Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO
Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra (CV)
ricardotito39@hotmail.com
Con la aprobación de los últimos decretos, la lucha por el poder entre la burguesía - apuntalada por la oligarquía y aglutinada en los comités cívicos, etc. - y el gobierno se torna peligrosa para la convivencia social, la integridad territorial y la unidad del Estado nacional porque al pisotearse el derecho positivo, en pleno Estado democrático, se otorga a la oligarquía el justificativo necesario para la sedición, el separatismo y la aplicación de un ordenamiento jurídico fundado en sus “Estatutos Autonómicos”. El gobierno al desconocer e ignorar la ley y la Constitución atenta directamente contra la existencia del Estado liberal e incita a la oposición a imponer su normatividad, contenida en sus “Estatutos” regionales, a efectos de constituir el Estado Neoliberal (Nación Camba).
Las movilizaciones y contramovilizaciones efectuadas en favor y en contra de la aprobación del “Proyecto de Constitución” (Yacuiba, Villamontes y otras localidades) adquieren visos de enfrentamientos que las transnacionales, la embajada americana y las fuerzas neoliberales ligadas al capital financiero, alientan, preparan y esperan; puesto que su objetivo es dividir el Estado boliviano, en uno oriental, de organización y estructura neoliberal (“Nación Camba”) y otro occidental de carácter “plurinacional y multiétnico” que nada tiene que ver con la continuidad histórica, la conciencia social antiimperialista alcanzada y la experiencia hecha por el pueblo boliviano, cuya expresión notable es la revolución de Abril, que el gobierno ignora y desconoce favoreciendo, con su actitud empecinada, a la derecha que dice combatir cuando en realidad la fortalece y vigoriza.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Tito Atahuichi Salvatierra, R.: “El proyecto de constitución y el estado democrático" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 102, septiembre 2008. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/
Las Constituciones y leyes, por mas perfectas, legitimas y legales que sean no resuelven ni resolverán los problemas, económicos, políticos y sociales que tiene nuestra sociedad o de cualquier otra perteneciente al orbe mundial; porque esos problemas son de carácter estrictamente políticos que sobrepasan el campo del derecho. Entonces, tratar de aprobar e imponer, a cualquier costa, el “Proyecto de Constitución”; como si de el, dependiera el destino del Estado, del pueblo y la solución de los problemas del atraso y la pobreza es un error político; porque en los hechos, ese “Proyecto”, no resuelve nada y solo distrae la atención porque evita que el pueblo discuta, se organice y participe en la forma de resolver los problemas de la industrialización del gas, la diversificación de la economía, la recuperación de las empresas capitalizadas, la abrogación del DS 21060 y otros, propios de los Estados exportadores de materias primas como el nuestro.
Si el gobierno se propone cambiar la Constitución Política, en democracia, se supone que entiende que ese cambio tienen que ser materializado en el marco legal; porque no hay otra forma de efectivizarlo, dentro el campo de la democracia liberal, puesto que el respeto al orden social, a la Constitución y a la ley, en sus formalidades y contenido, son los parámetros inviolables de un Estado de derecho.
En el Estado liberal la revolución democrática es viable, con la toma del poder, a través de una Asamblea Constituyente Originaria (caso Venezuela) porque al concentrar, una fuerza política determinada, la representación de los 2/3 del total de la población electoral tiene a su favor la soberanía del pueblo, que le da legitimidad y legalidad a sus actos; hecho que no ocurrió en el caso nuestro por ser la Asamblea Constituyente derivada.
Mientras una fuerza política no tome el poder democráticamente, cualquier reforma, en la Constitución o el Estado, tiene que ser hecha con la ayuda de las demás (pacto social) razón por la que una Constituyente derivada, no tiene la potestad para realizar cambios en la Constitución; porque todo cambio está condicionado al acuerdo político que se alcance con las otras fuerzas sociales. Y peor aun, si se trata de cambiar una Constitución Política vigente con un “Proyecto” que no tiene legalidad ni legitimidad, que garantice la integridad nacional y la convivencia social; Situación que permite a los representantes de “la media luna”, a continuar con su propósito de dividir el Estado y constituir otro, paralelo al existente ( “Nación Camba”) a través de la sedición.
