Contribuciones para la Formulación
de un Sistema de Cuentas Regionales

Fernando H. Laveglia

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Construcción

 

 Comprende la construcción, ampliación, reforma y reparación de viviendas, locales para oficinas, industrias, almacenes, etc. y de obras de ingeniería civil, como: carreteras, líneas de ferrocarril, puertos, líneas de transmisión de energía eléctrica, pozos petroleros, etc. Todas estas construcciones se computan independientemente que se realicen para la venta o para uso propio o que sean realizadas por las familias, empresas o el sector público.

Teniendo en cuenta la amplia gama de actividades que presenta este sector, las recomendaciones internacionales sugieren subclasificar al mismo, a fin de permitir una mejor relación con la disponibilidad de las fuentes de información, en “obras privadas” y “obras públicas”.

Las primeras comprenden a la construcción destinada a los hogares y a las empresas e incluye a: las viviendas, los edificios comerciales e industriales, otras obras, y las reformas y ampliaciones. Las públicas son las realizadas por dicha categoría institucional en sus distintos niveles: nación, provincia (estado) y municipio (alcaldía), tanto por organismos descentralizados o empresas públicas, hayan sido ejecutadas con personal propio o a través de contratos con empresas privadas.

 Construcción privada:

Las características de esta actividad obligan a contemplar alternativas para decidir la elección de la unidad de referencia. En este sentido, la utilización de la unidad empresa como establecimiento constructor, en forma homogénea con otras actividades productivas, conlleva la dificultad de poder cubrir el universo de ellas en un sector en que resulta habitual la presencia de múltiples empresas de reducido tamaño que participan en las distintas etapas del proceso productivo. En consecuencia, la solución práctica que se sugiere es asumir como unidad estadística a la obra misma. Es decir, que la empresa constructora manifiesta su actividad a través de los trabajos que realiza (esta es válido también para la “obra pública”) y es, en cada uno de ellos, a través de distintas formas de investigación, donde se miden diversos indicadores acerca de la actividad.

En el caso de la “obra privada” es recomendable utilizar como información primaria la correspondiente a superficie a cubrir (en m2) según “permisos acordados” por las unidades políticas menores (municipios). El total de superficie se clasificará por tipo de edificación, en vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar y otros destinos, sean para obras nuevas como para ampliaciones o modificaciones. Si bien este método conlleva el error de incluir proyectos posteriormente abandonados como también excluir a las construcciones sin permiso, al resultar tales omisiones de signo contrario, la solución que se escoge es la de aceptar que estos defectos se compensan entre sí. En otras palabras, se considera que la información por “permisos acordados” resulta la mejor aproximación a una estimación de la superficie realmente construida.

Asimismo, el período de construcción de estas obras puede ser superior a un año, y el traspaso de su propiedad a los usuarios puede ocurrir antes o después de su terminación. El criterio a adoptar consiste en asignar como producción de cada período el porcentaje de avance de obra. Este porcentaje será valuado a los precios de mercado incluyendo el devengamiento del excedente bruto de explotación (se debe tener en cuenta que la mayoría de las obras son financiadas por sus futuros propietarios, quienes adelantan los fondos para su realización o van cancelando los certificados de obra a medida que los contratistas los presentan para su cobro).

De esta forma, resulta claro que la serie sobre “metraje a cubrir” corresponde al período en que se acuerdan los “permisos” y no podría computarse como obra efectivamente realizada. Consecuentemente, para la distribución del avance de las obras a lo largo de su período de ejecución deberá tenerse en cuenta que la actividad no es uniforme a través del tiempo para los diferentes tipos de edificación, por lo que deberá considerarse cada una de las distintas etapas que la integran.

La superficie “realmente” cubierta deberá estimarse, entonces, partiendo de las series de metros permisados según tipo de obras, y distribuyendo dicho metraje en función del número de meses de duración teórica de la obra asignado. Esta distribución no será lineal, sino que se hará según el porcentaje de actividad que mensualmente se incorpora en cada tipo de obra.

Es necesario investigar las características de la construcción de cada región para determinar un tipo representativo de obra y su duración promedio, por ejemplo a partir de encuestas representativas o información de organizaciones técnicas, privadas y/o públicas; de esta forma y como ejemplo surgirían especificaciones como las siguientes: duración media de las obras para la vivienda unifamiliar: 12 meses; multifamiliar, 36 meses o 24 meses; para otros destinos, por ejemplo, 24 meses.

Sobre la base de las especificaciones determinadas para cada una de las agregaciones de obras, según tipo y destinos, se determinan los porcentajes técnicos que sobre el total de la construcción corresponden al volumen de actividad que se agrega mensualmente como resultado de las distintas etapas que simultáneamente se ejecutan durante el transcurso de las obras. La suma de los porcentajes asignados a los distintos períodos alcanzarán el 100% al finalizar la obra .

A modo indicativo se desarrolla un cuadro de un ejemplo conjetural para una obra de 24 meses, con especificaciones técnicas y resultados mensuales y trimestrales, para las asignaciones de los m2:


Ejemplo conjetural de duración media de las obras y porcentajes de
actividad que se incorpora durante el período de ejecución.



























(Continuación)



























El valor bruto de producción surge de la valuación de las obras a partir de precios promedios pagados por el comprador para los diversos tipos de obras, de acuerdo con las características generales de la edificación zonal.

El precio abonado por el comprador comprende todos los componentes del costo final relacionados directamente con su adquisición, incluyendo beneficios e impuestos indirectos. Así, surgirá un precio final promedio y de esta forma, el valor bruto de la construcción privada se obtendrá de multiplicar el metraje cubierto ejecutado, por dichos precios corrientes (que será en definitiva un precio de mercado), según la jurisdicción y tipos de obra y destino. En estos casos sería importante considerar que normalmente el valor promedio del metro cuadrado durante el último tercio de la ejecución es promedialmente el doble al correspondiente a los dos primeros tercios, por efecto de los mayores costos de terminación acondicionamiento de las obras.

Para la estimación del consumo intermedio se sugiere determinar diferentes estructuras de costos en cada tipología de obra. Cuando esto no es posible, se sugiere realizar estructuras teóricas, según manuales técnicos, para las distintas etapas de la obra o la estructura utilizada en alguno de los índices que miden el costo de la edificación, aunque este sea a nivel nacional (luego se aplicará algún criterio de ajuste para que sea representativo de la región). En general, realizar esta tarea para, por ejemplo, distintos años de una serie temporal, resulta dificultosa; en estos casos, las recomendaciones internacionales sugieren elaborar la estructura de costos intermedios para el año base y luego determina la relación con el valor de producción.

De esta forma, el valor agregado a precios corrientes de mercado, que comprende los conceptos considerados como pagos a los distintos factores de producción y los impuestos indirectos menos los subsidios, se obtendrá, en el año base por la diferencia entre valor de producción y consumo intermedio y, para el resto de los años, aplicando la relación de insumos sobre valor de producción calculada en el año base.

A continuación se presenta un ejemplo conjetural del cálculo del valor bruto de producción (V.B.P.) y del valor agregado (V.A.) de la construcción del tipo de obra, vivienda unifamiliar:

















Cuando la estimación abarca una serie de tiempo intercensal, es posible realizar mediciones, para ajustes posteriores, de la cantidad de viviendas construidas, las cuales, a partir de la consideración de un metraje promedio puede obtenerse el metraje total construido. Esta metodología resulta particularmente útil cuando se percibe la existencia de una gran cantidad de viviendas no permisadas. La misma consiste en determinar la diferencia entre el stock de viviendas relevadas en un determinado censo de población y viviendas y, el siguiente.

 Construcción pública:

Como se mencionó anteriormente, esta actividad comprende las nuevas construcciones de edificios y obras, principalmente de infraestructura, las reparaciones y remodelaciones que signifiquen un aumento de la vida útil, realizadas por las administraciones públicas de los diferentes niveles de gobierno, sus empresas o por contrato con terceros, en la región correspondiente. Debe tenerse en cuenta que si existe algún organismo nacional, provincial o municipal dedicado específicamente a la construcción de viviendas, éstas no se considerarán en la presente categoría porque se incorporan a la de construcción de viviendas privadas.

También debe recordarse que no se debe incluir la adquisición de construcciones ya realizadas y de activos no reproducibles: terrenos, yacimientos mineros, explotación de bosques.

La fuente de información básica para los tres niveles de gobierno son los datos que surgen de la contabilidad pública (presupuestos) de cada uno de ellos. La principal dificultad que se presenta en este sentido es cuando a nivel nacional no se encuentran desagregadas por regiones la ejecución de las distintas obras. O cuando una determinada obra excede su construcción a una región, abarcando a otra u otras regiones (v.g.: caso de la construcción de una carretera). En estos casos será necesario hallar un método indirecto que permita la partición de los valores asignados al total de la obra que sea representativo del valor correspondiente a la región de que se trata. Estos indicadores indirectos suelen surgir de distintos rubros de la contabilidad pública y/o de organismos de controles gubernamentales. También pueden estimarse estos casos recurriendo a las registraciones contables de los organismos encargados de la ejecución de la obra (en caso que esta sea por “administración”) o de la contabilidad de las empresas, ya sean públicas o privadas, en el caso de contratistas.

Dependiendo de la importancia relativa que posee la construcción pública en la región que se trata, resultará conveniente realizar una desagregación especial para ordenar adecuadamente y, fundamentalmente, para observar la incidencia que sobre cada sector las mismas poseen. Un ejemplo de clasificación podría ser el siguiente:

a) Viviendas (exclusivamente para personal público que debe residir en su lugar de trabajo –ejemplo: guarda parques-
b) Otros edificios (oficinas, hospitales, escuelas, etc.)
c) Otras construcciones:
c.1) Viales: caminos, túneles, alcantarillas, puentes.
c.2) Otra infraestructura del transporte:
- Automotor: terminales, garajes, talleres.
- Ferroviario: vías, túneles, puentes y edificios
- Marítimo y fluvial: puertos, canales, balizamientos
- Aéreo: aeropuertos, hangares, talleres
- Servicios conexos: silos, depósitos
c.3) Minera: pozos de petróleo (cuando la construcción la realiza el Estado), ductos de transporte, galerías.
c.4) Para electricidad, gas y agua:
- Electricidad: generación y transmisión
- Gas: gasoductos, tuberías
- Agua: embalses, redes cloacales, pluviales y de distribución de agua.
c.5) Para comunicaciones: centrales, líneas, torres de transmisión
c.6) Otras: parques, monumentos, estadios polideportivos, etc.

Las valuaciones deben registrarse por la etapa “mandado a pagar” de la contabilidad pública, en donde, supuestamente, guarda una mayor aproximación con el avance físico de las construcciones.

En general, la determinación de la estructura de costos de cada tipo de obra y de acuerdo al nivel gubernamental que la realiza, resulta dificultosa. En consecuencia, es recomendable utilizar coeficientes fijos, por tipo de obra, resultantes de investigaciones sobre los costos de construcción que pudieran haberse realizado con anterioridad que, en general, se realizan sobre las obras públicas del nivel nacional. De esta manera, el producto o valor agregado sectorial surgirá de la aplicación de estos coeficientes sobre los datos de las valuaciones comentadas.

 


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