Apertura arancelaria

El compromiso de la región con la apertura comercial fue puesto a prueba durante la crisis financiera de 1998, sin que se observara ningún cambio significativo de tendencia, a pesar del desencadenamiento de varios conflictos comerciales localizados (principalmente entre Argentina y Brasil, como consecuencia de la devaluación brasileña).

Esta no originó la elevación de los gravámenes, ni la imposición de fuertes barreras no arancelarias, si bien las importaciones se vieron a menudo afectadas por las limitaciones de financiamiento, la lenta tramitación de las licencias y por las diversas prácticas de imposición de trabas administrativas y aduaneras en las fronteras. Asimismo, se intensificaron las medidas de protección contingente, como el antidumping, los derechos compensatorios por aplicación de subsidios o las salvaguardias.

Por otra parte, el mecanismo de examen de las políticas comerciales de la OMC, es una importante fuente de información sobre la evolución reciente de las prácticas comerciales vigentes en América Latina y el Caribe. Las políticas comerciales de los mayores exportadores tales como Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea son supervisadas cada dos años, mientras que las de los demás 16 grandes exportadores se analizan cada cuatro años, siendo realizada la examinación del resto de los países cada seis años. En lo que respecta el continente latinoamericano, tan sólo Brasil y México tenían que rendir cuentas cada cuatro años, siendo la frecuencia para los demás países de seis años.

Respecto al mundo en desarrollo, los países de América Latina y el Caribe eran los que menores aranceles poseen. En efecto, exceptuando un reducido grupo de países o territorios con altos ingresos y características particulares, como Hong Kong, Singapur o Chipre, los aranceles consolidados latinoamericanos y caribeños se acercaban a los de Asia y el Pacífico. Sin embargo, los aplicados eran inferiores en más de un 30% a los de esta última región. Por tanto, la diferencia entre el arancel efectivamente aplicado y el consolidado en la OMC es considerablemente mayor en América Latina y el Caribe que en la zona de Asia y el Pacífico.

Los países de la región consolidaron sus líneas arancelarias en una franja bastante estrecha, con un promedio del 38%, y únicamente tres países tenían un promedio igual o superior al 40%: Bolivia (40%), Colombia (52%) y República Dominicana (40%). El nivel consolidado de América Latina y el Caribe era significativamente inferior al promedio del conjunto de los países en desarrollo, que equivalía al 49%. Esta área se caracteriza por un nivel de protección arancelaria moderado y más homogéneo que el de otras regiones.

También, junto con la reducción y la racionalización de las estructuras arancelarias, los gobiernos eliminaron la mayor parte de las medidas no arancelarias, tales como licencias previas, licencias no automáticas, restricciones de control de cambios, prohibiciones sobre las importaciones, cuotas y contingentes de importación. De modo que los precios mínimos y los gravámenes variables sólo persisten en sistemas de protección de la agricultura nacional o subregional, o para la aplicación de medidas antidumping y compensatorias, mientras que los contingentes de importación muchas veces forman parte de acuerdos de libre comercio, donde confieren cierta protección a los productos más sensibles.

Casi todos los países de la región son miembros de esquemas subregionales de integración, y es en el marco de estos proyectos de constitución de uniones aduaneras donde han llevado a cabo la racionalización de sus estructuras arancelarias, además de la liberalización de la mayor parte de su intercambio mutuo.