3.7. El Programa de “Reserva Ecológica Comunitaria” en el Bosque

Llegando al límite de ver que la utilización del suelo ha sido en forma irracional y con alta presión de la mancha urbana, a petición de los núcleos agrarios, en el año 2002 el gobierno del Distrito Federal decide la conveniencia de establecer el “Programa de Reservas Ecológicas Comunitarias”, con el propósito de forestar y restaurar el suelo de conservación del DF, que cuenta con una gran riqueza en recursos naturales y proporciona bienes y servicios ambientales (Rojas, 2007).

Al parecer, y luego de ingentes ensayos por parte del Estado, se deja de poner en tela de juicio que el futuro de la humanidad debería estar sobre la base del uso racional de los recursos naturales y la recuperación de conocimientos y prácticas que venían registrándose obsoletos para el manejo de la agricultura, el bosque y sotobosque y otros, en torno a la ciudad, sus periferias y áreas intraurbanas. Tal disposición se engarzaba en el interés y ‘boom’ de querer llevar la sustentabilidad a territorios más allá de lo rural.

En esa orientación, no es casual asistir al levantamiento de programas y proyectos de promoción y gestión institucional estatal, privada y de la sociedad civil, apostando decididamente en modelos de ‘conservación’, ‘preservación’, ‘reforestación’ y ‘restauración’ de áreas boscosas de la gran ciudad. Empero, ¿Qué detentan las acciones que se viene impulsando y cómo intervienen los actores sociales en la complejidad que resume el tema de recuperación del medio ambiente para la gran ciudad?

El interés de tal argumento, por parte de las instancias de decisión política en la megaciudad, lo testimonian las acciones que recientemente forjó el actual Secretario del Medio Ambiente, Rafael Elvira, quien inauguró el operativo “Cero Tolerancia” contra la tala ilegal de bosques del Ajusco, con el objetivo de proteger el Corredor Biológico del ‘Chichinautzin’, coincidentemente donde se ubica San Nicolás de Totolapan. De la misma forma, la Conafor ha destinado (de 2004 al 2006), un millón 60 mil pesos en la restauración de 1,360 hectáreas de suelos forestales del DF, con lo cual se sembraron 400 mil plantas. Conjuntamente, el gobierno Federal aplicó para el año 2007; 250 millones de pesos en la retribución por “servicios forestales” como una forma de mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y evitar la devastación del Bosque.

Para la sociedad civil, lo preocupante es que los operativos y programas destinen ingentes inversiones (monetaria y humana). Por ejemplo, la labor de vigilancia e investigación del operativo ‘Cero Tolerancia’ se lleva a cabo con el apoyo de imágenes en satélite, sobrevuelos, presencia del Ejército Mexicano, cuerpos policíacos federales y estatales, así como el trabajo de inteligencia que realizan la Semanart y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.

El balance, ante estos hechos, evidencia que la práctica es encendida por expresiones de lucha y enfrentamientos ocultos y deliberados a favor y en contra entre múltiples actores que intervienen. Por un lado está la recuperación y resistencia de territorios para proteger el medio ambiente y, por otro lado, la apropiación ilícita por parte de agentes también heterogéneos. Ante el escenario de complejidad de la problemática ambiental, el ámbito gubernamental procuró como salida estratégica y justificatoria la creación de las “Reservas Ecológicas Comunitarias”. Así, las comunidades rurales que están a las orillas de la megaciudad –como es el caso del ejido en estudio–, saltan a la palestra en la idea de ser quienes configuren protagónicamente la propuesta y encarnar masivamente sus objetivos.

A casi 12 años de gestión en el PEESNT y de haber sido reconocido por diversos espacios como un proyecto empoderado en el rubro ‘ecoturístico ejidal’ a nivel conurbano, San Nicolás fue elegido inéditamente para desarrollar el “Programa de Reserva Ecológica Comunitaria” (PREC). La denominación pasó por algunos años de gestión, lo expresa la breve cronología que asumió la comunidad, según informa el responsable del PREC de San Nicolás.

• El ejido acuerda en asamblea general (6 de febrero del 2005), su inclusión al programa de retribución por la conservación de servicios ambientales en reservas ecológicas comunitarias. Fue ratificado en asamblea el 25 de septiembre del 2005.

• El 19 de octubre del 2005 se expide el acuerdo en la gaceta oficial del DF del Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias.

• El 25 de octubre del 2005 la Dirección de Áreas Naturales protegidas dictamina procedente otorgar el apoyo económico al ejido por cumplir con los requisitos establecidos.

• El 27 de octubre del 2006 se firma el convenio de concertación de acciones de vigilancia y conservación de recursos naturales, entre el ejido y la DGCorenader estableciendo el compromiso de declarar un PREC y mantener su conservación.

• El 29 de noviembre del 2006 se emite el decreto que declara como área natural protegida la superficie de 1,984.70 has del ejido, en la categoría de “Reserva Ecológica Comunitaria” denominada: “San Nicolás Totolapan”. Se especifica que la finalidad es la conservación de la diversidad biológica (lo cual no prejuzga, modifica, ni pretende modificar el régimen de propiedad actual), asimismo, que tendrá a su cargo la administración del mismo y participará en la elaboración del programa de manejo (planificación y normatividad). Las funciones que cumple a través del establecimiento de brigadas son:

• Vigilancia ambiental

• Prevención y control de incendios

• Trabajos de conservación de suelo y agua

• Retiro de residuos sólidos

• Monitoreo de flora y fauna

En la operación del PREC en San Nicolás, hay un reconocimiento pecuniario por tales servicios, los mismos que se asume en el rubro de “pagos ambientales”. Empero, en orden prioritario lo que llama la atención, es que las funciones que establece el PREC no resumen significativa diferencia con las actividades que ha venido trabajando San Nicolás en más de una década de labor en la díada ejido-Bosque, tanto como Parque Ecoturístico. En otras palabras, el programa adolece de la estipulación de ‘nuevas’ e ‘inéditas’ acciones a desarrollar por los actores sociales del Bosque, lo cual más bien lo convertiría acaso en detentar ser el marco normativo del ejido, respecto al uso y resguardo –tan debatido– de los recursos del Bosque. La disposición de restricciones y obligaciones es análoga –como señalamos– a las asumidas por el PEESNT. A saber:

• El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular y de nuevos asentamientos regulares o su expansión territorial.

• La realización de actividades que afecten los ecosistemas del área de acuerdo con la ley, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales para el DF y el plan de manejo.

• El depósito de cualquier tipo de residuos.

• La extracción de suelo o materiales del subsuelo con fines distintos a los establecidos en el programa de manejo.

• La realización de actividades cinegéticas o de explotación ilícita de especies de flora y fauna silvestres.

Con el establecimiento del programa, el Estado participaría como benefactor e interventor ambiental, empero, en la práctica viene desatando ‘cierta figura de expropiación’ a los dueños de los recursos, debido a que establece una serie de regulaciones y normas en la orientación de preservar esas áreas para el bien de las metrópolis en la disposición de querer llevar ‘a todos a un ecologismo popular’. No en vano los ejidatarios expresan que lo que prioriza el PREC es “reproducir espacios recreativos y de generación de recargue de oxígeno”, pensándose más en el servicio ambiental a los demás, que a la población local y limítrofe.

Sin embargo, habría que pensar que el empeño estatal en su renovada política de inclusión circunscribe igualmente a estas poblaciones dentro del territorio mayor a beneficiar, pues tales lineamientos fueron elaborados con la intensión de inhibir la expansión urbana y la tala ilegal (basada en la observancia de las leyes forestal, ambiental, y otras). El problema de fondo es más bien que no se ofrecen otras alternativas de empleo en la megaciudad, por lo que aparentemente no conviene esta iniciativa que impide actividades ilegales, en un contexto de ilegalidades y de corrupción por todos lados.

Los actores sociales del ejido expresan: “ya no somos dueños de lo que tenemos. Ya no puedes hacer nada: no talar, no producir en tus tierras como quieres, vender incluso; sólo tienes que conservar según las indicaciones de programa, para beneficio de los demás”. La lectura que hacemos es que el campo a pesar de la buena intensión de las políticas estatales, sigue sometido a las condiciones, presiones y demandas externas poco claras, habiéndose autoimpuesto acaso una ‘camisa de fuerza’ que sofoca sus propias expectativas

Cabe preguntarse: ¿Por qué no sintetiza aún la PREC una propuesta realmente alternativa, recurrente y compatible con el campo y sus actores? ¿Por qué se rescinde subliminalmente la atención objetiva al campo, recurriendo –otra vez– a los actores en sólo determinadas habilidades? Volveremos a reflexionar el tema cuando abordemos el acápite sobre el pago por servicios ambientales.

Por otro lado, cabe reflexionar, sobre si el PREC tiene un marco normativo y acciones establecidas, es posible que venga duplicando acciones que otras comunidades propietarias de Bosques de la jurisdicción del Ajusco (donde está ubicada la comunidad de estudio y otras que colindan con la gran ciudad) quienes programáticamente realizan acciones similares de vigilancia, claro a espaldas del PREC. Entonces, ¿justifica ‘perseguir’ a talamontes artesanales (que las comunidades los tienen identificados, inclusive sancionan)? ¿Qué hay detrás de los operativos de ‘protección’? Siendo el PREC una propuesta que trabaja con los actores sociales del medio rural, ¿Por qué no son percibidas las contribuciones de autogestión con base en las habilidades y saberes del grupo local? Son algunas preocupaciones, ahora que se asiste a un escenario de ‘exaltación desacostumbrada’ por recuperar la ciudad y ‘hinterland’ benefactor. En ese camino se advierte que hay ejemplos de avances que a veces contradicen las declaraciones oficiales y sus resultados.

La siguiente gráfica refuta las expectativas del programa del operativo “Cero Tolerancia” (ver página anterior) donde la Semarnat sostiene que sus acciones son contra los “robos de madera, cortar árboles, venta ilegal de productos y la transformación de los mismos sin la autorización requerida”, sustentando que el problema principal ambiental de los Bosques del Ajusco es la tala ilegal. Tal declaración desconoce que el problema es más bien la evacuación de desmonte, como lo sostiene el siguiente cuadro estadístico comparativo desarrollado por el propio Coordinador de la PREC del ejido (ver gráfica No. 5). Le sigue, en segundo lugar, además de la tala ilegal, la tira de cascajo, la presencia amenazante de asentamientos humanos y la extracción de flora y fauna silvestre.

Es cierto que con el PREC el Bosque ha contrarrestado significativamente las amenazas que vivía previo a su instalación, esa es una de sus principales contribuciones irrefutables. El reporte oficial que hace el Programa así lo estipula, tanto en la atención a los incendios, la superficie de la superficie reforestada y la detección y denuncia de delitos (desmontes, tala ilegal, tira de cascajo, asentamientos humanos y extracción de flora y fauna) sobre el Bosque, como a continuación presentamos en las gráficas No. 6 y 7, y anteriormente en el Cuadro No. 5.

Sin embargo, el PREC tiene limitaciones que le urge resolver, especialmente en lo que respecta a la infraestructura y recursos humanos. Considerando que una brigada, compuesta por 11 trabajadores, es el personal mínimo para vigilar 500 hectáreas, al Bosque le faltarían aproximadamente dos brigadas para cubrir las necesidades de vigilancia, lo cual hace que la labor de los brigaditas sea más esforzada.

Por otro lado, la falta de una cultura de cuidado y protección del Bosque, extendida entre los ejidatarios que no laboran en el PEESNT ni el PREC y pobladores en vecindad, es otra de las luchas desencantadas que asumen los brigadistas, propiciando enfrentamientos. “¡¡Yo puedo tirar basura porque es mi terreno!!” “yo siempre lo hice así, y no me vengan con cambios”. “El bosque nunca se va a acabar, se reproduce solo”. Por su parte, los brigadista sostienen: “Creen que por ser dueños deben hacer lo que quieren. Cada mes se denuncian de 3 a 4 árboles talados que implican de 5 a 6 metros cúbicos de madera por cada árbol”. Es factible reconocer que, entre los ejidatarios, existe un segmento que adolece de un total desconocimiento del sentido de identificación por la conservación del patrimonio, y del nuevo marco legal que cataloga como delito ambiental dichas acciones.

Con las actividades de protección, preservación, restauración, y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (Rojas, 2006) asumidos por el PREC, en menor o mayor proporción, e inclusive las restricciones que hace como Programa, es plausible reconocer la contribución que hace el PREC y ejido a la satisfacción de necesidades ambientales –además de las propias que escasamente las identifica-, para la gran ciudad. Es decir, al asumir la propuesta federal (mantener el Bosque especialmente para la recarga del manto acuífero y otros), los actores sociales de San Nicolás contribuyen con sus servicios ambientales a la megaciudad y, en esa labor, sacrifica en menor o mayor proporción los beneficios de usufructo de utilidades al cual estaba tradicionalmente acostumbrado, como sucedía previamente a la instalación del PREC e inclusive del PEESNT.

Se estaría reconociendo la labor de las comunidades de zonas conurbanas al servicio del sector mayoritario: la Ciudad de México, quien exhorta en su ya ajetreado discurso, ‘mejores aires’ que sustituyan la contaminación en la que está subsumida.

Así, ‘extraña y coincidentemente’ el servicio ambiental que brinda el ejido a la gran ciudad, se repite a 12 años de distancia, a planteamientos análogos que señalamos en las consideraciones previas a la instalación del Proyecto Ecoturístico Sustentable con la Consultora Balam, SC. Otra vez San Nicolás, prioriza la labor ambiental ante la presión política y de la sociedad civil encarnada en la megaciudad. A nuestro juicio, esta sería una de la mayores contribuciones, aparte claro de otros hallazgos y aciertos que viene enarbolando, aspectos que asumimos más adelante. En el capítulo IV retomaremos al PREC, pero en su perfil de configuración de una serie de relaciones sociales de poder y disputa frente al CT.