3.7.1. Los desafueros del “pago por servicios ambientales”

¿Por qué recompensar los servicios ambientales?, ¿Cuál debe ser la justa medida? Y lo más importante (en la aspiración de responder el objetivo de la presente investigación), ¿Se visibiliza y valora que los actores configuren habilidades y capacidades más allá del manejo de los recursos naturales? ¿Cómo se identifica y califica al CT?

Al inicio del presente apartado, se reflexiona junto con Bartra (2006) que debido a que vivimos la amenaza ambiental en la ciudad y resto del país y que la ‘marginalidad urbana está a punto de reventar’, se ha vuelto la mirada y se han hecho visibles las virtudes campesinas, esta vez para ‘reconocerlas’ pecuniariamente. Efectivamente, se habla de “costo de oportunidad” que significa cuánto ingreso se deja de percibir por conservar los recursos en vez de caer en la lógica de explotación y en otras propuestas como “deuda por naturaleza” o “pago por servicios ambientales”. Todo expresa la existencia de un interés por la conservación del medio ambiente, con la participación de los actores sociales. Inclusive, este es el marco donde se orienta el tema ecoturístico ejidal, como sucede con el PEESNT que venimos estudiando.

El PREC tiene como política general, remunerar con $300 a $400 por hectárea de bosque recuperado a quienes cumplen la labor de administración, claro, siempre y cuando sigan el plan de manejo forestal autorizado por el gobierno. Según informe del cuerpo de sus brigadistas, las remuneraciones que perciben son retribuciones básicas. Empero, el raciocinio estatal de la política de “pago por servicios ambientales” sustenta que convertirán a los actores del campo “en empresarios del agua y del bosque” (Conafor). Corrobora esta afirmación la declaración del actual Presidente de la República cuando sostiene que “los bosques son empresas productoras de oxígeno y agua”.

Sobra decir que con tal retribución monetaria es imposible que alguien pueda convertirse en ‘empresario’, cayéndose prácticamente -por decir lo menos-, en burla al sector, y sobre todo convertir la gestión y manejo del bosque en mercancía, sometiéndolo a las reglas del mercado. Huelga también decir, que hay un desconocimiento profundo por parte de quienes generan las políticas de apoyo a este sector sobre las contribuciones sustanciales que hacen las comunidades a la sustentabilidad, aspectos que abordaremos en el cuarto y último capítulo.

El tema más bien va en el sentido de que es prácticamente imposible poner precio al trabajo que realizan los actores en el campo. ¿Cómo identificar y cotizar estas múltiples aportaciones, logrando su justa retribución?

Reconocerlos afrenta a los principios del absolutismo mercantil, un sistema que no concede valor de cambio a bienes sociales, culturales y ambientales que no pueden ser privatizados y por ende ser lucrativos. Admitir que la sociedad debe retribuir el fortalecimiento de valores con la equidad, la armonía y la diversidad cultural o que deba pagar por la preservación y restauración de bienes, que por otra parte se reivindican como colectivos y no privatizables como los recursos naturales y la biodiversidad, es un hueso duro de roer para los integristas de la libre concurrencia (Bartra, 2006:377).

El tema manifiesta controvertidas discrepancias que recaen en seguir diseñando salidas especialmente integrales a partir de las propuestas de los actores internos y externos en el camino de reconocer conocimientos, habilidades y capacidades locales.

Asimismo, es necesario advertir que el tema está vinculado al derecho intelectual y de autoría del conocimiento tradicional (CT) que viene debatiéndose en diferentes escenarios a nivel nacional y mundial. Los PREC, apegados al enfoque sustentable ‘convencional’, de alguna manera frenan los usos y costumbres de las comunidades rurales y, con ello, al CT desconociéndolo de manera indirecta, aunque los actores sustentan que en la práctica forestal lo que aplican son sus saberes locales. Son formas donde las expresiones locales del conocimiento son constantemente re-trabajadas a partir de la interacción con las condiciones externas cambiantes. Lo cual no quiere decir que entre las aplicaciones del CT y los mandatos del Programa no haya pugnas y discursos ocultos de poder, como lo veremos más adelante.

Por otro lado, estos Programas de alguna manera dividen a los ejidatarios entre quienes están en el PREC y quienes no lo están, separando la atención del Bosque, “del manejo colectivo y autogestionario que ejercen sobre su territorio, sus formas de vida y organización, cultura simbólica, historia, habilidades y capacidades locales, entre ellas su conocimiento local compartido sobre el manejo del Bosque.”

Entonces, si se registra que es “alentador el reconocimiento que se hace al retorno sofisticado y creativo a las ancestrales estrategias campesinas, entre ellas el conocimiento tradicional que hace posible el manejo del los recursos forestales especialmente” (Concheiro, 2006), debe intervenirse en términos amplios estos aportes y no solamente en aspectos limitados (vigilancia ambiental, labores de conservación y restauración del suelo y agua, retiro de basura y desechos sólidos, control y prevención de incendios y monitoreo de flora y fauna), siendo que los actores de San Nicolás conciben y trabajan de manera holística y sostenida su Bosque, habiendo configurado toda una cultura forestal. Por ello se dice que el incipiente mercado de servicios ambientales no retribuye significativamente las funciones socio-ambientales decisivas prestadas por la economía campesina y la comunidad rural (Bartra, 2006:377).

Mostrado el panorama del PREC en San Nicolás, sería inaudito dejar de preguntarse:

¿Por qué los ‘beneficiarios’ del Proyecto vienen convirtiéndose en decididos promotores del PREC? ¿Por qué no perciben que la propuesta pertenece a un proyecto de intereses más amplios, donde su contribución va mucho más allá de lo meramente ambiental?

Son reflexiones que seguiremos hurgando, pero más interesante será analizar cómo el PREC al interno del ejido y como producto de su labor descoordinada con el Parque Ecoturístico, ha logrado levantar discordancias y conflictos al interior de los actores del ejido; es decir, entre quienes laboran en el PEESNT, actores protagonistas del presente estudio.

No creemos estar asistiendo a disputas extremadamente diferenciadas, lo que es cierto, es la existencia de relaciones de poder frente al acceso de los recursos y beneficios comunes, estimándose desigualdad en el acceso a los mismos. Tampoco estamos ante una ‘elite’ cerrada que entorpece la gestión del Parque, ni creemos que las contradicciones sean irreconciliables. Lo que prevalece, a pesar de las diferencias, es el clima de motivación y apuesta por el PREC y PEESNT, resistiendo y sobrellevando las presiones y disputas internas, pero eso si, dispuesta a enfrentar amenazas y presiones externas.

Igualmente, aunque la disputa se manifiesta hasta cierto nivel objetiva entre los actores sociales, el aspecto de fondo es la velada obstinación por invisibilizar el CT en la conducción del Bosque, recinto representativo del amplio repertorio de saberes y habilidades, como fundamentamos en el siguiente capítulo. El CT que nos muestran los ejidatarios de San Nicolás no es sólo un listado o repertorio suelto de saberes y habilidades que expresan hacia su monte, es una contribución mucho más compleja y de múltiples entradas en su análisis.