Los mecanismos de mercado conducen inexorablemente a la agudización de las diferencias en la distribución de las rentas tanto si se considera el plano familiar, el regional o el internacional. Hay un acuerdo unánime en la necesidad de una actuación pública que contrarreste ese efecto pernicioso, sin embargo puede haber grandes diferencias de opinión sobre qué grado de igualdad es el deseable, qué plazos temporales deben establecerse para alcanzarlo y, sobre todo, qué medios se deben utilizar.

Una distribución totalmente igualitaria, tal como la describiría una curva de Lorenz sobrepuesta a la diagonal principal, supondría la desaparición de los estímulos económicos y podría tener graves consecuencias en el progreso humano. Una de las explicaciones más habituales del fracaso económico de los países comunistas europeos es precisamente la falta de alicientes personales consecuencia del alto grado de igualdad que habían alcanzado. Pero al contemplar en las pantallas de televisión los cuerpos esqueléticos como consecuencia del hambre en los países pobres o simplemente, al descubrir los barrios marginales de nuestras ciudades o leer las estadísticas de paro de nuestro país, sentimos todos inevitablemente la convicción de que hay que hacer algo por remediarlo y hay que hacerlo ya.

Los instrumentos de que disponen los gobiernos para actuar de forma redistributiva son de dos tipos: a) Las políticas gubernamentales pueden actuar directamente sobre los mercados de factores, por ejemplo, estableciendo un salario mínimo o limitando el reparto de dividendos; este tipo de medidas pueden resultar muy peligrosas si no se basan en un estudio muy minucioso de la situación de esos mercados; un salario mínimo demasiado elevado puede enviar al paro a un gran número de trabajadores. b) Las políticas indirectas, las que actúan sobre las fuerzas "subyacentes" a los mercados, pueden resultar mucho más eficaces; son principalmente las basadas en un sistema impositivo progresivo, en programas de seguridad social, en inversiones gubernamentales en infraestructura y proyectos de desarrollo y, a más largo plazo, las inversiones en educación y desarrollo tecnológico.

Los objetivos de las políticas redistributivas pueden concretarse en los siguientes: a) Garantizar para todos los ciudadanos la satisfacción de las necesidades elementales. En algunos países se limita esta actuación a aquellos ciudadanos a los que el mercado no permite que lo consigan por sí mismos —jubilados, minusválidos— y deja fuera a algunas personas realmente necesitadas, por ejemplo, a los que, estando en edad de trabajar y aparentemente sanos, llevan en paro más tiempo de lo que se considera "normal". b) Buscar la igualación de las rentas de forma subsidiaria con respecto a otro objetivo. Por ejemplo, haciendo que el sistema impositivo, cuya finalidad principal es la financiación del Estado, tenga un carácter progresivo. c) Buscar la igualación de las rentas con carácter determinante en actuaciones de tipo regional o sectorial. d) Igualar las oportunidades para acceder a mayores niveles de renta mediante educación y formación profesional gratuitas o mediante limitaciones al derecho de herencia.

Los programas sistemáticos de redistribución internacional de las rentas se iniciaron en los años cincuenta, en el ambiente internacional de la guerra fría y amparadas por la Organización de las Naciones Unidas. Se crearon entonces una serie de instituciones destinadas a canalizar las ayudas financieras de los países occidentales a los países en vías de desarrollo: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, conocido también como Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Asociación Internacional para el Desarrollo (AID), la Organización de Asistencia Técnica, la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), etc. Su actividad inicial fue muy escasa y pronto se pudo constatar que las diferencias internacionales en las rentas se estaban agravando. La ONU decidió declarar los años sesenta como "la década del desarrollo" y su Asamblea General pidió en 1961 a todos los países ricos que destinaran el 1% de su renta nacional para ayudas al desarrollo. Al final de la década se publicó el informe Pearson que atestiguaba el fracaso de aquellos esfuerzos y reclamaba una mayor ayuda de los países ricos a los pobres pero con un espíritu moralista y voluntarista ignorante las dificultades prácticas de las ayudas filantrópicas. Desde entonces hasta ahora, todos los esfuerzos para evitar que la brecha se ensanche han sido vanos. Actualmente muy pocos países conceden más del 0,5% de su renta para el desarrollo por lo que los países pobres han cambiado de estrategia: en vez de pedir más ayuda, están pidiendo cambios en las normas reguladoras del comercio internacional, la caída de las barreras aduaneras proteccionistas que impiden el acceso de sus productos a los países ricos y todo un conjunto de medidas englobadas bajo el nombre de un Nuevo Orden Económico Internacional.

Las ayudas internacionales suelen adoptar la forma de créditos a bajo interés o subvencionados, normalmente con la cláusula adicional de que deben ser dedicados a adquisiciones de productos del país donante. La distribución internacional de esas ayudas no tiene ninguna relación con el grado de desarrollo de los países que la reciben. Los Estados Unidos destinan la mayor parte de su programa de Ayuda al Desarrollo principalmente con criterios de importancia estratégica política y militar. Las antiguas potencias confieren estatus privilegiados a sus antiguas colonias. La CEE engloba su ayuda internacional en los Convenios de Lomé, firmados con los llamados países ACP, sus antiguas colonias en Africa, el Caribe y el Pacífico.

La asignación interna de las ayudas tampoco parece realizarse con criterios de equidad: los más beneficiados resultan a veces ser los individuos mejor situados —políticos, funcionarios, académicos y empresarios de ramas industriales con conexiones con el país donante. Si el criterio principal de la ayuda es el estratégico, es lógico que se destine principalmente a financiar programas de modernización de las fuerzas armadas. En el caso de la ayuda alimenticia de urgencia para situaciones extremas debidas a sequías, la ausencia de infraestructura de transporte dificulta el acceso precisamente a las regiones que más la necesitan.

La crítica de derechas a la política redistributiva internacional se fija en estas deficiencias y en el hecho de que las ayudas gubernamentales se financian mediante impuestos pagados en su mayor parte por los trabajadores del país donante, para resaltar el sarcasmo de que "la ayuda internacional es la ayuda que prestan los individuos pobres de los países ricos a los individuos ricos de los países pobres". La crítica de izquierdas se centra en el hecho de que las ayudas que se proponen como objetivo "garantizar la estabilidad política y económica" han estado dirigidas a países con gobiernos dictatoriales y no se han traducido en mejoras de las condiciones de vida de los ciudadanos.