Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela
Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
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SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?
D. El Impacto Político del Ajuste Neoliberal
La aplicación del programa económico representó la sintonía más contundente con
una corriente modernizadora que iba a tener tropiezos en su ejecutoria, con
impactos amenazadores sobre el sistema político que terminaron comprometiendo la
legitimidad del gobierno y del régimen y produjeron una crisis en el sistema
democrático. Puntualizando algunos de los problemas más severos que confrontó el
gobierno de Pérez, nos remitimos principalmente a tres asuntos (Borges y
Pereira, 1996:363):
El primero es el deterioro de las condiciones sociales de la población, que se
venían acumulando desde 1983 y se profundizó con el ajuste (1989-1993), creando
frustración en los esfuerzos por mantener y mejorar los niveles de vida. Fue
evidente que el deterioro social pasó a ser fuente de creciente
desestabilización política al provocar una ruptura violenta de la paz social. El
número de protestas populares entre octubre de 1989 y septiembre de 1992 fue de
2092: un promedio de 697 por año, o sea aproximadamente 58 eventos conflictivos
por mes. Los partidos y los sindicatos perdieron toda capacidad reguladora y se
generaron múltiples formas de reclamos populares, con componentes de violencia y
de respuestas altamente represivas por parte del Estado.
La más importante de estas revueltas ocurrió el 27 y 28 de febrero de 1989, y
fue el estallido de mayor magnitud del período, que pulverizó por lo menos
durante 48 horas, las pautas de integración social. En casi todo el país, sobre
todo en la región central y norcostera, el estallido saqueó y destruyó
establecimientos comerciales, siendo reprimido con pérdidas materiales y de
vidas humanas todavía imprecisables.
El segundo es el carácter problemático que asumió el ajuste por las condiciones
concretas de la lucha política en que se insertó y la conducta de los a- gentes
económicos (empresarios y trabajadores). Los niveles de resistencia y la
oposición política hiperpolitizaron las medidas económicas, con una tensión
recurrente entre poder ejecutivo y legislativo.
En tercer lugar, el ajuste precipitó una crisis de gobierno y el Primer
Mandatario Nacional transitó en forma muy violenta el proceso de
deslegitimación, entendida ésta como un proceso ascendente de pérdida de
identificación política con el gobierno, frustración de expectativas creadas,
caída de la popularidad del Presidente y la erosión de las condiciones para el
mantenimiento de la legitimidad. Esto conduce a la desconfianza en el gobierno y
a la dificultad para reproducir apoyo, todo lo cual hace probable una situación
de ingobernabilidad.
Por otra parte, examinando los factores que promovieron tales hechos bautizados
por la opinión pública y los medios de comunicación como el caracazo, se
advierten (Kornblith, 1994:21) varios de larga, mediana y coyuntural gestación.
Las condiciones sociales y económicas que se van creando y acumulando desde el
viernes negro producen el caldo de cultivo ideal para la explosión social que
estaba latente en una colectividad que progresivamente sentía desmejorar sus
condiciones de vida. Aquí residen los factores de largo plazo. Con relación a
las de mediana incubación se mencionan las irregularidades y atrocidades
económicas que se produjeron inmediatamente después del anuncio de las medidas
del paquete económico, representadas por la oleada de especulación con los
precios y acaparamiento de los artículos de primera necesidad lo cual originó
falta de credibilidad en el gobierno y malestar contra los sectores económicos
por la ausencia de controles y pérdida de autoridad. En el plano coyuntural el
anuncio del programa de ajustes liquidaba las grandes expectativas populares
alrededor del nuevo Presidente, asociadas en gran medida con la bonanza de su
mandato anterior calificado como el de La Gran Venezuela.
El comportamiento de los actores principales dentro del sistema o escenario
político venezolano para la época de implementación del llamado paquete
económico, evidentemente tampoco operó a favor del mismo como para generar el
consenso adecuado y necesario en estos casos. En el seno del propio partido de
gobierno, AD, existía malestar y descontento porque en la elaboración del
Programa de Ajuste Neo- liberal habían participado activamente profesionales y
técnicos inspirados en la doctrina monetarista de la Escuela de Chicago. Bajo la
tutela de Miguel Rodríguez, Ministro de CORDIPLAN, se armó el VIII Plan de la
Nación, con el concurso de otros tecnócratas vinculados al Instituto de
Estudios Superiores de Administración, IESA, lo cual les valió por parte de la
crítica y de los sectores de oposición el apelativo de IESA Boys. Entre ellos
se contaba a Naim, Torres, Hausmann y Smith. Además venidos de distintas
parcelas políticas y del ámbito universitario. Para apoyar el gobierno de Carlos
Andrés Pérez estaban en escena dirigentes como Américo Martín, Joaquín Marta
Sosa, Carlos Blanco y Carlos Raúl Hernández.
En la conformación de una opinión pública contraria a las medidas económicas y
de un sentimiento popular de rechazo también jugó papel importante la oposición
partidista y personalidades de otros sectores que abiertamente las cuestionaron
. El ex-presidente Luis Herrera Campins señaló que deterioraban la calidad de
vida, enfatizando que el gabinete económico no tenia un líder; Caldera expresó
su preocupación por las posibles repercusiones sociales; FEDECAMARAS sostuvo que
la eliminación del dólar a 14,50 bolívares se traduciría en un duro golpe para
el empresariado; Andrés Velásquez acusó a Carlos Andrés Pérez de entregar al
país al Fondo Monetario Internacional; y por su parte, Arturo Uslar Pietri
consideró que las medidas eran necesarias, coherentes y realistas. (Sanoja
Hernández, 1998:28).
Luego del sacudón deI 27 de febrero, la Confederación de Trabajadores de
Venezuela, CTV, tradicional bastión de AD y brazo ejecutor de la política
sindical y laboral del gobierno llamó a un paro nacional exigiendo un aumento
general de sueldos y salarios, en medio de un alicaído prestigio político minado
por las denuncias públicas de corrupción en las cuales se vieron envueltos sus
principales dirigentes, comenzando por Antonio Ríos y el caso Florida Cristal,
además del manejo fraudulento de más 100 empresas a través de CORACREVI.
La situación institucional del Congreso de la República, en tanto pilar
fundamental sobre el cual se soporta el Poder Público, junto al Poder Ejecutivo
y el Poder Judicial, evidentemente que abonaba el terreno a favor de la crisis
de gobernabilidad que se vive en esa época. La pérdida de legitimidad y de
credibilidad del gobierno y el deterioro de su imagen se constata mediante los
sondeos de opinión de los diversos centros de estudios nacionales y las
encuestas que muestran las empresas encargadas de escrutar el ambiente político
venezolano. A la pregunta: ¿Tiene usted mucha, poca o ninguna confianza en el
Congreso Nacional?, en 1983, 12,98% respondió mucha, 28,63% expresaba poca
confianza. Transcurridos 1 5 años esos valores fueron creciendo de tal forma que
para 1998, la falta de credibilidad llegó al 45,20% (Sandoval, 1999:26). Cuando
en 1994, el Presidente Rafael Caldera en vista de la negativa del Parlamento de
aprobar la suspensión de las garantías constitucionales anunció la posibilidad
de disolverlo mediante un referéndum popular, ya el clima político resultaba
propicio para el ejercicio de tal presión y muy pocos apostaban por el futuro
del Poder Legislativo.
Otra razón para comprender el grado de fragilidad que vive el sistema
democrático en el momento en que se oficializa la aplicación del paquete de
medidas y la ejecución del VIII Plan de la Nación lo constituye, al igual que en
los casos anteriormente señalados, la precariedad institucional y el grado de
deterioro que acusa la administración de justicia; es decir, el Poder Judicial,
el otro soporte del trípode sobre el cual se asienta el Poder Público y el
Estado como organización del Poder Político.
Para esa época un diagnóstico sumario evidencia
la crisis de Poder Judicial (Fernández Toro, 1993:
139), en los siguientes términos:
Interferencia partidista en el sistema de nombramiento de los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura y la no aplicación
de la Carrera Judicial.
Interferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la rama judicial.
Intervención de otros intereses y presiones de sectores económicos y grupos
profesionales.
La no realización de los concursos de oposición previstos en la Ley de Carrera
Judicial, aprobada en 1980.
La independencia del Poder Judicial condicionada por insuficiente dotación y
escaso financiamiento.
Limitada modernización y tecnificación de los tribunales, así como la
formación y capacitación de los jueces.
Cotidianas arbitrariedades de los órganos del Estado contra los derechos de
las personas.
Imperfecciones en el desarrollo legislativo de los derechos constitucionales .
Asimismo, vale señalar la irrupción en el escenario político de grupos de
personalidades que desde la sociedad civil, fuera de los partidos, se
constituyeron para opinar y fijar posición acerca de lo que estaba sucediendo en
el país. Así, por ejemplo, en 1990, el Frente Patriótico, entre quienes
figuraban, Juan Lis- cano, Manuel Quijada, Manuel Alfredo Rodríguez, Luis
Vallenilla y Pedro Beroes, se constituyó en pionero de la propuesta de la
Asamblea Constituyente. Además, existió el grupo denominado Los Notables,
encabezado por Arturo Uslar Pietri.
El año 1992 estuvo lleno de obstáculos para la democracia venezolana y la suerte
del paquete económico. El sistema acusó problemas de desestabilización y de
riesgos de
retrocesos políticos. Ocurrieron dos intentos de golpes militares, el primero el
4 de febrero, liderado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías y el segundo,
el 27 de noviembre, con la participación de los vicealmirantes Cabrera Aguirre,
Gruber Odreman y el general Visconti. Los protagonistas de las insurrecciones
militares alegaron como las motivaciones primarias de los golpes, la corrupción,
los efectos sociales del paquete económico y la realidad atropelladora de una
cogollocracia (poder exclusivo en manos de una cúpula partidista, o de las
élites).
Se ha dicho que por tocar aspectos sensibles en la preocupación del venezolano,
el golpe del 4 de febrero y sus protagonistas se hicieron muy populares y fue
visto como medio para salir de Pérez, más no de la democracia. Los propios
golpistas, en el plano declarativo, nunca levantaron una amenaza en ese sentido,
pues manejaron los conceptos de democracia verdadera y participativa.
Tales eventos aceleraron la crisis política y desembocaron en una crisis de
legitimidad que finalmente encontraría una salida transitoria con la suspensión
del presidente Pérez, mediante una decisión de la Corte Suprema de
Justicia y la formación de un gobierno provisional a cargo del historiador Ramón
J. Velázquez, hasta darse un nuevo proceso electoral el 5 de diciembre de 1 993,
en el cual fue electo el ex- presidente (1968-1973) Rafael Caldera.
