IMPACTO EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE TIPO CAMPESINO

Para corroborar los efectos que la recomposición económica de las dos últimas décadas ha tenido sobre las unidades productivas de tipo campesino, revisaremos el sentido en que se han modificado sus atributos: a) Sus objetivos de reproducción, hasta qué punto se cumplen en condiciones de ingresos decrecientes; b) habitualmente no ocupan trabajo asalariado, salvo de manera irregular en determinados momentos del proceso, lo que se traduce en ausencia de ganancia en el sentido estricto del término; 1 y c) su acervo productivo que -sin constituir propiamente una inversión- incluye mano de obra en cantidad suficiente, pero cuenta con medios de producción cuantitativa y cualitativamente limitados.

Desde los setentas se ha insistido en medios políticos, académicos y oficiales el peso de este sector en el México rural; al respecto se han publicado numerosos estudios, destaca entre ellos el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizado por Alejando Schetjman 2 que sitúa en esta categoría al 86.5% de las explotaciones rurales del país. Cifra que continuó en ascenso como consecuencia del reparto agrario en áreas cada vez más áridas, todavía hasta 1992, y de la misma dinámica de reproducción del núcleo familiar campesino. Pero en contrapartida debemos mencionar que el valor de la producción, su volumen y la productividad de los pequeños productores seguía una tendencia decreciente; fueron ellos los primeros en resentir las políticas inconsistentes de los setentas y primeros años de los ochentas en torno a la soberanía alimentaria, el cambio en el uso de suelo para ampliar los hatos ganaderos, y el desinterés en el agro frente a la decadencia del proyecto económico global. Los indicadores macroeconómicos del sector evidenciaban cada año con mayor claridad la crisis estructural del campo, no obstante que para 1980 el sector agropecuario participaba todavía con el 8.2% del PIB global

El Censo agrícola-ganadero y ejidal registró ese año la polarización característica del agro en cuanto a la superficie de los predios y sus condiciones productivas. Algunos rasgos sobresalientes son los que siguen:

1. De las 3,062,950 unidades de producción con actividad agropecuaria, 58.6% laboraba en condiciones de minifundio (de hasta 5 hectáreas), y las que se encontraban sujetas al régimen ejidal tenían una superficie media de 6.6 ha.

2. Poco más de la tercera parte del total de las explotaciones contaba con existencias de ganado bovino que se aprovechaba como complemento del ingreso proveniente de las actividades agrícolas.

3. Los granos básico eran los cultivos dominantes si consideramos la superficie cosechada (60% de un total de 17,824 millones de ha.), pero el volumen de la producción, cuyo valor ascendía a la quinta parte del importe bruto de la producción sectorial, no era suficiente para abastecer la demanda interna. Las crecientes importaciones de estos productos, contribuían al déficit de la balanza comercial total y agropecuaria.

4. La población del campo se situaba en 23 millones de personas (34% de la población nacional), con una población económicamente activa (PEA) en torno a los 7 millones (32% de la PEA total) y la tasa de desempleo abierto en el agro llegaba a 19.5% ( 7.8% a nivel nacional).

5. El año agrícola del levantamiento censal requirió del trabajo de cerca de 12 millones de personas, más del cincuenta por ciento sin remuneración por tratarse de miembros de la familia o de la comunidad.

La expansión productiva del campo en la fase del “milagro mexicano” tuvo que ver primero con la ampliación de la superficie agrícola y la introducción de recursos públicos; más adelante se incorpora el paquete tecnológico de la “revolución verde” 3 y la intervención directa del Estado en el mercado de productos agroalimentarios (a través de organismos creados para subsidiar la producción y la comercialización, y por medio de precios de garantía y mecanismos proteccionistas). La inserción de la pequeña producción familiar al ciclo del capital y los rendimientos crecientes resultaron de ello; y fue el Estado el que se involucró directamente en la tarea de investigación y difusión de las innovaciones, movido por el interés nacional.

Con efectos diferenciados por regiones, productores y cultivos, el aumento de la producción puede atribuirse en gran parte a una mayor productividad, que prosperó cerca de dos décadas, hasta los primeros años de los sesentas; en lo sucesivo el proceso de tecnificación se estancó de forma generalizada. El pequeño productor se había beneficiado muy poco del paquete tecnológico –su aplicación se limitaba a las zonas de riego y suelos planos- y parcialmente de las políticas del periodo, que potenciaron a los grandes productores, pero finalmente de ese apoyo dependía su producción excedentaria y su participación en el mercado.

Según cifras oficiales el gasto público orientado al sector representaba para 1980 todavía el 13.2% del gasto total y el crédito agropecuario ascendía el 14.6% de la cartera global, aplicado en su mayor parte a través de la banca de desarrollo –58%-. Las tasas de interés no superaban para 1982 el 12% anual para los productores de maíz y frijol y 20% para el resto de los productores de bajos ingresos.

Para este momento, además de los rendimientos estancados en lo general, los términos de intercambio que rigen la articulación sectorial habían sufrido un importante deterioro. Esta articulación impone a los productores agropecuarios una reducción sistemática en los precios de sus productos, lo que suele significar reducción de sus ingresos cuando no hay respectivamente un mayor nivel de productividad. Se trata del efecto de la subordinación del agro a las necesidades de la expansión industrial interna y externa, donde los precios de los productos primarios registran incrementos menores que los precios de los bienes provenientes de otros sectores.

La explotaciones en minifundio, de temporal y poco tecnificadas, no contaron con la opción de modificar el uso del suelo o cambiar a cultivos más prometedores frente a las señales negativas del mercado –palpables en sus ingresos-, de ahí que las primeras muestras de los limites del campo para respaldar la forma de crecimiento relativo sea en el renglón de los granos básicos, productos que por necesidad, más que por tradición son característicos de la producción campesina.

Es entonces en las condiciones críticas previas que se vienen a aplicar las políticas neoliberales; los años que han transcurrido desde entonces pueden dividirse en tres momentos.

A) De 1982 a 1987. Periodo caracterizado por una mudanza en las relaciones entre el sector campesino y el aparato estatal, de acuerdo a un esquema de crecimiento donde los productos poco rentables ya no son precisos para el crecimiento interno, ni para la acumulación de capital central.

En medio de grandes desequilibrios macroeconómico, recorte de circulante y recesión, es que se da el primer impulso a la reconversión de la estructura productiva y el alejamiento estatal de los pequeños productores ineficientes; el resultado neto del periodo para los hogares campesinos es que se apresura la contracción de sus ingresos y les es cada vez más difícil cumplir con sus objetivos. Esto es evidente al revisar el efecto combinado del comportamiento de los costos a lo largo del periodo (donde la reducción del gasto público y de la tasa de interés es determinante), y la evolución de los precios reales de garantía, en un escenario de inflación, devaluación y contracción del mercado interno.

Consideramos que la evolución de los precios en el mercado externo no tiene un rol decisivo porque hasta cierto punto depende del sistema de permisos previos de importación prevaleciente, pero sobre todo el tipo de cambio que encarecía las importaciones, dieron a la producción de granos básicos cierta impermeabilidad. La balanza comercial agropecuaria de 1983 y hasta 1985 seguía en déficit, pero en un monto menor que los años previos; incluso en 1986 aportó más del 30% al superávit de la balanza comercial global.

El recorte presupuestal tuvo un rol esencial en el desempeño del agro y en el recogimiento de la economía campesina de los circuitos mercantiles. El gasto agropecuario respecto del gasto total se redujo en tres puntos porcentuales de 1982 a 1987 (11.2 a 8.2) afectando rubros como los subsidios a la producción, que en el mismo lapso se contraen de 10.2% a sólo 3%, afectando particularmente el costo del agua y el uso de insumos químicos como plaguicidas y fertilizantes, la mecanización por tractores no sólo no aumenta, sino que se reduce de 172,000 a 157,000 existencias, tendencias que por lo demás se confirman en los años siguientes 4. Además se reducen los servicios de extensionismo y de atención fitosanitaria, el desembolso en infraestructura para la producción, acopio, comercialización, así como los recursos destinados a investigación científica con aplicaciones agropecuarias.

En cuanto al subsidio vía financiamiento, todavía en los primeros años del ajuste, BANRURAL había estado apoyando prioritariamente a productores del sector social y a los pequeños propietarios minifundistas; los registros oficiales manejan una ampliación de la cobertura de productores beneficiados, pero también una reducción del monto global de recursos, y un comportamiento diferencial a partir del tipo de productor y de producto. De 1980 a 1987 el crédito agropecuario respecto del total pasó de 14.6% a sólo el 7.8%, manejado en un 72% por la banca de desarrollo.

Empero, esto último que pudiera ser apreciado como una ventaja, no se verifica al revisar la evolución del precio del dinero. En 1982 el rango medio de interés para el productor era inferior al 20% anual, y hasta del 12% tratándose de productores de maíz y frijol, pero la escalada de precios incluye el financiamiento a lo largo de eso años. Para 1989, cuando la inflación pudo contenerse alrededor del 19%, los productores de bajos ingresos estaban obligados a cubrir intereses de 43.62% anual; los de granos básicos 47.98% anual y los de “otros productos” 51.98%; esta situación sumada a las severas condiciones económicas colocaron en cartera vencida a miles de productores y a un gran número de ellos en la ruina. 5

Gradualmente el consumo productivo se acerca al costo de producción real, y por su parte el consumo familiar también se expande aceleradamente por efecto del la inflación; en su conjunto la producción y reproducción de las explotaciones de tipo campesino deben cubrirse cada vez con menores ingresos.

Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia en base a información de la SARH y los Cuadernos trimestrales del Banco de México, Vol. XVIII y XIX, 1994 y 1995.

En el contexto del ajuste, y precisamente para revertir los beneficios que en la forma de crecimiento relativo el sector obrero organizado pudo lograr –en poder adquisitivo de sus ingresos, prestaciones, normatividad favorable a la contratación colectiva y al ejercicio del derecho de huelga, entre otros-, la reducción del valor de la fuerza de trabajo se plantea desde el sector público como un objetivo esencial, reforzado por la concepción de que su crecimiento es un factor inflacionario.

A partir del año 1982 y hasta 1987 puede observarse que mientras los precios al consumidor en su conjunto ascienden hasta alcanzar en 1987 más de 150% anual, los precios reales de los granos básicos (excepto el sorgo y arroz) tienden a caer. Desde luego, la reducción más pronunciada comienza en 1988 y continua hasta la fecha. La tabla siguiente muestra la trayectoria del índice general de precios en comparación con los precios de los granos básicos, prueba de que la inflación no afectó por igual a todos lo productos y sectores.

Las condiciones en que operan las pequeñas explotaciones pierde todo sentido por lo que toca a la producción para el mercado; el desestímulo a la producción se afianza con la caída de la demanda que corresponde a un entorno con actividad económica deprimida y poder adquisitivo decreciente.

Si tomamos por ejemplo el caso del maíz, tenemos que tanto la superficie cosechada como el volumen de la producción se incrementan a lo largo de este periodo 6–cerca de un millón de hectáreas y en un millón de toneladas respectivamente- pero esto puede explicarse a partir de dos circunstancias.

Cuadro 2

La primero, que el crecimiento de la superficie cosechada se desarrolla sobre todo al margen de la producción campesina, porque no es este sector de productores el que tiene la posibilidad de decidir ampliar la superficie de su predio, o hacer erogaciones suplementarias para obtener mayores rendimientos, menos aún en las condiciones antes descritas. Por su parte la producción campesina no reporta cambios significativos en el uso del suelo, como cabría esperar del desestímulo a la producción por la vía de los precios, pero sí se aprecia un destino diferente para su producción. Parcialmente orientados al mercado en años anteriores una proporción creciente se orienta ahora al autoabasto, propensión que se consolida en los años por venir.

Y en segundo lugar, el aumento de la producción destinada al mercado interno que caracteriza a este lapso es congruente con el momento por el que atraviesa el comercio exterior; recordemos que el valor del peso respecto al dólar se deterioraba constantemente, encareciendo en la misma proporción las importaciones. El incremento del área cultivada y de la oferta de granos básicos corrió a cargo de los productores de mayor escala, atraídos no tanto por lo remunerador de los precios, como por la certidumbre de éstos y el apoyo en la comercialización; destaca también el hecho de que en los cultivos exportables por tradición no se incrementó la superficie cosechada.

Tratándose del maíz este periodo coincide con una aguda crisis de sobreproducción en el mercado mundial y el desplome de los precios internacionales, pero no tuvo el efecto alterar sustancialmente el ritmo seguido hasta entonces en las importaciones. Es cierto que el valor unitario (por tonelada) de las compras llegó a 78.7 dólares por tonelada en 1987, cerca la mitad del valor que registró en 1982, pero esto sirvió tan sólo para compensar el deterioro del tipo de cambio.

La devaluación pudo haber tenido temporalmente efectos positivos para la producción campesina, pero la relación costos-precios al productor fue y sigue siendo determinante de su cada vez más raquítica participación en el mercado.

Las formas de hacer frente a la reducción de sus ingresos y nivel de vida no son por sí mismas novedosas: restricciones al consumo familiar, ahorro en el consumo productivo, diferentes modalidades en el aprovechamiento de sus activos y fuentes de ingresos adicionales. Lo que sí es novedad es la acelerada marcha que adquiere este proceso.

B) De 1988 a 1994. En esta etapa, toda vez que el gobierno mexicano se adelanta a cumplir los compromisos de apertura comercial y financiera contraídos con la comunidad internacional en el marco del GATT, se define la posición marginal de los productores de tipo campesino frente al mercado. Por tratarse de sujetos económicos con escasa o nula rentabilidad, son expulsados del ciclo de reproducción del capital. Este proceso se afianza al modificar el destino del presupuesto, y al recurrir a múltiples mecanismos de índole jurídica y administrativa para estimular la reconversión de la planta productiva.

Son años en que las variables macroeconómicas ofrecen cifras positivas en crecimiento, control inflacionario, tipo de cambio y balanza de pagos, pero el campo no participa de esa aparente bonanza. Especialmente destaca el declive productivo del campesinado, que puede palparse en términos cuantitativos en el menoscabo de sus activos de trabajo, sus ingresos derivados de las actividades agropecuarias, y su marginación del mercado, tanto como productor como consumidor.

El censo agropecuario de 1991 ya había dado cuenta de los procesos de deterioro productivo y exclusión al sintetizar las condiciones de operación de cerca de 3.8 millones de unidades de producción rural (UPR).

i) Sólo al 0.3% registraba excedentes de exportación (11,384), 43.6% con excedentes para el mercado local o nacional (1,757,611) y 45.8% con producción de autoconsumo (1,663,308) ; el resto (390,873)no reportó producción.

ii) El 4% (162,742) disponían de crédito y seguro, 15% (579,810) sólo contaban con crédito, 0.07% (27,390) utilizando sólo seguro y el restante 80% (más de 3 millones de UPR) sin acceso a crédito ni seguro.

iii) Aproximadamente 7% de las explotaciones se califican como “tecnificadas”, 41% “de tipo tradicional”, y 53% “de subsistencia”.

iv) El 34% de las UPR contaba para trabajar con sólo dos hectáreas o menos (1,300,00).

Entre las acciones que coadyuvan a consolidar la inhibición de las explotaciones campesinas respecto al mercado interno destaca el esmero en desmontar lo antes posible lo que restaba del sistema de subsidios tradicional que respaldó la forma de crecimiento relativo: una combinación de organismos de apoyo a la producción y comercialización agropecuaria, servicios financieros como crédito y seguro, precios de garantía, inversión y apoyos en los precios de los insumos, entre otros. También tiene un rol determinante la desregulación en el comercio de productos agroalimentarios favorable a la alineación de los precios internos con sus referentes internacionales.

Si nos detenemos un poco en el aspecto de los subsidios, se puede verificar que aún con el recorte presupuestal de los años previos, para 1989 este renglón representaba el 51% del monto global de recursos destinados al sector; desde 1993 el monto mayor lo concentra PROCAMPO con 38% (al presentarse el programa se ofrecieron 11,300 miles de pesos en apoyos directos); para 1994 el importe se había reducido en más del 50% y esa ha sido la tendencia en los últimos años. Por lo que se refiere a las cuotas por hectárea, fijadas inicialmente en 340 pesos en promedio, han caído en términos reales un 47% en los primeros 5 años de operación.

Cuadro 3

Recursos en programas del sector (miles de pesos de 1993)

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1993 1994 1995 1996 1997

PROCAMPO 11,300 4,539 4,030 3,625 3,238

PRODUCE 358

Alianza para

el campo 669.

Total 11,300 4,539 4,030 3,983 3,907

Fuente: Elaboración propia en base a CECCAM, El campo en cifras. Disponibles en http://www.laneta.apc.org/ceccam/subsid.htm

Al observar el contenido de la reestructuración del sistema financiero de fines de la década de los ochentas, puede comprobarse la exclusión de los productores de subsistencia de la cartera de BANRURAL:

i) En el lapso de 1987 a 1994 el crédito agropecuario otorgado por la banca de desarrollo se redujo en más de un 50% a precios constantes (de 22,915 millones de pesos de 1994 a 11,226).

ii) El área habilitada se contrajo de 7,263,000 hectáreas en l985 a poco más de un millón en 1994, dejando desprotegidas sobre todo las zonas de temporal.

iii) De atender en 1988 al 63% de los ejidos y al 41% de los ejidatarios, para 1989 conserva sólo 400 mil productores, y transfiere el resto (1.1 millones de campesinos) a los programas de corte social.

iv) Al eliminarse los mecanismos para refinanciar a productores insolventes, la cartera vencida del sector ascendía para diciembre de 1994 a 7,846.22 millones de nuevos pesos sumando la cartera de la banca comercial y de desarrollo, habiéndose multiplicado siete veces su valor desde 1988. 7

Adicionalmente, con el servicio de seguro agrícola privatizado, se abatió drásticamente su cobertura, en l987 estaban asegurados 6.9 millones de hectáreas, para l995 sólo contaban con seguro 405 mil ha. en todo el país. 8

El desmantelamiento y liquidación de los organismos del sector público destinados a apoyar al agro se acelera quedando para 1993 sólo doce de 99 que para 1989 estaban en funciones. 9 Según varios estudios en torno a la evolución de los rendimientos de los granos básicos este lapso coincide con un estancamiento productivo atribuible a una involución tecnológica, a su vez, esta situación se encuentra estrechamente vinculada a la reducción de los ingresos de los productores. Las cifras oficiales indican que se retrocede en el uso de semilla mejorada, fertilizantes y otros insumos químicos, uso de tractores, pero sobre todo en el ámbito de la asistencia técnica. La proporción de productores que dispuso de este servicio pasó de 60 a 9% entre 1990 y 1994. 10

En el mismo sentido la Secretaría de Agricultura enfatizaba que sólo un 1.7% del total de las unidades agrícolas incorporan tecnologías intensivas, y que por el contrario el 75% de la superficie anual cultivada se desarrolla en condiciones de minifundio, con escasa infraestructura, prácticamente sin capital, y en zonas agroecológicas de gran heterogeneidad y alta dependencia de las condiciones climáticas; circunstancias en que -se reconoce- no es posible asegurar percepciones por arriba de los costos de producción. 11

Y el Centro de Estadística Agropecuaria de la SAGAR en una revisión de los volúmenes de producción y niveles de productividad del trabajo agrícola en las explotaciones menores de 30 hectáreas, observó que de 1985 a 1995 la capacidad productiva se había estancado en el 37% de los casos, mientras en 22.3% ha decrecido. Oficialmente la explicación estaba en la reducción de las percepciones y en la consiguiente restricción del consumo productivo. 12

Enseguida se representa gráficamente, con los mismos datos que aporta esta dependencia, la trayectoria que a lo largo de los ochentas y hasta 1996, han seguido los ingresos medios de las explotaciones agropecuarias en un comparativo con la evolución de los costos de los insumos que componen el consumo productivo básico de los productores de granos básicos, estimados en salarios mínimos de 1980.

Gráfica5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR, 1998. www.sagar.gob.mx

1/ El consumo productivo no incluye el costo de la fuerza de trabajo ni la renta del suelo.

Esta retrospectiva contribuye a explicar el estancamiento y hasta la retracción del campesinado en el aspecto de los rendimientos y en el volumen de la producción orientada al mercado como resultado lógico de cara al alza ininterrumpida de los costos.

Otro factor que favoreció este proceso fue el manejo de los precios de garantía y su ulterior liberalización. Desde 1987 y mientras estuvieron vigentes los Pactos para la Estabilidad y el Crecimiento, el control sobre los precios de los granos básicos se afianzó. En un primer momento el compromiso fue revisarlos cada ciclo agrícola, pero al cabo de unos cuantos meses los representantes del sector se comprometieron a inmovilizarlos. Ya en 1990 un nuevo acuerdo consistió en revisar periódicamente los casos de maíz y frijol -únicos productos que se regirían por precios de garantía-, de acuerdo al deslizamiento del peso y al índice de inflación internacional; el resto de los precios quedó sin control con el propósito de equiparase en el corto plazo con los que rigen en el mercado mundial. Para algunos productos como granos básicos y oleaginosas operaría temporalmente un sistema de precios de concertación intersectorial.

Al mismo tiempo que esto ocurría la eliminación de permisos previos de importación y la reducción de tarifas arancelarias contribuyeron a exponer a la competencia externa a los productores, y presionar los precios a la baja. En el caso del maíz, por ejemplo el precio medio rural al productor para 1987 se ubicaba en 234 nuevos pesos por tonelada (equivalente entonces a 166 dólares) y para 1994 en 656 (203 dólares), en tanto los precios internacionales –que se rigen por la posición virtualmente monopólica de Estados Unidos- para esos años se situaban en 67 y 102 dólares respectivamente.

La balanza comercial fortaleció su tendencia deficitaria, en gran medida porque la sobrevaluación del tipo de cambio era favorable al aumento de las importaciones; entre sus efectos tenemos que la superficie cosechada total se reduce de 20,499 miles de hectáreas cosechadas en 1987 a 17,423 en 1993, a costa de la producción orientada al consumo interno (maíz, frijol, sorgo, trigo, arroz, cebada y avena), mientras aumenta la superficie destinada a cultivos de exportación no tradicionales en más de 70% como se observa en la gráfica siguiente.

Gráfica 6

Destino de la superficie cosechada de los principales cultivos

(miles de hectáreas)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL, 2001 Op. Cit.

De 1990 hasta 1995 las importaciones medias de granos básicos fueron superiores a nueve millones de toneladas, alcanzando la suma máxima en 1994 (10.834 millones), aproximadamente el 39% del consumo interno medio fue cubierto con importaciones. 13 La situación se agravó a raíz de la escasez por las malas cosechas a nivel mundial entre 1994 y 95 con el descenso correspondiente de las reservas internacionales. El incremento súbito de los precios y el desabasto interno indujo a especular con el maíz y el frijol.

La superficie cosechada de granos básicos llegó a sumar 14 millones de hectáreas, pero ante el panorama antes descrito, aquellos productores que tuvieron la capacidad de hacerlo fueron atraídos por cultivos más lucrativos o modificaron el uso del suelo. Por su parte los pequeños productores se han aferrado a los cultivos de menor costo y riesgo, como maíz en monocultivo o intercalado principalmente con frijol; la venta de forrajes (como rastrojo) suele complementar sus ingresos. Incluso en áreas de riego se ha incrementado la superficie cosechada de estos granos renunciando a productos de mayor valor relativo como el trigo y las oleaginosas, entre otras razones, porque no constituyen un componente básico de la dieta familiar.

También se observa que invariablemente los productores con menores recursos territoriales o alguno de los miembros de su familia, recurren a ocupaciones suplementarias, hasta llegar al punto en que la actividad agropecuaria es la que deviene en complementaria de otros ingresos.

No sería posible evaluar por separado en qué proporción cada uno de los factores que hemos revisado ha contribuido a aislar a los productores campesinos del mercado, mermado sus ingresos y asistido su desintegración, pero conjuntamente no cabe duda de que han puesto entre la espada y la pared a los productores minifundistas (60% del total), y en serios problemas a los productores con predios de hasta 20 hectáreas (31.2% adicional), o incluso más, lo que no es privativo de aquellos que operan bajo la lógica de reproducción campesina.

C) De 1995 en adelante. Transcurridos dos sexenios de políticas de ajuste y de recomposición del aparato productivo quedaron establecidas en lo general las reglas del juego económico y el rol que corresponde cumplir a cada uno de los agentes participantes. Aparentemente la asignación de recursos productivos estará regida por los mecanismos del mercado.

A lo largo de estos años, más allá de los altibajos financieros y macroeconómicos no se registran rupturas respecto a los procesos que se habían venido gestando, por el contrario se confirman; la continuidad puede verificarse a través de una revisión de los objetivos y estrategias del proyecto global, los programas sectoriales y sus alcances. Para este momento, el ambiente que se ha construido difícilmente podría ser más hostil al desempeño del campesinado, pues frustra el alcance de sus objetivos esenciales mientras lo somete a una presión bajo la cual se deteriora sistemáticamente; la situación ha llegado a tal extremo que es pertinente valorar si se le puede seguir considerando como tal.

Buscando deducir sus transformaciones recientes, acudimos en principio al mercado de productos agroalimentarios, porque consideramos que su dinámica y contradicciones son vitales para explicar el rumbo seguido por los pequeños productores; revisamos enseguida la composición de sus ingresos respecto a lo que se aprecia como su actividad principal, en la intención de corroborar en qué medida la actividad agropecuaria sigue siendo la parte medular de sus percepciones, y aporta al cumplimiento de su propósito de reproducción.

Para 1994 el marco institucional y legislativo diseñado para respaldar la forma de crecimiento absoluto comenzaba a rendir sus frutos:

a) Predomina un ambiente mercantil donde se impone un agresivo proceso de selección y exclusión social, y que sin embargo no se trata, como lo afirma el discurso neoliberal de un mercado libre.

b) Aglutinado en torno a los productos y servicios más rentables se concentra el capital financiero nativo, pero sobre todo el capital transnacional, dictando precios y condiciones para el resto de los participantes en el mercado.

c) La actividad agropecuaria no es la excepción, y tanto sus circuitos mercantiles como financieros se rigen por la lógica imperialista.

d) La oferta mundial de productos agroalimentarios está controlada actualmente por la gran empresa privada, que además de producir en condiciones óptimas –en recursos financieros, tecnológicos, salarios, etc.-, cuenta con el respaldo de sus gobiernos conscientes de la importancia estratégica del autoabasto en este renglón.

e) Cuantiosos recursos públicos respaldan sus posiciones monopólicas en el mercado global agroalimentario destinados al apoyo productivo (subsidios y otros privilegios financieros), pero de forma paralela se recurre a cuantas “distorsiones de mercado” sean necesarias para potenciar la rentabilidad y afirmar hegemonía.

En México, desde que rige el TLC y conforme se van asumiendo nuevos compromisos multilaterales para el agilizar el comercio y la inversión entre regiones 14 se ha acentuado la caída de los precios internos de los productos agropecuarios bajo la presión de emparejarse a la brevedad con sus parámetros internacionales. Formalmente a partir de 1994 el 52% de la compra y venta de estos bienes con América del norte se moviliza sin restricciones arancelarias y para el 2003 lo hará en un 93%, pero ocurre que los cupos máximos de importación que se fijaron para maíz, frijol y otros granos como trigo, sorgo y soya, han sido superados año con año con el aval gubernamental y por lo general sin imponerle a los excedentes los aranceles que fueron fijados;15 eso sin contar que también ingresan al país importantes cantidades de manera ilegal.

El sorgo y el trigo, por ejemplo, acumularon entre 1996 y 2000 una caída media en sus precios de 50%; mientras el costo de insumos como fertilizantes y energéticos incrementaron sus precios medios en 52% en el mismo lapso. Los productores de arroz han sido de los más afectados: las importaciones pasaron de 165 mil toneladas en 1985 a 672 mil en 1999 (90% proveniente de Estados Unidos); los precios cayeron de 332 dólares por tonelada en 1989 a 182 dólares en 2000; cerraron 50% de los molinos y 30 mil campesinos han dejado la actividad; la superficie cosechada pasó de 216 mil ha en 1985 a 83 mil en 1999. 16

Con algunas excepciones, la producción nativa ha resentido la desigualdad de la competencia, incluso en bienes por tradición exportables, como café, caña de azúcar, arroz, cacao, henequén y otros cultivos tropicales.

Muchos especialistas alertaron sobre la vulnerabilidad del sector y los riesgos de las políticas que proponían eliminar el proteccionismo, estimando un sinnúmero de desventajas en productividad, activos territoriales, economías de escala y articulación sectorial entre otros; y la producción de granos básicos se consideró siempre un aspecto crítico tanto por la cantidad de productores involucrados como por lo precario de su estructura productiva. En muchos sentidos los pronósticos negativos se han cumplido, pero también es cierto que el rumbo que han seguido algunos procesos difiere de las previsiones. Anotamos enseguida los que involucran de alguna manera al campesinado.

Un primer tema es que el cultivo de granos básicos no ha caído en las dimensiones proyectadas, pero por lo que toca a los pequeños productores, la venta de éstos ha dejado de ser el medio a partir del cual obtienen la liquidez necesaria para resolver sus necesidades de consumo.

Visto más de cerca, se estiman actualmente 3.5 millones de productores de granos básicos, 86% de ellos dedicados al cultivo de maíz en una superficie que ha oscilado en los últimos años entre siete y ocho millones de hectáreas; pero el nivel de agregación de estos datos oculta la exclusión. Sólo 40% del total productores de maíz, que son unos tres millones, son vendedores netos y aportan al mercado una oferta cercana a las 14 millones de toneladas de la producción bruta. Una tercera parte de ellos producen exclusivamente para autoconsumo, y el resto recurre a las compras del mismo por su escasa producción. 17

Como se ilustra en el cuadro número 4 los volúmenes de producción han permanecido relativamente constantes en los últimos ocho años de los noventa y el crecimiento de la demanda ha sido satisfecho a través de las importaciones. Entre los proveedores de la oferta de maíz se registra también una polarización, desde aquellos que alcanzan rendimientos por hectárea superiores a las 8 toneladas (como en el ciclo otoño-invierno en Sinaloa, Jalisco y el estado de México) y que en un momento dado podrían optar por cultivos más prometedores, y los productores de temporal, con escasa productividad y cuya rentabilidad se vería perjudicada ante cualquier movimiento brusco en el mercado, puesto que sus costos están muy cercanos a los precios.

Sobre este particular, debemos insistir en que el comportamiento de los precios internacionales de este grano, es indicativo no sólo del desarrollo de las fuerzas productivas y la consiguiente reducción de su valor, también resulta de la acción deliberada del Estado para estimular la producción, lograr ventajas en los mercados y manipular la oferta. Se trata de un sistema de mercado adulterado, en que la producción campesina queda descartada inevitablemente, y no solo por efecto de la competencia, como se pretende.

Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL. 2001. Op. Cit.

La grafica 7 muestra como los precios medios rurales internos apreciados en dólares, se han contraído en cerca de 60% desde principios de los ochentas hasta el año 2000 situándose en 161 dólares la tonelada (269 dólares en 1981), lo que ha significado -dada la dinámica de los costos y el índice inflacionario- la caída de los ingresos para un sector de productores, y para los más de ellos el repliegue al autoconsumo. Los precios internacionales por su parte también han ido a la baja llegando a los 72 dólares por tonelada en el 2000 –20% por debajo de sus costos de producción-, por lo que el producto norteamericano se coloca con facilidad entre los consumidores nacionales, incluso si se trata de maíz amarillo, forrajero. Ocurre finalmente que en las zonas de consumo, y a costa de las utilidades del productor nacional o del consumo de la familia campesina, el maíz se vende alrededor de los 900 pesos por tonelada.

Esta situación típica del campesinado, se reproduce con otros matices entre los productores de otros granos básicos, de oleaginosas y los cafetaleros; y se refleja en la caída del valor de la producción y de la superficie destinada al consumo interno, un magro crecimiento anual de la actividad agropecuaria, y en una participación decreciente en el valor global de la producción. De paso, se dejan espacios en el mercado para ser cubiertos por los bienes importados, elevando el grado de dependencia en consumo de frijol y de maíz en 10 y 27% respectivamente para el año 2000 y en arroz hasta en un 75% para el 2001.

Otro aspecto de interés es que la reconversión en el uso del suelo y de la planta productiva sí se está verificando, pero es sumamente restringida, lenta y heterogénea 18; los productores nacionales con capacidad para exportar y competir, lo mismo que los inversionistas recién llegados al campo, han tenido mucha cautela. Sólo se arriesgan en los productos que perciben como garantía, misma que puede provenir de su rentabilidad, la demanda potencial, nichos de mercado, o bien por su articulación con la agroindustria de exportación y/o trasnacional. Son los casos de la cebada, agave, por temporadas algunas frutas frescas, y cultivos orgánicos y exóticos; en la actividad pecuaria destaca la producción de ganado en pie.

La horticultura es el ámbito más dinámico –para 1994 ocupa el 20% de la población económicamente activa del campo, aporta el 16% del valor global de la producción agrícola y el 50% del valor total de las exportaciones-, pero se limita a unas miles de explotaciones agrícolas a lo largo de todo el país; éstas confluyen en un centenar de ellas para el empaque y comercialización hasta su destino en el exterior. Son alrededor de 140 empresas las que concentran y controlan al resto desde Sinaloa, Sonora y Baja California. 19

En base a la información de los censos de 1991, se calcula que descartando a los productores de café, que siendo minifundistas producen para el mercado externo “quedan 3,451 empresas que exportan toda su producción o parte de ella, y representan el 0.09% de las unidades de producción agrícola del país.” 20

Al interior de estas empresas la renovación tecnológica y la introducción de una forma de organización del trabajo flexible 21 tampoco es generalizada, en esencia por las ventajas que en costos ofrecen -para la producción agrícola en particular- los métodos tradicionales de explotación laboral basados “en el uso intensivo de la fuerza de trabajo no calificada compuesta por migrantes, indígenas, mujeres, niños, y otros grupos en situación de minorización, contratados para las cosechas y otras tareas puntuales que se realizan en la producción masiva.“ 22

Los productores medianos y pequeños tienen serias limitaciones materiales para participar en la reconversión productiva y del cambio de cultivos, por lo que acuden con mayor frecuencia y en modestas proporciones a la ganadería, la que combinan con el cultivo de granos de consumo humano y forrajeros (maíz amarillo para bovino, y sorgo para aves y puercos).

La producción campesina por su parte suele recurrir a la ganadería de traspatio movido por el interés de complementar sus ingresos, como seguro o ahorro para contingencias; también porque los productos del ganado y sus derivados forman parte del consumo familiar. Para 1997 más de la mitad de los hogares rurales contaban con aves y cerca de un 40% criaban cerdos. 23 La acumulación de ganado bovino se asocia más a la expansión de la superficie de maíz y en forrajes, inaccesible para el productor de subsistencia e infrasubsistencia.

En cuanto a la reconcentración del suelo y la privatización de la propiedad ejidal tampoco han tenido lugar procesos masivos para aglutinarse en torno a la empresa capitalista. Como se sabe, ya antes de las reformas al artículo 27 constitucional, la transmisión del usufructo y la propiedad de los predios ejidales se daba al margen de la ley, ahora el mercado de tierras es sin duda más dinámico. El Registro Agrario Nacional, en informes recientes da cuenta de que han aumentado los contratos de aparcería en diferentes modalidades, renta y asociación; y en menor medida la compra-venta.

En detalle, ocurre que la mayoría de las transacciones se realizan al interior de los propios ejidos, polarizando la distribución de recursos territoriales al interior de los mismos. Los de menor número de hectáreas tienden al arrendamiento o a algún otro tipo de contrato que les permita recibir periódicamente ingresos, sin deshacerse de la tierra, o por lo menos no de toda; mientras los de mayores recursos se inclinan por ampliar la superficie de trabajo principalmente a través del usufructo, este tipo de movimientos entre ejidatarios, avecindados y terceros ajenos al ejido, pasa de 0.2% en 1990 a 22.1% en 1997.

La venta de parcelas se realiza también, y aunque el porcentaje es muy cercano al de otro tipo de contratos (20% de los ejidatarios ha dividido sus parcelas en dos o más fracciones) la superficie que involucra constituye menos del 50% del área que se destina al arrendamiento, por ejemplo.

Como el suelo se encuentra ahora expuesto al mejor postor, las zonas con ventajas naturales o de infraestructura, teóricamente, deberían constituir un polo de atracción para los capitalistas, pero esto es muy relativo, ya que por infinidad circunstancias no es el sector primario uno de los principales destinos de la inversión productiva.

Es cierto que existe un ambiente jurídico de libertad y garantías legales para la movilidad del factor tierra, empero, la empresa no precisa concentrarla en propiedad para hacerla producir a su favor; invertir en su compra equivale a inmovilizar capital. Han resultado más convenientes otro tipo de contratos o sociedades por tiempo determinado 24, lo que beneficia en varios sentidos, pues pueden realizar sus actividades en varias regiones simultáneamente, eludir relaciones laborales estables y de largo plazo, y desplazarse con mayor facilidad en un momento dado. Así resuelve ahora la gran empresa su acceso a la tierra y el problema de la incertidumbre. No tiene siquiera que responsabilizarse de que la explotación sea sostenible, las normas ecológicas en este sentido también son suficientemente flexibles.

En el sur del país, por ejemplo, la empresa privada paga a los ejidatarios “por el derecho de monte” y explota sin consideraciones de racionalidad ambiental los recursos forestales. En otros casos la agroindustria se compromete exclusivamente a la compra del producto, fijándose de forma unilateral las condiciones de calidad y precios.

Otro aspecto que contribuye a explicar la indiferencia al patrimonio rural, es que en las condiciones tecnológicas actuales, la producción empresarial no es necesariamente extensiva, por encima de ello se apuesta a la producción en condiciones controladas.

Así las cosas, resulta que ni la tierra del campesino –por lo general- ni su producto son necesarios para el inversionista y el mercado, respectivamente 25. Que el campesino siga viviendo en su parcela da la apariencia de que se sostiene de alguna manera a partir de ésta, pero esto se aclara al revisar la composición de sus ingresos.

Son numerosas las investigaciones que se han ocupado de registrar el origen de los ingresos de las explotaciones agropecuarias a lo largo de la última década sobre todo en el sector de la propiedad social; desde luego arrojan cifras diferentes, pero sus coincidencias nos permiten llegar a una serie de conclusiones útiles para corroborar algunos aspectos de nuestra hipótesis. Dos de los registros que son relevantes por su cobertura nacional se sintetizan en los cuadros 5 y 6.

Fuente: Encuesta de productores elaborada por la SRA y la Universidad de Berkeley. 1994. Publicado por Casco Flores, José Andrés, en “La estrategia modernización del sector agrícola en México. Comercio Exterior, abril de 1999. p.366

En este primer reporte de la Secretaría de la Reforma Agraria con fecha de 1994 los datos son contundentes. Para los productores que operan con un máximo de 2 hectáreas el ingreso proveniente del predio no ascienden ni a la cuarta parte de sus ingresos totales (22.2%), y si cuenta con recursos territoriales de hasta 5 hectáreas su ingreso agropecuario cubre apenas el 34.8% de sus necesidades de consumo familiar y productivo. Incluso el productor que opera en superficies mayores a las 18 hectáreas obtiene más de la cuarta parte de sus ingresos de actividades diferentes al cultivo y la ganadería.

Cuadro 6

Con información de 1997 publicada por la CEPAL, tenemos una situación aún más crítica, pues con predios de hasta 2 hectáreas el ingreso parcelario sólo representa 13.5% del ingreso total, mientras que para aquellos que cuentan con hasta 5 ha representa el 34.3%. En este informe se enfatiza que más del 80% de los hogares campesinos tiene al menos uno de sus miembros fuera de la comunidad apoyando su mantenimiento, y cerca 45% reportan algún un lazo familiar en Estados Unidos.

En ambos casos se requiere operar con activos territoriales superiores a las 10 hectáreas para obtener de las actividades agropecuarias un ingreso cercano al 50%. Y por lo que toca al sector de la propiedad social esto sólo sería posible para el 23.4% del total de ejidatarios y comuneros, pues de acuerdo al último censo agropecuario, que es el de 1991 cerca de 2 millones 700 mil ejidatarios no cuentan con parcelas mayores a las 10 hectáreas.

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha realizado también una serie de estudios sobre México, en que se destaca la relevancia de las actividades complementarias del ingreso campesino y la tendencia creciente de los ingresos extraprediales, llegando conclusiones similares:

a) Más de 80% de los hogares requieren ingresos extraprediales, y su importancia relativa es mayor para las explotaciones con menores recursos territoriales. 26

b) La superficie media con la que cuentan los productores de maíz es de 2.5 hectáreas, y de 3 es el promedio para todos los cultivos (incluyendo maíz). 27

c) Las familias rurales que poseen menos de 2 ha sólo alcanzan a obtener del cultivo de sus parcelas el 10 % de sus ingresos totales. 28

d) En los hogares ejidales el ingreso extrapredial representa 55% del ingreso total (75% en granjas pequeñas y 40% en grandes). 29

e) Sin ingresos extraprediales, se requeriría al menos de 25 hectáreas de temporal para “salir de la pobreza” en las condiciones institucionales (crédito, asistencia técnica, comercialización...) y precios vigentes. 30

f) Del 73 al 83% de las clasificadas como explotaciones campesinas se consideran en proceso real o potencial de descomposición y con necesidad de ingresos extraprediales donde la migración representa una tercera parte de su ingreso. 31

La propia Secretaría de Agricultura, con base en datos del último censo confirma que en el agro mexicano sólo el 44% del ingreso total es propiamente agropecuario.

No hay por el contrario coincidencia en estos estudios cuando se trata de definir cual es el peso relativo de cada una de las actividades extraprediales y su contribución proporcional en los ingresos, y esto es debido a que se trata de ocupaciones temporales y de percepciones irregulares. Suele enfatizarse por ejemplo la importancia del autoempleo (con actividades como el comercio informal, la recolección y las artesanías), el empleo asalariado no agrícola (en el que destaca la construcción y diversas labores domésticas), y el empleo propiamente agrícola. En menor medida, pero también significativos, son los ingresos provenientes del sector público como PROCAMPO y programas sociales de subsidio al consumo familiar.

De cualquier manera, las actividades económicas que en primera instancia servirían el propósito contribuir a la reproducción del campesinado –como estrategias de subsistencia-, pierden su sentido original, y la novedad no estriba tanto en su diversidad, como en la importancia que adquieren; y a pesar de ello el deterioro de su nivel de vida de la población rural no se detiene.

Se trata llanamente de que los ingresos parcelarios han dejado de ser la parte principal, para ser el complemento no de otra actividad, sino de múltiples ocupaciones por sí mismas insuficientes y en general también marginales al empleo asalariado. Masivamente se experimenta el desgaste de la pequeña producción agrícola, que no es sino el tránsito de campesino de subsistencia hasta convertirse en un sector heterogéneo, situado en las comunidades rurales y al que resulta difícil ubicar por su movilidad y diversidad en algún status social.

Lo que resulta obvio sin embargo, es que esa gama de ocupaciones precarias, que algunos gustan de llamar “pluriactividad”, no los abstrae por lo general de su carácter de sobrepoblación, y dada la dinámica macroeconómica que se ha impuesto a partir de la aplicación del neoliberalismo, que restringe la oferta de empleo, es muy remoto que este sector tenga acceso al trabajo asalariado.

También es una realidad que la base material sobre la que en otro tiempo se sostenía, en las condiciones productivas y de mercado vigentes, se conserve territorialmente intacta o no, ya no es capaz de generar valor suficiente para proveer los ingresos suficientes para cumplir con sus objetivos; y que en la compulsión de buscar alternativas para solventar el consumo pierde su identidad. Por lo que se refiere a las relaciones de producción que le caracterizan, estas pueden seguir presentes en las pequeñas explotaciones de autoconsumo, pero después de todo, en el momento en que su actividad dentro del predio deja de ser el sostén de su economía para ser un ingreso accesorio, su status de campesino se modifica.

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1. La ganancia no existe, más allá del hecho de que participan en mayor o menor medida en el mercado, porque obviamente no existe un plusvalor que se realice con la venta del producto.
2. Schetjman, Alejandro, 1982. Economía campesina y agricultura empresarial, Tipología de los productores del agro mexicano. Ed. S. XXI. México
3. Mecanización por tractores y tecnología biológica que se difundió gratuitamente, como fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas,
4. En Carmen del Valle, Op. cit.. p. 64
5. En los años subsecuentes las tasas de interés tendieron a decrecer un poco, hasta que en 1994 se elevan de nueva cuenta bruscamente.
6. En menores proporciones esto puede aplicarse al resto de los granos básicos.
7. Información del CECCAM, con indicadores del Banco de México y del Sexto Informe de Gobierno CSG. 1994.
8. Datos de “El Sector Agroalimentario en México 2000” INEGI 2001
9. Centro de Estadística Agropecuaria (CEA) de la SAGAR.1999, www.sagar.gob.mx
10.CEPAL. 1999 “EFECTOS SOCIALES DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA CAMPESINA” , México.
11.SAGAR, 1994. Diagnóstico del Programa Agropecuario y de Desarrollo rural 1995-2000. Diario Oficial de la Federación.
12.CEA, SAGAR, 1998, www.sagar.com.mx
13.FIRA, boletín Informativo, septiembre de 1996, pp. 22 y 23.
14.A la fecha se han firmado 13 acuerdos con 34 países y están en puerta dos más con Japón y Australia.
15.LA JORNADA, 2 de noviembre del 2002.
16.Schwentesius y Gómez Cruz, M. Ángel. 2000. Arroz a la mexicana y la competencia desleal con Estados Unidos, CIESTAAM Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la agroindustria y la Agricultura Mundial. México.
17.CEPAL. 1999. Op. cit. México.
18.La inversión interna bruta agropecuaria (pública y privada) ha tenido en los últimos años, salvo en 1997, tasas de crecimiento anual negativas. CEPAL. 2001. Op. Cit.
19.De Grammont, Humbert. 1999. Empresas, reestructuración productiva y empleo en la agricultura mexicanaA Ed. Plaza y Valdez, México. p. 25
20.Ib p.25
21.Una gran cantidad de análisis alude a la flexibilización como el paradigma productivo llamado a sustituir en la posguerra fría a la organización del trabajo rígida del fordismo que se consolidó a lo largo del siglo XX y donde eran relativamente compatibles la ganancia del capital y el bienestar social; el núcleo de este paradigma consiste en la renovación de los mecanismos de extracción de plusvalor, a partir de la articulación del desarrollo tecnológico y la desconcentración de los procesos productivos principalmente. Para más detalles en Hirsch, Joachim. 1997. “¿Qué es la globalización”, En Revista Realidad Económica, número 47, IADE, Argentina.
22.De Grammont, Op. Cit. p. 62
23.Davis, Benjamín. 1999. “Las políticas de ajuste de los ejidatarios frente a la reforma neoliberal en México” en REVISTA DE LA CEPAL. México
24.La Ley Agraria vigente lo hace posible hasta por 30 años prorrogables. Art. 45.
25.Por lo menos tratándose de inversiones agropecuarias, lo que no significa que en un momento dado no representen alguna otra ventaja para fraccionamiento urbano, especulación, u otros fines.
26.Taylor, Edward. Y Yuñez-Naude, Antonio. 1999. Ponencia: Vinculaciones entre las actividades agropecuarias y no agropecuarias de pequeños productores rurales en México. Universidad de California y Colegio de México. Pagina de la FAO en internet.
27.Ib.
28.Ib.
29.De Janvry, A. Y Sadoulet, E. 1999. “Posiciones de los activos y estrategias del ingreso entre los hogares rurales de México: el papel de las actividades extraprediales en la reducción de la pobreza. Estudio de la Universidad de California en Berkeley y Banco Mundial. Página de la FAO en internet.
30.Ib.
31.Ib.