Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN Y EL CONTEXTO NACIONAL
Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra (CV)
ricardotito39@hotmail.com
Los intentos de inmolación de los representantes de la brigada policial de seguridad física en Cochabamba son un reflejo del grado de desesperación en el que se encuentran los sectores de ingresos fijos limitados que sufren, con agudeza, los efectos de la inflación producto de la aplicación de una política económica, predominantemente neoliberal, contenida en el DS 21060.
Al no existir una dirección revolucionaria de clase y un instrumento político propio de los sectores laborales y del pueblo, con capacidad de organizar y darle una perspectiva revolucionaria anticapitalista a las movilizaciones de Octubre y Junio del 2003 y 2005, que tumbó los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, el proceso de radicalización acumulado, en 20 años de resistencia antineoliberal, por la COB, sindicatos, partidos antiimperialistas, nacionalistas, etc. fue canalizado, en acuerdo con las fuerzas neoliberales y el Movimiento Al Socialismo (MAS – IPSP) rumbo a las elecciones conteniendo el proceso de ascenso anticapitalista.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Atahuichi Salvatierra, R.T. “El proyecto de constitución y el contexto nacional" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 95, abril 2008. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/
Antes y una vez en el gobierno el MAS se comprometió a cumplir con un programa mínimo (agenda de Octubre) consistente en: la abrogación del DS 21060 que constituye el fundamento jurídico de las leyes neoliberales (ley de capitalización, código minero etc.) con el objeto de cambiar la política económica y la orientación jurídica del modelo neoliberal; la recuperación, a favor del Estado, de las empresas capitalizadas (Entel, Enfe, y otras) y los recursos naturales para su industrialización con el fin de diversificar la economía y crear fuentes de trabajo evitando la venta del gas a Chile y de las materias primas sin valor agregado al mercado internacional; la nacionalización de los hidrocarburos; y la realización de una Asamblea Constituyente para consolidar y fortalecer el Estado y constituir una Nación única, soberana, independiente y de libre autodeterminación.
En los hechos, sin respetar su compromiso electoral, el gobierno asienta su administración:
1) En una política contradictoria puesto que, por un lado, adecua su política general a la neoliberal y mantiene en vigencia el DS 21060, por otro, aplica una política nacionalista revolucionaria dirigida a fortalecer la propiedad estatal (Huanuni, Vinto, refinerías), y recurre a una política indigenista que cuestiona la unidad de la Nación (36 naciones étnicas) y la existencia del Estado en vez de potenciarlo, económicamente, con el fin de vencer el atraso y la pobreza.
2.) En un modelo económico neoliberal que mantiene: la dolarización de la economía; la libertad de precios sometida a la ley del mercado; la flotación cambiaria del precio del dólar regulado por la oferta y la demanda; la liberalización del comercio interno que transforma al mercado nacional en uno de consumo de productos extranjeros; la disciplina fiscal que controla el déficit por medio del ahorro (disminuye sueldos y descargar la seguridad social y la salud en los trabajadores activos) y el congelamiento de los sueldos y salarios como medio de control de precios.
3.) En el engaño, porque presenta la recuperación de los hidrocarburos, a favor del Estado, como “nacionalización” cuando, simplemente, se legalizaron los contratos petroleros con el pago de mayores impuestos. YPFB posee un capital menor al 51 % razón por la que las transnacionales son propietarias y disponen de la producción del petróleo.
4.) Apostando a una Asamblea Constituyente derivada, que produjo un “Proyecto de Constitución Política” indigenista, que se pretende imponer para fundar un Estado plurinacional de carácter étnico que atenta contra la integridad de la Nación boliviana, desconociendo que el problema étnico fue superado por la revolución de 1952, del que emergió el Estado revolucionario, que integró las etnias a la Nación.
Mientras la preocupación central del MAS es imponer el “Proyecto de Constitución” la oligarquía, que esta a la ofensiva, acumula fuerza social con el objeto de dividir Bolivia y constituir un Estado paralelo (“nación camba) bajo el barniz de la autonomía y la legalidad. En cambio el pueblo percibe que ni el “Proyecto de Constitución Política” ni las autonomías resolverán el atraso, la pobreza, menos los problemas sectoriales inmediatos razón por la que genera conflictos sociales que se agudizan por falta de soluciones.
