Regulación y desregulación

En este capítulo, no nos interesa plantear el análisis a un nivel institucional, ni al nivel estratégico de políticas públicas para el sector PyME. Nos interesa destacar cómo, determinados comportamientos sistémicos moldeados durante años de ejercicio de la administración pública y razonamientos burocráticos basados en una lógica exclusivamente auto-referenciada, hacen que determinados aspectos de la relación entre el Estado (en tanto administración pública) y los empresarios (particularmente el empresariado PyME) representen obstáculos para el ejercicio de la actividad económica y afecten oportunidades de desarrollo.

La situación es conocida: Resoluciones y regulaciones de baja calidad, confusas, y algunas veces contradictorias o de imposible cumplimiento, que introducen incertidumbre en el ambiente de negocios y aumentan los costos de instalación, de operación (incluidos los de permanencia y formalidad) o de salida. Una trama compleja y poco transparente de normas que generan costos o incentivan la informalidad. Excesivas trabas y pasos administrativos necesarios para crear y expandir empresas. Sobre-cargas administrativas en el sistema tributario y previsional. Complejidad para la contratación, la administración y la resolución de las relaciones de empleo. Duplicación de controles en algunos casos y carencia total en otros. Complicaciones para acceder a la información relevante.

Eliminar obstáculos y reducir dificultades e inconvenientes en las relaciones administrativas y burocráticas del estado con el sector empresario forma parte de las soluciones que deben integrar la agenda del buen gobierno.

Una de las principales características de las complejas sociedades modernas es el vivir en un permanente proceso de regulación y de desregulación, así como de superposición de normas, resoluciones y disposiciones administrativas de jerarquía jurídica obviamente inferior a las leyes, pero muchas veces de una importancia práctica similar o incluso superior.

El proceso de elaboración, discusión, sanción, promulgación y publicación, de las leyes se halla sabiamente establecido en la Constitución y al mismo tiempo existen diversos mecanismos para que los interesados hagan oír sus intereses y presenten sus reparos. Sin embargo, salvo grandes excepciones, las empresas en general y las PyMEs en particular, carecen de ámbitos institucionales permanentes de apelación y de estudio de razonabilidad y oportunidad, de regulaciones y disposiciones burocráticas de jerarquía meramente administrativa, pero de efectos macroeconómicos mensurables.

Dada la compleja especialización de los más disímiles aspectos en que se halla presente la función regulatoria de la administración pública, se sugiere diseñar alternativas de solución que institucionalicen el enlace entre una Oficina de Desregulación para la Competitividad[1] y los consejos y centros de profesionales de aquellas especialidades que hacen al quehacer económico[2], con el fin de: Simplificar y mejorar normativas, regulaciones, trámites, controles y requisitos, eliminando aquellos obsoletos y perimidos o manifiestamente irracionales o inaplicables, evitando -mediante mecanismos de consulta- tanto la aparición como la desaparición repentina de disposiciones que afecten el lícito y normal desarrollo de negocios.

Una forma de ver, es siempre una forma de no ver[3], de allí que la interacción institucional sugerida, con las salvaguardas necesarias para garantizar que sea llevada a cabo en forma honesta y profesional y orientada solo en beneficio del interés general, debería contribuir a mejorar la siempre compleja relación entre las normas y disposiciones de la administración pública y la actividad empresaria.

[1] La idea de la Oficina de Desregulación para la Competitividad se inspira en la experiencia del sistema de Ombudsman para las PyME de la SBA de Estados Unidos, y es un organismo sugerido en Instituciones y normas, la clave para la gestión de políticas de desarrollo empresarial Luis Rappoport- Aportes para una Estrategia PyME en la Argentina. Capítulo 6º- CEPAL.- 2004

[2]La relación con las entidades profesionales y no con las cámaras empresarias debería evitar reclamos de tipo sectoriales y permitiría concentrar la misma en un plano estrictamente técnico.

[3] Burke, Kenneth. – Permanence and change. – New York. - New Republic. Inc. 1935