Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela
Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
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SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?
B. El Modelo Neoliberal en Venezuela.
Primer Momento (1989-1993)
Los graves desequilibrios macroeconómicos, el agotamiento del proceso de
sustitución de importaciones, el deterioro de los precios del petróleo y, en
términos mas generales, el agotamiento del modelo de crecimiento basado en la
renta petrolera, hacían impostergable un cambio de rumbo.
En este sentido, en la alocución presidencial del 16 de febrero de 1989, el
recién electo mandatario Carlos Andrés Pérez, anunció la implantación de un
drástico programa de ajustes económicos, con lo cual se estaba dando inicio al
llamado Gran Viraje.
El programa de ajustes contenía en su formulación original, medidas de
aplicación inmediata y otras de aplicación gradual, pero en plazos relativamente
cortos, visualizadas tanto como medidas de estabilización macroeconómica, como
un programa de ajuste estructural, incluyendo decisiones sobre política
cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política
fiscal, servicios públicos y política social.
Según Purroy (1989:122-130, citado por Kornblith, 1994:17), las principales
medidas anunciadas fueron: decisión de acudir al F.M.I y someterse a su
programa, con el fin de obtener aproximadamente $ 4.300 millones en tres años;
liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema
financiero, hasta un tope temporal fijado alrededor del 30%, unificación
cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, determinación de
la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las
transacciones en el exterior a la nueva tasa flotante, ubicación de los precios
de todos los productos .a excepción de 18 renglones de la canasta básica;
incremento gradual de las tarifas de los servicios públicos como teléfono, agua,
electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de los servicios
ofrecidos por las empresas públicas.
El programa incluía además un aumento anual durante tres años de los derivados
del petróleo en el mercado nacional, con un primer aumento promedio del 100% en
el precio de la gasolina y un primer aumento de las tarifas del transporte
público de un 30%. También se incluyó un aumento de sueldos en la administración
pública central entre el 5% y 30% e incremento del salario mínimo en las áreas
urbana y rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la
importación, reducción del déficit fiscal a no más del 4% del PTB y la
congelación de cargos en la administración pública.
Este programa de medidas económicas, con variaciones más o menos importantes,
según cada país, corresponde al llamado Consenso de Washington en torno a las
políticas de ajuste macroeconómico y cambio estructural de las economías de los
países en desarrollo. Este consenso se estructura alrededor de nueve puntos
fundamentales. (Guerra C., 1997):
Necesidad de garantizar la disciplina fiscal.
Reducción del gasto fiscal a través de una reforma fiscal.
Liberación de los mercados financieros.
Establecimiento de tasas de cambio competitivas.
Liberación de la política comercial.
Incentivos a la inversión extranjera directa.
Privatización de las empresas públicas.
Desregulación de la economía.
Protección de los derechos de propiedad.
Por otro lado, el paquete de medidas estructuró un nuevo esquema de política
social, a partir del cual se esperaba garantizar el acceso de las familias de
bajos ingresos a un conjunto de programas con las siguientes características
(González, 1 996:32):
Focalización: Se pasa de un modelo fundamentado en los subsidios generalizados a
uno basado en subsidios directos y focalizados, destinándose los recursos
exclusivamente a la población tipificada como vulnerable, conformada por
familias de menores ingresos. Las mujeres embarazadas y en período de lactancia
y los niños en edad escolar y pre-escolar.
Participación comunitaria en la gestión de los programas sociales: Con la
intención de llegar a estos
grupos vulnerables, se idearon mecanismos de intervención distintos a los
tradicionales. Con esta estrategia se intentaba evadir los problemas
administrativos de la burocracia estatal, hacer la gestión más eficiente y darle
continuidad a los programas más allá de los vaivenes políticos. En este sentido,
se intentó crear nuevas redes de atención social a partir de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) y otras organizaciones de la sociedad civil.
Descentralización de la gestión de los servicios sociales: También con relación
al objetivo de hacer más eficiente la intervención social del Estado se propuso
la descentralización de los servicios básicos para de esa manera hacerlos más
accesibles a los usuarios y estimular una mayor participación comunitaria. Al
mismo tiempo, con la descentralización se acercarían más los entes decisorios a
los problemas de la comunidad que debían resolverse.
Política compensatoria de carácter transitorio: por cuanto los nuevos programas
sociales se proponen como medidas necesarias para enfrentar los efectos
negativos del programa de ajuste económico, se asume, de esta manera, que dichas
políticas tendrán un carácter estructural, es decir; se mantendrían mientras
duran los efectos recesivos del ajuste. Luego, una vez logrado el crecimiento de
la economía y la inserción de la población con este proceso, las mismas no
serían necesarias.
Satisfacción de las necesidades básicas de los grupos vulnerables: mientras el
énfasis de la política social universalista era la prestación de todos los
servicios relacionados con salud y educación en forma gratuita a toda la
población, el énfasis de la nueva política compensatoria estará en los rubros de
alimentación y nutrición, servicios de atención materno-infantil, empleo,
economía informal y ampliación de la cobertura en educación pre-escolar y
básica.
En definitiva con la inclusión de las orientaciones observadas de la política
social, la intervención social del Estado venezolano, quedaría configurada bajo
la concepción de una Política Social Estructural, que incluiría toda la acción
tradicional del Estado, en áreas como salud, educación y seguridad social,
teniendo como fin principal, el fortalecimiento del recurso humano nacional a
través de políticas permanentes y universalistas.
