LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECON?MICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACI?N

Las funciones emergentes del Estado.

En un intento para crear una tipología de acercamientos a la organización económica, Dunning (1997) identifica seis roles del gobierno en una economía orientada por el mercado: Los intereses políticos y económicos del Estado deben ser la principal justificación para la actividad económica (mercantilistas, regular los asuntos de acuerdo a un orden natural (Fisiócratas), la "mano invisible" de los mercados como el mejor asignador de los recursos (clásicos y neoclásicos), un activo y participativo papel del Estado en todos los aspectos de los asuntos económicos (economía socialista), el bienestar social de la comunidad y la distribución del dividendo nacional (economía de bienestar), libertad personal y contra la intervención del Estado (contractarianismo) y la falta de confidencia en la eficiencia y en la justicia social de la economía del mercado justifica las intervenciones del Estado (Estructuralismo). El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad.

Los nuevos funciones emergentes en las responsabilidades del Estado incluyen las formas en que éste afecta al mercado. El nuevo Estado emergente es un Estado capitalista neoliberal que se ha convertido, al decir de Cox (1992) en la “correa de transmisión” de los intereses globales a los nacionales. El Estado-nación capitalista se convirtió en el espacio geopolítico donde se organizaron las fuerzas productivas y las relaciones sociales en un modo de producción capitalista, cuyo objetivo es lograr mayor eficacia y competitividad en la inserción internacional de la economía nacional y regional. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

En este espacio nacional delimitado por fronteras geográficas y físicas se definen la ocurrencia de fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales, y por lo tanto estos espacios nacionales definen las unidades de espacios que son soberanos. Además, este espacio geopolítico dio lugar a un espacio geoeconómico donde se organizan las instituciones del mercado. El espacio geopolítico se origina en el Estado-nación el cual da lugar a niveles superiores de organización de los espacios internacional y global en donde la geoeconomía adquiere mayor preponderancia.

Las grandes corporaciones transnacionales promueven la extensión de la geoconomía y la geopolítica del espacio nacional al espacio internacional y global siempre actuando en sinergia con los Estados imperlialistas, quienes concentran y detentan la propiedad y el control de la mayor parte de transnacionales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. Es en el ámbito espacial global en donde tienen lugar las expresiones de la globalización en un contexto fragmentado.

Por lo tanto, el nuevo Estado es una agencia para el ajuste de las políticas económicas nacionales y las prácticas de las exigencias percibidas de la economía global. Las demandas que los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales formulan en forma incluyente al Estado, sobrecargan sus estructuras y procesos y lo convierten en un Estado ineficiente. Todavía más, el Estado-nación tiene que desempeñar un importante papel en la resistencia a los excesos de la política homogeneizadora del capital. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. Esto puede apreciarse con el crecimiento de las agencias estatales que cada vez se conectan más a la economía global. Sin embargo, Baker (1999) no está de acuerdo con esta noción del Estado. En todo caso, la metáfora no captura la complejidad de la relación entre los procesos de globalización y el Estado.

El Estado emergente está transitando de un Estado interventor a un Estado facilitador de las actividades del sector privado. Pero en este tránsito se está descuidando el combate a los problemas de la pobreza, la marginación y la exclusión social, hasta terminar en el concepto de los “sin nombre y sin domicilio fijo”, es decir, no existen como ciudadanos ni como seres humanos. La exclusión se manifiesta en conductas antisociales y económicas negativas que evaden los mecanismos del mercado. De acuerdo a Bauman (1993), la sociedad estigmatiza a los individuos como un mecanismo de defensa de la ambigüedad que resulta del fenómeno de marginalización y exclusión social, situación que más que resolver los problemas los agrava.

El nuevo modelo simplemente ignora la necesidad de desarrollar un sistema social más justo y eficiente, con las instituciones que lo garanticen. Hasta ahora, la instrumentación de programas de estabilización y ajuste macroeconómicos ha dejado un fuerte impacto en los segmentos más pobres de la sociedad, lo que hace urgente que se realicen arreglos institucionales que hagan inversiones sociales para legitimar los roles emergentes del Estado. No obstante es cuestionable hasta donde los arreglos institucionales deben uniformarse en todos los países del mundo, o bien deben implementar arreglos diferentes y ajustados a las situaciones locales. Estos arreglos institucionales pueden resolver los problemas, conflictos y pugnas de intereses existentes entre los diferentes agentes económicos.

Las políticas de ajuste estructural desmantelaron el sistema corporativista construido para facilitar la formulación e implementación de la política social y por lo tanto, han contribuido a aumentar las desigualdades y la pobreza en donde se han implementado. Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva. Bajo el sistema corporativista, la política social que se intentó implementar durante el período comprendido entre 1940 y 1970 fomentó el desarrollo de una clase media mediante la eliminación de las desigualdades sociales. Esta política finalmente benefició a la sociedad urbana en detrimento de la sociedad rural. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios

Tres principios sirven de fundamento para legitimar los diferentes papeles del Estado en una sociedad. Siguiendo a Camou (1998), estos tres "principios legitimadores" del desarrollo y del progreso de los individuos en la sociedad son: en primer término el "privatista" que se fundamenta en la libre iniciativa y la competencia abierta, el principio "compensador" que fundamenta la protección a través de compensaciones que debe dar el Estado a los grupos sociales más vulnerables, y finalmente el principio de "bienestar" que justifica la intervención del Estado para satisfacer las necesidades apremiantes por sobre los deseos y preferencias de grandes grupos de la población que carecen de bienes y servicios básicos.

Desde otro punto de vista, el punto de vista filosófico / ideológico refleja la naturaleza de la sociedad y la forma correcta, más que eficiente, de cómo la actividad económica debe ser organizada. El punto de vista del costo-beneficio de las formas organizacionales alternativas (mercados, jerarquías, comunidades) parte de la consideración de que en una situación de perfecta competencia, los mercados son el mejor instrumento para la asignación de recursos escasos, aunque al igual que el Estado, presentan fallas. Además, la reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. Ambos, Estado y mercado no son mecanismos perfectos de asignación de recursos y por lo tanto, así como existen fallas del Estado, también existen fallas del mercado. La contingencia de gobernabilidad se incrementa porque ni el Estado alcanza a coordinar políticamente, ni el mercado garantiza la integración de la vida social y funcional de una sociedad contemporánea altamente diferenciada.

Estado y mercado son mecanismos imperfectos de asignación de recursos. Tal parece que la tendencia dominante en la ola de cambios de las formas organizacionales apuntan hacia una hibridización de formas de jerarquías y mercados, las cuales introducen los incentivos de los mercados en las organizaciones y jerarquías que controlan el manejo de los activos en los mercados. Puede ser verdad que los cambios institucionales usualmente ocurren como las reacciones de personas con visión estrecha a lo que perciben como más o menos un rango estrecho de necesidades. Para esta hibridización se requiere de un sistema institucional que formule e implante las regulaciones.

La forma del mercado se fundamenta en el mecanismo de los precios para coordinar oferentes competitivos y compradores anónimos. Con mercancías estándar, derechos de propiedad y precios marginales se promete optimizar la producción y la distribución: La dinámica de la competencia, la provisión y la demanda llevan el precio a un bienestar social que es un óptimo de Pareto. En este óptimo, ningún bienestar se incrementa sin que se reduzca el de otro (Adler, 1999) Amartya Sen muestra cómo los derechos liberales pueden producir resultados que cada individuo preferiría evitar, por lo tanto, violando el principio de Pareto. Los derechos y libertades de los individuos constituyen un conjunto de capacidades que le permiten elegir diferentes funcionamientos y posibilidades de su desarrollo.

Sen critica el “bienestarismo” (Welfarism), de bienestar, porque hace de los juicios morales una función sólo de la utilidad de los individuos. Lo define como el punto de vista que enjuicia la relativa bondad de los estados de cosas alternativos. Estos deben estar basados exclusivamente en, y tomados como un incremento de la función de, las respectivas colecciones de las utilidades individuales de estos estados (Sen, 1979) Sin embargo, la teoría del bienestar no necesita asumir que el bienestar social para una población dada es igual a la suma de las utilidades individuales.

Chang (1999) presenta un ejemplo de una función de bienestar que puede incorporar principios de justicia y aún cumplir con el principio de Pareto, demostrando que el principio de Pareto por sí mismo no necesariamente implica que se tenga que abandonar principios de justicia, imparcialidad y tolerancia liberal. Las nociones de imparcialidad se refieren a los principios usados para evaluar las reglas legales bajo las cuales los análisis basados en los principios se acuerda dar un peso a los factores que son independientes del bienestar de los individuos. Estas nociones de imparcialidad tienen la propiedad de que las evaluaciones no se basan exclusivamente en como las políticas legales afectan el bienestar de los individuos.

Kaplow y Shavell (2000) argumentan que con base en las reglas legales de la economía del bienestar, la imparcialidad basada en la evaluación no depende exclusivamente en los efectos de las reglas legales del bienestar de los individuos, y como consecuencia, las nociones de satisfacción de imparcialidad pueden empeorar a los individuos, es decir, reducir su bienestar. Los autores avanzan la tesis de que las políticas legales deben ser evaluadas usando el marco de referencia de la economía de bienestar, bajo la cual, la evaluación de las políticas depende exclusivamente de sus efectos en el bienestar de los individuos, la cual también se refleja en la preocupación por la distribución de ingreso.

Las nociones de injusticia e imparcialidad, como en la justicia distributiva y correctiva empleadas para evaluar las reglas legales, dependen directamente de las acciones del bienestar de los individuos. Concluyen que los individuos empeorarán su bienestar como consecuencia de perseguir una noción de imparcialidad basada en análisis, la cual se encuentra en oposición al bienestar humano en su nivel más elemental. Si se profundizan las nociones de imparcialidad que favorecen políticas diferentes de las apoyadas por la economía del bienestar, los resultados son una reducción del bienestar individual. Los investigadores critican que no deben mezclarse puntos de vista en la evaluación de las políticas legales más que la sola evaluación del bienestar de los individuos, como el centro de la economía del bienestar.

Los investigadores sostienen que hay correspondencia entre las nociones de imparcialidad y justicia que son usadas como principios independientes para la evaluación de reglas legales y las normas sociales que guían a los individuos en sus vidas diarias. Las nociones de imparcialidad y justicia se corresponden con las normas sociales, como principios que los individuos socializados usan como guías de su conducta. Las normas de conducta social deseables tienden promueven el bienestar de los individuos en sus interacciones cotidianas. Los individuos recurren a las normas sociales para determinar su conducta en sus interacciones con los demás. A pesar de que las normas sociales tienen una influencia fuerte en nuestras mentes, no deben de ser elevadas al rango de principios para el análisis y la evaluación de las políticas legales. Esta relación entre las nociones de imparcialidad y las normas sociales ayuda a reconciliar el atractivo que ejerce las nociones de imparcialidad. La identificación de las reglas legales que mejor promueven el bienestar de los individuos y los factores relevantes en objetivos que se relacionan con la distribución del ingreso

La teoría de la justicia puede incorporar el principio de Pareto y puede generar, además, una lista jerarquizada completa de alternativas, tanto como una función utilitaria de bienestar social puede. Para ello, necesita de instituciones morales fuertes con respecto al principio de tolerancia liberal y que, además, respete el principio de Pareto.

La sola justificación de la intervención externa es que de una manera u otra, los mercados fallan en el desempeño del óptimo de Pareto. Las razones de las imperfecciones del mercado más importantes que afectan los niveles de precios y el desarrollo, entre otros son, las distorsiones de las estructuras del mercado en oligopolios y monopolios, la recesión del mercado interno, las externalidades y la beneficencia social. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles. Además, se consideran también las deficiencias en la infraestructura física, el desempleo estructural, los cuellos de botella que aumentan los costos de producción y distribución, las instituciones y los costos de transacción y coordinación y la tecnología y el cambio organizacional.

Las empresas y los mercados difieren en sus formas de acceso al “fiat” lo cual se explica parcialmente por las diferencias en los contratos legales. Las jerarquías fundamentan la autoridad en el poder legítimo o “fiat” para crear y coordinar la división horizontal y vertical del trabajo, con una variación considerable de niveles y de actividades agrupadas. La jerarquía cuenta con organismos judiciales para aplicar las resoluciones y resolver las controversias que surjan. Muchas organizaciones están diseñas en estructuras jerárquicas, en las cuales cada administrador reporta solamente a otro de nivel superior.

El papel del Estado en el desarrollo económico ha cambiado radicalmente desde la crisis de la década de los ochenta y se ha acelerado con los procesos de globalización, rechazando radicalmente las responsabilidades del Estado de Bienestar y profundizando los efectos negativos de la diferenciación social y la disociaciación de la vida social en amplios sectores de las comunidades. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. Los ideólogos ortodoxos neoliberales negaron y limitaron el papel fundamental del Estado en la protección y bienestar social. Igualmente, anularon su función reguladora de las actividades. No obstante, el modelo del Estado de Bienestar a escala global o planetaria es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la humanidad en contra de declarar su desaparición en beneficio de la maximización de los intereses bursátiles.

Pero la reducción de funciones del papel del Estado en la política económica no es una condición suficiente para el habilitamiento de otras instituciones. El bienestar fue evaluado como la distribución de un producto social neto sobre las bases de ciertas funciones que los ciudadanos cumplían y de derechos derivados de ciertos papeles personales. Las necesidades en materia económica eran mensurables y capaces de ser comparadas interpersonalmente por “agentes”, con razonamiento y responsabilidad autónoma, dentro de un espacio público de ciudadanía y a quienes además tienen el reconocimiento de un sistema jurídico democrático.

Si no hay ciudadanía tampoco puede haber democracia. La democracia afirma la ciudadanía que es el resultado de largas luchas políticas y sociales, de tensiones entre los intereses colectivos e individuales, públicos y privados, y sistemas de valores donde predominan los liberales y sociales. Las luchas políticas en el ámbito del Estado-nación cuestionaban la legitimidad del gobierno pero nunca la legitimidad del Estado mismo.

La denominada crisis de la ciudadanía arrastra consigo una crisis de la razón igualitaria de los derechos. El espacio público formado por la sociedad civil y el Estado sirve de base para la construcción de una ciudadanía responsable que exige el cambio de comportamientos de los diferentes actores políticos, todo lo cual contribuye a la formación de capital social. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”. Un sistema de gobernabilidad efectivo permite el desarrollo y formación de capital social y humano El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

El capital social es visto como un atributo de la comunidad después de los trabajos de Coleman (1990). El capital social de una comunidad tiene como base las reglas no escritas, como en el caso de la confianza que existe entra los diferentes agentes económicos. El capital social individual (Glaeser, Laibson and Sacerdote, 2000) y la confianza individual no necesariamente coincide, porque aquellos individuos que son más confiables no siempre sacan provecho de las interacciones sociales.

No obstante se puede asumir que cuando las relaciones de confianza mejoran, se desarrollan estructuras sociales más inclusivas y se forma un espíritu colectivo orientado por un mismo sentido de comunidad. Así, un elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998). El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales.

Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.El orden se crea y se mantiene mediante comportamientos de cooperación que tienen referencias continuas para respetar la tradición a cambio de no encontrar la censura o desaprobación de la comunidad. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, creando lo que se ha dado en llamar la ación del “gorrón”. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

En la gobernabilidad por la comunidad, la coordinación se logra por normas de compartidas de comportamientos apropiados. Las costumbres evolucionan y dividen el trabajo y para compartir los productos. Por lo tanto, se enfatizaron la titularidad de las asignaciones dentro de un concepto de distribución económica contrastados con las diferentes numeraciones asociadas con estimaciones de gastos e ingresos agregados que se centraban en un concepto de ciudadanía “activa e individualista” que pone en crisis a la razón igualitaria.

Ahora se insiste en que los Estados subjetivos no pueden ser comparados. Pero que las operaciones de “la economía” son concebidas como una entidad largamente autónoma gobernada por sí misma, reguladas para hacer disponible las satisfacciones individuales que persigan los individuos (Brown, 1997) Un individualismo y un libre mercado, han dado por resultado compradores y vendedores monopolísticos agrupados en corporaciones transnacionales monopolísticas e impersonales. Los intereses de las grandes corporaciones por limitar la acción reguladora del estado-nación se centran en la avidez por nuevos mercados y obtención de recursos a más bajos costos, todo en función de obtener tasas mayores de retorno de sus inversiones.

En el mercado de libre competencia, el gran número de compradores y vendedores saben lo que quieren y lo que están dispuestos a pagar por la adquisición de satisfactores, actúan con libertad e independencia para entrar y salir del mercado, la información es libre y accesible sobre precios y productos y los costos de negociación son bajos. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. El libre mercado es en realidad muchas de las veces un mercado monopolista que concentra recursos, energías, etc., mientras que otras veces destruye y desvaloriza capacidades útiles, expectativas y voluntades.

La derecha postula principios liberales neoclásicos, por lo que también se le conoce como neoliberalismo que tiene sus raíces ideológicas en los siglos XVIII y XIX en los pensadores liberales tales como Adam Smith y Jhon Locke, luego promovidos por la Escuela de Chicago desde la década de los sesenta del siglo pasado. Sin embargo, la promoción de esta ideología es de hecho un producto de la estrategia global contemporánea de las transnacionales así como de las políticas de las administraciones de Reagan, Bush y Clinton en los Estados Unidos y de Thatcher y Major en Inglaterra.

La ideología neoliberal atacó las teorías estructuralista y dependentista hasta lograr la hegemonía doctrinaria e influir en el diseño de la política económica que se instrumentaliza en los programas de ajuste estructural y estabilización macroeconómica recomendados por los organismos financieros internacionales a los países en crisis económica y financiera, que ha tenido alcances muy relativos en el desempeño del crecimiento económico y negativos en el desarrollo social. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

La subjetividad es refugio o resistencia contra este modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). El crecimiento económico implica el concepto de medición cuantitativa del producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad.

La preocupación por encontrar un nueva alternativa de desarrollo ha resultado en el surgimiento de un nuevo modelo denominado la “tercera vía” bajo principios de una Nueva Macroeconomía Clásica. La Nueva Macroeconomía Clásica es aliada de la Nueva Derecha y al conservadurismo que se apoya en la teoría de la elección pública. Está basada en los trabajos de Buchanan y Tullock (1962), favorecen el establecimiento de reglas constitucionales para controlar las acciones del Estado, limitar sus intervenciones y reducir su crecimiento (Gilbert and Michie, 1997), aunque es dudosa la aseveración de que la Nueva Macroeconomía Clásica se apoya en el trabajo de elección pública de Buchanan.

Kaiser (1997) propone tres principios básicos los cuales pueden explicar los procesos y resultados de ingeniería constitucional: el conservadurismo institucional, la dependencia institucional y el aprendizaje institucional. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia.

De acuerdo con Kaiser (1997), la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas propuestas son preferidas aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

La Nueva Derecha a desplazado a la Vieja Derecha y se autodenomina “Nuevo Orden” o “Nuevos Demócratas” La Nueva Derecha se ha identificado por la combinación del individualismo de la derecha y una nueva retórica populista que destruye a las organizaciones populares, bajo el apotegma de que el individuo no tiene límites y por lo tanto el mejor gobierno es el que no gobierna. Internacionalmente, la conexión entre la actividad popular y las políticas son muy débiles.

La Nueva Derecha es el sustento de los regímenes denominados como la Tercera Vía o democracia social, un programa socioeconómico que mezcla las ideologías del neoliberalismo y el socialismo de Estado. La Nueva Derecha tiene como antecedentes la ideología neoliberal, la cual tiene sus raíces ideológicas en los siglos XVIII y XIX en los pensadores liberales tales como Adam Smith y Jhon Locke.

La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). La diferencia entre socialdemocracia y liberalismo es que éste quiere la menor intervención política posible (dejando a la regulación del mercado la tarea de poner orden) y la socialdemocracia tiende a regular la mayor cantidad posible de aspectos de la vida humana. En este tira y afloja estamos entre unos regímenes y otros y entre unos períodos históricos y otros.

Un liberalismo absoluto en el que el Estado solamente se ocupe del ejército y la policía no es hoy ya sostenible. La sociedad moderna es demasiado complicada para carecer de reglas de juego. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. Por otra parte estamos viendo desaparecer la regulación colectiva de muchas funciones que hasta no hace mucho considerábamos comunes: las compañías telefónicas, el correo, los ferrocarrilles, etc. Las democracias liberales más avanzadas se convirtieron en democracias sociales. La doctrina de la tercera vía es una versión populista del capitalismo que propone cambios al gasto social en beneficio de subsidios capitalistas para presentar una alternativa al Estado de Bienestar y al libre mercado.

La tercera vía es diferente a la Vieja Derecha porque “combina políticas ultrarregresivas con la más elevada retórica humanitaria... La Nueva Derecha proyecta una identidad distinta, basada en combinar una retórica populista con el individualismo de la derecha. La ideología apela al Gran Negocio porque reciben beneficios sustantivos en material, mientras que la calse media más baja es rematada con retóricas humanistas y apelaciones emocionales simbólicas... La Tercera Vía es una continuación y extensión del neoliberalismo de la Vieja Derecha de simbolismos populistas vacíos. Guerra de Clases desde arriba y Guerras Imperiales en el extranjero... ” (Petras, 2001a).

Puesto que los niveles de intervención del gobierno son altos en la mayor parte de las economías, la Nueva Macroeconomía Clásica apoya las acciones tendientes a establecer reglas que gobiernen la elección de las políticas, las cuales considera son no efectivas en su generalidad. Por ejemplo, Buchanan argumenta a favor de reglas que restringen la acción del gobierno a fin de limitar la coerción de individuos ya sea a través de las acciones propias de otros individuos o a través de acciones colectivas por medio del gobierno.

Hasta ahora los trabajos académicos de Giddens han orientado las acciones de gobiernos social-demócratas que mutilan programas de política social y destruyen redes benéficas de asistencia social, etc. Alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema para dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados. La política social se ocupa de la provisión de bienes y servicios asistenciales a la población, tales como educación, salud, habitación, alimentación, etc.

La Nueva Macroeconomía Clásica es un acercamiento instrumentalista que llama por reglas de las políticas en el supuesto básico de que los mercados trabajan y que la intervención del gobierno es superflua y generalmente el responsable de los problemas macroeconómicos. La intervención incontrolada del Estado en el mercado crea incertidumbres que causan inflación y es responsable de los ciclos de los negocios. Por lo tanto, concluyen los autores, las reglas son preferibles a la discreción. Pero la no-intervención del gobierno en la economía, es lo mejor.

En realidad, las corporaciones transnacionales concentran los recursos, poder y decisiones mediante megafusiones bajo los regímenes denominados de la tercera vía, siempre en sinergia con los Estados imperialistas. Estos Estados imperialistas concentran y detentan la propiedad y el control de las transnacionales más importantes. Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con el apoyo de los estados imperialistas, para aumentar su poder e influencia. Las grandes corporaciones siempre tienen intereses en la obtención de las mayores tasas de retorno sobre la inversión en términos de utilidades mediante la avidez de los recursos naturales, la conquista de mayores mercados, la reducción de sus costos de operación y transacción en la comercialización. Para lograrlo tratan de reducir la acción reguladora de los Estados-nación, la cual es contraria a sus intereses

De un Estado activo que intervenía en la racionalidad del desarrollo económico, de acuerdo con Salazar Xirinachs, se ha pasado a “... un ambiente intelectual de profundo escepticismo acerca de los motivos, las habilidades y la conveniencia de la intervención estatal, y a una reafirmación de las bondades de las fuerzas del mercado y de la iniciativa individual y privada”. La tendencia a fortalecer las funciones de intervención y de regulación de las actividades económicas está determinada en parte por la capacidad para satisfacer las demandas de la sociedad.

El elemento central de este nuevo orden es la intervención del Estado sobre una base diferenciada en la complejidad de la nueva economía. El nuevo orden económico se centra en estrategias de desarrollo que se orientan a la eliminación de una política social y a la descentralización de las funciones del Estado, por un lado, y por otro, en la promoción del desarrollo local mediante el fortalecimiento de las funciones regulatorias y de intervención. La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades locales, en detrimento del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 1990:165-167).

Esta intervención del Estado está siendo cuestionada bajo el supuesto que el gobierno realice mejores opciones a las del mercado, ya que al igual que las empresas privadas, también puede explotar a los consumidores, realizar cargos superiores a los servicios como una forma para colectar mayores impuestos y realizar cálculos erróneos del valor de las externalidades para su propio beneficio y transferir los efectos negativos en sus oponentes políticos (Larmour, 1997). La tendencia hacia una mayor intervención en la promoción del desarrollo local o regional, está determinada en parte por las demandas de la sociedad

Así por ejemplo, Buchanan (1991) no niega el papel del gobierno cuando centra su atención en la posibilidad de las fallas del mercado y la tendencia a expender el nivel de intervención del gobierno. En este sentido, las reglas son diseñadas para afectar el proceso de gobierno. Sin embrago lo que se necesita es una verdadera “teoría de la intervención estatal legítima” (Prats, 2000)

Por otro lado, la Nueva Macroeconomía Clásica considera la intervención del Estado como ineficiente y las reglas como los medios para limitar y reducir hasta lo posible la intervención del gobierno (Gilbert and Michie, 1997) El gobierno ya no es más un lugar para las simples estructuras de los flujos de materiales planeados. El manejo de los asuntos públicos requiere de un acercamiento altamente diferenciado a pesar de que la democracia como un valor universal exige que los ciudadanos se involucren en las decisiones de los asuntos públicos. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

En este acercamiento, las decisiones finales se toman sobre la base de una cascada de decisiones preliminares (Cong, 1998) Esta reevaluación del papel del Estado se encuentra “... estrechamente asociada con una reevaluación de las estrategias y mecanismos para promover el desarrollo y lograr la reactivación económica...” en los términos de Salazar Xirinachs. El Estado requiere revalorizar su función reguladora apropiada de actividades, delimitando los métodos y las formas de gobierno eficaces para hacerlo. Sin embargo, la limitación de las funciones del Estado en materia de economía política no garantiza el adecuado funcionamiento de otras instituciones.

Un cuestionamiento central a las funciones del Estado actual, es determinar cuáles deben ser modificadas y eliminadas mediante los procesos de privatización y cuáles siguen siendo esenciales para fortalecer o incorporarlas de acuerdo al nuevo modelo de desarrollo. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

La tendencia de la reestatización o neoestatización de las funciones del Estado se orienta a recuperar algunas de las funciones eliminadas o disminuidas durante la aplicación de la política económica y social del modelo neoliberal, la cual constituye una de las piezas principales en la expansión de las grandes empresas transnacionales, lo cual ha sido posible por la expansión militar y política de los Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

El gobierno del Estado-nación despiadadamente sometido a los embates de las fuerzas económicas transnacionales y a una revolución tecnológica de la información, no debe sucumbir fácilmente a las presiones, y menos renunciar a sus funciones de mediadores entre la sociedad y el mercado frente a los enormes retos que estos cambios globales significan. Por el contrario, ante el enorme reto que representan las fuerzas de los procesos de globalización informática y económica, los Estado-nación deben fortalecer sus estructuras mediante la reorganización y el refinanciamiento de las instituciones del Estado-nación necesarias para establecer la nueva gobernabilidad entre la sociedad y el mercado.

Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo.

En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997). Con ello, se debe apoyar un desarrollo que se sustente en una profundización de la democracia y solidaridad social. Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política.

El papel del estado es evidente si se toma en cuenta que a pesar de la preocupación de los organismos internacionales por soluciones centradas en la estrategia del mercado, todavía confían en el Estado para la formación de instituciones apropiadas. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia.

El Estado debe recobrar sus funciones de producción de regulaciones, de protección y bienestar social mediante una reingeniería de procesos y actividades así como de formas de gobierno para hacerlo en forma más eficaz. Así, el papel del Estado es complementario al mercado, en donde los nuevos agentes económicos y actores políticos son los empresarios y los administradores de las organizaciones del sector privado. Estas instituciones tienen como finalidad obtener y mantener la estabilidad macroeconómica como base para el desarrollo de una economía competitiva y dinámica del mercado y para el mejoramiento sostenido en el bienestar de sus poblaciones.

Las nuevas formas de gobernabilidad de un Estado-nación ampliamente insertado en la globalidad, deben traducirse en políticas públicas que posibiliten una relación positiva entre el crecimiento económico y el desarrollo social. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta.

Si se considera las formas de gobernabilidad como coordinación, su efectividad se determina en función de los costos de transacción. Cada una de las formas de gobernabilidad tiene sus propios costos de transacción y el asunto es determinar cual forma de coordinación es la que promete menores costos en circunstancias específicas. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer

Por lo que los argumentos de los costos de transacción son comparativos. Economizar mediante el empleo de los costos de transacción es un concepto perverso en el que los costos y los beneficios tienen que calcularse en forma comparativa para cada una de las formas de organización. Cada forma de gobernabilidad tiene sus propios costos que requiere el soporte de un régimen de un contrato legal. Se requiere más los fundamentos de la teoría de los contratos que los conocimientos de los procesos de adjudicación judicial. Cada modelo de gobernabilidad implica soluciones a problemas organizacionales percibidos. Por lo tanto, son las circunstancias diferentes en las cuales cada una de las formas son más eficientes que las otras. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

El crecimiento económico que pueda derivarse de los procesos de globalización tienen que acompañarse de un conjunto complejo de políticas entre las que se deben incluir la asistencia financiera y técnica multilateral proveniente de organismos e instituciones globales, así como encauzamiento para la transferencia y ayuda bilateral a los países menos desarrollados.

La práctica de políticas públicas y una política económica que promuevan un crecimiento económico que provea los recursos para sostener una política social capaz de mejorar la equidad en la distribución de los beneficios, es un requisito necesario, aunque no suficiente para ampliar las opciones y oportunidades al pleno desarrollo humano. Los actuales sistemas democráticos ven limitados su desarrollo humano debido a la crisis de gobernabilidad y a la inestabilidad institucional que les caracteriza.

Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

El crecimiento económico implica la medición cuantitativa del producto interno bruto per capita y el promedio de consumo real. Así por ejemplo, la preservación del medio ambiente es necesaria para el futuro desarrollo humano, la cual es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo humano sustentable es un concepto intrincado al concepto de buen gobierno. Planteado el desarrollo sustentaba como política de Estado no ha producido los resultados esperados, ni los cambios en comportamientos y actitudes requeridos.

La pertinencia de las políticas públicas y la política económica se sustenta en la fijación, aceptación y cumplimiento de las reglas del juego, instrumentos y metas entre los diferentes agentes económicos y actores políticos. La orientación estratégica de las políticas públicas y de la política económica debe ser el resultado de mecanismos acordados y aceptados, así como de arreglos institucionales para mitigar mediante estructuras de gobernabilidad apropiadas los problemas de agencia, reducir los costos de transacción y la complejidad de los contratos, en función de formas organizacionales. Las partes individuales que celebran contratos entre sí, fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado, encuentran incentivos adecuados para hacerlo mediante arreglos privados.

La perspectiva de los contratos como marcos de referencia enfatiza la continuidad a largo plazo y reconoce la imperfección de los contratos. La teoría de los contratos puede ser de más beneficio como fundamentos, que el estudio de los procesos de adjudicación judicial. Las estructuras de gobernabilidad tienen relación con los atributos de las transacciones las cuales tienen diferentes necesidades para la adaptación, ya que por ejemplo, los mercados se desplazan en forma más selectiva que uniforme.

El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma. En otras palabras, la orientación estratégica de la política económica define la política de Estado, la cual debe reflejar el mandato de los ciudadanos.

Una política económica que, además, tenga preocupaciones por el uso correcto de los recursos del medio ambiente. La política económica neoliberal soslaya la dimensión social hasta que brotan inconformidades que desestabilizan el logro de los objetivos económicos. Hasta ahora la política social se ha focalizado en los más pobres, aunque los resultados han sido negativos porque estigmatiza y no ataca de fondo las causas. En el presente una pequeña pero muy persistente y especialmente necesaria categoría permanece: el pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo (De Swaan Abram, 1997).

Además, las políticas públicas deben orientar y apoyar los procesos de transformación que la sociedad misma impulsa e incorporar a la ciudadanía y a la sociedad en razón igualitaria de los beneficios y oportunidades y no solamente en el traslado de los costos de estos cambios. El progreso y desarrollo de los países requiere además del Estado de Derecho, probidad financiera, estabilidad política, la ausencia de conflictos y de un marco legal que estimule las inversiones domésticas y foráneas.

El desarrollo de la democracia y el desarrollo integral de la sociedad son dos factores importantes para avanzar en las nuevas formas de la gobernabilidad sustentadas sobre la base de un Estado-nación eficaz y con un liderato político fuerte y un ejercicio de la autoridad delimitado por las instituciones que articule las diversas fuerzas y armonice los intereses. Todavía el Estado nacional constituye la base territorial para sostener la gobernabilidad y la democracia como los primeros recursos para legitimarse y para delimitar la ciudadanía misma que representan.

No obstante, lo que está ocurriendo ahora es la desterritorialización del Estado a escala espacial nacional para dar lugar a la emergencia de nuevas formas de unidades espaciales territoriales. Frente a los retos de competitividad que plantea la globalidad, un Estado-nación con estas características es el mejor diseño para la incorporación y la expresión de las expectativas de la sociedad y para conectarlas con los cambios del ambiente globalizado.