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CAPÍTULO VI
MÉXICO.
VI.5.- EL RETORNO A LA ORTODOXIA Y… A LA SUBORDINACIÓN
En efecto, durante 1982 se duplicó el desempleo abierto, se incrementó la inflación hasta la tasa récord de 98 por ciento, se retrajo la inversión en 15.9 por ciento, el déficit en cuenta corriente pasó de 2,693 millones de dólares en 1978 a más de 12,544 en 1982, y -por primera vez desde la posguerra- el PIB disminuyó en términos reales.
El año de 1982 significó, también, el inicio de un severo proceso de descapitalización de la economía mexicana, a partir del vencimiento de una moratoria declarada unilateralmente por el gobierno mexicano en agosto de ese año. Las condiciones en las que se verificó el reencuentro con la comunidad financiera internacional, fueron mediadas por la firma de un acuerdo con el FMI que convertía a los objetivos de una política económica ortodoxa en condiciones para la intervención del organismo multilateral en las reestructuraciones de la deuda (tres entre 1978-1987), así como en la ampliación de los créditos que requería el país.
La prioridad gubernamental por cumplir puntualmente con sus compromisos financieros y la caída de precios y cantidades vendidas al exterior de los principales productos de exportación fueron los mecanismos a través de los cuales se verificó una importante salida de recursos, como saldo neto del período, al tiempo que el producto interno bruto decrecía.
Participación de la deuda externa total acumulada de México en el PIB 1980-1986
(millones de dólares)
Concepto
1980
1982
1984
1986
DAC
54,426
87,588
96,585
98,411
PIB
186,339
163,946
171,359
127,229
DAC/PIB (%)
29.2
53.4
56.4
77.3
Fuente: Roberto Gutiérrez R., "Vicisitudes de la renegociación de la deuda externa del sector público de México", Economía: teoría y práctica, núm. 11 UAM, México 1988, p. 157.
El hecho de que la producción nacional decreciera, frente a un crecimiento anual de la población económicamente activa (PEA), a ritmo superior a tres por ciento anual, describe con elocuencia la magnitud de las privaciones sociales que se impusieron en el país. Todo ello aconteció en el marco de una política económica que se encaminó a la búsqueda del llamado "cambio estructural", entendido como la fundación de un proceso exportador manufacturero que arrancó con la colocación en el exterior de los bienes industriales que la castigada demanda interna comenzó a despedir de su consumo.
Con todo, los éxitos de la nueva estrategia exportadora apenas impactaron a la solvencia de la economía mexicana, frente a sus compromisos financieros internacionales, tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
Coeficiente de solvencia de la economía mexicana 1980-1985
(millones de dólares)
Concepto
1983
1984
1985
1986
Serv. Deuda
12,960.6
18,856.2
14,784.0
11,568.3
Exp. Merc.
16,307.5
21,006.1
24,053.0
15,775.1
Serv./Exp. (%)
79.5
89.8
61.5
73.9
Fuente: Ibídem. Loc. Cit.
Mientras para los dos primeros años el peso de la función exportadora recayó fundamentalmente en el petróleo, los dos últimos que se analizan, aunque de manera incipiente, incluyen algunas manufacturas que empezaban a enviarse al exterior (vidrio, cemento, cerveza, etcétera).
Simultáneamente al problema de la insolvencia del sector externo de nuestra economía, muy conocida limitación estructural, se presentaba -como telón de fondo y variable explicativa- un deterioro creciente en otro problema estructural: los términos de intercambio que, durante la primera mitad de la década de los ochenta, evolucionaron de manera muy desfavorable:
Índice de precios del comercio exterior de México y términos de intercambio
1980-1986
Año
Exportaciones
Importaciones
Términos de intercambio
1980
100.0
100.0
100.0
1981
105.6
108.3
97.5
1982
94.9
111.7
85.0
1983
88.7
114.3
77.6
1984
90.1
118.4
76.1
1985
85.4
118.6
72.0
1986p
60.3
116.2
51.9
p = cifras preliminares.
Fuente: Ibid., p. 160.
A reserva de analizar con detalle los efectos de la política económica sobre las condiciones de vida de la población, resulta conveniente precisar que el deterioro en los términos de intercambio, a partir de 1987, se explica en la decisión del gobierno mexicano de originar unilateralmente un proceso de apertura comercial encaminada a enfrentar a la espiral inflacionaria con apoyo en la presencia de competidores del resto del mundo, fuertemente representados por los Estados Unidos y los países industrializados y semindustrializados de Asia. Por lo demás, desde el punto de vista histórico, la vía de endeudamiento creciente, desde 1944, se adoptó ante el deterioro de los términos de intercambio y el déficit resultante en balanza comercial y en cuenta corriente.
El asunto deuda, al igual que el incremento de las importaciones como expresión del crecimiento económico, han resultado consustanciales al proceso de industrialización, inacabada y deforme, por el que continúa la marcha económica nacional. Por ello, en el propósito de analizar los años ochenta resulta inescapable la revisión del problema deuda, el examen de las reestructuraciones verificadas en la década y el cálculo de los efectos que la sangría de recursos que comporta habrá de tener en las expectativas de desarrollo futuro de la nación.
Resulta necesario explicarse las razones por las que la deuda externa, pública y privada, llega en 1987 a 107,000 millones de dólares -superior en más de 22,000 a la de 1982-, contrariando los propósitos de una política económica encaminada a reducirla. Deben examinarse las causas de un crecimiento de la deuda pública externa a un ritmo promedio anual de seis por ciento, apenas superior a la tasa de inflación internacional, del período 1982-1987, tal como lo muestra el cuadro siguiente:
Incremento anual de la deuda pública externa de México (%)
Año
(%)
1982
11.2
1983
6.2
1984
4.2
1985
3.9
1986
4.5
Fuente: Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988. Informe de Ejecución. Balance Sexenal. México, septiembre de 1988, p. 147.
No cabe duda que la imposibilidad de cumplir con los propósitos de la política económica se explica fundamentalmente en eventos que, para dos casos, estuvieron vinculados con coyunturas internacionales, la reducción de los precios del petróleo y la elevación de las tasas de interés; uno más con la huidiza confianza de los propietarios, la irredenta fuga de capitales, y otro más con el infortunio, el macrosismo de septiembre de 1985, cuyo costo, por la estimación de los daños producidos, se estima, además de la pérdida de vidas humanas, en una cifra cercana a los 4 mil millones de dólares, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Llama la atención el hecho de que, frente a esta última calamidad, el gobierno federal no haya considerado la posibilidad de interrumpir el pago del servicio de la deuda, sino que, contra toda lógica -inclusive, contra su lógica-, se decidió por incrementar la deuda para responder a los apremios ocasionados por el lamentable acontecimiento, sin interrumpir dicho pago.
Desde 1983 hasta 1989, se pusieron en práctica diversas reestructuraciones, que encontraron cobijo en los llamados planes (Baker, Brady, Dombusch-Modigliani, etcétera), así como en prácticas de conversión de parte de la deuda en activos de empresas privadas o públicas "no prioritarias ni estratégicas". Esas reestructuraciones y sus resultados, se analizan a continuación.
"Durante 1983 se acordó reestructurar 23 150 millones de dólares de un saldo de casi 59 000, con vencimiento entre el 31 de agosto de 21982 y el 31 de diciembre de 1984; se estableció un plazo de ocho años con cuatro de gracia y tasas de interés de 1 7/8 puntos sobre la libor y de 1 3/4 sobre la prime. El resultado fue que las amortizaciones de septiembre de 1982, al cierre de 1984, se redujeron de 8 144 millones de dólares a 1 305. En realidad, se dio una posposición no tan recomendable en una visión de largo plazo".
"Entre 1984 y 1985 se acordó reestructurar la deuda pública por un monto equivalente a 48 700 millones de dólares que vencían en el período 1985-1990. Los plazos de pago se ampliaron a quince años con uno de gracia".
"A fines de 1985 se convino con la banca internacional el aplazamiento -por un período de seis meses- del pago de 950 millones de dólares, correspondientes al segundo tramo de un prepago de 1 200 millones de crédito, acordado en 1983. En marzo de 1986 se acordó posponer dicho pago por un período adicional de seis meses. Al final del mismo año, se suscribió un acuerdo con el Club de París para reestructurar aproximadamente 1 921 millones de dólares".
"En marzo de 1987, el gobierno mexicano firmó un acuerdo con la banca internacional a fin de reestructurar 52 717 millones de dólares de la deuda pública externa. En el mismo acuerdo se logró reestructurar 43 700 millones de dólares, a un plazo de 20 años con siete de gracia, con la reducción de la tasa libor a 13/16 de punto porcentual. La deuda contratada en 1983 y 1984 (800 millones de dólares) se reestructuró a un plazo de 10 años con cinco de gracia, con la reducción de la tasa de interés mencionada; los recursos contratados sobre la base de la tasa prime (6 500 millones de dólares) pasaron a libor. Además, se reprogramó el pago de 950 millones de dólares de 1985, en 24 trimestres a partir de 1989. La reducción del diferencial sobre los 52 717 millones de dólares, representó un ahorro estimado en 302 millones de dólares anuales".[1]
Hasta marzo de 1989, fecha en que se propone el llamado plan Brady, las reestructuraciones acordadas no aludían a las preocupaciones fundamentales de los países deudores y sí permitían que los acreedores evadieran la responsabilidad que, en el desorden financiero internacional, les corresponde reconocer. El hecho de que en la mesa de discusiones no se incluyera a las posibilidades de reducción del principal, a las correspondientes a las tasas de interés y, secundariamente, a las de ampliar los créditos a los deudores, convirtió a las reestructuraciones en simples posposiciones que, al paliar el presente, comprometían seriamente al futuro. Ello, hasta la fecha, no puede considerarse un problema resuelto, y seguramente las reestructuraciones sobre la deuda externa no han concluido.
Durante los años ochenta, el problema de la deuda externa de las economías subdesarrolladas se profundizó por un comportamiento de los países acreedores que evadió la responsabilidad que tienen en el propio problema, que impidió el tratamiento de los casos en bloque imponiendo la modalidad de discutir (sin solucionar) caso por caso, que prohibió el uso del término moratoria, que no ablandó ninguna de las condiciones relevantes en la reestructuración (monto del principal, tamaño de las tasas de interés, acceso a nuevos empréstitos, posibilidad de adquirir la propia deuda vieja y disminuida considerablemente en sus valor en los mercados secundarios, etcétera), que solo hasta el llamado plan Baker reconoció la necesidad de que las economías deudoras recuperaran su capacidad de pago por la vía del crecimiento, aunque ello no se logró, a mediados de la década.
Es hasta la puesta en ejercicio del plan Brady que se establece la posibilidad de atender las demandas de los países deudores, especialmente en la reducción del principal, de las tasas de interés y de incrementar el flujo de recursos para el crecimiento, aun cuando se continúa el tratamiento de cada caso aislado del resto. En realidad, la posibilidad de considerar, desde la posición de los acreedores, las tres variantes, sólo se ejerció para el caso de México que fue el primer país atendido en la lógica del nuevo plan; para el siguiente país, Filipinas, la oferta de los acreedores se agotó en el incremento de su endeudamiento, sin reducciones en la deuda ni en su servicio. Resulta claro que no fue pequeño el número de dificultades que comportó el hecho de que cerca de quinientos acreedores se decidieran por alguna de las tres opciones de la renegociación y que, de ello, se siguiera la indisposición a considerarlas para los siguientes casos; es claro, también, que la puesta en ejercicio de una drástica política de ajustes, con costos sociales que trascienden al presente, hizo de México una suerte de deudor ejemplar que, por encima de las consideraciones relativas al bienestar de la población, colocó en el primer sitio de sus prioridades la atención a los compromisos con la llamada comunidad financiera internacional.
Una descripción breve de la acción gubernamental, a partir de 1982, es la reducción del ingreso y el retiro indiscriminado de subsidios que, para los niveles de calidad de la vida que se habían alcanzado hasta principios de la década de los ochenta, significó el desmoronamiento de los mínimos de bienestar que acompañaron al crecimiento sostenido y pequeño de los componentes del rubro de desarrollo social (salud, educación, empleo, vivienda y esparcimiento) y a la elevación en la calidad de la dieta (especialmente en el incremento en la ingesta de proteínas de origen animal) que se lograron por medio de un espectacular esfuerzo gubernamental y en medio de una notable desigualdad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades para casi todo. Lo anterior quiere decir que el ritmo de crecimiento del PIB (seis por ciento anual promedio durante cuatro décadas) se reflejó mucho menos que proporcionalmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, apenas superando el umbral de la sola reproducción de la fuerza de trabajo; un crecimiento sostenido y deforme que, en el momento de realizar ajustes, se convirtió en empobrecimiento extremo para alrededor de 17 millones de conciudadanos, mientras la especulación en sus diversas expresiones permitió un mayor enriquecimiento de la minúscula franja de propietarios del resto de factores de la producción, a costa del castigo al trabajo, especialmente al asalariado. Desde el inicio de la década, la tendencia histórica hacia el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población encontró, por efecto de la acción gubernamental, un punto de inflexión, cuyos efectos serán de largo aliento por cuanto ha originado generaciones enteras de niños desnutridos y sin acceso a la educación; adultos del futuro considerablemente menos aptos para todo, sordos involuntarios ante los llamados a la modernización.
La versión oficial de ese período de nuestra historia reciente, insiste en la inevitabilidad de los ajustes y, si acaso, critica su profundidad y magnitud, partiendo del supuesto de que, con ellos, se construyó una base indispensable para el llamado cambio estructural y se inició un muy provechoso repliegue de la intervención económica del Estado, con lo que se dejó de entorpecer el funcionamiento de los distintos mercados, especialmente el de factores, y se liberó la energía creativa de la iniciativa privada. Con tal apreciación se ha pretendido colocar una cortina de humo sobre el carácter pragmático y errático de una política económica que, al desalentar el crecimiento del ingreso y el bienestar, propició una escandalosa orgía especulativa y estableció una cifra récord en los niveles de inflación, supuestamente el enemigo a vencer; con dicha visión se pretende, también, justificar la ampliación de la desigualdad y presentar a la larga noche de crisis y, especialmente, de ajustes, como un mal necesario por el que debió transitarse. La revisión del lamadridato, entonces, aparece como necesaria por cuanto, con ella, se debe dejar constancia de la pérdida de aliento popular y de la inequitativa distribución de costos de la recuperación, con las que se permitió actuar un gobierno emanado de los restos de un movimiento revolucionario, reivindicador de los derechos sociales de los mexicanos.
El punto de partida de esa política económica fue establecido el primero de diciembre de 1982, el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), cuyos elementos principales fueron:
a) Disminución del gasto público.
b) Aumento de ingresos públicos para frenar el desmedido crecimiento del déficit.
c) Elevación en el nivel de las tasas de interés para estimular el ahorro.
d) Reducción de la liquidez del sistema.
La eficacia de las medidas adoptadas respecto de los objetivos a los que servía no se hizo esperar; en los primeros siete meses del nuevo gobierno, el déficit del sector público se colocó al 50 por ciento del alcanzado en igual período del año anterior (1982); la tasa de interés creció en más de 28 puntos entre noviembre de 1982 y julio de 1983; por lo que toca a la reducción de la liquidez, la tasa de crecimiento del medio circulante pasó de 73 por ciento durante el primer semestre de 1982 a 65 por ciento, en igual período de 1983, frente a un nivel de precios mayor. De otro lado, produciendo un efecto negativo en las intenciones antinflacionarias, el aumento de precios relativos y tarifas del sector público fue el elemento de mayor peso, junto con el aumento de impuestos, en la reducción del agobiante déficit. Los costos del aparato productivo, vinculados a la importación del equipo y partes, se vieron drásticamente afectados por la política cambiaria, problema que se traslada a los precios y acicatea a la inflación. El peculiar conflicto entre los instrumentos de la política económica (combate-impulso a la inflación), no significó más que un pálido reflejo del carácter errático de la misma.
Las páginas siguientes se destinan a la descripción de hechos que obligaron a transitar, a las medidas gubernamentales, de una suerte de ortodoxia de hierro hacia el expediente simple y simplificador de tomar decisiones en atención a las circunstancias, y preferentemente en contra de los intereses populares.
La política de ajustes que se aplicó a lo largo del sexenio, no sólo respondía al cumplimiento de lo contenido en las llamadas cartas de intención, pactadas con el Fondo Monetario Internacional; más allá de estos acuerdos de corta duración (tres años de vigencia), el grupo gobernante se mostró persuadido por la idea de que la economía nacional debía crecer en un ambiente financieramente sano, con una mucho más reducida participación del sector público, enfrentando costos y precios reales, sin subsidios y con una considerable autonomía de los impredecibles cambios del mercado mundial de los hidrocarburos. La estrategia de mediano plazo, sobre la que hoy se insiste, fue el establecimiento de un estilo de crecimiento basado en la exportación de manufacturas, lo que implicaba, y sigue implicando, una adecuación radical de la planta industrial establecida, una modificación de gran alcance en el comportamiento de los empresarios que se han desarrollado en el país a la sombra de un proteccionismo excesivo, un volumen de inversión que se considera posible sólo con el concurso del capital externo y un nivel de costos, particularmente de la fuerza de trabajo, internacionalmente competitivo.
Por ello, en la compactación de los salarios reales, en la puesta en marcha de una política salarial brutalmente regresiva, las autoridades y buena parte de los empresarios han visto, no únicamente una vía cortoplacistas para enfrentar al problema antinflacionario, sino también un instrumento de largo aliento en esta renovada idea de crecimiento hacia fuera. Paralelamente, en este período el mercado interno se ha estancado al grado tal, que prácticamente la totalidad de las ramas que destinan su oferta a satisfacerlo no han alcanzado el volumen de producción de 1981. La apuesta en la lucha contra la inflación, que se hizo exclusivamente a favor de la contención de la demanda, al hacer inelástica a la oferta industrial, anula a sus propios efectos y deja a la inflación viva y acompañada del estancamiento. Sólo han mostrado dinamismo las ramas vinculadas al mercado externo, aún cuando su presencia en territorio nacional se explicó por el consumo local y pese a que su demanda interna ha caído violentamente.
Lo anterior no quiere decir que los únicos o los mejores esfuerzos del gobierno se enderezaran en favor de las actividades productivas. Si alguna actividad está en deuda con los buenos oficios del gobierno, ella es, sin lugar a dudas y hasta la fecha, la especulación.
Conviene analizar en detalle las afirmaciones anteriores. En el primer año (1983), la inversión se desplomó en 27.9 por ciento que debe sumarse al 15.9 por ciento del año anterior; los salarios mínimos (1/3 de la población asalariada) se deterioraron en 22 por ciento; el gasto público se redujo en proporciones sin precedentes, colocando al déficit primario en 8.9 por ciento del PIB (contra 17.6 por ciento del año anterior); la importación de mercancía disminuyó en 39.7 por ciento y la cuenta corriente, por primera vez en 28 años, mostró saldo positivo. El Producto Interno Bruto se redujo en 5.4 por ciento; el enorme costo social de las medidas que arrojaron estos resultados, tuvo un pobre efecto en donde se prometían los mejores resultados. La inflación, entre diciembre de 1982 y diciembre de 1983, pasó de 98.78 por ciento con respecto a 1981, a 80.8 por ciento.
Aunque 1984 y 1985 fueron años de crecimiento del PIB, 3.7 y 2.7 por ciento respectivamente, y que la inversión privada tuvo una ligera recuperación, los salarios reales continuaron su caída, el déficit del sector público disminuyó (8.7 por ciento del PIB), la balanza comercial seguía mostrando saldo positivo y la inflación se colocó en 39.2 por ciento, el único elemento dinámico de la demanda final lo constituían la exportación y las actividades directamente vinculadas a ella.
1985 es un año particularmente difícil para los propósitos de disminuir inflación y déficit. La caída en los precios internacionales del petróleo, el retraimiento de las exportaciones, manufactureras, el crecimiento de las tasas externas de interés, la disminución de las reservas del Banco de México y los sismos del mes de septiembre en la capital del país (que la CEPAL estima que, además de la pérdida de vidas humanas, comportaron un daño aproximado de 4000 millones de dólares en viviendas, hospitales, escuelas, otros edificios públicos y en comunicaciones y red de agua), fueron elementos cuya aparición simultánea imposibilitó la continuación del ajuste. Con todo, la producción industrial continuó su recuperación, aunque sin alcanzar los niveles de 1982.
Los tres primeros meses de 1986 no permitieron un mejoramiento de la situación: los precios internacionales del petróleo cayeron de 25 a 12 dólares por barril, las tasas de interés externas continuaron su crecimiento y, en general, el sector financiero internacional se endureció, negándose a otorgar nuevos préstamos, a negociar pasivos o tasas de interés y a realizar cualquier tipo de concesión.
Por lo anterior, durante 1986 se pretendió adoptar medidas distintas. Contenidas en el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), éstas se encaminaron a restablecer el crecimiento y su arranque se intentó con un nuevo acuerdo de crédito contingente con el FMI; sin embargo, la inversión productiva de ese año fue 41 por ciento inferior a la de 1981, el manufacturero fue 19.5 por ciento inferior al alcanzado en agosto de 1981, y el producto interno bruto 3.4 por ciento inferior al de aquel año. Atrás de estos hechos operó la dramática reducción de los ingresos petroleros, reducción que afecto principalmente a las ramas dedicadas a satisfacer al mercado interno. La mayoría de estas actividades no se han colocado aún en el nivel alcanzado en 1981.
Algunos ejemplos ilustrarán adecuadamente tal situación, tomando la producción de 1981 como 100 por ciento se tiene que en 1987:
Vidrio plano, liso y labrado produjo sólo 75.8 por ciento; fundición y laminación primaria de hierro y acero, 92.2 por ciento laminación secundaría de hierro y acero, 89.6 por ciento; automóviles y tractores, 8.3 por ciento.
Las preocupaciones oficiales, derivadas de un estrategia secundario-exportadora, se encaminaron a favorecer el crecimiento del producto de las ramas vinculadas a tal propósito; por ello, la cerveza, el cemento hidráulico y los automotores, tuvieron a mediados de 1987 un crecimiento de 5.3 por ciento, 21.5 por ciento y 75.9 por ciento respectivamente, con relación a 1981.
El de 1987 fue un año de leve recuperación, hasta el mes de octubre, y de aparatosa recaída tras el violento crack de la bolsa de valores. Los recursos frescos requeridos por el PAC desde junio de 1986, llegan al país en marzo del 1987, con lo que las reservas internacionales del Banco de México pasan de 6 000 a 15 000 millones de dólares; los precios internacionales del petróleo se restablecieron, desde mediados de 1986 hasta agosto de 1987, lo que mejoró considerablemente los ingresos por exportación y permitió que el saldo comercial, en septiembre del último año, fuera 144 por ciento mayor al del mismo período del primero, con lo que se alcanzó un mayor fortalecimiento de las reservas; algunas ramas productivas mostraron signos de crecimiento, notoriamente exagerados por los voceros oficiales y drásticamente frenados por la crisis financiera del último trimestre del año. Debe añadirse que tal crecimiento se apoyó mucho más en la utilización de capacidad ya instalada que en el incremento o promoción de nuevas inversiones: la inversión bruta fija y la importación de bienes de capital, durante 1987, crecieron muy débilmente; tal crecimiento, ya se dijo, no alcanzó los niveles de 1981; el efecto en el empleo manufacturero fue de un incremento de apenas 1.6 por ciento (de enero a septiembre), y, por último, correspondió en exclusiva a ramas exportadoras, mientras la depresión seguía caracterizando a las que orientan su producción al mercado interno. Con todo, los anteriores son los aspectos positivos de lo sucedido en 1987. Falta referirse al crack, y, antes, al auge especulativo que lo originó.
Uno de los propósitos de incrementar las reservas internacionales fue el de estar en condiciones de reducir las tasas internas del interés, en virtud del impacto que los costos financieros alcanzaron en el pago a los factores de la producción (alrededor de 17 por ciento del ingreso nacional neto), del efecto inflacionario producido de dicha forma y, muy especialmente, del encarecimiento, artificial y enorme, de la deuda pública interna que comportaba. Esta inflexión en la tendencia alcista de las tasas de interés no asumió que el comportamiento previo de las autoridades financieras, de crecimiento sostenido de dichas tasas, fue construyendo una novedosa base social de rentistas financieros, indispuestos, los menos, a correr los riesgos de la inversión productiva (la única) y, los más, a sufrir los rigores del trabajo, en caso de que éste existiera. Cuando se dio la tan temida reducción, la inercia social, cobijada por el propio accionar gubernamental, estaba más que dispuesta para abandonarse a las actividades especulativas y, con semejante ánimo, se dirigió a las casas de bolsa.
Los primeros resultados de la reducción de las tasas de interés fueron las disminuciones considerables de la captación bancaria y de la disponibilidad de crédito: entre octubre (el de 1986 y el de 1987), la primera se redujo en 2.1 por ciento y la segunda, expresada en financiamiento, cayó en 3.34 por ciento.
La desfavorable modificación de condiciones para que la banca comercial captara recursos, y la necesidad urgente que había de los mismos, fueron elementos de peso indiscutible en el apuntalamiento gubernamental de la bolsa de valores. El auge especulativo contó, entre otros elementos de aliento, con el aumento de recursos disponibles por el aligeramiento de la carga de la deuda de las empresas inscritas en el Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario (FICORCA); a esta disponibilidad se sumó el declarado estancamiento de la inversión, y así, el índice general de precios y cotizaciones de los valores comercializados en la bolsa, pasó de los 46 000 puntos al inicio del año, a más de 373 000 a principios del mes de octubre de 1987.
La estabilidad del tipo de cambio que ofrecía magros rendimientos a quienes sacaron su dinero del país, frente a los rendimientos ofrecidos por la bolsa, permitió la repatriación de tales recursos, siendo de gran utilidad para dicho regreso la colocación de Certificados de Aportación Patrimonial (CAPS) de Banamex y Bancomer, dentro de la decisión de poner a la venta 34 por ciento de las acciones de la banca nacionalizada. Igualmente, ocho casas de bolsa colocaron sus acciones (considerablemente infladas) en la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que aumentaron sensiblemente sus recursos y se consolidaron.
El apuntalamiento oficial del auge especulativo también incluyó a los certificados de la tesorería (CETES) que representaron el 78.2 por ciento del importe total de valores negociados por medio de la bolsa, a través de su colocación en las casas de bolsa, que crecieron considerablemente en importancia.
A la luz de la revaluación de activos por la inflación, de la falta de vínculo con el tamaño de la inversión y el crecimiento del producto y de la desconexión entre el auge en el valor de las acciones y los resultados de operación arrojados por las empresas, es posible cuantificar la desproporción alcista, totalmente artificial, con la que se presentó un panorama nominal más de seis veces superior al valor registrado en libros de las empresas cuyas acciones son cotizadas en la bolsa. Habida cuenta de la notoria carencia de cultura bursátil de la mayoría de los "inversionistas" que con sobrecogedora inconsciencia fueron limpiamente despojados de su, en muchos casos, precario patrimonio.
Al tiempo que apoyó tal despropósito, particularmente mediante NAFINSA, el gobierno se sirvió del auge, al presentarlo como indicio de la recuperación de la confianza "empresarial", tal como aparece en el V Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid. El crack significó una redistribución de la riqueza colocada en la bolsa, a favor de grandes empresas, casas de bolsa, bancos y en contra de la gran cantidad de pequeños ahorradores que vieron la asombrosa metamorfosis de los sueños de riqueza, en horrible pesadilla de miseria.
Los 373 mil puntos que alcanzó el índice de la bolsa en octubre se convirtieron en 106 mil el 30 de diciembre de 1987, con la consecuente fuga de capitales que se estima entre los dos y tres mil millones de dólares. La respuesta oficial fue la brusca elevación de las tasas de interés internas, cuyo costo promedio ponderado de captación pasó de 91.02 por ciento en septiembre, a 104.2 por ciento en diciembre, para crecer más en 1988. Se recurrió, también, a la devaluación de los tipos de cambio "libre" y "controlado", en la idea de que una importante subvaluación del peso protegería al mercado nacional, en medio de una radical apertura comercial, cuyas expresiones fundamentales, al lado del ingreso al GATT (desde 1986), fueron la reducción de los aranceles y la eliminación de los permisos previos de importación. El brusco crecimiento de las tasas de interés se tradujo en fuertes presiones inflacionarias que se expresan, en diciembre de 1987, en 159.2 por ciento en relación en el mismo mes del año anterior; es decir, el año que se inicia como el más prometedor para la recuperación, termina siendo, con mucho, el de mayor inflación y notable malestar social.
Pese a que, históricamente, la burocracia sindical nos ha acostumbrado a la repetición frecuente de movimientos diversionistas, en la acepción militar del término (dícese de la realización de acciones, en apariencia importantes, que atraen la atención del enemigo y lo conducen a descuidar el objetivo sobre el que realmente se pretende actuar), que se ilustra con emplazamientos a huelga útiles en la elaboración de las listas del partido oficial para la ocupación de puestos de elección popular, lo cierto es que las condiciones de ingreso, consumo, empleo, salud y seguridad de los trabajadores mexicanos, se presentaron -a fines de 1987- como sensibles detonadores de una crisis social en la que peligraba, también y fundamentalmente, la legitimidad de la así llamada representación obrera. El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, desde 1983 había propuesto un Pacto de Solidaridad Nacional, que consistía en la concertación de medidas antinflacionarias, mismo que fue calificado de demagógico por el propio presidente de la república. Más de cuatro años después, con un considerable deterioro en la capacidad adquisitiva del salario, el presidente De la Madrid convoca a celebrar el pacto que en el pasado consideró inconveniente, por emplear un adjetivo indulgente. En la suma de fracasos de una errática política económica, acompañada de la sordera oficial, se explica el giro de ciento ochenta grados mencionado.
Como ya se señaló, la burocracia sindical formuló en 1983 la propuesta de un pacto multisectorial favorable al incremento de la productividad y contrario a las presiones inflacionarias que recibió, por toda respuesta oficial, el desdén y calificativos de mediano calibre que supusieron el abandono definitivo de la propuesta, en virtud del carácter heterodoxo que, en opinión del entonces nuevo grupo gobernante, representó.
Cualquier analista político que haya abrevado su sabiduría en textos clásicos o semiclásicos, habría encontrado insalvables dificultades para explicar la paz social y la estabilidad política mexicanas a fines de 1987. A la reducción neta del bienestar social, derivada del carácter antipopular de la política económica, se sumaron eventos, hijos de la ineptitud y del destino, que no hicieron sino provocar un profundo malestar entre la población. La tragedia de San Juanico y los sismos del 85, no sólo mostraron el alto grado de indefensión de la población urbana más pobre, también pusieron al descubierto la ubicación de las prioridades y preocupaciones oficiales, extraordinariamente lejanas de la penuria de los desprotegidos. La rebeldía social frente al despotismo gubernamental "estalló" hasta el proceso electoral de julio de 1988; es decir, en forma civilizada. En tan notorio deterioro de las relaciones gobernantes-gobernados, la posibilidad de pactar algo distinto a la recuperación acelerada de los ritmos históricos de crecimiento y bienestar, sólo podía ocupar la mente de seres aficionados a la fantasía. No obstante, se pactó algo distinto: el control de la inflación, entre los sectores campesino, obrero, empresarial y público, sobre la base de seguirse explicando a la inflación como un problema monetario y de demanda, en medio de una profunda crisis de producción.
La fuerza y los límites del Estado corporativo mexicano se mostraron a plenitud con la firma y funcionamiento de llamado Pacto de Solidaridad Económica, no sólo por el particularmente difícil momento de su celebración, que en el ánimo de los trabajadores representó un enorme salto hacia atrás por sustituir a un emplazamiento a la huelga general, sino, sobre todo, por la inequidad de los esfuerzos a los que los diversos sectores se comprometieron. Por su escasez, es importante destacar las cualidades del Pacto. La mayor de ellas es, sin duda, la capacidad de concertar acciones, entre actores tan inocultablemente enfrentados, a un paso del abismo; la otra, consiste en el hecho incontrovertible de la inflación reducida. Quienes quisieron ver en el Pacto una maniobra de carácter electoral, por lo menos se equivocaron. Lo mismo pasó con quienes le negaron posibilidades de éxito, sobre todo si hay memoria respecto a los niveles alcanzados por la inflación durante 1987.
Salarios, tipo de cambio, tasas de interés, precios y tarifas gubernamentales han sido los precios clave en la vigencia del Pacto. Los primeros, en términos reales, han visto parcialmente frenado su deterioro, el segundo, con un ilegal crédito puente, se mantuvo invariable, desde la firma del Pacto, acumulando presiones para una nueva macrodevaluación, y las terceras, reducidas con brusquedad al inicio, se estabilizaron para reiniciar el vuelo alto, por encima del tipo de cambio.
No obstante su vigencia, a los pactos se les ha presentado como un cuerpo de ajustes tácticos, en el marco de la estrategia de exportación de manufacturas, que se sigue considerando, ahora ante la posibilidad del TLC, la parte fundamental de la política económica. Por ello, la sucesión presidencial no fue un evento político más; constituyó el evento de mayor significación en una estrategia de largo aliento que, frente a las tentaciones del sufragio efectivo, pudo correr el riesgo de perder todo sentido, al carecer de continuidad; de ahí las preocupantes maniobras para el reconocimiento apremiado del nuevo gobierno, durante la segunda mitad de 1988. En esta lógica, el límite de la acción gubernamental para garantizar la sucesión lograda no se habría de agotar en la utilización de los mecanismos que se pusieron en marcha; por fortuna no se empleó el resto de "argumentos" de que dispone el gobierno. No esa vez.
Clases subordinadas y gobierno, éste menos por el consabido doble accionar el juez y parte, han sido los sectores perdidosos del Pacto. No se ha revertido la tendencia reductora de los salarios reales, sólo perdió velocidad, y se mantuvo la perversa confusión de equiparar a los precios de garantía de los productos agrícolas con una especie de salario campesino que no permite afrontar los costos de la producción; por su parte, los gobiernos delamadridista y salinista, al confundir a la sociedad civil con los empresarios, asumieron con peculiar entusiasmo la tarea de la autoaniquilación del Estado, poniendo en venta a gran cantidad de empresas que, cuando estuvieron en manos privadas, sólo conocieron de números rojos. De no ser especialista en derecho constitucional, es altamente probable que De la Madrid sólo hubiera considerado tareas prioritarias la exportación de petróleo y la operación de los semáforos de los grandes centros urbanos del país.
De otro lado, la observancia de lo pactado por parte del Consejo Coordinador Empresarial ha correspondido a la celosa vigilancia de los intereses de las alrededor de 300 familias que ocupan la cúspide de la pirámide social mexicana; además de que, como las ratas de navío naufragante, pretendieron ser los primeros en abandonar el Pacto: insistieron en la necesidad de alentar a las exportaciones por la vía de la modificación, en serio, del marco jurídico laboral; exigen el sometimiento de todos los sectores a la vigencia plena de las leyes de oferta y demanda, y consideraron que el salario mínimo todavía alcanzaba para resolver los problemas de consumo de las familias de los trabajadores.
Sólo el carácter social de la Constitución General de la República, que hace la diferencia con el resto de constituciones políticas, al percibir como desiguales a los actores sociales del escenario nacional y otorgar al Estado la función reguladora que conduzca, como propósito, a la igualdad, permite el mantenimiento de esperanzas en la recuperación de gestiones gubernamentales de aliento popular.
La variable explicativa del consumo, del ahorro y fundamentalmente de la inversión, es el ingreso. Las políticas de ajuste, puestas en práctica desde el inicio de la década de los ochenta, han producido una baja extraordinaria en el nivel de ingreso, a la que se le ha hecho acompañar de una cada vez más inequitativa distribución del mismo:
Año
PIB
Per cápita
Tasa Anual Real
1982
-0.5
1983
-5.3
-7.3
1984
3.7
1.4
1985
2.7
0.5
1986
3.0
1986/1981
-2.7
Fuente: INEGI Cuentas Nacionales de México. Varios años.