Observatorio Economía Latinoamericana. ISSN: 1696-8352
Venezuela

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LA GERENCIA PÚBLICA Y LAS COOPERATIVAS COMO MODELOS DE MICROEMPRESAS EN EL ESTADO VARGAS

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El Problema

Planteamiento

En este trabajo  se hizo una descripción de los aspectos más importantes  de los factores asociados al problema de investigación.
Se aludió  la agudización de la crisis económica venezolana y a su naturaleza histórica estructural; ya que al profundizar en sus causas y sus efectos, permitió tener una visión más acabada de su magnitud y un conocimiento más científico del proceso socioeconómico que de él se generó.
Esta crisis abarcó diversos ámbitos, pero lo fundamental es que fue el producto de un modelo de desarrollo económico rentístico y petrolero y  además de lo complejo que  resultó el replanteamiento de las relaciones de poder entre el estado, el capital y el resto de los actores sociales; así como lo difícil que fue  concretar la estabilidad política y la independencia institucional, que en la dialéctica histórica venezolana, determinó en buena medida la naturaleza, funcionamiento y estructura del Poder Público en Venezuela, definiendo un estilo de gerencia pública caracterizado por centralización de  las decisiones, falta de control, una exagerada utilización de la función de planificación y una débil implementación de la función de control y evaluación.
Lo anterior ilustra  lo que Guerra (2005) plantea cuando analiza a Barrantes (1997), es decir,  los inconvenientes o riesgos en que se puede caer al momento de “etiquetar” o “analizar” la realidad desde un único enfoque conceptual o ideológico.
Se acotó la incidencia de la ingobernabilidad y la ausencia de consenso que  marcó el conjunto de reformas políticas legales e institucionales comenzadas a partir de 1.998 y la promulgación de un nuevo texto constitucional en 1.999, que  designo el clima económico y el desempeño de los principales indicadores macroeconómicos  y microsociales de la estructura productiva nacional.

En ese contexto, se ha evidenciado  un distanciamiento entre el liderazgo empresarial del país y el Poder Ejecutivo, igualmente la poca continuidad de la política económica oficial, hace que el escenario económico venezolano haya mostrado un proceso caracterizado por la descapitalización progresiva, la caída de las inversiones y la contracción de la producción en sus distintos sectores y ramas de actividad.
Lo anterior explica el aumento de las cifras de desempleo, Dieciséis por ciento (16%) en el último trimestre del 2.013 en el Estado Vargas, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), acompañado por el cierre de empresas y a la creciente precarización del trabajo y de las relaciones laborales ocasionadas por la globalización económica y la obsolescencia del modelo de desarrollo económico venezolano.
Lo antes expuesto, permitió la aparición de lo que hoy se ha denominado Economía Informal; en  Vargas esta modalidad ha tenido un arraigo importante debido a que ha sido estimulada desde el Estado como un paliativo a la crisis de desempleo generada por el fenómeno natural del año 1.999, por lo tanto, desde el punto de vista de sus efectos se  pudo visualizar desde múltiples significados, como espacio socio productivo; problema de orden público urbanístico ambiental;  justificación o escape al desempleo de la fuerza laboral;  evidencia de iniciativas sociales y populares hacia el emprendimiento laboral y asociatividad; o simples respuestas ciudadanas a las restricciones, costos y obstáculos estatales al libre juego de la oferta y la demanda.
Lo cierto fue, que existe otra visión parcial del fenómeno (Economía Informal) y que refieren el uso de calificativos menos excluyentes como Economía Social, Economía Solidaria, Economía Alternativa y Economía Popular o Asociativa, lo cual denota la poca claridad conceptual y los distintos matices ideológicos y políticos en torno a la economía informal.
 Sin embargo, lo informal en la economía permite la aparición de un nuevo paradigma organizativo en lo empresarial, planteando precisamente la discusión en torno a los esquemas, formas y modalidades bajo lo cual ese ciudadano excluido del sector formal se organizó, se asoció y agrupó en pequeñas unidades productivas para lograr como fin último, o bien la subsistencia o la sobrevivencia, la acumulación o bien la consolidación plena en términos empresariales.
Esto último llevó a plantearse como fin en este estudio la microempresa la cual es el cierre de un proceso de asociatividad económica que comienza con la cooperativa. Hubo que resaltar que una microempresa conlleva a formular iniciativas más estables que la cooperativa,  desde el punto de vista económico y organizacional, generada por emprendedores, en este caso lo que se quiso evidenciar es, si el movimiento cooperativista de Vargas es capaz de transformar a sus asociados en emprendedores que a partir de sus habilidades y destrezas sean aptos para salir definitivamente de la situación de desempleo que los obligó a estar en un primer momento en la economía informal, luego los llevo a asociarse en cooperativas hasta llegar a la microempresa; tal como lo plantea Márquez y Gómez (2002) en su trabajo Microempresas de Barrio ¿Negocio o Subsistencia?.
De lo anterior se desprendió  la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo el Estado en el espacio de lo regional o local asume su responsabilidad en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas que permitan así, la aparición de las Cooperativas como expresión de sectores sociales tradicionalmente no incluidos en la economía formal del Estado Vargas?
De este problema de investigación central se derivaron otras interrogantes que orientaron este estudio y que fueron dilucidadas, en la medida que se respondió  la interrogante central:
¿Cuáles son las responsabilidades del Estado en el espacio de lo regional o local, con respecto al diseño, ejecución y seguimiento de Políticas Públicas relacionadas con el cooperativismo?

Objetivos de la Investigación.

Objetivo General.

Analizar las políticas públicas generadas por la Gerencia Pública para convertir a  las Cooperativas en  microempresas modelos en el Estado Vargas.

Objetivos Específicos.

Definir las responsabilidades del Estado Venezolano en el espacio de lo regional, en el diseño, ejecución y seguimiento de Políticas Públicas relacionadas con el Cooperativismo; tomando en cuenta La Constitución y demás leyes que rigen la materia.

 Determinar la participación de los sectores excluidos en la economía informal del Estado Vargas en el Movimiento Cooperativista.

Especificar las características de la economía informal en el Estado Vargas, tomando en cuenta el período de tiempo 2003-2007.

Determinar los elementos críticos,  que toma en cuenta  la Gerencia Pública para promover mediante políticas públicas, la transferencia de las cooperativas a microempresas en el Estado Vargas.

Justificación

Este estudio pretendió presentar los beneficios del cooperativismo en la lucha para disminuir la economía informal en el Estado Vargas y por extrapolación a cualquier región del país que tenga las mismas condiciones socioeconómicas y  culturales.
Estos beneficios fueron los siguientes: en primer lugar el rescate de la vialidad en el casco central de cada una de las parroquias donde se desarrollo la economía informal en sitios públicos transitables por vehículos y peatones.
En segundo lugar  la limpieza de los lugares públicos y el reacondicionamiento  de parques, bulevares y plazas, para el sano esparcimiento de los ciudadanos.
Tercero la reducción del desempleo y la aparición de pequeños y medianos comerciantes e industriales que mejoraron la productividad del Estado Vargas.
Igualmente pretendió presentar los beneficios que el cooperativismo tenía en el desarrollo endógeno, cuando este promovió la aparición de pequeñas y medianas empresas como expresión del talento creador del venezolano y en el caso en específico el talento creador del váguense.
Por otro lado, como diagnóstico de la relación del estado con los actores e instituciones que interactúan dentro del movimiento cooperativista.

Referentes Teóricos

Antecedentes.

       Un  trabajo importante para este estudio fue el informe del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales  (ILDIS), sobre Venezuela en el (2004-2005).
Este estudio planteó que por más planes que se han realizado en cuanto a las diferentes materias de Educación, Salud, Seguridad Social y Administración de Justicia, la situación del país no ha mejorado y debido a eso no se erradicó el índice de pobreza y esto  contribuyó a que el sector informal se fortaleciera.
Pero el mismo estudio argumenta que,  se puede hablar de una contradicción en la implementación de las políticas públicas del Estado, cuando por un lado estimula la transferencia de cooperativas a micro empresas como mecanismos válidos para incrementar el empleo formal y disminuir la economía informal y por otro lado en  la región Vargas se acondicionan espacios para ubicar a los vendedores ambulantes y consolidar su presencia y continuidad; dejando de lado la política de estímulo y transferencia de cooperativas a micro empresas a partir del fortalecimiento de la primera.
Otro estudio que aporta elementos teóricos y empíricos, fue el realizado por Márquez y Gómez (2002) denominado Microempresa de Barrio, ¿Negocio o Subsistencia? , estos autores plantearon las diferentes formas que tienen las personas en los barrios de comercializar mercancías, bien sea a través de cooperativas no registradas por carecer de los requisitos necesarios para constituirlas o por meras propuestas buhoneriles en zonas estratégicas del barrio.
Conjuntamente con los estudios vinculados a la microempresa urbana, la economía informal, las bases jurídicas del cooperativismo venezolano, el papel del Estado y el desarrollo endógeno, se tuvo que abordar el aspecto vinculado con la gerencia pública y la formación del gerente público venezolano.
Por lo antes expuesto, se trae a colación el trabajo de Romero (2004) donde planteo la necesidad de crear un modelo de formación gerencial para el nuevo gerente público requerido por las Instituciones del Estado a partir de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela en el año 1.998.
 El propósito que mueve a Romero a realizar este trabajo fue encontrar un modelo de formación gerencial, que le permitiera al Estado contar con un Gerente Público comprometido con el actual proceso de cambio que vive el país; es decir, un gerente con perfil polivalente, políticamente comprometido, con sensibilidad social y gerencialmente preparado. En segundo lugar un compromiso social derivado de un proceso de acción social constante y sostenido. En tercer lugar dominar con pericia los aspectos epistemológicos de la gerencia pública, las distintas posturas teóricas y metodológicas de la gestión pública.
En el mismo sentido apareció el estudio de España (2006), quien en un estudio multidisciplinario e interdisciplinario que se realizó en Venezuela para proponer soluciones a la crisis que está viviendo la Nación; en este sentido, analizó la política de inclusión que se ha llevado a cabo en el país en los últimos 25 años.
Tal análisis presentó como un resultado destacado que  para el año 1978 la pobreza alcanzó un veinticinco por ciento  (25%), y para el a año 2001 ya estaba en niveles de sesenta por ciento  (60%), todo esto señalo el autor, debido a las distintas fases depresivas que tuvo la economía venezolana desde 1989 hasta el 2001, por la caída recurrente de los precios del petróleo, lo que permitió un aumento progresivo de la pobreza.
El autor frente al problema tan grave de la pobreza presentó una tesis que permitió superarla en forma consolidada coherente; facilitó su acceso y garantizó  la permanencia de los individuos en el sistema educativo hasta terminar su preparación profesional si ese fuese el caso o su capacitación.
Sin embargo, la educación en Venezuela presentó un problema, la equidad, la cual estuvo determinada por dos factores a saber: El déficit de cobertura el cual fue fundamentalmente válido para  los niveles de   Preescolar, Básica y Diversificada; el segundo factor  la calidad de la información.
Por último, el autor concluyó que la pobreza fue aumentando progresivamente y se ubicó en los actuales momento en un cincuenta y cuatro por ciento (54%) en las zonas urbanas y en un setenta y cinco por ciento (75%) en las zonas rurales. Los hogares pobres en la región Capital constituyeron un treinta y seis por ciento (36%) y en el interior fue de setenta y tres por ciento (73%). En cuanto a los cabezas de familia en la fuerza de trabajo, son pobres el treinta y siete por ciento (37%) de ellos; los empleados formales son el  cincuenta y cinco por ciento (55%) y los trabajadores por su cuenta son el sesenta y cinco por ciento (65%).
Por lo tanto, el autor afirmó la necesidad de formular y aplicar una política Social  coherente que permita identificar a los grupos más vulnerables.
Desde otra perspectiva ideológica se encuentro el trabajo de Rivero (2006) quien coincidió con España, en el sentido de que las políticas implementadas por el gobierno socialista a partir del 2002 no fueron lo suficientemente efectivas y mucho menos eficientes para que el gobierno revolucionario pueda decretar que ha ganado la guerra contra la pobreza; ya que si ha disminuido levemente   el índice de pobreza de ochenta por ciento (80%), nivel que se tenía para 1998,  de acuerdo con la evaluación del índice humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los niveles de importación  subieron de setenta por ciento (70%) en 1998 a ochenta por ciento (80%) en el 2005. Lo anterior le permitió al autor afirmar que a pesar de los logros de la Revolución Bolivariana, algo anda muy mal en el sistema económico implementado desde el Gobierno.
          El autor comenzó su análisis enfatizando el temor que causaron las veinte (20) leyes habilitantes en el 2002, entre los miembros de las clases dominantes sin ningún motivo, ya que las cuales no representaron ningún riesgo para la propiedad de los medios de producción, lo que propició de nuevo una reacción de las clases dominantes, que se manifestó con el paro petrolero que hizo tambalear la economía nacional. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno nacional para fortalecer la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP),  se generó un aumento en los ingresos fiscales, que echó por tierra las pretensiones de estas clases, en derrotar la economía bolivariana.
El mismo autor señaló como importante, la aparición de las misiones y otros programas sociales, en este escenario histórico; estos aportes del gobierno nacional al desarrollo social de las clases dominadas, incrementaron el gasto social en más de un quinientos por ciento (500%).
Zanoni.  (2004), en su estudio, Buhoneros en Caracas: Unidad de Análisis y Políticas Públicas planteó, que uno de los efectos más visibles de la globalización en el plano económico administrativo y empresarial es la aparición de una nueva arquitectura organizativa que asumiendo ciertas características de la noción tradicional de empresa y desde ámbitos muchos más particulares y populares, participa en la libre oferta y la demanda de productos de servicios en mercados calificados de recesivos y contraídos, ese es el caso de Latinoamérica y concretamente de Venezuela, por lo tanto, el autor afirmó que las microempresas constituyen hoy en día el centro de atención oficial, académico, mediático y particularmente de los individuos, de la familia y de las comunidades, que frente al complejo entramado de reformas y replanteamientos de las relaciones de poder entre el capital privado el estado y la sociedad civil han influenciado las nuevas tendencias de desarrollo empresarial o de diseños de políticas del crecimiento económico con el objetivo de reforzar el tejido industrial y productivo de una sociedad.
Mejías, (2004), en su trabajo la Participación  Ciudadana, planteó que la ciudadanía estaba obligada a exigirle al Estado que le proporcione espacios para intervenir en la implementación de  proyectos económicos para elevar los ingresos de los grupos familiares. El autor planteó, que uno de los recursos que la participación ciudadana debe usar es la cooperativa, por lo tanto es importante que el estado promueva el cooperativismo como fórmula de crecimiento económico comunitario, patrocinando de esta manera el involucramiento de las familias en el desarrollo endógeno; el autor en su trabajo pasó a conceptualizar  el cooperativismo como doctrina económica, la cooperativa como empresa, las diferencias entre la sociedad mercantil y las cooperativas y los diferentes tipos de cooperativas que se pueden desarrollar y la razón social de las mismas.
Silva,  (2004),en su trabajo estableció, que el desarrollo cooperativo en un planteamiento de desarrollo endógeno debe pasar a un modelo de microempresas, es decir, el crecimiento organizacional de las cooperativas deben suscitar la creación de una organización empresarial más compleja, en otras palabras, debió ir de una organización meramente familiar (cooperativa) a una organización ajena al grupo familiar; es decir, lo que infiere una apertura para la participación de personas que no formaron parte del núcleo originario de la cooperativa.
 Asimismo, Silva,  (2004) presentó en su trabajo una diferenciación entre micro empresa y cooperativa, dejando en claro las bondades de uno u otro modelo, de la misma forma  las desventajas que a nivel económico y legal presentan ambos modelos.

Bases Teóricas de la Investigación

 Márquez y Gómez (2002) se planteó que no necesariamente la cooperativa da cabida a la micro empresa y esta a su vez permitió la aparición de la Gran Empresa; sino que la actividad buhoneril en los barrios fue mucho más allá  como proyecto económico, pues como dicen los autores, es una forma de subsistencia familiar  que permite a las familias mantenerse sin ninguna  perspectiva de construir un modo de producción que vaya hacia una microempresa y mucho menos  a una gran empresa.
 Romero (2004) quien planteó un modelo de formación gerencial para el nuevo gerente público que necesita el país a partir del año 1999, cuando fue aprobada la nueva constitución que plantea, un nuevo modelo de sociedad protagónica y participativa, por lo tanto este nuevo país necesita hombres y mujeres en los puestos de dirección con una nueva actitud frente al hecho económico, social y humano.
El mismo el autor concluyó, que hay que darle una nueva orientación epistemológica a la capacitación gerencial, la cual permitiría formar y preparar líderes autónomos con nuevos conocimientos y herramientas para el desarrollo de un trabajo directivo sostenido en tres funciones básicas a saber: función del líder político, función del dirigente social y la función del gerente ejecutivo.
Desde la perspectiva multiplural, España (2006), en el estudio multidisciplinario que se realizó en Venezuela desde el año 1999 hasta el 2002; planteó al igual que el autor anterior, la necesidad de recurrir a la educación para formar el nuevo venezolano, para que este aprenda a vivir en una sociedad democrática, protagónica y participativa pero que además el modelo educativo como en el pasado le permita al ciudadano adquirir las competencias para encontrar posición en el mercado de trabajo y le permita ser un gerente comprometido con el  modelo de desarrollo endógeno implementado en el país
Igualmente este autor  planteó que la pobreza crítica es un fenómeno que se combate con un acuerdo para alcanzar el desarrollo y que ese acuerdo debió estar en sintonía con los principios básicos esbozados en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, las iniciativas realizadas por el Estado como son el cooperativismo, deben formar parte de ese acuerdo, pero que sean; Consistentes, Coherentes, Congruentes y Pertinentes con las necesidades de la comunidad y con el potencial de Desarrollo Integral del País. 
Desde la perspectiva marxista Rivero (2006), hizo una dura crítica al modelo económico del gobierno a partir de las siguientes premisas: La primera es que a pesar de los altos ingresos petroleros obtenidos por la administración los índices de pobreza crítica  bajaron de manera poco significativa y en algunas ciudades o estados se han mantenido iguales y en otros sectores como el rural se han incrementado por lo tanto, que ha pasado con las misiones y sobre todo la misión Vuelvan Caras que tiene la responsabilidad de desarrollar el sistema de cooperativas, microempresas y empresas de producción social.
La segunda premisa es que si el gobierno  desarrolló una serie de programas educativos con el objeto de que los ciudadanos excluidos se incorporen a la actividad productiva e incrementen el capital social de la nación esto no ha ocurrido, por lo que afirma que algo está funcionando mal en el modelo. En todo caso, para este estudio el autor brindó en su análisis una serie de datos que soportaron la importancia del mismo, es decir, encontrar la relación entre gerencia pública, pobreza crítica y cooperativismo en el marco de un modelo de desarrollo endógeno.
Sin embargo otro autor como Zanoni,  (2004) cuando hizo su estudio sobre la economía informal en Venezuela se vinculó con la presente investigación ya que: hizo un análisis concienzudo de la economía informal y su reciente interés por la existencia  y expansión que este modelo ha tenido en Venezuela.
En la misma línea de pensamiento, Mejía, (2004), propone el cooperativismo como doctrina económica social basada en la conformación de asociaciones económicas cooperativistas en la que todos los medios fueron beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportaron, lo cual es el eje fundamental de la visión que asume este estudio sobre el cooperativismo como modelo socioeconómico, la presente investigación concibió el sistema cooperativista como un elemento crítico de formación de los asociados fortaleciendo los valores humanos y sociales de los mismos asociados.
Silva,  (2004), proporcionó a esta investigación una clasificación de las cooperativas según para la cual fueron creadas, por lo que concibió dos tipos de cooperativas a saber: cooperativas de producción de bienes y servicios, entre las cuales se tienen; las que están destinadas a la producción industrial o artesanal, a la producción agropecuaria o pesquera, a la producción minera del trasporte colectivo o de carga y a la producción de diversos servicios del hogar, mantenimiento, reparaciones menores y mayores, salud, hogares de cuidado de infantes y de alimentos y bebidas.
 La segunda son las cooperativas de consumos y de bienes y servicios, entre este tipo de cooperativas tenemos las farmacéuticas, las de vestidos, muebles, las de vivienda, y en general todos aquellos bienes que por la asociatividad de los ciudadanos pudieron ser adquiridos en condiciones especiales en relación a las que establece el mercado.
Finalmente, el autor presentó las diferencias existentes entre la sociedad cooperativa y las microempresas como sociedades mercantiles, factor crítico a considerar en el desarrollo de esta investigación.
Para finalizar este punto, se presenta la vinculación del trabajo de kliksberg,  (2006), sobre la nueva gerencia pública la cual está basada en una modernización del Estado para que se incorpore a los procesos de integración que se están dando en América, lo que exige una gerencia de excelencia, que procure la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de desarrollo que promueve y que esas tecnologías faciliten a los funcionarios públicos y empresarios participar juntos  en los procesos de desarrollo sostenibles del continente.
Es apreciable la vinculación con este estudio; ya que en Venezuela y concretamente en el Estado Vargas, se pretende implantar un modelo de desarrollo endógeno centrado en la promoción y consolidación de organizaciones empresariales auto gestionadas y apoyadas por el Estado, que luego trasciendan a la formación de microempresas que apuntalen el desarrollo sostenido de localidades, regiones y países que luego se integren configurando un capital económico, físico, político, humano, social y ético común como lo logró Europa.

Bases Legales de la Investigación

Las responsabilidades del Estado Venezolano en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas relacionadas con el cooperativismo, tomando en cuenta la Constitución y demás Leyes que rigen la materia, se pudo establecer que la responsabilidad del Estado en relación con el cooperativismo quedan establecidas en el Artículo 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
Artículo 308: “El estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa, y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.”[112]
En el citado artículo se puede apreciar que la  Carta Magna, le asignó al Estado las siguientes responsabilidades:                                               
     -Ayuda necesaria para la creación de las cooperativas.
-Capacitación educativa y técnica.
-Créditos necesarios para el funcionamiento de las cooperativas.
-Herramientas según el tipo de cooperativa.
-Área de desarrollo económico.

En cuanto a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (2.001) con su Reglamento, tenemos los Artículos siguientes:
Artículo 1°: “La presente Ley tiene como objeto, establecer las normas generales para la organización y funcionamiento de las cooperativas.
Esta Ley tiene como finalidad, disponer los mecanismos de relación, participación e integración de dichos entes en los procesos comunitarios, con los sectores Público y Privado y con la Economía Social y Participativa, constituidas por las empresas de carácter asociativo que se gestionan en forma democrática. Así mismo, establecer las disposiciones que regulen la acción del Estado en materia de control, promoción y protección de las cooperativas.”[8]

En el citado artículo se pudo dilucidar que con la creación de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (2.001) y su Reglamento, se establecieron las pautas para que los comerciantes informales pudieran acceder a la regulación legal de sus fuentes de trabajo y así poder negociar con el sector público o privado.

Artículo 2°: “Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles de hecho y derecho cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso de acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente.”[8]
Cualquier ciudadano puede constituir una cooperativa, siempre que cumpla con los requisitos necesarios para su constitución, así mismo, se crean en beneficio de un colectivo y con un factor común, que es el bienestar social y así poder satisfacer sus necesidades.

Artículo 3°: “Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Sus miembros promueven los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromisos por los demás¨ [9]
Los valores de los cooperativistas son de ayuda y esfuerzos propios, teniendo,  por lo tanto un gran sentido de responsabilidad y honestidad, ya que los compromisos que adquieran serán  responsabilidad de todos.
Artículo 5°: “ El Estado garantizará el libre desenvolvimiento y la autonomía de las cooperativas, así como el derecho de los trabajadores y trabajadoras, y de la comunidad de cooperativas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica y social de carácter lícito, en condiciones de igualdad con las demás empresas, sean pública o privada.”[9]
Con las cooperativas el Estado les garantiza el derecho  a los trabajadores que se encuentran en actividades informales, poder asociarse y así ejercer cualquier tipo de actividad económica en condiciones de igualdad con la empresa pública o privada.
Por último,  el estudio de Huerta (2006) quien presentó los principales indicadores de pobreza y cuyo aporte fueron bien importantes para construir un diagnóstico de la sociedad venezolana y de esta manera analizar el papel de las cooperativas en el desarrollo endógeno del Estado Vargas y del país en general.
 Sus aportes también permitieron concatenar la productividad lograda por las cooperativas y el desarrollo del nuevo aparato productivo, propuesto desde el Ejecutivo Nacional.     

Método

Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación.

En cuanto a la metodología, este estudio se desarrolló dentro de lo que se denomina paradigma  cuantitativo debido a que en el mismo se generó un proceso de recolección y análisis de datos, extraídos de diferentes fuentes de  información bibliográficas para establecer patrones de comportamiento de una población, según  lo afirmó (Ramírez 2005) en su presentación Taller de Metodología de la Investigación. En el caso específico de este estudio la población en cuestión, estaba inmersa en los procesos de Gerencia Pública, Microempresas y Economía Informal.
 El tipo de investigación fue  documental; ya que el problema es abordado a nivel teórico y los datos fueron obtenidos del procesamiento de información contenidos en materiales impresos, audiovisuales y/o electrónicos. (Ramírez 2005).
 El nivel fue descriptivo, es decir, el investigador se limitó  a reportar los diferentes datos tal y como se dan en la realidad, tal como lo reportaron los diferentes autores en sus trabajos. (Torres 2005). 
El diseño de investigación fue bibliográfico el cual permitió organizar las diferentes fuentes secundarias, permitiendo el análisis de forma consistente, congruente, coherente y pertinente,  del problema,  los objetivos y el alcance (Ramírez 2005).
Según Ramírez (2005), este diseño es básico para las investigaciones de tipo documentales, ya que a través de una revisión sistemática, rigurosa y profunda  de los documentos, se realizó el análisis de los fenómenos y se determinaron las relaciones entre las variables.
Esta estrategia metodológica permitió darle la mayor cobertura tanto a los antecedentes de la gerencia pública, como a los de la economía informal y el cooperativismo. Hasta llegar a la situación actual de los mismos;  produciendo los cambios centrados en el desarrollo de la microempresa como expresión genuina de la vinculación entre la sociedad organizada en cooperativas y la economía informal.
El método  utilizado fue el Método Deductivo, lo que permitió analizar el objeto de estudio a través de las abstracciones de la realidad que acontecen en la gerencia pública, la cooperativa, la microempresa y la economía.
La aplicación del método se realizó en cuatro momentos. El primero de ellos estuvo centrado en la selección del tema; El segundo en la teoría; El tercero en la metodología y el cuarto momento en el análisis del resultado.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

       Las técnicas de recolección de datos, son los procedimientos utilizados por el investigador para buscar la información y los instrumentos son las herramientas que emplea para recolectar los datos. (Óp. Citó, 2005).
Partiendo de esta perspectiva, en este estudio se utilizó la observación como técnica, y como herramienta la matriz de análisis.

 Instrumento

El instrumento matriz de análisis, permitió contrastar los diferentes datos que están suministrados por los  autores estudiados, en relación a la  gerencia pública en su rol de generador de microempresas a partir del fomento de las cooperativas, como alternativa para bajar el índice del desempleo en el  Estado Vargas.
Concluida la matriz de análisis se procedió a hacer un análisis crítico global que permitió la derivación de conclusiones y recomendaciones.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos    

En relación a las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó:

Discusión de los Resultados

Responsabilidades del Estado Venezolano en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas relacionadas con el cooperativismo.

En primer lugar hay que señalar que en materia de Cooperativismo “el Estado promoverá y protegerá las empresas cooperativas, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolas en la iniciativa popular” (Artículo 308 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), de igual manera el Estado apoyará “los planes de desarrollo que las cooperativas y organismos de integración elaboren y presenten” (Artículo 89 de la  Ley Especial de Asociaciones Cooperativas).
En ese mismo instrumento legal y en específico en el artículo 89, se establece que las cooperativas serán preferidas en igualdad de condiciones por los Institutos Financieros y Crediticios del Estado, de igual manera se preferirán las empresas cooperativas en la adquisición y prestación de bienes y servicios por parte de los entes públicos, así  mismo determina  preferencias en las concesiones que el estado otorgue para actividades productivas y de servicios, para lo cual, estas entidades empresariales están exentas del pago de impuesto sobre la renta, de derecho de registro, y de cualquier otra tasa de arancel que se establezca por la prestación de estos servicios, Artículo 12 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas; y por último en el artículo 4 Numeral 5 de esta Ley, el Estado tiene la responsabilidad de apoyar la educación, formación e información de los socios de las cooperativas cuando estos lo requieran.

La Economía Informal en el Estado Vargas: Origen, Evolución Histórica y Situación Actual.

Silva (2004), en el Estado Vargas, al igual que en otras regiones del país se puede apreciar un crecimiento de la economía informal, y es que fenómenos económicos como el crecimiento de los precios domésticos y el financiamiento gubernamental  a programas “de Desarrollo Social” ha traído un incremento desmesurado del índice de precios al consumidor y el índice de inflación implícito y es así como se aprecia que para el año 2004 el índice de precios al consumidor se colocó en el 0.16, y el índice de inflación en el 0.29, según cifras del Banco Mundial publicadas en su boletín del 18/09/2007; por lo tanto, el programa económico que se ha pretendido desarrollar en el Estado Vargas tiene un planteamiento de implementación sectorializado.
Si se hace un análisis somero se puede apreciar una gran inconsistencia entre la vocación de desarrollo y la propuesta económica regional, ya que, nos encontramos con una proposición de desarrollo del sector minero cuando muy bien se sabe que en esta región no existen recursos mineros que explotar ya que es una región básicamente turística, de servicios aeroportuarios, pesquera y agrícola, en consecuencia, tales propuestas no tienen ningún asidero en ningún programa económico, sin embargo, lejos de encontrar una región involucrada en un programa de desarrollo económico, encontramos una región económicamente deprimida.
Pese a que  el gobierno local cuando describe la situación económica del Estado Vargas, plantea un panorama diferente, al que reflejan otros estudios, en tal sentido, la Corporación de Servicios Múltiples (2006), en su informe final sobre la ejecución del Plan de Manejo de los Desechos Sólidos del Municipio, afirma que el aspecto económico tiene tres componentes a saber:

Igualmente este censo consideró 9 grupos de ocupación,  a saber:

Vista la clasificación se procedió a determinar la población por grupos ocupacionales y por parroquia, para luego hacer el análisis de la fuerza de trabajo productiva que se encuentra en la economía formal y cuál es la que se encuentra en la economía informal, según el último censo, (ver anexo Nº I tabla No 1).
Como se puede apreciar, en la tabla citada la parroquia que tiene la mayor población activa es Catia La Mar con 31.544 personas, y el grupo ocupacional que tiene la más alta concentración de personas es el de los trabajadores conductores de máquinas unas 13.000 personas aproximadamente, es decir, el 41,21% de la población laboralmente activa, ahora lo importante es que la mayoría de esa población está en organizaciones empresariales pertenecientes a la economía formal pues los conductores del transporte pesado y de maquinarias trabajan en empresas de transporte de mercancía y de constructoras (60%), el otro 30% están ubicados en empresas cooperativas del transporte público y sólo un 10% de esa población está en la economía informal totalmente descubierta, desde el punto de vista de seguridad social.
Otro análisis que hay que hacer es que ese mismo grupo en términos generales aglutina el 39.00 %, es decir 43.898 personas en todo el Municipio están ubicadas en este sector laboral y los porcentajes de distribución en las diferentes categorías de empresas son bastante parecidos, (65%, 25% y 10%, respectivamente). Estos resultados no concuerdan con los presentados por España (2007), cuando publicó el estudio de la realidad socioeconómica de Venezuela, puesto que en ese documento muestra cifras totalmente distintas,    por ejemplo el afirma que en los sectores 7,8 y 9 el grupo de personas que se concentran en la actividad del transporte es de unos 52.000 y que de ese grupo solo el 35% estaba ubicado en  la economía formal y un 65% operaba desde la economía informal.
Sin embargo, el número de cooperativas de trasporte público ha crecido en los últimos dos años hasta el punto que muchas de ellas se han expandido en las parroquias más populosas del Municipio.
El mismo documento  oficial reafirma este dato cuando usando información del censo del 2001 señala que para Vargas, una de las ramas de la economía más desarrolladas es la del sector transporte que ocupa el segundo lugar después de la construcción y superando a la rama de la Administración Pública, Seguridad y Defensa y Educación, (Plan para el  Manejo de  los Residuos Sólidos en el Municipio Vargas, Estado Vargas 2006).
En ese rubro del transporte se sabe que hay un porcentaje bastante representativo que ejerce esta actividad desde la perspectiva de la economía informal, según estudios muy recientes se ubica en el orden del 15%, igualmente en la rama denominada por el plan antes mencionado como, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, en ese sentido Huerta (2006), señala que en esa rama se concentra el 70% de la población ubicada en la economía informal.
En tal sentido, lo que refleja la economía del Municipio Vargas es que se encuentra montada sobre una superestructura frágil, ya que la actividad económica informal tiene un peso muy marcado, lo que aleja las posibilidades de un desarrollo sostenido de esta región.
No obstante, hay que señalar que, ha habido un gran desarrollo del movimiento cooperativista, el mismo Huerta también advierte que si bien es cierto que esto significa un gran avance para la lucha contra la pobreza, también es cierto que un alto porcentaje de estas cooperativas están en el sector de mantenimiento y servicios y que operan como empresas donde los socios no son un colectivo sino particulares en número de 1 o no más de 3, que subcontratan a los desempleados por tres meses propiciando una significativa rotación de personas sub empleadas de cooperativa en cooperativa, ganando salarios por debajo del salario mínimo.
      Estos trabajadores además no tienen ningún programa de seguridad social, por lo tanto, esta conducta no resuelve el problema de fondo (La Pobreza) y viola la ley de Cooperativas, la cual indica que son unidades de producción que surgen de la asociación de un colectivo de  más de 5 personas donde todos los asociados reciben proporcionalmente un dividendo producto de las ganancias obtenidas por la organización. 
Participación de los sectores excluidos de la economía informal del Estado Vargas en el movimiento cooperativista.
Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina focalizó sus esfuerzos en la formalización de sistemas de empleo y de salario como prototipo de economías promotoras de integración, en tal sentido,  el Programa Regional de Educación para la América Latina (P.R.E.L.A.C.) y la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), señalaron: “entre 1950 y 1980, en casi la  totalidad de los países para los cuales se dispone de estadísticas, se pudo observar un crecimiento importante del empleo “formal urbano” y del sector moderno rural (en comparación con el “informal urbano” y el tradicional rural)” (2007).
Esto indica que se produjo una fuerte incorporación de  la demanda de mano de obra al mercado de trabajo asalariado urbano y no asalariado, sin embargo,  actualmente se observa una decadencia del trabajo asalariado, por la aparición de nuevas formas de trabajo de carácter informal que ofrece ventajas rentistas que no lo ofrece el trabajo asalariado, tal situación se ha ido acentuando con la aparición de tecnologías de información y comunicación que han permitido que un gran grupo de personas puedan crear y gestionar sus propios negocios desde sus residencias.
Tockman (1992), citado por Rosales (2007), afirma que una de las características de la economía informal en América Latina son un conjunto de actividades que requieren poco capital, de  tecnologías simples y de salarios marginales.
Sin embargo, una definición más precisa y operativa es la que proporciona la O.I.T. (1.998), la cual es citada  y acogida por Rosales (2007) y cuyo enunciado se presenta a continuación: “son trabajadores informales aquellos que trabajan por cuenta propia, con la excepción de las profesiones liberales, los familiares no remunerados, el servicio doméstico y empleadores y empleados de pequeñas empresas”. Como se puede apreciar no hay una organización de orden laboral que pueda compensar más allá del ingreso que tiene este tipo de trabajador algunas necesidades que se desprenden de su supervivencia básica (salud, educación y seguridad), ya que esta forma de trabajo no contribuye al tesoro nacional de los países por la vía de los sistemas tributarios, por lo tanto hay una descompensación entre la demanda de los servicios y el apoyo presupuestario que el estado les brinda, debido a que, los ingresos fiscales de la retribución interna provienen de la economía y trabajo formal.
Otra de las situaciones que se asocian al impacto negativo que tienen la economía informal sobre una sociedad y sobre todo en el caso de Venezuela es el caos urbano el cual ha sido denunciado por el Informe del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (I.L.D.I.S.), cuando en su estudio hecho sobre Venezuela en el año 2004 encontró relaciones estrechas entre la economía informal y el caos urbano, sobre todo en ciudades de alto crecimiento poblacional, donde los niveles de pobreza se han incrementado ostensiblemente, motivado a la migración de habitantes de las aéreas rurales hacia la ciudad, cuyas causas se encuentran en la baja de la producción agrícola y en la caída del aparato industrial, según lo reportado por el informe antes mencionado.
Todo lo anterior conllevó a proponerle al estado venezolano una política de creación de fuentes de trabajo, por lo que era necesario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos, promocionar la participación del sector productivo privado en alianzas estratégicas con el estado para desarrollar nuevas empresas y nuevas oportunidades de negocios, lo que conllevaría a fuentes de trabajo estables para aquellas personas que se habían constituido en trabajadores informales. En  este sentido, el estado respondió a la recomendación con el desarrollo de la política de creación de desarrollo de empresas cooperativas, las cuales deberían dar origen a pequeñas y medianas empresas de acción social y de esta manera pretender incrementar los índices de productividad, en esta misma línea de acción el estado plantea que apoyará en un primer momento a todas aquellas cooperativas que se ubiquen en los sectores primarios y secundarios de la economía y en una segunda etapa apoyarían a aquellas que se ubicaran en el sector terciario de la economía, es decir, en actividades de servicios y comercio.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta el estudio de Márquez y Gómez (2002), que a pesar de ser un estudio anterior al antes mencionado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (I.L.D.I.S), es importante tener en cuenta sus resultados en el momento que se va a evaluar la política del estado en materia de fomento del cooperativismo, con una primera aproximación al desarrollo de pequeñas y medianas empresas, debido a que estos autores encontraron que las cooperativas no necesariamente dan lugar a la aparición de microempresas y mucho menos a la aparición de la gran empresa sino que constituye un instrumento de legalizar la actividad buhoneril en los barrios y sobre todo en los barrios de Caracas, ya que esta última viene constituyendo en los últimos tiempos un sistema de subsistencia familiar más que un proyecto de desarrollo económico, planteamiento según los autores que esconde una intención conformista, es decir, de mantenerse sin ninguna perspectiva de construir un modo de producción que genere una microempresa y mucho menos una gran empresa.
Otro de los aportes que estos autores brindan a través de su estudio es el de encontrar una relación  negativa entre el éxito de cooperativizar  las distintas formas de la economía informal y el desconocimiento de los elementos más esenciales de la planificación y gerencia empresarial. Tal hallazgo nos lleva a analizar e interpretar los resultados que aporta el estudio de Huerta (2006), donde señala que de todas las cooperativas creadas a partir de la Ley en el 2001, (238.000 cooperativas a nivel nacional), solo subsisten un 35%, de las cuales el 85% están inscritas en el sector terciario de la economía, es decir, en las actividades de servicios, el otro 60% de ellas desapareció, y según este autor las causas fundamentales de su desaparición es el desconocimiento de las técnicas de administración y gerencia de empresas, a pesar de que el estado se ha preocupado por la capacitación de los miembros de estas Organizaciones, sin embargo, tal capacitación se centra en el aspecto legal y organizativo más que del aspecto de planificación y gerencia.
No obstante, frente a este panorama, Romero (2004), sugiere en su trabajo que es necesario organizar a la comunidad para que explore las potencialidades del desarrollo propio en cualquiera de los sectores de la economía, y una vez que se tengan claras estas perspectivas de desarrollo y los modos de producción adecuados para llevarlas a cabo, es cuando se debe pensar en la creación de un cooperativismo que esté supeditado a esa organización comunitaria, ya que respondería a intereses colectivos y no a intereses particulares.
Dentro de esa óptica se puede entender la aparición de la Ley de los Consejos Comunales. Este autor concluye que hay que promover una nueva orientación epistemológica a la capacitación gerencial, la cual permitiría formar y preparar un liderazgo autónomo que haga uso con los nuevos conocimientos y herramientas para el desarrollo de un trabajo gerencial basado en tres funciones básicas, la función política, la función social y la función ejecutiva.
Otro trabajo importante para caracterizar la economía informal y en términos generales concretamente la del Estado Vargas, es el de Itzigsohn (2007) citado por Resplandor (2007), titulado mercados, confianza y la economía informal: desarrollo comunitario bajo el neoliberalismo. El autor encuentra una paradoja entre la necesidad que tienen las políticas neoliberales de formación de redes informales del estilo de auto ayuda y soporte, pero por otro lado este modelo económico en forma simultanea destruye los prospectos para las opciones de auto ayuda de las economías comunitarias informales, al imponerles severas restricciones para que accedan a sistemas de legalización, financiamiento y ubicación espacial, lo que conllevaría a una limitación en la formación de capital social.
La posición en el momento histórico actual de la economía informal ha cambiado como resultado de las políticas neoliberales, se aprecia un crecimiento en el tamaño de dicho modelo y en las condiciones de trabajo entre el sector formal e informal, los cuales ya no difieren drásticamente sino que se percibe una línea de separación muy delgada entre ambos, se podría hablar de una neo informalidad que comprende tres categorías (Itzlgsohn (2007), citado por Resplandor 2007):
La Primera es que la actividad informal ha encontrado un factor de integración cuando ubica espacios a lo largo de la cooperación local, es decir, la intervención del estado en la protección, promoción y desarrollo de las cooperativas como micro empresas.
La Segunda Categoría es la aparición de la sub contratación como figura de enlace entre la economía formal globalizada y la neo informalidad económica, en otras palabras el sector formal de la economía en la actualidad  auspicia y promueve la informalidad económica para bajar sus costos de mano de obra, lo cual hacen a través de las sub contrataciones, es así como se ha visto que en unos países latinoamericanos y concretamente en Venezuela las grandes empresas han sub contratado los servicios de mantenimiento, de distribución y de cobranza al sector informal de la economía quien se ha visto obligado a crear micro empresas y concretamente las denominadas  cooperativas; esto ha significado para la gran empresa una reducción sustancial en su gasto rígido generado por el talento humano, sin embargo las organizaciones que se han configurado en la economía informal han tenido contratiempos significativos por el hecho a que la gran empresa en líneas generales no la ha incluido en sus programas de mejoramiento de la calidad sino que los ha mantenido al margen de tales programas, lo que ha permitido que se hable de marginalidad en relación a la cultura organizacional de estas mega empresas.
La última característica es que esta marginalización de las actividades informales también se fortalece por el hecho de que en la gran mayoría de los casos hay una cooperación trasnacional que ocurre como resultado de la inmigración de ciudadanos de los países no desarrollados, y en vías de desarrollo a los países desarrollados; este tipo de marginalidad que no tiene causas endógenas como la anteriormente descrita en la categoría dos, tiene que ver con las remesas de dinero y los lazos que mantienen esos inmigrantes con sus países de origen, lo que constituye indudablemente una economía comunitaria, en otras palabras, se puede hablar de economía informal parasitaria ya que comunidades enteras en  Latinoamérica y en África viven de los recursos que le envían los familiares que han inmigrado a los países desarrollados y que se han incorporados a sus mercados laborales.

Elementos críticos,  que toma en cuenta  la Gerencia Pública para promover mediante políticas públicas, la transferencia de las cooperativas a microempresas en el Estado Vargas.

      Vista la situación de los excluidos en la incorporación  a la vida económica del Estado Vargas, este trabajo centró el foco en el análisis de todos aquellos elementos que son considerados por la gerencia de Estado para estimular la transferencia de cooperativas a microempresas.
      En tal sentido, se tomaron en cuenta en el trabajo los índices que permiten evaluar la gestión de la gerencia pública en materia de desarrollo de cooperativas,  desarrollo de micro empresas o de empresas de servicio comunitario.
En ese sentido, el trabajo de López y Ochoa (2007) revela que para el año 2002 el número de Cooperativas en todo el país era de 5000 y en el Estado Vargas, apenas habían unas 10 cooperativas todas en el sector transporte, de esas 10 según el mismo estudio sólo dos se convirtieron en microempresas aprovechando las facilidades que el gobierno comenzó a otorgar mediante microcréditos. En consecuencia, si se aplica el índice de eficacia a la implementación de la política pública que se planteó el gobierno se puede apreciar lo siguiente: Según Kurasawua (2000) en su estudio sobre fundamentos y análisis de la productividad el índice de eficacia se calcula como el número de objetivos, actividades, proyectos, metas o productos logrados sobre el número de objetivos, actividades, proyectos, metas o productos planificados en otras palabras la ecuación sería:

  De donde:
 Nºctmemp= número de cooperativas que hicieron transferencia a microempresas
Nºcextn= número de cooperativas existentes;  al procesar los datos se obtiene el siguiente resultado: 

Se puede decir que el índice de eficacia del Estado en la implementación de la política pública fue de 0,20 es decir, que sólo se logró transformar el 20% de las cooperativas existentes en el Estado Vargas para el año 2002 en microempresas.
       Estas cooperativas fueron del área del transporte en el aeropuerto las que cubren la ruta Caracas Aeropuerto tanto Nacional como Internacional.
      En cuanto a la eficiencia, los autores antes mencionados afirman que el presupuesto asignado para apoyar la política en ese período de inicio en el Estado Vargas,  fue de 2.500 millones y al final del ejercicio fiscal 2002, cuando se consolido la memoria y cuenta de todos los entes del Estado involucrados en la implementación de la política en la región, se detecta que el aporte a las cooperativas fue de 2.400 millones y a la micro empresa fue de 100 millones, lo que denota que al aplicar la ecuación de Kurosawa (2000) para medir el índice de eficiencia, es decir, según este autor se toma:  el número de recursos consumidos (Nºrc) entre el número de recursos asignados (Nºra), se puede apreciar que para el cálculo del mencionado índice el autor propone la siguiente formula:


      Cuando esta fue aplicada a los datos recogidos en la memoria y cuenta antes descrita se obtuvo el siguiente resultado:
.
                  Es decir, que el estado fue eficiente en el manejo de los recursos, pero al comparar esta eficiencia con el índice de la eficacia es evidente que hay una desviación  entre lo que se proponía como resultado y lo que se logró, o simplemente hubo un diferimiento de lo propuesto en la política.
      Es difícil saberlo pues la literatura revisada no refiere motivos de lo que sucedió; lo que si queda claro es que se le dieron muchos recursos a la creación de cooperativas y muy poco a la transformación de las cooperativas que habían hasta el momento, en microempresas que era la meta central.
      En cuanto a la calidad de la gestión de la implementación de la política, la literatura revisada no reporta ningún malestar o queja ocasionada por  el manejo de los recursos pero si en la promoción de los programas de incentivos que se implementaron desde el sector oficial y el sector privado para procurar que cooperativas se convirtieran en micro empresas, no obstante esta es una falla atribuible a la difusión más no a la gestión.
      Hay que acotar que para la fecha ya existían organismos creados por el Gobierno, con la intención de apoyar e instrumentar los programas que se derivan de la política; la cual nace con la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento Parcial en el año 2001 (Óp. Citó 2002).
      Dentro de esos instrumentos se pueden distinguir la creación de (FONDEME) Fondo Nacional para el Estímulo Microempresarial que nace con la Ley de Microfinanzas y la de Cooperativas en el año 2001 (Óp. Citó 2002).
      En esta misma línea de análisis Mas (2007) afirma, que la situación anterior del Estado Vargas, se mantiene hasta el año 2006 que arranca el Plan Operativo del Estado Vargas propuesto por la Gobernación de la entidad y por la Corporación de Desarrollo del Estado Vargas y simultáneamente El Plan de Manejo de la Alcaldía, surgiendo en ese momento  400 cooperativas, más 8 que venían de la década de los noventa   haciendo  un total para  ese período de 408, las cuales en un 80% pertenecían al sector servicio, en específico a labores de mantenimiento y  ornato público un 60% de ese 80% y el otro 40% se distribuían entre comercializadoras de alimentos en la red Mercal y distribuidores de artículos de limpieza para los entes regionales.
Ahora bien, si se revisan los informes de gestión de la Alcaldía  de los años 2003, 2004, 2005, y 2007 se podrá ubicar que el número de cooperativas al 2007 ha descendido en un 55% con respecto a las reportadas por Mas en el 2006, en tal sentido, que sólo quedaron 224,4 cooperativas y de esas sólo se convirtieron en microempresas 20 y en el sector construcción que sumada a las dos del sector transporte hacen un total de 22 microempresas creadas mediante los programas de transferencias implementados por el gobierno, es decir, que si se mide la efectividad del programa aplicando el índice de eficacia se tiene:

Es decir, que su efectividad es de un 0,089, es de hacer notar que traduciendo la cifra en porcentaje es de 8,9% de efectividad, acontece que el porcentaje de efectividad disminuyó con respecto al año 2002, en otras palabras, pasó de 20% a 8,9%, en consecuencia, se fue menos efectivo pero cuando se estudia la eficiencia a partir de los recursos asignados en los presupuestos de los años fiscales antes mencionados se observa lo siguiente: El presupuesto ha sido reconducido desde el 2002 hasta el 2007 que es el período estudiado.
      Por lo tanto, se han asignado recursos en esos presupuestos para la implementación de los programas derivados de la política, por el orden de 15.000 millones de bolívares y se han gastado 20.000 millones de bolívares; aplicando el índice de eficiencia se encuentra el siguiente resultado: , a pesar que su índice de eficiencia es del 133 % que es sobresaliente hay que indicar que el decrecimiento  de la efectividad fue de 8,9% en seis años, pero el presupuesto creció  de 2.500 millones en el 2002 a 3.333     millones de bolívares por año, a pesar de la reconducción de los presupuestos 2002, 2003, 2004, 2005 ,2006 y 2007.
      En un intento por entender por qué la efectividad decreció y el gasto creció, se estudió lo que estaba ocurriendo a nivel nacional y se observó, que hubo que asignar recursos mediante traslados de partidas producto de economías presupuestarias y créditos adicionales aprobados desde el gobierno central en muchas regiones del territorio nacional y Vargas está incluida dentro del grupo de regiones que había incurrido en estas prácticas.  En consecuencia, el déficit presupuestario generado por las reconducciones fue resuelto por la vía de traslados de partidas y de créditos adicionales (Más 2007).
      En lo relativo al índice de calidad la literatura revisada no reporta datos que permitan calcular y luego estudiar los resultados y sacar una conclusión, mediante la aplicación de la Ecuación de Deming y Juran (1946) citado por Berry (1997), la cual plantea que el índice de calidad se determina dividiendo el número de productos defectuosos o devueltos por el cliente (Nºpd) sobre el número de productos producidos (Nºpp), en caso que sea una empresa de producción o el número  de quejas formuladas por los usuarios de un servicio (Nºqfu), entre el número de servicios ofrecidos (Nºso), en caso que se trate de una empresa de servicio; se asumió la ecuación de los autores antes citados y  es como sigue:
  En el caso de  empresa  de producción.
 En el caso que sea una empresa de servicio.
      En cuanto a la formulación de la política se observa que la misma no respondía a ningún modelo de formulación de políticas públicas al menos en lo que se refiere al gobierno regional y local, mientras que en el gobierno central se tomó el modelo de Heerkens (2002) en el Ministerio de Planificación (2005), contenido en su obra gestión de proyecto donde asume el siguiente esquema para formular la política: (Ver anexo Nº1).
            En el diagrama se aprecia, como el sector central planeó organizar la instrumentación de la política siguiendo los cánones de la planificación estratégica de Heerkens y en ese sentido se pueden identificar cinco niveles que lamentablemente no se tomaron en cuenta, sino que las decisiones se tomaron en forma discrecional; quizás esto explique los resultados obtenidos, no obstante el único nivel que  se implementó fue el N 1, el nivel de formulación de políticas el cual fue integrado por el Consejo de Planificación Regional cuya gestión no es reportada por ninguno de los informes de Gestión de los años fiscales revisado.
      Sólo hay una mención en el informe de Gestión de la Gobernación del Estado Vargas del 2002, donde señala que el “…Consejo Regional de Planificación se instaló y asumió la formulación de la política del desarrollo de la economía social de la Entidad” Gobernación del Estado Vargas¨… [3] de esa información no se sabe cómo quedo integrado el resto de los niveles y tampoco se reporta si hubo evaluaciones periódicas, es por esa razón que este estudio se limitó a analizar los datos cuantitativos presentados en los informes de gestión de los ejercicios fiscales antes mencionados.
      En cuanto al tipo de propiedad todavía no se puede hablar  fehacientemente de propiedad social, debido  a que no se ha pasado a la etapa de la propiedad colectiva.
      Según el estudio de Rodríguez (2009) las cooperativas han adoptado el mismo funcionamiento que las empresas de capital y se han estructurado de la misma forma, lo que hace pensar que no hay cultura cooperativista en las nuevas cooperativas que se fundaron a partir del 2002, porque las que ya venían desde antes de la gestión bolivariana, si funcionan tal y como la ley exige y hay una estructura colectiva con beneficios repartidos proporcionalmente entre sus miembros.
      El mismo autor afirma que las 28 microempresas que están operativas muestran serios problemas de liquidez no sólo por la crisis económica sino también por las deficiencias gerenciales que tienen, en la mayoría de los casos son empresas familiares con todo lo que esto acarrea, más precisamente el porcentaje de las que están en la situación anteriormente descrita son  el 53% de 28 microempresas propiciadas por el programa. (Rodríguez 2009).
      En cuanto al patrimonio, no se puede hablar de patrimonio colectivo pues cada uno de los socios de la cooperativa, no asume el patrimonio que esta debe generar básicamente un patrimonio colectivo, sino individual, es en este sentido que el autor habla de empresas de capital mal llamadas cooperativas, constituyendo un hándicap para la transferencia de la cooperativa a la microempresa, tal y como se lo ha propuesto la gestión bolivariana.
      Otro criterio que orienta la práctica del 100% de las cooperativas que están vigentes (24,4), es la indemnización salarial por prestaciones laborales en vez de adoptar la fórmula que se desprende de la normativa legal, es decir, el ahorro programado  con distribución anual de adelantos societarios, tal y como lo plantea el modelo socialista del siglo XXI, debido a que se trabaja con el modelo de Propiedad Social Directa,  ellas adoptan la estructura clásica de indemnización por servicios prestados de las empresas de capital, debido a que asumen a los miembros de la cooperativa con la tradicional clasificación de dueños y trabajadores (Óp. Citó 2009).  

Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

Pero lo cierto es, que funcionan como una empresa de producción, es decir, con una nómina de trabajadores asalariados con sueldos por debajo del salario mínimo y sin prestaciones sociales ni seguridad social, porque los contratos de trabajo duran tres meses.
No obstante, las cooperativas que no trabajan para el gobierno  (como las del transporte público), la mayoría de ellas con más de 5 años de creadas funcionan dentro del espíritu de la ley, ya que los trabajadores que prestan su fuerza laboral dentro de las mismas, son además asociados y reciben proporcionalmente sus beneficios.
RECOMENDACIONES.

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Recibido: 22/12/2014 Aceptado: 09/02/2015 Publicado: Febrero de 2015

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