Alexei Guerra Sotillo

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planificación, acción y concepción económica reciente del actual gobierno

Al evaluar los planes y acciones del gobierno actual en el plano económico, se puede percibir ciertamente la continuidad de una línea de atención hacia la economía social, consagrada ya en la constitución de 1999, y en diversos planes y programas diseñados y aplicados por el Poder Ejecutivo. No obstante, es posible identificar la existencia de debilidades y fallas en la actual planificación económica, que estarían atentando contra la efectividad y solidez de la política pública dirigida al sector económico en general, y al ámbito de la economía social y a las microempresas en particular.

En el documento informativo “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”, se plantea la existencia de cinco ejes o equilibrios, que van a guiar la transición a la “Revolución Bolivariana”, (tal cual reza el documento) y que abarcarían los siguientes ámbitos: económico, social, político, territorial e internacional.

En el apartado destinado al eje económico, se plantea que

(...)El propósito es el ampliar y profundizar la democracia económica que enfatice la cultura del trabajo y la producción, y que elimine progresivamente nuestra dependencia del rentismo petrolero. Vamos a diversificar la economía no petrolera y estimular la Economía Social, equilibrando la heterogeneidad de intereses económicos y sociales con la participación autogestionaria de todos los venezolanos, convergiendo diversas formas de propiedad y de relaciones de producción y consumo urbano-rural. Se apoya toda esta iniciativa autogestionaria en un sistema de microfinanzas y de asistencia técnica a las comunidades organizadas.

Al analizar el desglose de estos equilibrios o ejes de acción en objetivos, estrategias, subobjetivos, subestrategias y subsubobjetivos, se aprecia sin embargo la ausencia de acciones que involucren a las grandes empresas o sectores industriales, una relativa generalidad en los enunciados, duplicidad de objetivos y la simple enunciación de intenciones, sin las metas o indicadores correspondientes.

El fortalecimiento de la microempresa y las cooperativas, la organización del sistema de microfinanzas, y el aumento y fortalecimiento de la PYME se esbozan como subsubojetivos en el orden económico; sin embargo, en el caso de la economía social, aparece como subobjetivo 1.4 (“Desarrollar la economía social”) y como subsubobjetivo 2.2.1. del eje social (“Fortalecer la economía social”), planteando un interés o prioridad quizá no adecuadamente desagregado en términos de la metodología de planificación utilizada.

En esta línea temática, el economista Domingo Maza Zavala, expresaba en Enero de 2001, a propósito de la conmemoración de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y de una retrospectiva sobre los modelos de economía de finales de los 50 y del actual, lo siguiente:

(...) Se vive un proceso de transición, que no es obra de Chávez, sino de un país que viene desde mucho antes clamando por un cambio de esquemas. Si bien es cierto que hay necesidad de un nuevo modelo económico, esta estrategia está por definirse. La actual administración tiene algunos hechos que vislumbran un nuevo modelo: por ejemplo, el énfasis en la pequeña y mediana industria, las microfinanzas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los marginados. (Subrayado del autor. Diario El Nacional, 23-01-2002).

Por otra parte, en una reseña realizada por el Diario El Universal a un documento del Banco Mundial, pueden igualmente apreciarse observaciones críticas en relación al manejo de las políticas públicas por parte de la actual gestión gubernamental:

En un documento del Banco Mundial se lee: Desde su comienzo, la administración Chávez dio prioridad a las reformas políticas, incluyendo la introducción de una nueva Constitución. Esto, y la falta de un programa económico amplio completamente implementado, aumentó la incertidumbre, afectando el clima de inversiones y reforzando el clima de desinversión del sector privado (...) Aunque Venezuela ha sido beneficiada con una gran riqueza natural, la pobreza es grave y las condiciones sociales se están deteriorando. La deficiente gerencia macroeconómica limita la participación del sector privado y las incertidumbres políticas han aumentado los riesgos de negocios y de país (...) El desempeño ha sido afectado por debilidades en el marco legal e institucional y una cultura del sector público ineficiente. La burocracia pública ha sido incapaz de diseñar e implementar programas para reducir la pobreza. (Subrayado del autor. Diario El Universal, 15-04-2003).

Por otra parte, Francisco Rodríguez, director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, expone igualmente algunas consideraciones en torno a la política y gestión económica y a la dirección de la Hacienda Pública Nacional.

En entrevista efectuada por un diario de circulación nacional, el referido especialista expresaba: “Por eso creo que la política gubernamental es más bien un colchón de retazos donde se apela a medidas ortodoxas o heterodoxas para afrontar las crisis que se le vienen encima, pero no como un plan sostenible en el tiempo sino más bien como herramientas aisladas”. (Subrayado del autor. Diario El Nacional, 04-08-2003).

En un artículo de opinión en relación a la política de endeudamiento de la gestión actual, Rodríguez expresaba que

(...)Mientras en 1998 el servicio de la deuda pública total representaba apenas 4,7% del PIB, para 2002 llegó a alcanzar 8,7% del PIB. Una de las causas del aumento del saldo y costo de la deuda es el manejo desacertado y poco justificable de la política de endeudamiento de la nación que se comienza a manifestar a partir del año 2002. Esta ha estado marcada por el deterioro progresivo de la transparencia, llevando a operaciones cuyo beneficio para la Nación es cuestionable. (Subrayado del autor. Diario El Nacional. “La política de endeudamiento público en Venezuela”. 23-06-2003).

En este sentido, pese a sustentarse en una disposición Constitucional, y en su configuración como objetivo del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el lapso 2001-2007, el apoyo a la economía social, y concretamente a las microempresas, PYMES y cooperativas como actores básicos de este ámbito, carece de un soporte de más largo alcance, de una estrategia macro o global en materia económica aplicada con continuidad e integralidad, que permita armonizar coherentemente los programas financieros, crediticios o de capacitación puntuales o focalizados, con un plan sólido y completo para toda la economía, que principalmente, sea duradero y contínuo.

En este orden de ideas, algunas críticas han surgido en relación a la concepción que la actual gestión tiene sobre el desarrollo económico, la conformación de un sistema microfinanciero, y de los valores que conforman o subyacen en la justificación de las decisiones y políticas que se están aplicando en la actualidad.

Ya en el año 2001, al inicio de la actual gestión gubernamental, las irregularidades en los organismos de la estructura microfinanciera y de asistencia social y crediticia que el Poder Ejecutivo empezaba a establecer, eran reseñadas por diarios de circulación nacional.

Bajo una serie de denuncias e irregularidades, y por la inefectividad de su gestión en la atención de sectores populares, William Fariñas tuvo que renunciar al Fondo Único Social, no sin antes declarar para el Diario El Nacional (20-03-2001), lo que este medio presentó de la manera siguiente:

El ex presidente del Fondo Único Social, William Fariñas, admitió que durante su gestión cometió errores y tuvo que “saltar talanqueras porque, lamentablemente, son muy engorrosos los trámites en la administración pública para poder cumplir con todas las pautas que se establecen para cualquier transacción.”

Más allá de la urgencia de los problemas sociales que debe afrontar el gerente público, queda en evidencia el peso de la estructura burocrática, normativa y gerencial de la Administración Pública en su gestión y eficiencia, cuya complejidad o lentitud administrativa no pueden justificar nunca la posición asumida por el referido funcionario, y más bien, plantea como propicia reformas y cambios que permitan solventar esa situación.

Mohammad Yunus, presidente del Grammen Bank, organización exitosa en materia de microcréditos en Bangladesh, afirmaba en una entrevista que se le realizara en Octubre del 2001 (Diario El Nacional, 07-10-2001), a propósito de la promulgación de la Ley de Microfinanzas, que “el sistema de microfinanzas debe ser autosostenible, para que no dependa del financiamiento del Estado o de sus subsidios, sino que se convierta en un sistema bancario genuinamente comercial.”

Sin embargo, casi dos años después, otra nota de prensa ilustraba las críticas generadas en relación al funcionamiento e irregularidades del sistema. La reseña periodística planteaba:

El Banco del Pueblo tiene aproximadamente 88% de su patrimonio colocado en papeles emitidos por la República dentro del país, mientras 9% de su capital lo ha otorgado en pequeños préstamos a los sectores más necesitados. (...) Al 31 de diciembre del año 2002 el Banco de Pueblo acumuló pérdidas por 7,49 millardos de bolívares (...) después de haber obtenido un saldo negativo entre enero y junio del mismo año que llegó a 4,74 millardos de bolívares. (Diario El Nacional, 09-06-2003).

Estos hechos, junto o otras consideraciones, llevaron probablemente al Banco Central de Venezuela, a través de su presidente Diego Luis Castellanos, a advertir en documento enviado a la Asamblea Nacional contentivo de observaciones del instituto emisor sobre la reforma de la Ley General de Bancos, que instituciones como el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer en realidad no son bancos, entendiendo como bancos a entidades que reciben depósitos y otorgan créditos.

Se señalaba además, que “lo más lógico es reestructurar esas instituciones en fondos de asistencia crediticia y mantener intacta la norma de que toda entidad debe estar regida por la Ley General de Bancos. Es altamente peligroso que instituciones que potencialmente pueden recibir depósitos del público estén en una especie de limbo regulatorio y de supervisión.”

Ello por supuesto, conforma un cuadro en el que se reflejaría la relativa premura o improvisación, por parte del Estado, en la organización jurídico-administrativa del Sistema Microfinanciero, con las lógicas consecuencias en la dilapidación o uso poco eficiente de los recursos dirigidos a la asistencia crediticia de sectores populares.