FORMACIÓN GERENCIAL para la eficacia escolar
Gerardo Daniel Juárez Martínez

 

Introducción

A lo largo de su historia, la educación ha estado íntimamente ligada a las instituciones que se constituyen como fuente del poder, independientemente de la forma de gobierno que se viva en un momento determinado. La educación es política de Estado (Platón, citado por Fullat: 1984, 83), ya que se considera que la educación es un mecanismo de éste para mantener una identidad nacional, mediante la transmisión de valores, tradiciones y el cultivo de cierta ideología, acorde a la de quienes ostentan el poder dentro del Estado.

Otra de las razones por las que se considera a la educación como asunto de Estado es la justicia social, ya que se piensa que la educación contribuye a la disminución de la desigualdad; en este sentido, se ha visto cómo la revolución mexicana de corte eminentemente social, vino a elevar a rango constitucional, el derecho a la educación en la constitución de 1917; en un evidente reconocimiento de que la educación es un medio para abatir la ignorancia, y por consecuencia de ello, disminuir la brecha provocada por la desigualdad social.

En este sentido, creo que la política educativa en México ha fallado, ya que la educación no ha funcionado como elemento de justicia social, primordialmente, porque se presentan fallas serias en la operación del sistema educativo, las cuales fueron documentadas en un estudio (Guevara Niebla: 1995) en el que se detectan algunos rasgos del sistema educativo mexicano, como son: Baja calidad, desarticulación entre niveles y modalidades, irrelevancia de contenidos en el mundo real, evaluación deficiente y financiamiento educativo insuficiente, por señalar sólo algunos. Lo anterior demuestra que la administración educativa en nuestro país, en sus más altas esferas, no ha sido conducida diligentemente.

Las fallas en el sistema educativo se reflejan en la operación de las escuelas, ello se debe primordialmente a que la educación se ha manejado mediante burocracias centralizadas y por los líderes de sindicatos de profesores, además de que los otros actores de la vida social, se han mostrado poco interesados en el tema. Dichas fallas perjudican mayormente a los usuarios de la educación pública, ya que las clases acomodadas, pueden hacer uso de sus recursos para estudiar en escuelas privadas (Puryear: 1996, 10-12).

Una educación mal administrada y con fallas como las señaladas en el estudio de Guevara Niebla, no puede considerarse justa y equitativa, ya que desaprovecha los recursos que recibe al no aplicarlos adecuadamente, o en casos extremos, al carecer de algunos de ellos se provoca una inacción que paraliza partes del sistema.

En nuestro sistema educativo, que venía siendo centralista, se inició en la década de los setenta un esfuerzo por desconcentrar el control del sistema educativo hacia los estados, fase que culminaría en 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB); que significó la firma de un convenio para operar en definitiva la transferencia de la administración y control del sistema a los estados, mediante la descentralización educativa (Ornelas: 1997)

En ese orden de cosas, aunque el control es estatal y se permite la inclusión de contenidos regionales, en la realidad, el sistema continúa operando con un alto grado de centralismo, ya que por ejemplo, los fondos con que se opera la educación transferida en Nuevo León, son fondos federales.

Al pasar nuestro sistema educativo de totalmente centralizado, a un esquema de descentralización, el papel del directivo escolar debe cambiar; ya que hasta la fecha se había estado manejando como un mero operador de la política educativa, sin participación en la planeación, operación y medición de resultados en su plantel.

El esquema en que se ha operado la organización escolar ha ocasionado que los directivos de escuelas públicas carezcan de posibilidades de manejar sus establecimientos mediante la definición de presupuestos, la adaptación de insumos educativos a la realidad local y la selección de profesores, por ello, las escuelas tienen pocos o ningún incentivo para responder a las preocupaciones de los padres y la comunidad (Puryear: 1996, 13), si bien la legislación prevé la formación de Consejos de Participación Social, no conozco en la actualidad algún resultado importante, a nivel general.

Además de todo lo anteriormente señalado, un estudio que realicé durante Junio del 2000 entre directivos de escuelas secundarias públicas de Guadalupe, N.L. (Anexo 1), arrojó entre otros, los siguientes resultados:

* Los directivos carecen de formación administrativa, por lo cual para operar sus escuelas, se basan en las experiencias laborales previas o en su habilidad personal.

* La formación previa de los directivos como maestros no tiene vinculación con la función directiva, salvo en el asesoramiento técnico - pedagógico.

* Los directivos no poseen un estilo de liderazgo común, aunque existe una fuerte tendencia a los modelos de relaciones humanas y de recursos humanos (94.8%), contra el modelo de liderazgo autoritario.

* En el 91.8% de las escuelas existen problemáticas en el manejo de recursos humanos y un 63% las tienen en el área de instalaciones y recursos materiales, principalmente por falta de recursos económicos para solventar su conservación y mantenimiento.

Se precisa la formación administrativa de los directivos, para impulsar la institución escolar al logro de metas, coordinación de esfuerzos y aprovechamiento de los recursos escasos con que se cuentan, además, en otra clase de organismos sociales como el ejército. Cuando el personal asciende al cuerpo de oficiales recibe otro tipo de preparación, para desempeñar sus nuevas responsabilidades que incluyen primordialmente el uso de técnicas de mando y estrategia.

El directivo escolar llega a la función básicamente por derecho escalafonario, donde la antigüedad como maestro frente a grupo y la preparación académica tienen mucho peso, pero donde no existe un programa general para la formación administrativa de los futuros dirigentes.

Así las cosas, cuando toman posesión de su cargo, aplican su experiencia, su criterio y su buen juicio, lo que ocasiona disparidades enormes entre el modo de gestionar los planteles, ya que se opera la educación con el estilo personal de administrar de cada cual, sin aplicar principios administrativos estandarizados, como corresponde a instituciones establecidas, de la magnitud de un sistema educativo en el ámbito estatal.

He aquí el lugar en que se inserta este estudio, ya que es razonable suponer que la administración empírica que en su trabajo realizan los directivos, llena de su experiencia laboral y sus buenas intenciones, no es quizá la mejor herramienta para administrar la educación de cara a la globalización económica, ni para enfrentar los retos de una educación desde la óptica de recursos escasos, dado la tendencia a reducir los subsidios a los programas públicos.

Debe tomarse en cuenta que en otros países ya operan programas específicos para la formación de directivos, donde además de la experiencia docente, les solicitan una preparación específica como administradores educativos, la cual obtienen generalmente, a través de un postgrado en administración educativa.


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