LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS DEL PRONASOL

El Programa se inició en mayo de 1990 dentro del marco del Programa Nacional de Reforestación con la participación de 31 organizaciones forestales en 16 entidades federativas, durante 1992 se ampliaron éstas a 93 en 19 estados de la República. El objetivo del programa era básicamente apoyar a los productores forestales de bajos ingresos otorgándoles asesoría técnica y fomentando una cultura forestal fundamentada en el uso racional de los recursos.

El objetivo de este programa consistió en fomentar el aumento de la oferta y la capacidad de distribución de alimentos producidos por el sector pesquero, principalmente especies de consumo popular como la mojarra y la carpa, así como la captura de crustáceos, moluscos, cazón y algas. Esto contribuiría a generar empleos e ingresos dentro de las comunidades campesinas y pesqueras, promover un esquema de desarrollo regional más equilibrado, y aprovechar intensiva e integralmente los recursos naturales.

La base de funcionamiento era la concertación social a través de los CS como un pilar para el desarrollo integral de la acuacultura. Para desarrollarla se promovieron ajustes a la normatividad vigente, marcos de referencia técnica, de uso de recursos y de ubicación territorial, para dar seguridad jurídica a los inversionistas de los sectores social y privado.

El PRONASOL desde 1989 apoyó la exploración, explotación y comercialización de recursos mineros, a través de la transferencia de recursos para poyar la producción de mármol en el estado de Durango; de cantera en Tlaxcala; ónix en Zacatecas; caolín en Veracruz; turquesa en Sonora y el cuarzo en Jalisco.

Se estableció el 14 de noviembre de 1991 como parte de las acciones para dar libertad y justicia al campo después de las modificaciones al artículo 27 constitucional[1]. Posteriormente el 4 de diciembre de ese mismo año se decretó la creación del FONAES como órgano desconcentrado de la SPP. El objetivo era apoyar con recursos financieros a campesinos, grupos indígenas y habitantes del medio urbano popular que contaran con proyectos productivos susceptibles de transformarse en unidades económicas viables y con sentido social, es decir es opuesto a un sistema de subsidios permanentes. Se pretendía además arraigar a la gente a sus lugares de origen a través del impulso a la actividad productiva y la proliferación de microempresas que crearan empleos.

De esta manera, la estrategia de combate a la pobreza adquirió de acuerdo con el gobierno, una dimensión de largo plazo en la medida en que, a partir de la creación de empleos, permitía elevar el nivel de vida de los mexicanos pobres. Además, el gasto social se potenciaría al servir como capital semilla de empresas del sector social.

La base de este programa era la concertación social donde intervinieron empresas, sindicatos y núcleos de población obrera. Los objetivos eran:

v Convocar la solidaridad de los sindicatos que tienen fuerza económica, para acciones en comunidades en las que trabaja Solidaridad.

Para el mejoramiento de la vivienda se formaron CS en barrios o colonias obreras que buscaban concertar aportaciones de las empresas en las que trabajan y en los sindicatos de los que son miembros. Los proyectos de reconstrucción y remozamiento de las viviendas eran supervisados por la comunidad, cuyos miembros aportaban una cuota acordada en asamblea y realizaban los trabajos que no requerían calificación previa. En el caso de las unidades habitacionales el trabajo en CS incluyó la participación en la organización y prestación de servicios de limpieza, abasto, vigilancia y educación. También en cuanto al establecimiento de guarderías que se construyeron con aportaciones de Solidaridad y el IMSS intervino en su funcionamiento con su esquema de guarderías participativas.

Para el fomento de la cultura y el esparcimiento se trabajó en comités elegidos en asamblea, incluyéndose acciones de fomento al deporte y al turismo. En cuanto a la formación para la producción, se buscó capacitar para impulsar la creación de pequeñas empresas participativas, eficientes económicamente y competitivas de acuerdo con las posibilidades de cada grupo.

Por último, con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y el STRM se inició la aportación sindical para obras en comunidades en situación de pobreza.

[1] Se reconocía la personalidad jurídica de los ejidos y comunales y asimismo se establecían los procedimientos por los cuales los ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgarles el uso de su tierra; y tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre miembros del núcleo de población.