación del Estado

El argumento de la irreversibilidad de los procesos de globalización está permeando la reforma del Estado y los nuevos diseños de sus funciones. La reforma del Estado es impulsada por los organismos financieros internacionales y economistas nacionales que promueven el modelo económico neoliberal. Este nuevo modelo económico permite la acumulación del capital mediante el control del sistema financiero y la expansión del capital especulativo, el cual se debe a la expansión política y militar de los Estados imperiales. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso.

Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales. Los Estados imperiales concentran y detentan la propiedad y el control de las principales empresas transnacionales.

La reforma neoliberal de Estado implica la reducción de la capacidad del Estado para atender las demandas sociales, las cuales se transfieren a los gobiernos locales. Ideológicamente, la reforma del Estado se define como la reducción del tamaño y funciones del Estado, para lograr mayor eficiencia y eficacia. Los gobiernos locales reciben la responsabilidad de la promoción del desarrollo que realizan en forma limitada por la escasez de recursos y su falta de capacidad para intervenir en factores nacionales.

Muchas otras de las funciones que originalmente corresponden al Estado-nación están siendo transferidas a instancias supranacionales debido a una presión exagerada que ejercen los procesos de globalización. Esta supranacionalidad tensiona al Estado-nación buscando espacios más allá de las fronteras físicas y culturales, aunque no lo deja vacío del todo. El concepto de espacio ha evolucionado de una configuración territorial y física a un concepto más dinámico y multilineal.

Arellanes Jiménez (2001) tipifica este nuevo concepto de espacio, como “dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones”. La reforma del Estado no tienen los alcances para remover de la agenda política las posiciones separatistas de grupos poblacionales minoritarios con diversidad étnica y cultural, que alentados por los alcances de los procesos de globalización, buscan autonomía territorial. Pocos gobiernos logran manejar y mantener democráticamente la diversidad.

Lo que la reforma del Estado está haciendo es transferir la responsabilidad para la gestión y resolución de conflictos sociales a los gobiernos locales, la cual se condiciona a la estructura social de las localidades. El instrumento de la reforma del Estado y modernización política es la descentralización del poder político de las instancias del centro a las instancias locales. Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y trae consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios, la cual no siempre desarrolla la capacidad para satisfacerla.

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167).

Las competencias de los diferentes niveles de gobierno deben ser delimitadas entre las que son exclusivas y las que son concurrentes. Para que la reforma del estado se centre en un redimensionamiento de las relaciones entre la sociedad, el mercado y el Estado, requiere de procesos de descentralización para lograr una gestión pública más eficiente. La gestión pública es un factor importante en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y sociallo permiten y, presionan en su favor.”

La descentralización de las funciones del Estado nacional es una tendencia relacionada a los cambios en “el modo de acumulación, a la revolución científica y tecnológica, a la reestructuración del Estado y a las demandas por espacios de autonomía planteadas por la sociedad civil (Marsiglia y Pintos, 2001). Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.

Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales. Los gobiernos locales tienen que potenciar mecanismos para el ejercicio de la autonomía local considerando que son los propios ciudadanos los más indicados para juzgar las acciones del mismo gobierno. Además, los gobiernos locales deben tener competencia para decidir sobre asuntos de la comunidad ante quien tienen responsabilidad de sus acciones, a pesar de que la reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político”.

La sociedad regional es un actor clave en el desarrollo local. El diseño e implantación de programas de desarrollo local debe considerar la pluralidad e inclusión de intereses de los diferentes agentes económicos y actores sociales, a efecto de establecer los acuerdos y compromisos, así para coordinar los esfuerzos.

Los programas de desarrollo local deben pivotar sobre la base de interacciones comunitarias, solidariamente comprometidas en forma activa y continua, más que en la simple contigüidad física o geográfica. La centralización de las funciones del desarrollo alienta el crecimiento de algunas regiones a cambio del retraso de otras, sobretodo cuando se trata de las funciones financieras e industriales. Las transformaciones de la economía regional están en estrecha relación con su estructura económica propia, los procesos macroeconómicos nacionales y los procesos de globalización económica. Los procesos de globalización económica, comercial y de los mercados son el resultados de los acuerdos comerciales entre los Estados y por el crecimiento de las empresas transnacionales. Todos los acuerdos comerciales entre los diferentes Estados, son promovidos por los mismos Estados para abrir fronteras a sus empresas transnacionales.

Por lo tanto, la reforma del Estado implica una reingeniería de las instituciones orientada al logro de una mayor eficiencia, y una participación más equitativa en los procesos de desarrollo regional, de tal forma que los resultados contribuyan a lograr tasas de mayor igualdad, bajo el nuevo paradigma orientado por la revolución científico-tecnológica, la profundización de los procesos de descentralización gubernamental, la impulsión de pequeñas y medianas empresas y el cuidado del medio ambiente.

En este sentido, el desarrollo es “un proceso colectivo y dinámico que no se realiza en forma aislada y en el cual también influyen los cambios generados desde y hacia el interior de la región” (Tarapuez Chamorro, 2001). Sin embargo, la desterritorialización de las fronteras espaciales geográficas a que se ven sometidas por los avances de los procesos de globalización económica, concede mayor importancia a los agentes y actores del desarrollo. No obstante el Estado queda reducido en sus funciones para impulsar un crecimiento que garantice el desarrollo equitativo y equilibrado de las regiones y son las organizaciones empresariales y de la sociedad civil las que toman el papel protagónico de este desarrollo regional. La sociedad regional es un actor clave en el desarrollo regional equilibrado y equitativo que puede gestarse su propio desarrollo.

La reingeniería de los procesos de gobierno implica cambios en los métodos y formas de gobierno. Como lo señala Lasagna (1999), “la reforma del Estado quedará hipotecada en caso de no impulsarse cambios sustantivos en la gobernabilidad democrática que tiendan a hacerlo más transparente, eficaz, inclusivo y legítimo. Cambios que deberían tender a mejorar la capacidad de gobernar en un marco de mayor responsabilidad, eficiencia y legitimidad de la acción gubernamental.”

En realidad, los procesos de globalización por un lado están desmantelando las instituciones y funciones del Estado pero por otro lado está apoyando su recomposición mediante nuevas instituciones y funciones. Los procesos de reestatización o neo estatización se orientan a recuperar aquellas funciones que han sido eliminadas o disminuidas por la aplicación de la política económico social del modelo neoliberal, y constituyen una de las piezas principales para la expansión de las grandes corporaciones transnacionales, debido a la expansión política y militar de los poderes imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Territorio, moneda, fuerzas armadas, etc., están en constantes procesos de cambio. Faletto (1995) argumenta que “El desafío es el de mejores vínculos entre las instituciones políticas y la sociedad; la reforma del Estado no es un mero problema de reorganización interna, sino un intento creativo para poder dar respuesta a la necesidad que todo proceso de cambio trate consigo.”

Un análisis de las finanzas internacionales y los servicios corporativos puede ayudar a mostrar las diferencias entre el papel del Estado en las formas anteriores de internacionalización y de la actual globalización de las actividades económicas evidentes en algunos sectores económicos (Sassen, 1995) El papel del Estado neoliberal rechaza las obligaciones contraídas por el Estado de Bienestar profundizando los efectos negativos de la diferenciación social. Queda claro que el Estado neoliberal más que buscar el bien común de la población, lo que hace es convertirse en defensor de los intereses de la clase dominante.

La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Por lo tanto, el modelo de un Estado de Bienestar a escala global o mundial es un proyecto que puede rescatar lo mejor de la humanidad en contra de declarar su desaparición en aras de maximizar los intereses bursátiles.

El resultado de esta política económica neoliberal ha creado una creciente diferenciación y disociación de lo social. Los ideólogos ortodoxos neoliberales anularon el papel fundamental del Estado en el desempeño de las funciones de protección y bienestar social. El Estado tiene que reconsiderar cómo debe hacer para desempañar una función más propia de regulación de estas actividades y mediante que formas de gobierno. Lo que ahora se presenta es un fenómeno de déficit de regulación y gobernabilidad debido a las deficiencias de la regulación por las instituciones de mercado y al vaciado de la regulación de las instituciones del Estado. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político.

El papel del Estado es complementario al mercado y de acompañamiento en donde los nuevos protagonistas del desarrollo económico son los empresarios. Las condiciones regionales para la promoción de las actividades empresariales tienen implicaciones con el fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional (Tarapuez Chamorro, 2001).

El papel del mercado en el desarrollo es reidificado por el proyecto neoliberal que bajo una cultura de la desigualdad (Calderón, 2000) apela al mercado como el único, natural y eficiente distribuidor de los beneficios y oportunidades de desarrollo a los individuos, es considerado como reconstructor del orden socio político y económico para lo cual subordina al Estado, la sociedad y el régimen político en una dinámica que tienen efectos perversos para el desarrollo. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). La función del Estado es proveer los marcos regulatorios para superar las fallas del mercado y el modelo mismo del Estado mínimo.

El concepto de un Estado ampliado sería la esfera de acción donde confluyen las instituciones de la sociedad civil y del Estado para la realización de proyectos conjuntos mediante formas de colaboración que den origen a nuevas formas de gobernabilidad. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta.

Así, la sociedad civil no invadiría el campo de acción de las instituciones del Estado para disminuirlo en importantes funciones y reducirlo al papel original del Estado policía, cuando su principal función en una sociedad democrática y solidaria debe ser su función reguladora de las actividades económicas, sociales, políticas, culturales, etc. El Consenso de Washington delimita las funciones de las instituciones de la sociedad civil y orienta sus agendas y desafíos en sustitución de las funciones del Estado, postulando una intervención mínima del gobierno en el mercado, liberalización de la economía y privatización de las empresas públicas.. Los países que más beneficios han tenido de los procesos de la globalización son aquellos que establecieron su propio ritmo de crecimiento apartándose de los postulados del Consenso de Washinton

La composición de la propiedad corporativa tiene un papel importante en la creación y sostenimiento del crecimiento económico a largo plazo, lo cual tiene una fuerte implicación en la teoría del crecimiento endógeno (Gylfason et al 1999)

Las Naciones-Estado han estado siempre presentes y representan un papel importante en el desarrollo económico al hacerse responsable de la reproducción de las condiciones necesarias para la acumulación del capital y para la legitimación de los arreglos sociales y políticos asociados con la obtención de riqueza y poder en un sistema económico. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989). Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y “enjaularse” e “incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima”. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. Las formas de legitimación del Estado moderno, el Derecho, la administración o cálculo y la historia o épica, son las determinantes para el predominio de un tipo de modelo de Estado (Semo, 1998).

Así, al modelo de Estado liberal en donde predominó el Derecho y la herencia liberal del Siglo XIX, sucede el modelo de Estado corporativo que tiene problemas para incorporarse plenamente al sistema democrático y acaba presentándose como una democracia corporativa. Las ideas clásicas de la democracia han sido sustituidas por una doctrina de la democracia que apoya y mantiene la hegemonía del staus quo.

Al Estado corporativo sucede el modelo de Estado gerencial en el cual las fuerzas elitistas del capitalismo transnacional emergen como las principales agentes del desarrollo económico cuya representación de intereses se encuentra en el mercado. La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece.

Por lo tanto, las elites nacionales y locales de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Sin embargo, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

La expansión del capitalismo a dado mayor fortaleza a los Estados imperiales que se han convertido en un componente clave de la Nueva Política Económica. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero.

Los Estados nacionales han pasado por procesos formativos en los que los conceptos de orden y progreso evolucionan a los conceptos de gobernabilidad democrática y desarrollo humano. El buen gobierno y el desarrollo humano son conceptos intrincados. No obstante, en la actualidad los modelos de desarrollo humano en los sistemas democráticos se ven limitados por la inestabilidad de sus instituciones y la crisis de la gobernabilidad democrática. Torrijos (2001) ha denominado gobernabilidad reluctante a la tendencia que tienen los pueblos a lograr la gobernabilidad democrática a pesar de los múltiples problemas económicos, políticos y sociales en que se encuentran, y que considera como una gobernabilidad surgida de la ingobernabilidad construida a partir de la incertidumbre, la inestabilidad y el caos. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

La gobernabilidad democrática, de acuerdo a Castro (2000), es “la capacidad de los gobiernos para ejercer el poder político democrático de forma continua en condiciones de legitimidad”..

Los Estados-nación se adaptan a la evolución misma de las formas que el desarrollo capitalista le impone, un desarrollo estrechamente vinculado con el sistema democrático, en donde la democracia es verdaderamente la condición del desarrollo. Pero el concepto de democracia ha sido vuelto a definir para que sirva de apoyo al sistema capitalista. La forma en que los recursos son obtenidos y usados, determinan hasta cierto punto el tipo de desarrollo económico.

Muchas de las veces las decisiones en torno a los recursos se toman para beneficiar a pocos en el corto plazo, en vez de que se tomen a largo plazo y que beneficien a muchos. Este consiste en un proceso interactivo para la creación y realización de valor, a través de las diferentes combinaciones de recursos e intercambios (Moran y Ghoshal, 1999) Lo importante de esta combinación de recursos y los intercambios que se realizan, es el resultante crecimiento económico como un fin en si mismo, el cual se mide en términos cuantitavos del producto interno bruto per capita y el promedio real de consumo. Este crecimiento económico tiene que trasladarse en mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población mediante la instrumentación explícita de mecanismos institucionalizados de gobernabilidad que generan credibilidad para la asignación de los beneficios del desarrollo y contribuyen a crear una sociedad satisfecha y menos asimétrica en desigualdades.

La eficiencia y la fiabilidad de las reglas son dos canales a través de los cuales las políticas pueden influir el crecimiento económico de los países (Brunetti, Kisunko y Weder, 1998c) La eficiencia de las políticas explica las diferencias en crecimiento con las diferencias en políticas macro y microeconómicas. La fiabilidad de las políticas se refiere a la estabilidad e incertidumbres que rodean su implementación, la cual puede ser absorbida por un sistema de instituciones. Los investigadores usan variables objetivas para medir la inestabilidad política, las cuales resultan incompletas para reducir las incertidumbres.

La inestabilidad puede ser objetivamente observada mientras que la incertidumbre es subjetiva. Como resultado de su investigación, encontraron una relación cercana entre los indicadores de incertidumbre institucional y el crecimiento económico. Se puede desprender de este hecho que la absorción de la incertidumbre se realiza cuando las instituciones proporcionan la información correcta. La credibilidad de las reglas se asocia significativamente con las diferencias en crecimiento e inversiones entre los países, capturando una relación a largo plazo entre las instituciones y el crecimiento. Los nuevos acuerdos multilaterales entre los diferentes Estados se formulan con la participación de las grandes corporaciones transnacionales. Existen algunas evidencias que demuestran que una política económica que crea certidumbre en el entorno económico competitivo alcanza mayores tasas de crecimiento económico. Los teóricos en economía política ofrecen análisis basados en instrumentos como los costos de transacción, las externalidades, monopolios, propiedad privada y propiedad pública, etc. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Para promover este crecimiento y desarrollo económico, el gobierno tiene que embarcarse en programas de desarrollo social que garanticen ciertos derechos y libertades, políticas públicas que combatan el hambre, la insalubridad, el analfabetismo, la tiranía de los gobiernos no democráticos, etc., en una palabra a la gobernability del sistema político en su contexto de libertades públicas, respeto de derechos políticos, sociales y cívicos, participación, negociación y consensos, transparencia, etc. El desarrollo social está apuntalado por los programas de desarrollo humano que promueven la adquisición de capital humano y social y facilitan mayores oportunidades de acceso a los recursos y bienes sociales. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence).

En sí, el crecimiento y el desarrollo económico contribuyen a aumentar el nivel y calidad de vida de la población mediante la instrumentación de mecanismos de gobernabilidad que contribuyen a la asignación más justa y equitativa de los beneficios del desarrollo, y por tanto a crear una sociedad satisfecha y menos asimétrica en las desigualdades.

El derecho a la libertad y a la propiedad, como derechos civiles fueron logrados por los ciudadanos frente al Estado autoritario, pero además deben lograrse los derechos civiles de los excluidos, los cuales se garantizarán cuando también se reconozcan los sociales. La exclusión es definida por los incluidos, siempre en defensa de las normas que mantienen a una sociedad en funcionamiento. De acuerdo al liberalismo, se considera negativo las interferencias del Estado en los derechos civiles como la libertad y la propiedad de los individuos. Los derechos civiles afirman la ciudadanía en contra de una reducción del poder de las elites político burocráticas del Estado.

Los derechos políticos a votar y ser electo lo conquistaron los ciudadanos frente a un régimen político y finalmente se conquistaron los derechos sociales que tratan de garantizar los derechos humanos o derechos del hombre, que son también derechos en defensa de la sociedad civil. Así, la democracia se conquista cuando existe una clase media. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Es en el propio interés de los actores económicos así como de los más pobres, asegurarse que los gobiernos continúen siendo responsables, no sólo por sus acciones en relación con los derechos civiles y políticos sino también por sus prioridades políticas en relación con la asignación de los recursos.

Sobretodo por aquellos recursos que directamente impactan en los derechos económicos y sociales de las personas. Si las naciones pobres quieren ser competitivas, no pueden ignorar los males sociales que les aquejan. En el presente una pequeña pero muy persistente y especialmente necesaria categoría permanece: el pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo (De Swaan Abram, 1997).

Si el desarrollo desigual permanece como una característica del sistema mundial, la estratificación parece incrementarse dentro de las naciones industrializadas (Habermas 1974, Offe 1975, Carnoy 1984, Appelbaum and Henderson 1995) Los Estados pro-activos permanecen centrales al crecimiento y a la prosperidad económica, mientras que la economía que parecer ser caótica, demanda por un mayor papel de la regulación supranacional. La regulación supranacional es facilitada debido al fracaso que ha tenido la transferencia del mando y el poder en el espacio nacional de las instituciones del Estado a las instituciones del mercado. La pérdida de regulación por las instituciones del Estado no se ha traducido, como se esperaba en una regulación por las instituciones del mercado.

El papel de las agencias estatales subnacionales como socios de empresas y asociaciones de negocios energizan las redes de acción económica ubicadas localmente, es una de las formas para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo social. Pero este desarrollo económico y social desigual está muy lejos de un verdadero desarrollo sustentable sólo delimitado por una cultura propia local y por una moralidad económica. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. Para lograr niveles de desarrollo económico sustentable es necesario que además de las reformas económicas se den las reformas políticas y democráticas Abordar las discusiones sobre desarrollo sustentable es preocuparse por los problemas del medio ambiente y por las cuestiones sociales.

El medio ambiente comprende los elementos ecológicos, económicos, sociales y políticos. El sistema local se inserta en el ambiente ecológico o ecoware (Vázquez, 1993) con el que mantienen relaciones. El ambiente económico, político y social se inserta en el “macro sistema de referencia” y norma las funciones y relaciones externas al sistema local que comprende las capacidades instaladas (software), los recursos financieros (finware) y formas organizacionales (orgware).

El modo de desarrollo económico actual está siendo seriamente cuestionado porque no es desarrollo que aliente la sustentabilidad ecológica y la justicia social en todos los habitantes del globo. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad. De hecho, las soluciones a los problemas sociales y del medio ambiente parecen que se encuentran implícitos en las formaciones culturales de los pueblos. Así, el desarrollo sustentable formula severos cuestionamientos a las prácticas sociales, culturales y ambientales con respecto a las actividades organizacionales. El desarrollo sustentable requiere de reformas económicas y reformas institucionales.

Bebbington (2000) previene de usar el término desarrollo sustentable para significar “buena administración del medio ambiente”. En otras palabras, logra la eficiencia de uso del medio ambiente, o eco-eficiencia a largo plazo. El imperativo moral del desarrollo sustentable está orientado a la obtención de la justicia social para todos los habitantes del mundo, es decir, de una eco-justicia entre las diferentes generaciones y al interior de cada una de ellas. Esta eco-justicia tiene un impacto en las operaciones de las actividades de los negocios que tradicionalmente se han orientado por entregar riqueza material a ciertos grupos de alto consumo El desarrollo global sustentable requiere que aquellos que son más ricos, adopten estilos de vida más de acuerdo con los medios ecológicos. No obstante, es en la relación medio ambiente y desarrollo en donde se localiza el origen del desarrollo sustentable y el desarrollo que reconoce que tiene límites estructurales y de orígenes naturales se orienta a la sustentabilidad. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad.

El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Satisface las necesidades básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de realizar sus aspiraciones para un mundo mejor (UNWCED, 1987:8). El desarrollo sustentable se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, de acuerdo a la Comisión Mundial del medio Ambiente y Desarrollo (1987). El desarrollo sustentable es un valor que permite hacer una elección moral para aceptar la equidad y la justicia social. La preocupación del desarrollo sustentable es la satisfacción de las necesidades de todas las personas en el mundo ahora y en el futuro, y por lo tanto, los beneficios y los costos del desarrollo deben distribuirse entre todos.

Streeten (1992) hace referencia a que el término “desarrollo sustentable” tiene seis diferentes significados: 1) mantenimiento, reemplazo y crecimiento de capitales activos, ambos físicos y humanos; 2) mantenimiento de las condiciones físicas del medio ambiente para la constitución del bienestar; 3) la recuperación del sistema para que le permita ajustarse a las crisis y a los shocks; 4) evitar las cargas a las futuras generaciones de deudas internas y externas; 5) sustentabilidad fiscal, administrativa y política. La política tiene que ser creíble y aceptada por los ciudadanos, de tal forma que exista suficiente consenso para llevarla a cabo; y 6) la habilidad para manejar proyectos por la administración por los ciudadanos de los países en desarrollo en los cuales se llevan a cabo, de tal forma que los expertos extranjeros pueden retirarse sin poner en peligro su éxito.

Redclift (1987) sugiere que “el desarrollo debe ser sujeto a una redefinición, ya que es imposible que la acumulación tenga lugar dentro del sistema económico global dentro del sistema económico global que hemos heredado sin costos del medio ambiente no aceptables. Ante todo, el desarrollo plantea cuestionamientos a los valores humanos y actitudes, así como las metas definidas por la sociedad y criterios para determinar los costos que tienen que hacerse y por quien.

El desarrollo sustentable, si es que hay una alternativa al desarrollo no sustentable, implicaría un receso dentro del modelo lineal de crecimiento y acumulación que finalmente sirve para debilitar los sistemas de apoyo de la vida del planeta. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad. El desarrollo sustentable se usa para motivar las iniciativas económicas, políticas, legales, que buscan resolver la problemática del medio ambiente, económica y social. La sustentabilidad debe asegurarse en las áreas económicas, sociales, políticas, culturales, científicas, tecnológicas y del medio ambiente. El desarrollo, por tanto, se encuentra limitado a los costos ambientales aceptados. Sin embargo, el actual desarrollo económico no es sustentable porque los costos humano y del medio ambiente son inaceptables.

Sin embargo, el desarrollo actual es un desarrollo económico que privatiza los beneficios y socializa los costos. El mismo proceso de integración comercial es apoyando por el Estado-nación que está solícito a pagar socializando los costos y riesgos de las empresas y por lo mismo a evitar cualquier costo de carácter burocrático. Las corporaciones empresariales están obligadas a dirigir sus energías a satisfacción de todos los aspectos del desarrollo de las generaciones actuales y futuras en el contexto industrial.

El propio concepto de desarrollo sustentable debe estar relacionado con la competitividad de la economía, el nivel de desarrollo social y por un modelo de nación. El desarrollo es el resultado de un conjunto de cambios inducidos intencionales y conscientes que no se realizan en forma aislada.

El desarrollo social debe apuntalarse en los programas de desarrollo humano que promuevan la adquisición de capital humano y social y favorezcan las oportunidades de acceso a los bienes y recursos sociales para elevar los niveles de calidad de vida. Para alcanzar el desarrollo sustentable es necesario lograr resultados en las reformas económicas y en las institucionales. La satisfacción de las necesidades de la población está influida por el nivel de desarrollo económico y social. Las raíces epistemológicas de un desarrollo no sustentable pueden localizarse en la concepción lineal de progreso de la era moderna.

El cuestionamiento sobre la legitimidad del papel que el gobierno debe tener para intervenir el mercado y en los asuntos privados es muy antiguo, y en términos generales se acepta como respuesta normativa y como una justificación, que el gobierno interviene en el mercado cuando éste falla en sus funciones. Apareció inicialmente como una forma de explicación en términos económicos del por qué la necesidad de que los gobiernos eleven su gasto (Zerbe y McCurdy, 1999)

Sin embargo, no existe una teoría normativa que sea satisfactoria con respecto a las funciones apropiadas del gobierno en una economía mixta, es más bien resultado de estudios empíricos. Por tanto, el modelo de las fallas del mercado también falla, como cualquier otro modelo deductivo porque no deriva suficientemente de lo empírico, no es suficientemente inductivo y sólo se fundamentan en métodos entendimiento que derivan proposiciones específicas de principios generales sin mucha atención los hechos observados.

Cada una de estas fallas ha dado lugar a justificar la intervención del Estado. El papel d la intervención pública del Estado en la promoción del desarrollo, como en el caso de los países conocidos como los cuatro tigres asiáticos, en comparación de los países latinoamericanos y de Europa del Este que han seguido fielmente las prescripciones recomendadas por los organismos multilaterales donde el crecimiento ha sido más que mediocre. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. La tendencia a reforzar la capacidad de intervención del Estado y a fortalecer su acción regulatoria en el desarrollo local y regional se orienta a satisfacer las demandas de la sociedad.

Los analistas de las políticas públicas consideran que las fallas del mercado y la existencia de externalidades dan una justificación necesaria aunque no suficiente de las intervenciones gubernamentales, como en el caso en que el bienestar de algunos individuos se afecta por la satisfacción de ciertas preferencias. En este sentido es que la provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado debe estar orientada a corregir las fallas de los mecanismos del mercado.

Cuando la intervención del Estado es necesaria, se formulan políticas públicas que delimitan la legitimidad de la intervención y protegen el interés público. El concepto de fallas del mercado es aplicable a circunstancias donde la persecución del interés privado no conduce a un uso eficiente de los recursos de la sociedad o a una distribución justa de los bienes de la sociedad. Los bienes gratuitos de la sociedad deben ser regulados y gobernados por el Estado y por instituciones del sector social.

Por lo mismo, debe considerarse que la provisión de bienes y servicios públicos por el Estado, en las palabras de Sandmo (1989:263), una respuesta al problema de las fallas del mercado, las decisiones sobre la oferta de bienes públicos son hechos más que nada en procesos políticos. Este principio toma nota del hecho que las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica (Kaiser, 1997).

La intervención gubernamental puede realizarse cuando muestra que una política genérica menos intrusiva, no puede ser utilizada. O cuando no pueda diseñarse efectivamente un contrato privado para tratar de resolver la falla del mercado (Veimer y Vining, 1992). Las partes que celebran contratos privados fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado, lo hacen porque encuentran suficientes incentivos para hacerlo. Existe un consenso generalizado de que cierto grado de intervención gubernamental es generalmente deseable para manejar la globalización y para mitigar su impacto en aquellos que tienen el riesgo de ser marginados.

Sin embargo, muchos gobiernos de los Estado-nación, por ejemplo, están tomando la actitud hacia la pobreza de dejar las manos libres al mercado, sustentándose en la premisa de que la globalización económica derramará un mayor crecimiento económico y por consecuente el incremento en los ingresos que disminuirán los niveles de pobreza. No obstante, evidencias empíricas de que la apertura comercial y financiera contribuyen a incrementar la tasa de crecimiento per cápita y aliviar las situaciones de pobreza, no existe una relación significativa con la desigualdad en los individuos y los países. En la década de los noventa la media anual del ingreso per cápita fue negativa en más de 50 países y menor que hace 20 años en más de setenta países. No necesariamente a mayor ingreso per cápita corresponde mayores niveles de desarrollo y no todo desarrollo es sustentable.

El informe del Banco Mundial “Crecimiento es bueno para el pobre” relaciona uno a uno los ingreso de la quinta parte más baja de la población con el producto doméstico bruto per cápita y argumenta que el ingreso de todos los sectores crece proporcionalmente en la misma tasa. El estudio enfatiza que los beneficios de la apertura comercial son los mismos para los pobres que para la economía total. Las investigaciones empíricas sobre los efectos del empleo en la liberalización comercial en los países en desarrollo confirman que los costos potenciales de la apertura comercial pueden ser reducidos o aumentados por el contexto de las políticas en las cuales la reforma se efectúa.

La pobreza, al igual que la riqueza tiene sus causas estructurales en el desarrollo. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. Habrá que comparar los beneficios de la intervención gubernamental con el riesgo de que los problemas principal-agente en el sector público hagan los problemas mucho más difíciles. La eficiencia de la intervención del gobierno hecha en los términos de Kaldor-Hicks se fundamenta cuando los costos de intervención son menores que los beneficios.

Es decir, la intervención del gobierno es más eficiente cuando los beneficios que se obtienen son mayores que los costos que se implican. Se asume que una falla del mercado es una condición necesaria para una intervención eficiente (Serie y McCurdy, 1999) Es decir, la condición suficiente de la intervención gubernamental se determina cuando el impacto económico de la regulación es mayor en los términos de beneficios que de costos, cuando las ganancias sobrepasan los daños y perjuicios.

El análisis costo-beneficio de la regulación puede determinar el impacto económico de la política social, lo cual recibe menos atención que presupuesto de gastos gubernamental. Hay que reconocer que existen limites en los recursos para aplicación de programas sociales y que por lo tanto, se requiere de una priorización de esfuerzos, quizás en función de resultados o de la relación costo-beneficio. De esto se sigue que los que formulan las políticas públicas, hasta donde les sea posible deben cuantificar y comparar los beneficios y los costos cuando se tomen decisiones de intervención y de regulación. La investigación (Hahn, 1998) sugiere que la regulación y la intervención de los gobiernos pueden ser ampliamente y significativamente mejoradas, de tal manera que obtengan mayores beneficios, salvar vidas por ejemplo, con menos recursos. Entre otros beneficios del carácter preventivo de la política social, no solamente contribuye a estabilizar la economía, sino que incrementa su capital social también. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”.

El objetivo de la política social es la potenciación de los elementos de cohesión son beneficiosos para la democracia, puesto que desincentivan conductas egoístas de los individuos y promueven los lazos de solidaridad entre los seres humanos. . Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La perdurabilidad de la democracia se define tanto en el ámbito interno de los gobiernos como en el campo de los opositores, desleales, disidentes o insurgentes. Los requisitos para un buen diseño y formulación de la política social son: eliminar los altos niveles de discrecionalidad en la administración de programas sociales, flexibilizar las estructuras de poder cada vez más difusas y concentradas y cambiar esquemas de financiamiento y gasto, de tal forma que se orienten más a quienes realmente lo necesitan que a apoyar a los capitalistas. Cualquier diseño de reformas financieras queda incompleto sino se fortalecen las instituciones existentes con una orientación hacia la formulación y aplicación de una política social acorde a las circunstancias.

La evaluación de la política social involucra dos pasos: determinar bajo un análisis positivo cuales son los efectos de la política y evaluar los efectos de la política para determinar su deseabilidad social (Kaplov y Shavell, 2000) En economía del bienestar, la política social es evaluada desde el punto de vista de sus efectos en el bienestar de los individuos, por lo que lo que es relevante para el bienestar de los individuos es también relevante para la economía del bienestar. Debido a que la evaluación de economía del bienestar se basa directamente en el bienestar de los individuos, la economía del bienestar encuentra problemas de información imperfecta. Si los individuos están conscientes, actúan de acuerdo con sus propias limitaciones.

Las políticas legales deben considerar esta imperfección de la información o bien, el gobierno debe proveer mejor información, cuando éste tiene acceso a un conocimiento superior. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países.

No obstante, las reglas legales pueden afectar las preferencias, sobretodo cuando es empleada como un instrumento para darles forma. El efecto posible de la ley en las preferencias es relevante en la economía del bienestar. Las preferencias cambian con el tiempo, lo cual puede reflejarse en conductas diferentes, como en el caso de las normas sociales. Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Los efectos de la ley sobre las conductas pueden ser evaluados, a pesar de que algunos de ellos sean solamente simbólicos.

El aspecto normativo relaciona si los cambios en preferencias son deseables, asumiendo que ocurren. Sin embargo, algunos analistas sugieren que ciertas preferencias que caen en conductas racionales y bien informadas, deben ser truncadas cuando no tienen peso en el cálculo del bienestar social y es necesario redefinir el bienestar de los individuos de tal forma que se sustituyan otras preferencias. La economía del bienestar ofrece un acercamiento para la objeción de preferencias en el sentido de que éstas reflejan el bienestar actual de los individuos.

Hay dos razones por las cuales la satisfacción de las preferencias puede ser contraproducente y se reduzca el bienestar de los miembros de la sociedad: Las externalidades como en el caso en que se afecta el bienestar de los individuos debido a satisfacción de ciertas preferencias y por la adopción de políticas contrarias a las preferencias actuales que producen cambios en las preferencias y, por tanto, en el bienestar social. Profundas externalidades individuales e interpersonales son generadas más por las diferencias en el capital social que en otros tipos de capital. El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Así, la membresía individual a redes sociales genera externalidades positivas pero el status del individuo puede generar una externalidad negativa (Glaeser, Laibson and Sacerdote, 2000:4). El desarrollo de las redes sociales está determinada por un desplazamiento existente de las relaciones fuertes, permanentes y estables por otras más débiles, flexibles y pasajeras. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. En teoría, el capital social agregado incorpora todas las externalidades generadas por los diferentes tipos de capital social individual. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. Los determinantes de capital social al nivel individual no siempre determinan el capital social al nivel de sociedad. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

Frankel (1995) por ejemplo, sugiere que en aquéllas situaciones donde se involucran bienes públicos, el gobierno puede estar en una mejor posición que el sector privado para operar una empresa a pesar de que sus costos burocráticos pueden ser mayores. Existen ciertos bienes y servicios públicos que son intrínsecamente no lucrativos y que por lo tanto no proporcionan estímulos financieros al sector privado para su provisión. Los bienes públicos que benefician a la gente pero cuyos costos no pueden ser recuperados para que resulten atractivos a las empresas.

No obstante, el Estado-nación pierde poder y soberanía no solamente por las empresas transnacionales sino por el avance del sector privado, en términos generales, que trata de imponer el concepto de soberanía consumidora para sustituirlo por el concepto de soberanía política que restituye al Estado sus capacidades y responsabilidades de regulación del desarrollo. Con la misma defensa de los derechos del consumidor, los individuos adquieren la categoría de ciudadanos. El esfuerzo de la ciudadanía para elevar la productividad del sistema económico puede fortalecer la soberanía política.

Los costos de transacción proveen el marco conceptual y el método para justificar la naturaleza de la acción colectiva y explican las relaciones entre el gobierno y el mercado. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. Los economistas con una orientación neoliberal desacreditan la acción colectiva así como la intervención del Estado. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997) El Estado promueve mediante procesos de intervención directa o indirecta, las relaciones entre los agentes económicos locales e internacionales.

La intervención gubernamental es óptima cuando sus costos de transacción son cero y no se presentan problemas de principal-agente. Inherentemente, cuando los costos de transacción se elevan, las dificultades para organizar son mayores también. Sin embargo, la acción colectiva aumenta los costos de transacción debido a los malos diseños institucionales, es decir, a la falta de incentivos económicos adecuados y malas reglas del juego para regular las relaciones de intercambio entre los individuos.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. Las transacciones deben ser consideradas desde la perspectiva que proporcionen beneficios a las partes involucradas.

El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. Para incentivar la acción de los agentes económicos, es necesario que el Estado diseñe políticas que eliminen las discriminaciones y alineen el medio ambiente institucional. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

En general, concluyen Zerbe y McCurdy (1999) en cualquier tiempo que el gobierno pueda reducir los costos de transacción privados o sus propios costos de provisión debe hacerlo a pesar de que exista o no una externalidad. Los análisis de los costos de transacción llaman la atención a las características que le dan al gobierno una ventaja relativa sobre otras instituciones en su habilidad para bajar los costos de transacción, tales como el poder de coerción. Weber (1958) define al gobierno como una institución que monopoliza el uso de la fuerza o los poderes de coerción sobre un territorio dado.

La intervención del Estado debe desarrollar aquéllas funciones en las que el poder de coerción le da ventaja absoluta. Esta intervención del estado está siendo cuestionada bajo el supuesto que el gobierno realice mejores opciones a las del mercado, ya que al igual que las empresas privadas, también puede explotar a los consumidores, realizar cargos superiores a los servicios como una forma para colectar mayores impuestos y realizar cálculos erróneos del valor de las externalidades para su propio beneficio y transferir los efectos negativos en sus oponentes políticos (Larmour, 1997).

Por otro lado, el relativo éxito que han logrado las economías orientadas por el mercado, han sido las formas en las cuales el Estado y los mercados sistemáticamente interactúan. Ni el mercado, ni el Estado ni cualquier otra institución económica son perfectas como mecanismos de coordinación. Se puede decir que existe una crisis generalizada de las instituciones, una crisis de la democracia, y por tanto una crisis de gobernabilidad. La crisis de gobernabilidad es el resultado de la debilidad del Estado, disfuncionalidades de las instituciones económicas, políticas y sociales que erosionan el sistema democrático y da lugar a regímenes políticos híbridos. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”.

De acuerdo al investigador, “es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica” (Torrijos, 2001). La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Cada institución tiene sus costos y beneficios y es por lo tanto mejor que otras con ciertas condiciones y peor con otras condiciones, observa Chang (1994) Los gobiernos de los países tienen asignadas funciones en diferentes grados y niveles de responsabilidad. Todo esto dependiendo de sus sistemas políticos, de sus fuerzas demográficas, ingreso, riqueza y preferencias de la gente por la provisión pública de bienes y servicios (Aronson and Ott, 1991) Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Sin embargo, entre las acciones que el gobierno puede establecer para reforzar las funciones del mercado, está la creación de instituciones que fortalecen los derechos de propiedad privada. Así mismo, instituciones para el aseguramiento de la aplicación de pesas y medidas, etc.

Estas acciones tienden a reducir los costos de transacción. A pesar de que economizar mediante el empleo de los costos de transacción es un concepto perverso en el que los costos y beneficios para cada una de las formas de organización tienen que calcularse comparativamente. Tanto en economía como en derecho, la transacción ideal es una de mercado spot donde la identidad no es importante sino la aplicación de reglas legales.

Tampoco resulta fácil determinar hasta qué grado los regímenes supranacionales y las administraciones nacionales necesitan modificar sus agendas y prescripciones de las políticas en virtud de la creciente movilidad de los recursos. En un extremo, la definición por una mayor función de las instituciones del mercado para autorregular las formas de organización económica y la asignación de los recursos, y en el otro extremo, la concepción neoestructuralista de las limitaciones del mercado como asignador óptimo de los recursos. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. Para la teoría neoclásica, las empresas son y tienen problemas porque se apartan de sus principios. Es en este sentido que la organización económica está íntimamente relacionada con el desarrollo sustentable de los pueblos.

No existe un consenso de cómo el desarrollo puede ser sustentable. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad. Las formas de organización económica determinan la sustentabilidad del desarrollo, el cual es privilegiado por las actividades empresariales que constituyen la base de las actividades económicas. La trayectoria dominante del desarrollo económico desde la Revolución Industrial no sustentable. La extensión y la forma de intervención e involucramiento del gobierno es dependiente de la extensión y el carácter de las imperfecciones del mercado, así como de las demandas que establezca la sociedad.

Esta concepción fundamenta la responsabilidad de la orientación del desarrollo económico de las sociedades periféricas, la cual debe recaer principalmente en el Estado. Pero hasta ahora, no se ha evaluado si la intervención estatal es más efectiva en costos que el mercado que reemplaza. A partir de las fallas del mercado es como se construye una teoría de intervención estatal, pero además, la escuela de la elección pública incorpora las fallas del Estado. Por otro lado, la cultura puede ser un substituto de la acción gubernamental.