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Aportes para la protección y defensa del inversor extranjero en el MERCOSUR
Leonardo Granato
PARTE SEGUNDA
LA PROTECCIÓN DEL INVERSOR EXTRANJERO EN EL ESPACIO INTEGRADO DEL MERCOSUR
4. MERCOSUR E INVERSIONES EXTRANJERAS
Consecuencias para el inversor extranjero de la aplicación del régimen jurídico para las inversiones en el MERCOSUR
Las soluciones propuestas de uno u otro modo son operativas respecto del inversor extranjero: “él bien sabe que el plazo que demorará en recuperar su inversión será determinante respecto de decisiones de futuras inversiones”[1].
Los Protocolos otorgan al inversor extranjero el trato de inversor nacional en cuanto a su admisión y tratamiento en el espacio integrado. Lo que significa que, desde el punto de vista jurídico, impositivo y aún de acceso a la financiación, la inversión que un cordobés argentino realice en San Pablo debe ser “igualmente tratada” a la que lleve a cabo un propio paulista.
Los Protocolos también abordan el tema de los riesgos que pueden afectar al inversor extranjero, como la expropiación y la nacionalización. Para la legislación vigente en el MERCOSUR no es posible expropiar o nacionalizar capitales sino por causas de utilidad pública evidentes, las que deben ser previamente autorizadas por el procedimiento natural de promulgación y sanción legislativa, otorgando asimismo una previa indemnización equitativa, adecuada y efectiva.
Ante los riesgos de guerras, estado de emergencia, insurrecciones, motines, etcétera; los Protocolos aseguran expresamente una restitución, indemnización o compensación no menos favorable a la que correspondería a un inversor nacional.
La libre transmisibilidad de inversiones y ganancias también está asegurada; no existen problemas burocráticos para retirar los beneficios obtenidos de inversiones realizadas en los países del MERCOSUR.
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