Alexei Guerra Sotillo

CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Encuestas

La entrevista con el personal gerencial de las instituciones seleccionadas fue complementada con la aplicación del instrumento o cuestionario al personal de gerencia media y operativa, a objeto de conocer de primera fuente, la opinión sobre los aspectos en estudios, todos referidos a una valoración o postura positiva ante la economía informal. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, por cada ítem o afirmación contenida en el cuestionario.

Afirmación Nº 1. “La informalidad no es un obstáculo para el éxito de una empresa”.

El 34,62% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con este planteamiento, y un 19,23% respondió estar muy en desacuerdo, lo cual indica que el 53,84% de los entrevistados no se identifica con el ítem, y al contrario, considera que la informalidad puede entenderse como un obstáculo para el éxito y desarrollo de una empresa. Un 34,46% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con la sentencia aludida.

Afirmación Nº 2. “Las microempresas no registradas ofrecen mayores ventajas y oportunidades de negocios en relación a las registradas”.

En este ítem se planteaba indagar hasta qué punto existía una aceptación al no registro legal de una microempresa, y a concebir este hecho como una ventaja frente a las unidades productivas que si habían cumplido este trámite formal. En este sentido, un 11,54% estimó como una ventaja para un microempresa el no estar registrada legalmente, y una gran y contundente mayoría, el 76,92% respondió estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con el planteamiento, por lo cual es posible inferir que existe una percepción entre los consultados que apuntaría a considerar como una desventaja, que traería una relativa dificultad de concretar y aprovechar oportunidades de negocios, la condición de informal en términos jurídicos, para una microempresa.

Afirmación Nº 3. “Las microempresas son creadas para favorecer la subsistencia del microempresario y su familia”.

En relación a la subsistencia o sobrevivencia, como objetivo básico que motiva la creación o conformación de microempresas, sumados los porcentajes correspondientes a las opciones muy de acuerdo (11,54%) y de acuerdo (46,15%), se obtiene que el 57,69% de los consultados estima que la sobrevivencia o satisfacción de necesidades básicas para el microempresario y su grupo familiar, es lo que da lugar a la creación de organizaciones de esta naturaleza, frente a un 26,92% que estima no estar de acuerdo, o estar muy en desacuerdo con que sea sólo la subsistencia lo que origina el establecimiento de microempresas, dejando probablemente un margen para otros factores como la consolidación o el crecimiento como posibles objetivos iniciales.

Afirmación Nº 4. “Los pasivos laborales, los impuestos y los gastos legales de registro son barreras que impiden el crecimiento de las microempresas.”

La intención en este ítem era determinar la identificación del entrevistado con la idea según la cual los altos o excesivos costos de la formalidad, expresados en el plano de las obligaciones laborales, impositivas y mercantiles, constituyen una limitante para el crecimiento de las microempresas.

Agrupadas las respuestas afirmativas, un 34,62% consideró estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta sentencia; si embargo, la mayoría de los entrevistados, un 57,69% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta idea, lo cual pudiera ser indicativo o bien de que consideran que los costos de la formalización no son tan elevados como parecen, o que, al incumplirlos o descartarlos asumiendo la informalidad, ellos en sí mismos no son obstáculos para el crecimiento de las pequeñas empresas.

Afirmación Nº 5. “En Venezuela es más fácil para una empresa ser informal que ser formal”.

Ahondando en la posición del funcionario público sobre la economía informal, y sobre los elementos que configuran esa informalidad en el plano organizativo y microempresarial, al plantear esta afirmación, un 57,69% escogió las alternativas “muy de acuerdo” o “de acuerdo”, evidenciando de este forma, la relativa aceptación del fenómeno, y en todo caso, la “facilidad” de ser informal para una empresa al no existir nada ni nadie (autoridades o Estado, por ejemplo) que lo impida, regule, controle o que eventualmente haga mas “difícil” esa situación. Un 38,46% planteó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con el ítem ya referido.

Afirmación Nº 6. “La economía informal existe porque no hay incentivos para ser formal”.

A objeto de ampliar lo establecido en la afirmación anterior, se perseguía en este ítem conocer el mayor o menor acuerdo en torno a las facilidades de ser informal, o a la inexistencia de limitaciones, controles, restricción o incentivos para la formalización de las organizaciones empresariales en el país.

En esta dirección, 46,15% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con lo afirmado, frente a un 34,62% que manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. Cabe destacar un 19,23% de consultados que asumió una posición neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) al considerar quizá que la existencia de la economía informal se deba no a la inexistencia de incentivos para “formalizar” a la microempresa, sino a la imposibilidad manifiesta para formalizarse, o a la negativa abierta para hacerlo, más allá de los estímulos o incentivos que desde el Estado, puedan generarse.

Afirmación Nº 7. “Es muy difícil que el Estado pueda evitar el crecimiento de la economía informal”.

Esta sentencia lleva implícita, en cierta forma, una valoración sobre el papel del Estado ante el fenómeno de la informalidad, y la gobernabilidad sobre el problema; es decir, la posibilidad cierta y concreta de actuar, políticamente, para atender esa realidad. Frente a esta tesis, la mayoría de los entrevistados, 57,69% consideró que no es muy difícil que el Estado pueda evitar el crecimiento de la economía informal, al sentirse quizá, en cierta forma, aludidos directamente como integrantes de la estructura de la Administración Pública. Puede sin embargo interpretarse, a la luz del 34,61% que estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con lo planteado, que existe cierto reconocimiento de la complejidad del fenómeno, de las debilidades varias del gobierno (como expresión concreta del Estado) para atenderlo, o de ambas inclusive.

Afirmación Nº 8. “Lo único que necesitan los emprendedores de sectores populares es el financiamiento para fortalecer sus microempresas”.

En la creencia, o asumiendo la noción según la cual un rasgo importante de las políticas estatales de atención, promoción o fomento hacia las microempresas es el que éstas poseen un énfasis “financista”, o con excesivo peso en la entrega de recursos al público-meta, se planteó la redacción del item Nº 8. Ante ella, un 42,30% manifestó estar muy de acuerdo o de acuerdo, y la mayor parte, un 57,69% expresó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, lo cual refleja, que pese a existir una mayoría que opina que no sólo es el financiamiento lo más importante de la política microempresarial, no es tan contundente como debería ser, ya que subsiste una porción notable de quienes piensan que si es, o si debería se así.

Afirmación Nº 9. “La capacitación y la asistencia técnica son factores importantes pero no fundamentales de una política microempresarial.”

Como correlato de la sentencia anterior, y entendiendo a la capacitación y a la asistencia técnica como factores que deben complementar el aspecto financiero de la política, se plantea una afirmación a fin de verificar la posición de los funcionarios consultados en esa dirección. Las respuestas no dejaron lugar a dudas, ya que un 23,08% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo, pero un significativo 76,92% expreso estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, al considerar que tanto la capacitación como la asistencia técnica, son importantes y fundamentales en la gestión pública hacia el sector, esto al menos en la respuesta, quedando la inquietud si dicha mayoría se materializa efectivamente en la práctica institucional.

Afirmación Nº 10. “Es importante diferenciar y privilegiar a las microempresas en relación a las medianas y grandes empresas”.

Este apartado busca indagar la opinión del funcionario en torno a la especificidad del sector microempresarial, que justificarían una actuación estatal destinada a diferenciar y privilegiar una política especial para dicho ámbito organizativo, separada o distinta al espacio de la PYMES. Las respuestas si bien se inclinaron mayoritariamente en un 53,85% a favor de lo expresado en el ítem, en un 46,15% agrupó al funcionario que estimó no coincidir con lo afirmado, por lo cual se evidencia una proporción bastante similar para ambos extremos valorativos (de acuerdo- en desacuerdo).

Afirmación Nº 11. “Son las pequeñas empresas, y no las medianas o grandes, la clave del desarrollo económico y social del país”.

En la misma orientación de la afirmación anterior, se persigue corroborar la opinión de quien labora en las instituciones oficiales que atienden al sector microempresarial en lo relativo a la conveniencia o no de instrumentar acciones separadas para cada tipo organizacional, y de medir cualitativamente el grado de importancia asignada a unas y otras. Sólo un 15,38% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con el planteamiento, y un elevado porcentaje, 61,54%, manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con el ítem, lo cual revelaría la tendencia, entre los entrevistados, a no sesgar o diferenciar a un sector frente a otro. Un 23,07% respondió neutralmente, indicando probablemente una inconformidad por separar tajantemente a micros y PYMES, en cuanto a una estrategia de atención estatal.

Afirmación Nº 12. “Las microempresas no necesitan relacionarse con grandes empresas para crecer y aumentar sus operaciones.”

La conformación de un tejido productivo, en el que se establezcan vínculos y relaciones entre micros, pequeñas, medianas y grandes, es el norte que debe guiar la ejecución de una política microempresarial, en sentido estricto, y de una política económica, en sentido amplio. La afirmación expresa precisamente la idea contraria, a objeto de verificar la opinión del consultado. Mientras un 26,92% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo, el 57,69% dijo estar en desacuerdo y el 11,54% muy de acuerdo, para obtener un 69,23% de entrevistados no identificados con la afirmación, al entender la necesaria relación que debe existir entre todas las empresas, como rasgo lógico de una economía de mercado, sustentada en la actividad empresarial.

Afirmación Nº 13. “Es necesario que el Estado intervenga en la economía y redistribuya la riqueza”.

Otro de los aspectos esenciales en la caracterización que suele hacerse de la participación del Estado venezolano en la economía, es su naturaleza interventora o paternalista, sustentada en la actividad petrolera y en el carácter rentístico del principal ingreso fiscal del Estado, propietario de dicho recurso. No obstante, la concepción de riqueza en época reciente y a propósito de la Globalización y de la teoría de la Competitividad defendida entre otros por Michael Porter, identifica al conocimiento, el capital humano y una relación más equilibrada entre Estado, mercado y sociedad civil como requisitos para lograr un crecimiento económico y una mejor calidad de vida para la población.

Por ello, este item, junto al siguiente, es vital para medir hasta que punto se comparte, en el contexto de la cultura del funcionario público, una visión tradicional o moderna de la riqueza nacional.

Mientras un 19,23% dijo estar en desacuerdo con que el Estado intervenga en la economía y redistribuya la riqueza, una aplastante mayoría del 80,77% dijo estar muy de acuerdo o de acuerdo con dicha premisa, lo cual revela la persistencia en el plano de quienes laboran directamente al servicio del Estado, de una concepción ideológica de la riqueza no a tono con la crisis actual del modelo de desarrollo vigente, y divorciada de la insostenibilidad de un gasto público incremental e ineficiente. Esto denota una mayor gravedad, en cuanto a que quienes abrumadoramente se identifican aun con esa idea, son precisamente los encargados de asignar y financiar proyectos microempresariales.

Afirmación Nº 14. “Venezuela es un país rico por el petróleo y los recursos naturales que posee”.

Se constata en cierta forma lo ya verificado en el ítem Nº 13, ya que el 57,68% de los entrevistados expresó estar muy de acuerdo (15,38%) o de acuerdo (42,30%) con esa afirmación, frente a un 38,46% de respuestas que apuntaron a un desacuerdo. Ello ilustraría la permanencia en el común de la gente, y en este caso del funcionario público, de la idea de un Estado rico y dadivoso, que tiene que “regalar” el dinero y “repartir” entre los más pobres, y entre los que no lo son tanto, parte de esa supuesta riqueza, en contraste con la realidad fiscal del Estado venezolano, y con la dificultad creciente para atender sus deberes más fundamentales en el orden educativo, sanitario, de seguridad social, infraestructura o en la creación de un marco adecuado para la inversión y el empleo.